Mujica ordenó responder por escrito a empresarios

Consejo de ministros

“Molesto” e “indignado”; así confesó sentirse el Poder Ejecutivo tras conocer las 14 críticas y objeciones.

Cinco cámaras empresariales, la de Industria, la Asociación Rural, la Mercantil, la Federación Rural y la Cámara Nacional de Comercio, dieron a conocer a finales de la pasada semana y que bajo el título de “Aportes para una agenda de mejora: la competitividad y el desarrollo de Uruguay” cuestionan el accionar, el proceder, las decisiones, los programas sociales y productivos; cada una de las medidas que ha asumido este y el anterior gobierno.

La Republica

Tabaré Aguerre, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, llevó a la sesión del gabinete un material que 24 entidades empresariales y productivas habían redactado y firmado en diciembre del año 2001 bajo el título de “concertación para el crecimiento” en el que se pedían medidas “urgentes” de parte del Estado para paliar la situación que entonces se vivía y avecinaba, en un año en que Uruguay estaba en medio de una de las peores crisis que se recuerda de su historia. El ministro detalló cada una de las propuestas que en aquella oportunidad las entidades empresariales firmaron, llegando a la conclusión que en la mayoría de ellas los dos gobiernos del Frente Amplio las han atendido y cumplido.
El presidente José Mujica reclamó a su gabinete que en un tiempo perentorio “se les responda” a las cinco entidades con un documento de similar tenor en donde se detalle con exactitud cada uno de los planes sociales, económicos y productivos que se han venido implementando desde el año 2005 a la fecha.
El material de las organizaciones empresariales y rurales asegura que “en los dos últimos años la economía ingresó en una zona de peligro para el sector productivo, con una apreciación del tipo de cambio real que supera el 20%” y que así “es difícil pretender que el Tipo de Cambio Real aumente sin que exista una caída del salario real”. Entienden que “el peor destino de estos recursos es el que se viene eligiendo; aumento del gasto público corriente, sin contrapartidas en materia de mejora en los servicios públicos” y proponen “implementar una profunda reforma del sector público, que permita aumentar significativamente la eficiencia y la calidad de los servicios públicos fundamentales como educación, justicia, salud y seguridad”. Insisten con que existe una “importante pérdida de competitividad”, que lleva a que “el sector privado debe cubrir con provisión privada los malos servicios públicos” y aseguran que el IRPF, el Fonasa y los planes del Mides “no han contribuido a encontrar un sano equilibrio entre distribución de ingreso y distribución de capacidades”, proponiendo “controles de resultados”.