Es el tercer caso que llega a la Justicia de Paysandú en menos de un año
El Observador
+ Nicolás Delgado @nicodelgado13
En enero de este año, una joven denunció que su madre y padrastro explotaban sexualmente a sus hermanas menores en un bar clandestino de Tiatucura, un pequeñísimo poblado de 20 casas del Este de Paysandú, sobre la frontera con Tacuarembó.
La Policía irrumpió en el pueblo y detuvo a la pareja y a varios clientes del bar clandestino, y los trasladó hasta la capital de Paysandú, donde declararon ante la jueza Karen Ramos y el fiscal Carlos Motta.
El fiscal solicitó el procesamiento con prisión de la mujer, el padrastro y de clientes, informaron fuentes del caso a El Observador, aunque no precisaron qué delitos se les imputa.
A su vez, Motta solicitó el procesamiento del policía encargado de custodiar el orden del poblado, por omisión de los deberes del cargo.
Las defensas de los imputados deben presentar sus alegato, para que la magistrada resuelva.
En Tiatucura viven un centenar de personas, pero la población fluctuante es 10 veces mayor, informaron fuentes del caso, porque el poblado está ubicado en medio de una zona forestal, en la que abundan trabajadores zafrales. Muchos de ellos, gastan parte del dinero de la quincena en el bar de Tiatucura.
El bar no estaba habilitado por DGI ni por la intendencia municipal y fue clausurado, informaron las fuentes.
Tercer caso en menos de un año
Éste es el tercer caso de explotación sexual de menores que sacude a Paysandú en menos de un año.
El 2010, la Fiscalía de Young denunció que en el prostíbulo Las Palmeras trabajaban menores de edad. La Policía siguió la pista y se encontró con una red que prostituía menores, realizaba trata de personas y blanqueo de dinero integrada por cinco hermanos que operaba y reclutaba a las víctimas en Paysandú, a 60 kilómetros de Young. El 22 de agosto de 2012 el juez de crimen organizado Néstor Valetti procesó a los cinco hermanos y a dos hombres más, uno de ellos padre de una de las víctimas.
El cabecilla de la banda, “El Zorro” Escobar, vivía con tres “esposas” en Paysandú. “Son tres víctimas, jóvenes que ejercen la prostitución y que eran explotadas económicamente”, explicó el juez luego de dictar la sentencia. Sin embargo, las tres mujeres defendieron en el juzgado la inocencia de Escobar.
La semana pasada, el tema volvió al tapete, luego de que el secretario general de la intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, participara de una “fiesta impúdica”, como la definió la jueza Ramos, en un local municipal, de la que también participaron cuatro menores y en la que hubo alcohol y cocaína a destajo.
La fiscal del caso, Estela Long, solicitó el procesamiento con prisión de De Los Santos por “promesa de retribución a menor de edad para que ejecute actos sexuales o eróticos”, un delito inexcarcelable, pero la jueza entendió que las diversas pruebas presentadas no eran suficientes para procesarlo por esta causa y, en cambio, le tipificó “abuso de funciones en casos no previstos por la ley”, un delito excarcelable.
La fiscal anunció en Océano FM que apelará el fallo. Long solicitó además el procesamiento de Sergio Carballo por “reiterados delitos de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, en reiteración real con reiterados delitos de facilitación al consumo de estupefacientes”, a lo que la jueza dio lugar. Y, además, solicitó el procesamiento de la funcionaria municipal que cuidaba La Casita del Parque, donde se desarrolló la fiesta, por “contribución a la explotación sexual de menor de edad”, pero la jueza entendió que no había suficiente prueba, y la procesó con prisión por el mismo delito que a De los Santos.
Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, dijo a El Observador que “Paysandú reúne características geográficas, sociales y económicas que generan un escenario vulnerable para la aparición de fenómenos vinculados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes” .
Burocracia judicial demora al INAU
El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) de Paysandú no ha entablado contacto con las cuatro menores víctimas de explotación sexual que participaron de la fiesta en el local municipal La casita del parque, que llevó tras las rejas al secretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, a la funcionaria municipal encargada del local y al organizador del evento, Sergio Carballo. Lo mismo sucede con las menores de Tiatucura.INAU puso sus técnicos a disposición de la Justicia, a través de la defensora de oficio que intervino en el caso de La Casita del Parque, pero no ha recibido ninguna respuesta ni solicitud de apoyo, informó a El Observador la directora de INAU Paysandú, Elizabeth Ipar.
Por su parte, la jueza Karen Ramos, que estuvo a cargo del caso, informó que derivó los testimonios de las menores al juzgado de Familia. El juez de Familia que está de turno, Fernando Islas, aún no ha recibido la notificación, según informó a El Observador.
INAU espera que la Justicia solicite su intervención en el caso, aclaró Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. Mientras, prepara un equipo especializado para trasladarse hasta Paysandú para trabajar con las cuatro menores: dos de 17 años, una de 16 y otra de 14.
Equipo especializado
Este año se inauguró el “Programa de atención a víctimas de trata y o explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes”. El equipo está integrado por tres profesionales que cuentan con “los recursos mínimos e imprescindibles”, según Purtscher.
El programa está trabajando con ocho víctimas, siete de Montevideo y una de Colonia, y se está preparando para viajar hasta Paysandú.
El director del programa, el psicólogo Sergio Pereyra, explicó a El Observador que en dos meses se conformarán tres equipos de trabajo, uno para Montevideo y dos para el interior, integrados cada uno por cuatro educadores, un psicólogo, un asistente social y un abogado.
El programa no cuenta con un hogar ni con un centro de referencia, por lo que los funcionarios trabajan con las víctimas en sus domicilios. “Los resultados internacionales indican que es bajo el porcentaje de víctimas que logra escapar al fenómeno”, advirtió Pereyra. l
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