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sábado, 3 de agosto de 2013

Fútbol Alemania:El dopaje de la Guerra Fría


  • Un estudio refleja la existencia de un doping sistemático y organizado en la Alemania Occidental desde principios de la década de los 70
  • Los políticos no sólo lo toleraron sino que llegaron a promoverlo. La razón, obtener fama deportiva para la República Federal Alemana (RFA)
  • El doping alcanzó todas las disciplinas deportivas. Los atletas tomaron anabolizantes, los futbolistas metanfetaminas y anfetaminas
Anabolizantes, testosterona, estrógenos, EPO: durante décadas Alemania investigó sustancias dopantes y las repartió entre los deportistas gracias a la connivencia de los políticos y el encubrimiento de los funcionarios, según un estudio publicado por el diario alemán "Süddeutsche Zeitung". El estudio elaborado por la Universidad Humboldt de Berlín (HU) y al que ha tenido acceso el rotativo, refleja la existencia de un doping sistemático y organizado en la Alemania Occidental desde por lo menos principios de la década de los 70.
En las 800 páginas del estudio sobre "Doping en Alemania desde 1950 hasta hoy", los investigadores detallan el sistema de doping desarrollado en Alemania desde los tiempos de la Guerra Fría financiado por el Estado. De acuerdo con los investigadores, el doping de la Alemania Occidental (RFA) no se organizó como reacción al doping estatal en la extinta República Democrática Alemana (RDA), sino de manera paralela.
Las pruebas se remontan al Instituto Federal de Deportes (BISp) fundado en 1970, actualmente dependiente del Ministerio del Interior alemán. El volumen concreto y los costes exactos del doping permanecen sin poder esclarecerse por completo. Los investigadores de la HU destacaron en su estudio que el BISp destinó diez millones de marcos alemanes (cinco millones de euros) tan sólo para los centros de medicina deportiva en Freiburg, Colonia y Saarbrücken.
El BISp llevó a cabo numerosos tests -se habla de al menos 516- para poder desarrollar preparados para mejorar el rendimiento de los deportistas. Según los investigadores, los políticos no sólo lo toleraron sino que en algunos casos llegaron a promoverlo. La razón: obtener fama deportiva para la República Federal Alemana (RFA). Con ayuda de diferentes estrategias, las instituciones como el BISp, la Federación Alemana del Deporte o el Comité Olímpico Nacional evitaron que los atletas dopados fueran desenmascarados.
De acuerdo al informe, pusieron sobre aviso a los atletas para que no tomaran anabolizantes el tiempo justo antes de las competiciones para no dar positivo en las pruebas. Asimismo, retrasaron los controles antidoping en los entrenamientos. El doping alcanzó todas las disciplinas deportivas, asegura el texto. Los atletas tomaron anabolizantes, los futbolistas metanfetaminas y después anfetaminas. Sólo en los Juegos Olímpicos de 1976 se inyectaron 1.200 dosis de Kolbe (llamado así por el remero Peter-Michael Kolbe).
También se infringió la recomendación de los médicos deportivos de evitar emplear sustancias dopantes en mujeres o menores de edad. Según los autores del estudio, existen pruebas suficientes de que se suministraron sustancias dopantes a jóvenes. Un informe médico refleja pruebas realizadas en un grupo de jóvenes de 16 años y en un grupo deportivo de niños de 11 años para ver el efecto del doping dependiendo de la edad de los deportistas.
El estudio concluyó en abril de 2013 tras tres años de trabajo donde se revisaron archivos y se entrevistaron a 50 testigos. Sin embargo, desde hace tiempo se encuentra envuelto en una discusión sobre si publicarlo o no. De momento, no está claro si verá la luz. El propio BISp habría promovido el estudio en 2008, a iniciativa de la Federación Deportiva Olímpica Alemana (DOSB). Sin embargo, según el consejo asesor del BISp, los investigadores han violado la protección de datos en su informe, en donde salen médicos y funcionarios con nombres.
El gran número de funcionarios, deportistas, médicos y políticos aún en activo que salen en el estudio podría desencadenar una serie de demandas si se publica. Por ello, los investigadores exigen protección jurídica, algo rechazado hasta el momento por el BISp.

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