Con el economista chileno Julián Alcayaga, sobre minería de gran porte
- Escrito por: Daniel Gatti
- Brecha digital
Desde que con la naciente democracia la ley minera chilena fue modificada, las grandes trasnacionales del sector no pagaron un solo peso al Estado en impuesto a la renta por una explotación que les permitió embolsar decenas de miles de millones de dólares. Esa aparente paradoja, dice este experto a Brecha, bien podría repetirse en Uruguay.
Economista, nacido hace 68 años en el pueblo de Illapel, en el sur minero de Chile, hijo de un “pirquinero”, un minero artesanal, y pirquinero él mismo durante un tiempo, vinculado de joven al gobierno de Salvador Allende, militante socialista crítico, preso y exiliado en Francia durante la dictadura, Julián Alcayaga Olivares es actualmente presidente del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre. “Es increíble lo que sucede con el cobre en Chile”, dice a Brecha a su paso por Montevideo.* “Tenemos las reservas más importantes del mundo, casi la mitad de las que existen en el planeta, lo que es muchísimo, porque representan volúmenes gigantescos de dinero, pero lo que cobra el Estado chileno por ese recurso es una ínfima parte de lo que podría cobrar. Las empresas extranjeras que lo explotan no pagan un centavo por impuesto a la renta”.
—¿Cómo es eso?
—Lo descubrimos casi por casualidad, y cuando lo contamos no nos pueden creer. Todo fue producto de una ley paradójicamente aprobada después de caída la dictadura, con el primer gobierno de la Concertación, en 1990. En silencio, sin que nadie se enterara, con unos sutiles cambios a la ley de minería, las empresas extranjeras pasaron a tributar no por la renta presunta, es decir por sus ventas, como tributaban antes, sino por la renta efectiva, es decir por lo que ellas mismas declaran como utilidades. Pese a toda su prédica neoliberal, que aplicaron en casi todos los dominios, los militares mantuvieron la ley de 1971 por la que Allende nacionalizó la gran minería del cobre. Y la mantuvieron también en la reforma constitucional de 1980. Hubo que esperar a 1983 para que se promulgara una reglamentación que habilitaba a una empresa extranjera a ser propietaria de una mina en Chile. Y hubo que esperar al 90, con la llegada al gobierno del demócrata cristiano Patricio Aylwin, para que se adoptara esa reglamentación casi en secreto que hizo que la inversión extranjera fluyera masivamente porque encontró las condiciones casi que ideales para hacerse con masas gigantescas de dinero.
¿Cómo sucedió esto? Pues muy simplemente: las empresas trasnacionales del cobre comenzaron a hacer lo que hacen las trasnacionales de todos los otros sectores para evadir el pago de impuestos: triangular, utilizar subsidiarias domiciliadas en paraísos fiscales. Pagan asesorías de marketing y análisis de mercado en el extranjero a empresas que pertenecen al mismo grupo, importan maquinaria que compran a empresas que también están ligadas a la empresa madre, adquieren insumos afuera, a compañías que, por supuesto, tienen vínculos con ellas, la exportación del mineral la hacen igualmente con créditos que contraen con firmas radicadas en los paraísos fiscales. Y todo lo que pagan lo hacen a precios muy superiores a los que se pagan habitualmente en el mercado, porque quienes se los cobran son firmas ligadas a la casa madre de las mineras a través de una trama intrincada de capitales. A eso hay que sumar las pérdidas que declaran las mineras en sus operaciones en ese invento maravilloso del capitalismo financiero que son los llamados “mercados de futuro”, un mecanismo tan gravoso y expoliador que hasta el fmi (¡el fmi!) aconsejó a los países subdesarrollados que legislen para que las pérdidas en esos mercados sean declaradas como gastos no necesarios para producir la renta. Cómo será el robo.
Por medio de todos estos artilugios, entonces, que serían evitables si hubiera voluntad política de evitarlos, no declararon utilidades, y como en Chile se les calcula el impuesto a la renta sobre las utilidades... Hasta 2003, es decir durante 13 años, una sola minera pagó impuesto a la renta en Chile, y fue absolutamente irrisorio. Durante ese período, sin embargo, se llevaron unos 30 millones de toneladas de cobre del país, equivalentes a unos 240 mil millones de dólares calculando el valor del mineral al precio de hoy.
Algunas otras cifras para evaluar la magnitud global del fenómeno: cuando la dictadura concluyó, en 1989, la empresa estatal Codelco controlaba casi el 85 por ciento de la producción de cobre, y aportaba unos 2.300 millones de dólares anuales al presupuesto nacional, una cuarta parte del total. Una década después, las empresas extranjeras producían más que Codelco, y tanto producían que hicieron que el precio del cobre cayera estrepitosamente. Los aportes de Codelco al fisco se redujeron a menos de 300 millones de dólares hacia 1999.
—La ley minera uruguaya dice inspirarse en la ley chilena.
—Es un poquito, muy poquito mejor, porque por lo menos prevé que las mineras paguen un canon. Pero me resulta insólito que se inspiren en la ley chilena, que es un verdadero expolio. Es muy probable que aquí en Uruguay Aratirí y otras mineras terminen pagando al Estado por concepto de irae lo mismo que en Chile, es decir nada, porque encontrarán medios para evadir similares a los que recurren en Chile. Lo tienen servido en bandeja.
La legislación minera chilena no debería inspirar a ningún gobierno progresista. Debería ser tomada más bien como un contraejemplo, o como un ejemplo paradigmático de lo que no hay que hacer. Junto a Perú y en cierta manera a Argentina, Chile es uno de los países más dóciles ante la inversión extranjera en este sector.
Pero además hay otra cosa: Uruguay no tiene necesidad de dedicarse a la minería de gran porte. Tiene un territorio aprovechable para la agricultura, para la ganadería, para producir alimentos, un territorio que podría verse grandemente afectado por una actividad depredadora como lo es la gran minería, sobre todo si se la practica como al parecer se lo piensa hacer: de manera ultra intensiva. Es muy probable que en quince o veinte años los recursos se hayan agotado, las áreas en las que la actividad se desarrolle queden destrozadas y a las mineras no les vean nunca más las caras. ¿Por qué no esperar un poco más, por ejemplo a que aparezcan tecnologías menos contaminantes, y explotar este recurso de manera más sustentable?
Chile, en cambio, no tiene opción. Casi una tercera parte del territorio del país es desértico, y otra tercera parte está formada de montañas y de cordillera. Allí no se puede plantar nada, y el único recurso que se tiene es la minería. Hay como un destino minero en Chile, algo que en Uruguay no se da. Pero pongamos que Uruguay decida dedicarse de todas maneras a la minería, explotar ese recurso por consideraciones equis: pues bien, que lo haga de forma tal que el dinero que produce quede en su mayor parte en el país, que no siga malos ejemplos como el chileno. Habría que obligar a las empresas a que fundan y refinen aquí lo extraído, si la producción es de cobre, de plata, de oro, para generar valor agregado. Si no las mineras se van a robar los metales que contengan esos minerales, ya que es muy probable que no los declaren al exportarlos. Los exportarán como concentrado o precipitado y harán el proceso de refinación afuera, y además descontarán de lo que deben pagar por irae los costos de los fletes, de los seguros, y hasta del proceso de refinación. Y si hubiera aquí, como al parecer hay, hierro, no se debería permitir que lo exportaran. Habría que exigir su procesamiento local para ir generando una industria siderúrgica
No hay comentarios:
Publicar un comentario