Lorenzo jugó con quitar beneficios a empresas por informe "ignorante"
Para el gobierno un informe crítico
elaborado por las gremiales empresariales es "tremendista". La discusión
llegó a un punto en que el ministro Fernando Lorenzo jugó con la
posibilidad de quitarle beneficios tributarios y calificó de
"ignorantes" a los empresarios.
El País
El País
E. Delgado/ V. Gil/ M. Montautti
Las cámaras de Industrias, Comercio, Mercantil y
Asociación y Federación Rural presentaron un documento el jueves pasado
sobre pérdida de competitividad (con críticas al plano fiscal,
relaciones laborales, manejo cambiario, educación y seguridad, entre
otros). Si su idea era que no pasara desapercibido en el gobierno, lo
lograron.
Ayer en el Consejo de Ministros se realizó un repaso de
ese informe y hubo un profundo malestar, calificándolo como un
documento político y no técnico. En el momento de mayor molestia en la
reunión gubernamental, el ministro de Economía Fernando Lorenzo dijo
que quienes hablan de fragilidad fiscal van a pedir beneficios a su
secretaría de Estado, revelaron a El País participantes del cónclave.
Expresó que si ahora están preocupados por una
"supuesta" fragilidad fiscal, quizás sea necesario revisar su régimen de
devolución de impuestos y otros beneficios tributarios que reciben,
según las fuentes y agregaron que no se profundizó mucho más en ese
aspecto.
Para tener una idea, según datos de la Dirección
General Impositiva (DGI), solo en 2011 el gobierno resignó US$ 761,9
millones por la exoneración del Impuesto a la Renta de las Actividades
Económicas (IRAE) a empresas de zonas francas o por uso de la Ley de
promoción de inversiones y otros.
Lorenzo sostuvo que con la reciente emisión y recompra
de bonos Uruguay tiene resuelto cualquier problema de liquidez hasta
2014 y que hablar entonces de fragilidad fiscal implica "ignorancia",
relataron los informantes. El "tremendismo" del informe le "hace mal a
la imagen del país", fustigó el ministro, según las fuentes.
Ante esa situación, el presidente José Mujica dispuso
que los ministros aporten ideas para elaborar una respuesta que se le
hará llegar a las cámaras empresariales, dijeron los participantes de la
reunión.
Esa respuesta será "conceptual" y "no punto por punto", indicaron.
"Político".
Tanto Lorenzo como el ministro de Trabajo, Eduardo
Brenta, expresaron que detrás del documento hay una "intención política
clara", al tratarse de una plataforma lanzada por las cámaras para que
"la derecha" se suba a ella, añadieron las fuentes.
Los ministros y el presidente coincidieron que en
general los asesores de las cámaras son exfuncionarios de gobiernos del
Partido Colorado y Nacional, dijeron los informantes.
A su vez, el ministro de Trabajo hizo hincapié en
que el documento es un posicionamiento de las cámaras más poderosas,
pero que no son todas las gremiales empresariales las que apoyan su
contenido. Afirmó que el informe "no recuerda los beneficios que le
dieron los gobiernos de izquierda", según las fuentes.
Ya en conferencia de prensa, Brenta dijo que "el
documento claramente realiza un análisis injusto respecto al tratamiento
que el gobierno ha tenido con estos sectores".
De hecho, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre,
leyó en la reunión parte de un documento que 24 cámaras empresariales
realizaron en diciembre de 2001 donde solicitaban desdolarizar la
economía, revitalizar el Mercosur, incentivar la inversión, reactivar el
mercado interno, orientar el ahorro hacia la inversión productiva,
adecuar intereses y mora a la inflación, buscar soluciones financieras
al endeudamiento, reducir el desempleo, incrementar la obra pública y
reestructurar la Dirección General Impositiva (DGI).
En otro momento, del consejo, Mujica marcó que la demanda se da más en sitios donde han mejorado más.
Se habló por ejemplo de Nueva Palmira donde hay
grandes demandas logísticas y sociales, señalaron los participantes de
la reunión.
También se concluyó en que "los que tienen más mejoras reclaman más", dijo una fuente.
El informe presentado el jueves por las gremiales abordó nueve puntos donde el sector empresarial observa fallas del gobierno.
Allí se enumeró lo que se entiende son errores de la
administración frenteamplista en las relaciones laborales, la
eficiencia en el gasto público, el tipo de cambio real, la inversión
púbica, la inserción internacional, las regulaciones, la seguridad, la
educación y la ciencia, tecnología e innovación, señalados como claves
de la pérdida de la competitividad de las industrias. En el informe los
empresarios advirtieron que muchos de estos aspectos tendrán
"consecuencias no deseadas en el empleo", que "en los dos últimos años
la economía ingresó en una zona de peligro" y que se está "en una
situación excesivamente compleja".
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