Violencia social, manipulación, impunidad por: Luis Casal Beck

La República

El violento episodio ocurrió en uno de los barrios más selectos de Montevideo.

Fue el lunes 5 de agosto.Los delincuentes querían apropiarse de una gruesa suma de dinero depositada en un local de correos, pero fracasaron ante la rápida acción policial. Los malhechores resistieron a sangre y fuego.  Murió un guardiacivil, y el principal de la banda; dos policías resultaron con heridas de bala. Los informativos centrales de la televisión privada cubrieron los hechos con gran espectacularidad. La oposición política reclamó la caída del ministro del Interior. Todo hacia pensar que la historia uruguaya, a partir de ese momento, se dividía en dos partes.
La narcoviolencia y el crimen organizado, que se ha expandido en los últimos años en distintas áreas residenciales de Montevideo, con sus graves secuelas de muertos (136 en el primer semestre de 2013, según el balance global del Ministerio del Interior), y heridos llegó a Pocitos, uno de los barrios más tradicionales de la capital, donde viven integrantes de la pequeña, media y la alta burguesía. Esta vez no le tocó al Borro, o al Marconi, ni a Cerro Norte.
La sorpresa fue importante. Los audaces delincuentes estaban dispuestos a todo, pero se toparon con un dispositivo policial que se accionó a los 6 minutos de la denuncia anónima al teléfono 911 del Centro Comando Unificado. Irrumpieron entonces efectivos de la seccional 10, y tres vehículos de Radio Patrulla. Los agentes acudieron velozmente a la sucursal de Correos de Benito Blanco y Martí. El agente Carlos Rodríguez, al ingresar al local para evaluar lo que estaba ocurriendo, fue blanco de los disparos de los malhechores, que portaban pistolas automáticas, y murió. Es el sexto policía asesinado en lo que va del año. Hubo intercambio de disparos y, finalmente, los delincuentes se rindieron.
En declaraciones a Búsqueda del jueves 8, el titular de la cartera del Interior, Eduardo Bonomi, comentó: “Ha habido enfrentamientos y muertes de policías en otros momentos que no merecieron este tratamiento político ni en la prensa, por ejemplo, cuando a fines de los ‘80 o principios de los ‘90 mataron a cuatro policías en la Unión”. Lo ocurrido en Pocitos provocó un inusitado despliegue mediático y duras expresiones de condena de todo el arco político, para quienes la solución real a todo esto pasaba por la remoción de Bonomi, y endurecer las penas.
Para el ministro, la forma en que intervino la Policía fue correcta, y lamentó la muerte de un funcionario. “Si no se llega a tiempo se critica, y si se llega a tiempo también se critica”, señaló, punzante. En respuesta a los cuestionamientos de los partidos del arco opositor, afirmó que “queda patente que se quiere hacer caudal político con todo esto”.
El viernes 9, en rueda de prensa, tres altos jefes policiales (el director de la Policía Nacional, Julio Guarteche; el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, y el director de la Policía Técnica, Williams García) brindaron un exhaustivo informe que indica que el personal actuante se desempeñó según los protocolos vigentes, en tiempo y forma, protegido con chalecos antibalas y munidos de armamento adecuado. En los últimos años, la Policía uruguaya ha incorporado las pistolas Glock, de 9mm; y la Guardia Nacional Republicana recibió en 2012 fusiles AK 103, de origen ruso.
El propio secretario de la Presidencia de la República, Homero Guerrero, presente en esa reunión con los periodistas celebrada en el salón de actos del Ministerio del Interior, consideró que los sucesos de Pocitos fueron magnificados (algunos buscan “sacar provecho político”), y anunció que se remitirá al Parlamento un proyecto de ley para que las penas sean más duras cuando “un policía muere en cumplimiento con su deber profesional”. Este planteo había sido formulado anteriormente por legisladores opositores, como el expresidente Luis Alberto Lacalle.
Por su parte, Bonomi recordó los cambios que se vienen produciendo en los aspectos estructurales y operativos en las distintas ramas de su cartera, y puso el acento en la necesidad de depurar a la fuerza pública de aquellos integrantes que se apartan de su misión y de la ética (“si existe corrupción policial, no hay seguridad”). Dijo que a lo largo de todos estos dias, existieron versiones y trascendidos que procuraban agravar los hechos vividos y generar alarma pública en torno a lo ocurrido el lunes 5 de agosto.
El viernes 9, unas 300 personas marcharon desde Plaza Cagancha hasta la Torre Ejecutiva en Plaza Independencia, reclamando mayor seguridad. En cánticos y pancartas, se pudo visualizar la intención última de los manifestantes: “pena de muerte para los delincuentes”, decía una de ellas. “Sacar al Ejército a la calle”, manifestaba otra. Sobre la hora 20.30 un pequeño grupo de personas congregada frente a la sede del gobierno, que estaba vallada, y con discreta presencia policial, gritaba: “Bolches asesinos”, “Dale Bonomi, salí que te estamos esperando”. La derecha filosa, en estado puro.