El Este
“Si el gobierno pretende en este mes de enero, en medio de este
silencio y el secretismo, firmar un contrato con una empresa sin
ventilar a los cuatro vientos de qué se trata el proyecto , qué tiene
que decir la Dinama, qué informan los técnicos, cuáles son las
mitigaciones exigibles , cuáles son los plazos de prospección , cuál es
el volumen de extracción , si no se van a saber exactamente todos los
detalles antes de firmar el contrato definitivo, el gobierno se está
comprando un lío mayúsculo” aseguró el legislador del Partido Nacional.Cardoso analizó el tema en su audición Sin Concesiones que se emite los sábados a las 12 y 50 por Radio Rural.
“Si esto no acontece nos vamos a ocupar , como nos ocupamos en el pasado del tema minero . Nos ocuparemos de definir claramente ante la opinión pública cuál es el marco para llegar a esa información”, advirtió.
“TRES PUNTUALIZACIONES”
El representante nacional por Rocha ha estado siempre activo en relación al tema minero y fue quien propuso en su momento al presidente Mujica el “fifty fifty” en cuanto a lo que el Estado debía obtener por la explotación minera, en contraposición a un porcentaje que en su momento ,denunció, era del 5 por ciento para el país.
Cardoso destinó su audición a analizar la ley de minería de gran porte hoy vigente, el proyecto Aratirí en sí (“un misterio del que el gobierno no dice una palabra”) y los movimientos de vecinos que en varios departamentos impulsan referendums contra la minería a cielo abierto.
LA LEY DE MINERÍA DE GRAN PORTE
“Fue votada a partir de un largo debate multipartidario con entendimientos y acuerdos , lo que permitió incorporar en la legislación vigente aspectos nuevos vinculados a la minería.
El código minero de Uruguay es muy antiguo. El país tiene experiencia minera acumulada durante más de cien años de mayor o menor magnitud y de diverso tipo: metálica y de piedra, por ejemplo. Todas han tenido un desarrollo ,no de gran impacto porque recordemos que hoy tenemos 25 mil hectáreas destinadas a la minería en todo el país”, explicó.
“Todos los proyectos mineros que tiene el Uruguay juntos totalizan 25 mil hectáreas lo que demuestra su muy bajo nivel de impacto den el país. Estamos en casi un millón de hectáreas de forestación o más de un millón y medio de hectáreas en la agricultura de secano, es decir que 25 mil hectáreas no tienen un impacto importante”, agregó.
LO NUEVO QUE TRAJO LA LEY
“La ley vino a introducir aspectos novedosos en la legislación respecto ,por ejemplo ,al tema ambiental, a la prevalencia de la discusión de los espacios territoriales y sus prioridades , lo que no estaba previsto en las leyes de minería. Se modificó sustancialmente el sistema impositivo aplicado a la minería , introdujo elementos nuevos, apareció por ejemplo la figura del lindero hasta ahora inexistente a los efectos de la minería. Antes la relación de la empresa minera era solamente con el propietario de la tierra,no con el lindero . Con la nueva ley parece la figura del lindero que es reconocido como tal y tiene un beneficio adicional”, sostuvo .
“Aparece también toda la política de seguros vinculados a las minas que no existía. Ahora las empresas mineras deben contratar seguros , deben hacer depósitos en efectivo a favor del Estado para lo que se denomina luego el cierre de mina . Hay una multiplicidad de asuntos que no estaban previstos que fueron incorporados en la ley”, destacó el líder de Más País.
“El aspecto de cambio más importante es el tributario porque por la vía impositiva , las empresas mineras verterán al Estado algo así como el 50 por ciento de lo que obtengan de beneficio por el proyecto minero. Ahí está el cambio más importante respecto a la situación actual de exoneraciones, premios, beneficios a todas las empresas mineras .
Eso se transforma exactamente en una cosa contraria, es decir, se transforma en un aumento impositivo, una carga,un mayor precio impositivo”, indicó.
“ Esto nos permite decir que el proyecto de ley que se votó en el Parlamento mejora sustancialmente la ley que estaba vigente en el país .
¿No es todo?, ¿no es el final? No, pero la ley actual se parece más a Suecia , Canadá o Australia que al África subsahariana.
Esto significa que en el futuro extraeremos minerales en el Uruguay con otro régimen, mucho más moderno, mucho más adecuado”,remarcó.
EL SEGUNDO PUNTO:ARATIRÍ
“El proyecto minero Aratirí hace más de veinte meses que está a estudio de la Dinama. El gobierno no ha dicho ni una sola palabra acerca de si ese proyecto tiene o no aprobación ambiental, si es compatible con el Uruguay natural, con lo que queremos preservar, si es compatible con el desarrollo que tiene el país, si es lo suficientemente serio como para ser aprobado , si ha propuesto todas las mitigaciones que correspondan y qué impactos tendrá sobre el uso del territorio.
No se habla de aspectos tan delicados como por ejemplo, las piscinas de relave o el propio mineroducto que transportaría el mineral diluido en agua hasta una terminal portuaria” explicó el legislador.
“Si el gobierno pretende en este mes de enero, en medio de este silencio y el secretismo, firmar un contrato con una empresa sin ventilar a los cuatro vientos de qué se trata el proyecto , qué tiene que decir la Dinama, qué informan los técnicos, cuáles son las mitigaciones exigibles , cuáles son los plazos de prospección , cuál es el volumen de extracción , si no se van a saber exactamente todos los detalles antes de firmar el contrato definitivo, el gobierno se está comprando un lío mayúsculo”, advirtió.
“Porque está avanzando por el equivocado camino de aprobar proyectos que el pueblo no conoce, de introducir el secretismo y la ausencia de información pública como un elemento determinante que nos lleva a todos a desconfiar. No quiero agregar mucho pero el gobierno no está hoy en condiciones que la gente desconfíe de lo que está haciendo porque no le está yendo bien en estos aspectos”,aseguró.
LA TRANSPARENCIA ES UNA CONDICIÓN PREVIA INELUDIBLE
“La transparencia y la ventilación de las características y condiciones de un proyecto son una condición previa ineludible si quieren avanzar en proyectos de desarrollo minero. Si esto no acontece, repito, el gobierno se está comprando un problema y nos vamos a ocupar , como nos ocupamos en el pasado del tema minero . Nos ocuparemos de definir claramente ante la opinión pública cuál es el marco para llegar a esa información”,advirtió nuevamente con énfasis.
EL TERCER ASPECTO: LOS REFERENDUMS DEPARTAMENTALES
“Se han promovido en el país algunos plebiscitos para impedir que el desarrollo minero se haga en los departamentos para hacer que los gobiernos departamentales construyan un impedimento para esa anuencia minera y que no se pueda explotar allí si el gobierno departamental, en un acto complejo, intendente y Junta departamental lo impiden.
¿Quién resolverá esta contradicción? La Constitución establece que el subsuelo le pertenece al estado nacional pero la ley del año 2008 , (si bien la ley es menos que la Constitución) ,le da a los gobiernos departamentales la autorización definitiva para los proyectos mineros. La última firma la pone el intendente”, explicó el dirigente de Todos.
“Eso dice la ley de ordenamiento territorial del año 2008 elaborada, propuesta y defendida en el Parlamento por el Frente Amplio. Estamos ante una seudo contradicción jurídica porque si bien la Constitución es la ley mayor hay una ley reciente que la contradice.
¿Quién tiene la administración y la competencia sobre el subsuelo? Ese proyecto definitivo ¿lo lleva adelante el gobierno nacional o deberá finalmente, como dice la ley, pasar previamente por la anuencia del gobierno departamental? ·, preguntó.
“¿Quién resolverá esto? Nosotros creemos que la Justicia .Quien debe resolver la competencia definitiva va a ser el poder Judicial . Él tendrá que decir si el gobierno nacional puede avanzar definitivamente en los proyectos mineros ,y por lo tanto los plebiscitos que se están poniendo en marcha en los gobiernos departamentales no tendrán valor, o si efectivamente la ley establece una condición sine que non que hace que los gobiernos departamentales puedan poner límites, frenos e incluso impedimentos a los proyectos mineros”, destacó.
“Si esto es así”, agregó, “ los plebiscitos que se están llevando a cabo tendrían obviamente competencia para hacer que determinados departamentos se consideren libres de minería y por lo tanto no pueda haber minería sea esta metalífera o de otras características o eventualmente que quede impedida solo la metalífera y que pueda haber minería de otro tipo.”
“Este pleito se debe resolver en el Poder Judicial”, concluyó.
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