Así lo informó a UNoticias, Juan Raúl Ferreira, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Muchas de las denuncias derivan de la dificultad en el acceso a la educación. Por ejemplo, en las guarderías los padres son muchas veces obligados a retirar sus hijos de las instituciones por alguna discapacidad del niño.
En total las
denuncias que hasta el momento recibió el organismo alcanzan a las 500,
de ellas la mitad se refieren a la discriminación hacia los
discapacitados.
“No se trata tanto de lo que uno se imaginaría, como la falta de accesibilidad, las rampas, etc. Sino que son vulnerados en su derecho a la Educación, a la Vivienda, así como su derecho al trabajo”, puntualizó Ferreira.
“Hay muchos casos en materia educativa, en las guarderías donde a veces los discapacitados o no son recibidos por las instituciones o éstas realizan un esfuerzo para que sus padres los retiren. Los padres tienen también derecho a dejar sus hijos en un lugar adecuado mientras trabajan, ni hablar del derecho del niño a ser atendido”, explicó el especialista.
Los casos de derechos humanos vulnerados que atiende el Instituto son muy variados y complejos, van desde “aprietes” en las comisarías y cárceles hasta problemas en el acceso a la salud, discriminación por sexo, raza o religión y por eso se requiere una mayor especialización de sus integrantes.
El Instituto hace poco tiempo que está funcionando y para mejorar su accionar fue que la semana pasada firmó un acuerdo con su similar en Chile. La concreción de dicha colaboración otorgará formación y capacitación a los funcionarios del instituto.
“Al ciudadano le sirve en la medida que nosotros mejoremos el servicio, el mecanismo nacional de prevención, establece que ambas instituciones sin necesidad de orden de allanamiento judicial, puedan ingresar a todos los lugares donde pueda haber gente en estado de reclusión contra su voluntad”, explicó Ferreira
“No estamos hablando solamente de cárceles, sino de lugares de reclusión de menores, ya sea infractores o simplemente desamparados a la espera de su adopción. También los geriátricos y los psiquiátricos, así como todo lugar donde la gente es llevada más allá de su voluntad”, precisó.
“Esta tarea nosotros la queremos hacer con mucha eficiencia. Hasta ahora con la dificultad de recursos que tenemos hemos hecho algunos actos emblemáticos claves. No tenemos establecido un procedimiento de regionalización, ni descentralización”.
Los tres primeros talleres de formación al que asistirán los funcionarios del Instituto tratarán sobre trata de personas, mecanismos de prevención y descentralización.
Si bien el Instituto todavía no es muy conocido por la población, la razón por lo cual no se ha hecho una campaña de difusión, “no es por descuido, ni por olvido, sino por decisión estratégica de ir acompañando la promoción con la capacidad de dar respuesta. Lo peor que se podría hacer sobre todo con los sectores más vulnerables de la sociedad, es despertar la expectativa que luego no podemos llenar”.
“Hemos ido acompañando el crecimiento con declaraciones, resoluciones de temas concretos, recomendaciones puntuales al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Así como al Poder Judicial de tal manera de hacer conocer nuestro trabajo”, contó.
“Recién ahora estamos en condiciones de hacer esto a plenitud y por lo tanto, dentro de un mes aproximadamente, tendremos terminado ya nuestro plan estratégico para los próximos cinco años. Inmediatamente después vamos a empezar una campaña de promoción para lo cual hemos recibido apoyo de empresas como Antel, que nos va a dar un canal web. Además vamos a recurrir a los medios de difusión para hacer una campaña lo más intensa posible para que la gente conozca sus derechos”.
Montevideo, Uruguay
UNoticias
Victoria Alfaro
“No se trata tanto de lo que uno se imaginaría, como la falta de accesibilidad, las rampas, etc. Sino que son vulnerados en su derecho a la Educación, a la Vivienda, así como su derecho al trabajo”, puntualizó Ferreira.
“Hay muchos casos en materia educativa, en las guarderías donde a veces los discapacitados o no son recibidos por las instituciones o éstas realizan un esfuerzo para que sus padres los retiren. Los padres tienen también derecho a dejar sus hijos en un lugar adecuado mientras trabajan, ni hablar del derecho del niño a ser atendido”, explicó el especialista.
Los casos de derechos humanos vulnerados que atiende el Instituto son muy variados y complejos, van desde “aprietes” en las comisarías y cárceles hasta problemas en el acceso a la salud, discriminación por sexo, raza o religión y por eso se requiere una mayor especialización de sus integrantes.
El Instituto hace poco tiempo que está funcionando y para mejorar su accionar fue que la semana pasada firmó un acuerdo con su similar en Chile. La concreción de dicha colaboración otorgará formación y capacitación a los funcionarios del instituto.
“Al ciudadano le sirve en la medida que nosotros mejoremos el servicio, el mecanismo nacional de prevención, establece que ambas instituciones sin necesidad de orden de allanamiento judicial, puedan ingresar a todos los lugares donde pueda haber gente en estado de reclusión contra su voluntad”, explicó Ferreira
“No estamos hablando solamente de cárceles, sino de lugares de reclusión de menores, ya sea infractores o simplemente desamparados a la espera de su adopción. También los geriátricos y los psiquiátricos, así como todo lugar donde la gente es llevada más allá de su voluntad”, precisó.
“Esta tarea nosotros la queremos hacer con mucha eficiencia. Hasta ahora con la dificultad de recursos que tenemos hemos hecho algunos actos emblemáticos claves. No tenemos establecido un procedimiento de regionalización, ni descentralización”.
Los tres primeros talleres de formación al que asistirán los funcionarios del Instituto tratarán sobre trata de personas, mecanismos de prevención y descentralización.
Si bien el Instituto todavía no es muy conocido por la población, la razón por lo cual no se ha hecho una campaña de difusión, “no es por descuido, ni por olvido, sino por decisión estratégica de ir acompañando la promoción con la capacidad de dar respuesta. Lo peor que se podría hacer sobre todo con los sectores más vulnerables de la sociedad, es despertar la expectativa que luego no podemos llenar”.
“Hemos ido acompañando el crecimiento con declaraciones, resoluciones de temas concretos, recomendaciones puntuales al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Así como al Poder Judicial de tal manera de hacer conocer nuestro trabajo”, contó.
“Recién ahora estamos en condiciones de hacer esto a plenitud y por lo tanto, dentro de un mes aproximadamente, tendremos terminado ya nuestro plan estratégico para los próximos cinco años. Inmediatamente después vamos a empezar una campaña de promoción para lo cual hemos recibido apoyo de empresas como Antel, que nos va a dar un canal web. Además vamos a recurrir a los medios de difusión para hacer una campaña lo más intensa posible para que la gente conozca sus derechos”.
Montevideo, Uruguay
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Victoria Alfaro
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