La
Cámara de Senadores ha sido convocada para el próximo martes 6 de
agosto, a las 9 y 30 horas, con el fin de aprobar la ley de minería de
gran porte. El proyecto aprobado por mayoría en la Comisión de
Industrias, más allá de unas modificaciones parciales, mantiene lo
sustancial del proyecto del Poder Ejecutivo aprobado por la Cámara de
Diputados, el pasado 17 de abril, para legitimar la instalación de la
megaminería metalífera a cielo abierto en el país.
Soslayando
la oposición expresada en amplios sectores de la sociedad y los
cuestionamientos realizados por los partidos de oposición representados
en el Parlamento, el oficialismo insiste con una propuesta que otorga
beneficios excepcionales a una actividad sin antecedentes en el país y
que conlleva altos impactos sociales y ambientales. En forma reiterada
planteamos que la ciudadanía debe ser consultada para tomar una decisión
de esta envergadura.
La
ley propuesta es ajena a la realidad del país, Uruguay posee tierras
privilegiadas en el mundo para producir alimentos, sus reservas
minerales son pequeñas y de pobre concentración. La destrucción del
ecosistema y la corta duración de la actividad minera posible fueron
confirmadas en la discusión legislativa. El proyecto Aratirí al que esta
ley beneficia es un negocio de ocasión de una empresa extranjera que
pretende exportar rápidamente el hierro disponible.
A
pesar de limar algunos de los aspectos más chocantes, el proyecto de
ley habilita beneficios fiscales por 700 a 1000 millones de dólares,
según cálculos hechos por legisladores. Se mantiene el impuesto a las
ganancias (IRAE) y su adicional, pero no se adoptan medidas para evitar
la subdeclaración por la empresa. Permite asimismo descontar los gastos
previos a la concesión como si fueran costos de operación y descontar el
canon del adicional del IRAE.
Son
un engaño para confundir a la población las declaraciones de quienes
afirman que este proyecto de ley impondrá mayores exigencias tributarias
a la minería de gran porte.
Una
actividad que duraría a lo sumo 15 años, porque no hay mayores riquezas
minerales y porque cada vez hay más noticias de una baja de los precios
de los metales en los próximos años por superproducción, no es
significativa en la historia del Uruguay y menos cuando se destruye una
zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y
al país.
Este
proyecto de ley es altamente inconveniente para el país y no puede ser
aprobado por el solo hecho de contar con una mayoría parlamentaria. Los
legisladores son representantes y no dueños de la voluntad de los
electores. La ciudadanía está y se seguirá movilizando para poner en
práctica mecanismos de consulta y decisión verdaderamente democráticos.
Por
todo ello, convocamos a la población a concurrir a la sesión de la
Cámara de Senadores del próximo martes, desde las 9 y 30 horas, para
expresar la oposición a este proyecto.
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