Lucia Sepulveda Ruiz
Desde mayo, cuando se les murieron millones de abejas, los apicultores de Quillón y Liucura Alto, ubicados cerca del río Itata en la Región del BioBio, buscan soluciones para continuar con su quehacer. Pero SAG, entidad estatal encabezada por Anibal Ariztia a nivel nacional, no responde a la emergencia que se extiende también a otras comunas de esa región. Algunos productores apícolas perdieron todas sus abejas, y otros, que quedaron sin cajones, sólo contemplan las flamantes centrífugas para la extracción de miel compradas por ellos mismos o en algunos casos, con apoyo de INDAP. No se está evaluando hasta ahora la influencia de la desaparición de estos millones de abejas en la polinización requerida para los cultivos frutales en esa región. Hasta el año pasado, la versión oficial de SAG era que en Chile no había incidentes que mostraran que en el país también se vivía el síndrome del colapso global de las abejas. Mientras la política del gobierno de Sebastián Piñera sigue con el slogan de “Chile Potencia Alimentaria”, la realidad muestra lo contrario, con alimentos contaminados, altos precios de frutas y verduras para chilenos y chilenas, y amenazas a la semilla campesina, cuya anunciada privatización oscurece aun más este crítico panorama.
Como se demuestra en este grave incidente, la pequeña agricultura campesina sólo cosecha las externalidades negativas del modelo de exportación agroindustrial, intensivo en uso de agroquímicos. En cambio, las transnacionales como Monsanto, Pioneer y Bayer, productoras de semillas híbridas y transgénicas, pero también de agrotóxicos, redoblan su lobby para lograr nuevos privilegios a través del proyecto de Ley de Obtentores Vegetales en trámite en el Congreso que entrega inéditas garantías para su negocio, incluyendo la prohibición del intercambio y guarda de semillas y el derecho de los dueños de las patentes de semillas, a llevar a juicio a los productores que usen sus semillas, acusándolos de “piratería”.
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