"Hacé algo que me van a matar", le dijo a la madre
La familia del hombre que se presume se
suicidó el jueves en la cárcel de Canelones asegura que el joven fue
asesinado y que debía pagar para garantizar su seguridad.
El País
El País
Canelones Patricia Mangovie
La madre, la tía y una de las cuatro hermanas
del fallecido estaba hoy en la ruta 107 frente a la cárcel haciendo una
vigilia reclamando justicia para Eduardo.
Según sostienen, el joven de 26 años que cumplía su
tercer año de prisión por un delito de violación contra su hermana menor
—que la familia niega que sea verdad ya que no se hicieron pruebas de
ADN— estaba aislado en una celda usada para aquellos presos que
denuncian estar amenazados y que la semana pasada envió a su madre
varios mensajes de texto advirtiendo de ello.
“Hacé algo que me van a matar” decía uno de ellos que pudo leer El País.
“Leo Márquez un recluso de la barraca tres lo
extorsionaba. Vende droga y lo hacía girar dinero” sostuvo la madre a El
País que descartó de plano que su hijo se haya ahorcado en la celda de
la cárcel de Canelones.
La familia también denuncia varias cosas que fueron
confirmadas por el comisionado parlamentario Alvaro Garcé: el pago de
casi $20,000 en peajes que, durante ocho meses, fueron depositados en la
red Abitab, cada uno de entre $565 y $1,818. En diálogo con El País
exhibieron cada uno de ellos.
Las familiares sostienen que el recluso “jamás”
manifestó intenciones de suicidarse. “Sus mensajes dicen todos ‘mamá
hacé algo’ nunca dice que se va a matar. Pero aparece muerto” indica la
madre. Los mensajes “son pidiendo ayuda”, “nosotros lo conocemos bien;
decía que lo iban a matar. Y nos dijeron que entró a higienizarse y
cuando volvió (a la celda) se ahorcó” agregó la tía. “Sabemos que no se
mató. Sabemos que él pidió auxilio a gritos”, afirman.
Ese mismo viernes “habló con la guardia, entregó su
celular y dijo lo que le pasaba” agregó la madre. Desde que lo vieron al
momento en que se ahorcó no le daba el tiempo para hacerse esa marca”
que les comentaron que tiene porque hasta el mediodía del viernes no
habían reconocido aún el cuerpo.
Fuentes que trabajan en el establecimiento carcelario
sostuvieron a El País que nadie pudo ver lo que ocurría en la celda ya
que la misma “es cerrada; los guardias no ven lo que pasa adentro y
además es de tránsito, no es para estar cuatro o cinco días como
estuvo”.
Investigación.
El comisionado parlamentario para los derechos
carcelaruios Alvaro Garcé confirmó a El País que la Justicia está en
conocimiento de todo lo denunciado por la familia del muerto. “Está
interviniendo el juzgado y se nos aseguró una investigación interna que
está comenzando. Nosotros no podemos intervenir porque así lo establece
la ley pero si nos interesan las cuestiones generales del
procedimiento”. Confirmó que el recluso había pedido seguridad y que fue
trasladado de la barraca al calabozo.
Al preguntarles si piensan que la muerte de Eduardo
debería ser objeto de una investigación por homicidio, no dudan: “Sí,
por eso estamos acá, estuvimos ayer (por el jueves) y estaremos lo que
sea necesario. Lo que tienen por costumbre es que cuando pasan cosas así
en la cárcel, los familiares se quedan con el dolor. No nos van a
devolver (al recluso fallecido) pero con esta familia se equivocaron”
advirtió la tía dando a entender que no cederán hasta que se sepa qué
sucedió.
Ayer, el comisionado parlamentario Alvaro Garcé y
legisladores de la comisión de seguimiento carcelario, visitaron la
cárcel canaria. Según el presidente Daniel Martínez –Partido Socialista-
la visita estaba programada hace un mes.
Tras una extensa recorrida de varias horas, Martínez
informó que la visita era parte de una rutina dentro de todos los
centros. “Se ha visto un margen global de mejora este sea tal vez el
lugar donde hemos visto más importante tal vez profundizar el proceso de
recuperación. Hemos hecho recomendaciones y las haremos por escrito”
comentó.
Aspectos de infraestructura, de acceso al trabajo, calidad, comida atención médica fueron tratados en el encuentro.
Martínez afirmó que el hacinamiento en Canelones es
“de los más graves” –hay 1099 pesos según cifras oficiales y 1200 según
el sindicato- y la cárcel es para 770. Además hay un par de módulos en
reparación para en el futuro, mejorar.
Asimismo, la Asociación de Policías de Canelones
–Aspoca- también se hizo presente ayer en la cárcel para hablar con
Garcé. El sindicato, que estuvo representado por el abogado, informó que
había un solo enfermero cuando el joven fue hallado.
La verdad q mienten en todo lo q dice esa familia
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