Escribe
la Socióloga Ana María Arteaga
Socióloga,
licenciada en la Universidad de Ginebra, Suiza, ha sido consultora de
distintas agencias de cooperación europeas en materias de género,
pobreza y desarrollo y se ha dedicado a la formación de estudiantes
y líderes sociales en materias de género y teoría feminista. Ha
participado en proyectos de su especialidad financiados por Cepal,
Bid y el Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población,
UNFPA.
Sin
duda, tras las movilizaciones populares conocidas como el Estallido
social de octubre 2019, y en pleno desarrollo del apretado calendario
electoral, eje maestro del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva
Constitución propuesto por los partidos políticos en noviembre del
mismo año como única salida factible ante la grave crisis en que
se encontraba el país, resulta evidente que Chile hoy ya no es el
mismo.
¿Cómo
se explica entonces que apenas transcurridos 18 meses desde los
inicios de las revueltas populares, ya se hayan producido
transformaciones sociales y políticas irreversibles, entre ellas un
quiebre profundo y el descrédito total del neoliberalismo imperante
desde los 80´? ¿Que múltiples actividades en todo el
territorio continúen ratificando el fin definitivo de la anestesia
que durante más de 30 años nos mantuvo inmóviles? ¿Y que en un
futuro cercano nos encontraremos en multitudes recorriendo las
Grandes Alamedas, en una fiesta abierta y libre celebrando la
promesa que el Presidente Salvador Allende nos hiciera desde la
Moneda, mientras l aviones bombardeaban el Palacio Presidencial el
11 de septiembre de 1973?
A
la hora de intentar una lectura, sin desconocer los efectos de la
pandemia como factor de incidencia en los cambios habidos en el
país, (y probablemente en los que vengan) es preciso tener en
cuenta algunos elementos de relevancia en la configuración del
escenario político y social actual.
Como
es, por ejemplo, que la ciudadanía clame por una Constitución
donde sea el pueblo en su conjunto quien decida cómo conducir los
destinos del país, voluntad mayoritaria cuyo trasfondo trasluce
un hito histórico definitivamente insostenible: el hecho que en
Chile ninguna Constitución ha sido producto de la voluntad popular,
puesto que desde los albores de la República siempre han sido
elaboradas por minúsculas elites ensimismadas en sus propios
intereses.
Otro
factor que está jugando un papel importante en la escena nacional,
es el hecho que desde el 2012 la inscripción en el Registro
Electoral en el país es automática a los 18 años y el voto, que
hasta entonces había sido obligatorio, pasó a ser voluntario. Con
el cambio de la legislación, se buscaba conseguir una sustancial
disminución de las décadas de apatía ciudadana tras cada
convocatoria electoral.
Pero
no fue así: la abstención no sólo no disminuyó sino que por el
contrario, se acrecentó: en las elecciones municipales de 2016, del
total cercano a 14 millones de personas que en principio debieran
haber concurrido a los recintos de votación, apenas lo hicieron poco
más 4, 8 millones (34% del electorado), uno de los mayores
porcentajes de abstención registrados desde la vuelta a la
democracia en 1990, ratificándose con ello la escasa confianza
de la ciudadanía en el sistema político y los partidos, ya harta
de situaciones de impunidad como la que aún persiste en los casos
de corrupción parlamentaria donde estuvieron incriminados
transversalmente numerosos integrantes del Congreso, o la inacción
ante el desvergonzado financiamiento irregular de éstos en las
campañas electorales.
Un
camino a contracorriente
En
este contexto, no es de extrañar entonces que una de las
principales preocupaciones surgidas tras la firma del Acuerdo por
la Paz Social en noviembre de 2019, se haya centrado en la
naturaleza ilegítima de su origen, y que este rasgo contribuyera
a incrementar aún más la abstención del electorado. Ello, por
cuanto la fórmula para terminar con la crisis de gobernabilidad
imperante , fue iniciativa de los partidos políticos y no del
Ejecutivo, como era de esperar, atónito e incapaz de reaccionar
ante la gravedad de la situación.
Fue
así como en una suerte de malabarismo inesperado, el oficialismo
y la oposición de pronto concordaron en la necesidad de elaborar
una nueva Carta Fundamental para poner fin a la heredada del régimen
militar, y sorprendiendo al país con la presentación de un
mecanismo posible para alcanzar dicho propósito.
Obviando
el comportamiento histórico del electorado, la fórmula del Acuerdo
por la Paz Social ( que pese al nombre no hace mención alguna a
los Derechos Humanos) proponía mediante un apretado calendario
electoral, generar una nueva Constitución, donde cada
convocatoria implicarían, además de una participación activa
del electorado en tanto soberano de los destinos de la nación, el
acatamiento a determinados procedimientos que conducirían paso a
paso hacia a un Nuevo Contrato Social.
Sin
duda, se trataba de una apuesta bastante insólita, porque dirigida
a un país donde no existen espacios de participación ciudadana
(salvo las periódicas convocatorias a elecciones); donde la
representatividad de los procesos electorales han estado en
permanente entredicho debido a los altos índices de abstención, y
donde el mecanismo propuesto suponía un cambio difícil de
conseguir en la conducta electoral de la ciudadanía, dada la
reiterada desconfianza en el sistema electoral como procedimiento
para la generación de cambios.
Aunque
el Acuerdo por la Paz Social contenía un tácito reconocimiento
respecto a la ilegitimidad de la Constitución de 1980, y también
al clamor de la ciudadanía exigiendo su caducidad, la fórmula
propuesta por los conglomerados políticos ( aplaudida por el
Ejecutivo y el oficialismo agobiados por descalabro de su gestión)
no tuvo la acogida que esperaban, dando lugar a severas críticas.
Fundamentalmente, por la naturaleza evidentemente espuria del
documento ( concebido entre cuatro paredes y de espaldas a la
ciudadanía), y porque además provenía de la institución peor
evaluada por la población.
Y
no serían los únicos cuestionamientos que surgirían frente a la
propuesta del Acuerdo. Parte importante de ellos apuntarían al
contexto en que se encontraba inmerso el país, enmarcado dentro de
un Estado de Excepción Constitucional y Toque de Queda que ha
operado ininterrumpidamente desde marzo de 2020, manteniendo hasta
el día de hoy severas restricciones a los derechos individuales y
libertades de la población. De hecho, aunque tales medidas fueron
instauradas inicialmente con el propósito de controlar la rebelión
popular, el gobierno ha conseguido renovarlas sistemáticamente con
la anuencia del Congreso, insistiendo en que representan
condiciones indispensables para enfrentar la pandemia.
Pero
a esta argumentación la desmienten hechos y cifras, puesto que
tras más de un año de aplicación, es del todo evidente que los
niveles críticos de saturación hospitalaria y los crecientes
índices de contagio y mortalidad ( que a la fecha superan 40.000
personas fallecidas), no se deben a la irresponsabilidad de la
población como se intenta dar a entender, sino que son
consecuencia directa de la priorización que el Ejecutivo ha
insistido en otorgar a los efectos económicos de la pandemia,
haciendo caso omiso a las indicaciones de los cuerpos médicos y
de científicos tanto nacionales como del exterior, desestimando
con ello los dramáticos efectos que sus políticas (o ausencia de
las mismas) siguen provocando en amplios sectores de la población.
Otro
elemento que concentró severas críticas entre especialistas y
actores interesad@s en participar en la elección de Convencionales
Constituyentes, fue el hecho que los escrutinios serían regidos
por el método D´Hont, sistema que al favorecer abiertamente a los
partidos políticos y sus coaliciones, introducía a una grave
distorsión en el proceso electoral. Ello, por cuanto tal
procedimiento contravenía de manera flagrante la opción adoptada
en el Plebiscito Nacional, donde mayoritariamente la voluntad
popular se había inclinado por una Constituyente integrada 100%
por independientes, excluyéndose así cualquier injerencia de
entidades político partidarias.
Con
la aplicación del mencionado sistema no solo se estaba admitiendo la
intromisión de los partidos políticos en la contienda electoral,
sino también reforzándose el hecho que tal método (vigente en
Chile desde 1925) ha impedido históricamente que candidaturas no
partidarias puedan competir en procesos electorales.
Tras
la presión ejercida por una diversidad de actores, en marzo 2020 se
logró finalmente aprobar una Reforma Constituyente Transitoria
dentro de la cual, junto con la eliminación de algunos de los
obstáculos para la presentación de candidaturas no partidarias,
se introdujo la exigencia de paridad entre hombres y mujeres tanto
en la presentación de candidaturas como en los resultados de los
comicios.
Sin
embargo, dado el carácter transitorio de la enmienda
constitucional, ambos aspectos sólo serán aplicables dentro del
marco electoral consignado en el Acuerdo. De este modo, no obstante
las impresionantes marchas y movilizaciones feministas habidas en
todo el país, el cambio conseguido en el Congreso no incluyó la
obligatoriedad de la paridad en todo el sistema institucionalidad
nacional, ni eliminó definitivamente las barreras que impiden a
independientes ingresar a los órganos representativos elegidos por
votación popular.
Por
efecto de las modificaciones introducidas en la Reforma Transitoria
a la Constitución, para la elección de Convencionales
Constituyentes se abrió la posibilidad de presentación de
independientes bajo tres modalidades: en listas propias, dentro
de las listas de partidos, y fuera de listas. Sin embargo, se
mantuvieron barreras que los obligó a competir en desventaja
frente a los partidos políticos; entre otras condiciones que les
eran desfavorables, a les candidates independientes se les impidió
establecer pactos nacionales ( como se permitía a los partidos) y
no se les otorgó igualdad de oportunidades en la franja nacional
gratuita que se emite durante la campaña electoral.
No
obstante, pese a las críticas y la nula confianza en la apuesta y el
procedimiento, el camino propuesto por el Acuerdo por la Paz Social
no sólo se ha cumplido tal como previsto sino que, además, ha
traído consigo sorpresas que han logrado estremecer los cimientos
mismos del modelo neoliberal de economía de mercado y del sistema
político vigente en el país, ejes medulares que desde la
recuperación democrática de los 90, todos los gobiernos habidos
hasta ahora, sin excepción, han mantenido sustancialmente.
Contra
todo pronóstico, se despeja la cancha
En
lo fundamental, el itinerario propuesto en el Acuerdo por la Paz
Social se iniciaba con el llamado a Plebiscito Nacional donde
cada elector/a debía pronunciarse en una misma cédula, respecto a
dos consultas: si quería o no una nueva Constitución, (para lo
cual se debía marcar Apruebo o Rechazo), y qué tipo de entidad
tendría que encargarse de su redacción en caso del consentimiento
mayoritario en favor de una nueva Carta Magna. En dicho caso, se
precisaba elegir entre una Convención Mixta, compuesta en un 50% por
parlamentarios designados y el resto por independientes, o una
Convención Constitucional, integrada en su totalidad por
independientes sin militancia partidista.
Este
primer paso del calendario electoral se llevó a cabo el 25 de
octubre 2020 con una participación del 50,95% del total del
electorado, cifra que si bien continuó siendo baja, fue el mejor
porcentaje conseguido desde que se impuso el voto voluntario. De
igual manera, el Apruebo sobrepasó todos los pronósticos al
obtener el 78,28% de los votos, estableciendo un hecho histórico
que ratificó contundentemente la voluntad popular de terminar con
la Constitución del 80´.
Rechazo,
en cambio, sólo alcanzó el 21,72% de la votación, que se
concentró en el electorado de las cuatro comunas (municipios) de
más altos ingresos de la capital. A su vez, la ciudadanía se
pronunció con un tajante 79% de los votos emitidos por la
alternativa de establecer una Convención 100% independiente,
confirmándose de esta manera el repudio mayoritario a la injerencia
político/ partidaria en la redacción de la Nueva Constitución.
Una
vez resueltas las dos primeras interrogantes planteadas en el
Acuerdo, el paso siguiente en el calendario electoral implicaba una
nueva convocatoria esta vez para elegir, siempre mediante voto
voluntario, a las 155 personas que integrarían la Convención
Constituyente, cifra que corresponde al número de integrantes de la
Cámara de Diputados elegidos según distritos electorales.
Mega
evento con más viento en la camiseta
Junto
con la elección de Convencionales Constituyentes, en esta ocasión
el llamado a la ciudadanía representaba un desafío
particularmente complejo, puesto que a las precauciones inherentes a
un contexto de aumento constante de contagios y de crisis
hospitalaria en todo el territorio nacional, se unía el hecho que en
la misma convocatoria se incluía la elección simultánea de
Alcaldes, Concejales y Gobernadores Regionales.
Se
trataba en efecto de comicios singularmente inusuales: la
convocatoria significaba llevar a cabo 5 elecciones simultáneas; la
concurrencia a las urnas se realizaría en dos días ( 15 y 16 de
mayo); debutaban en todo el país dos cargos de elección popular
(l@s Convencionales Constituyentes y los Gobernadores regionales),
y por primera vez a nivel nacional se aplicaría la paridad de
género y se añadiría un padrón especial para que los pueblos
originarios eligieran a sus propios representantes en la
Constituyente.
Así,
en estas elecciones donde se presentaba un total de 16.730
candidates, cada votante recibió 4 cédulas: para elegir a los
Convencionales Constituyentes según distritos electorales, para
Convencionales Constituyentes de pueblos originarios ( destinados a
electores/as previamente inscritos como tales), para Gobernadores
Regionales, y para Alcaldes y Concejales.
Aunque
a las respectivas categorías de cédulas se les asignó un color
diferenciador, debido a la cantidad de candidates inscritos para
cada elección por distrito, hubo papeletas cuyo tamaño no
facilitaba precisamente la tarea al elector/a al momento de
encontrar y luego marcar su preferencia. Fue lo que ocurrió, por
ejemplo, en algunas de las 346 comunas (municipios) existentes en el
país, donde el número de concejales a definir exigió
confeccionar cédulas de 46 x 63 cm, con la consiguiente dificultad
a la hora de respetar los dobleces obligatorios para introducirlos en
la urna. Similar situación se dio con las papeletas para
Convencionales Constituyentes (donde algunas medían 42 x 54,7 cm) y
las correspondientes a Convencionales Constituyentes mapuche, cuyos
votos medían 26,5 x 50, 5 cm.
Pese
a las dificultades señaladas, en medio de un contexto pandémico
peor que el vivido durante el Plebiscito Nacional, y un Estado de
Excepción Constitucional que aún se mantiene en todo el país,
Chile continuó en esta ocasión abriendo camino hacia un horizonte
no tan lejano de cambios profundos en el país.
Ello,
por cuanto además de representar el primer país en el mundo en
elegir una Convención Constituyente paritaria (que además incluye
escaños reservados para los pueblos originarios), el electorado
consiguió por tercera vez consecutiva (esta vez con 77 candidatos
electos) propinarle a los conglomerados de derecha una contundente
derrota: los 37 escaños que lograron estuvieron muy lejos de los
55 a los que aspiraban (equivalente a 1/3 del total de la
Constituyente), cifra que les habría permitido ejercer poder de veto
y con ello impedir la introducción de cambios sustantivos en la
Nueva Constitución.
Sin
duda los grandes ganadores en la elección de Convencionales,
fueron les candidates independientes (mayoritariamente ajenos a
partidos políticos) cuyo triunfo consiguió además empujar a
integrantes de la ex Concertación de Partidos por la Democracia
(gobernante durante el período 1990-2010) a un cuarto lugar en
términos de escaños logrados.
¿Quiénes
son estos nuevos personajes?
A
grandes rasgos, es posible señalar que les independientes
representan el grupo más joven dentro de la Constituyente, con un
promedio de 41 años; que del total de sus 155 integrantes, 77 son
mujeres y 78 hombres; que 17 pertenecen a pueblos originarios, con
una edad promedio de 48 años y que en dicho grupo hay una machi y
que del total de contribuyentes, 105 no militan en partidos
políticos. En relación a su profesiones, se observa la presencia
de 61 abogad@s que ejercen o tienen algún grado en esa área; 10
escaños son ocupados por ingenier@s y 19 Constituyent@s son
docentes, concentrándose mayoritariamente en el área de Historia.
Cabe agregar que la gran mayoría de integrantes de la Convención
Constituyente , carecen de experiencia mediática y comunicacional.
Desde
el punto de vista de su trayectoria, cabe destacar que un número
considerable surgió en términos de liderazgo al alero de las
protestas. Lo que sí queda claro, es que la mayor parte ya contaba
con sólidas trayectorias en organizaciones y movimientos sociales
territoriales y habían desarrollado un destacable trabajo de
activismo social y ambiental, visibilizando problemáticas
relacionadas con los estragos causados en sus regiones y localidades
por megaproyectos mineros, de ingeniería y de monocultivos, entre
otros, coincidiendo todos en denunciar el total abandono e
indiferencia del Estado frente a tales situaciones.
¿Que
otros rasgos tienen en común estos 77 Constituyentes independientes?
Aunque no representan un grupo homogéneo en su gran mayoría
coinciden en la necesidad de realizar cambios profundos al modelo.
Esto es, poner fin a la subsidiaridad del Estado; eliminar la
economía extractiva dominante; la introducción de cambios
profundos en el sistema de previsión social; la recuperación de
las tierras ancestrales de los pueblos/naciones originarias, y
garantizar el derecho a una educación y una salud de calidad y
gratuita.
Son
precisamente estos rasgos compartidos y el significado de los los
pasos ya cumplidos del calendario electoral, los que permiten
anticipar la configuración de un nuevo mapa político económico en
el país.
La
sobrevivencia de lo viejo y la emergencia de lo nuevo
Efectivamente,
en un contexto marcado por una deficiente gobernanza de la pandemia
(tragedia que no amaina), los resultados del proceso electoral han
traído consigo considerables sorpresas, que estarían confirmando
dos rasgos que comienzan a destacarse en el escenario nacional.
Por
una parte, el resquebrajamiento del neoliberalismo a ultranza
dominante hasta la Revuelta social de octubre 2019 y, por la otra, el
nacimiento lento aunque persistente de un cambio epocal, contexto
donde aún conviven rasgos de lo viejo ( una institucionalidad
inoperante y parte del neoliberalismo sobreviviente) que no termina
por irse definitivamente, con lo nuevo , donde cada día con mayor
fuerza emergen formas inéditas de visualización de lo político,
lo económico y lo social, que ignoran los códigos tradicionales y
transcurren fuera de las fronteras impuestas por las elites
dominantes, optando en cambio por una democracia más directa,
participativa, descentralizada basada en los territorios, en la
defensa de los derechos humanos, el ejercicio transversal de la
paridad, el reconocimiento de los pueblos originarios, y el cuidado
y protección del medio ambiente, entre otros principios
definitorios.
Cabe
señalar al respecto un rasgo histórico crucial que los análisis
suelen pasar por alto: el hecho que el movimiento reconocido como el
Estallido Social de octubre 2019, no se originó en Santiago ni
por el aumento de $30 en el boleto del Metro, como suele consignarse.
En
realidad, los movimientos, el activismo y las demandas de sociales
que alimentaron la rebelión ciudadana no son recientes. Por el
contrario, nacieron mucho antes que el 18 de octubre como de señala
y se iniciaron en las regiones, en localidades y territorios
arrastrándose por años, incluso décadas, sin que el Estado ni los
medios de comunicación les hayan puesto atención.
Efectivamente,
fue la violencia por la acción (u omisión) total del Estado tras
la imposición del modelo neoliberal y los consiguientes años de
abusos, impunidad y segregación, los que generaron en la población
una profunda rabia contra un ente que además de excluirlos del
mercado, los condenaba a sobrevivir en una vulnerabilidad
impermeable a todos sus esfuerzos de progreso.
Este
resentimiento acumulado en los territorios y su impotencia ante la
instalación de industrias contaminantes, la degradación de
glaciares, tierras, bosques y humedales; la instalación de
megaproyectos hidroeléctricos en territorios ancestrales; la pesca
indiscriminada de especies marinas en manos de un puñado de familias
de empresarios y el acaparamiento del agua dejando a poblados
completos dependientes de aljibes municipales, fueron los gatillantes
de la rebelión generalizada que se expresó finalmente en octubre
2019.
Los
líderes y activistas de estos movimientos sociales territoriales,
en octubre 2019 se encontraron y reconocieron el un clamor común
en la Plaza de la Dignidad, espacio compartido que puso fin a
infructuosos años de luchas atomizadas sin respuestas. Ahí, la
represión vio nacer a grupos de primera línea y a los equipos
de defensa jurídica, de primeros auxilios y de asistencia
sanitaria. Simultáneamente, en los barrios y plazas volvieron las
Ollas Comunes y surgieron asambleas comunitarias y colectivos de
discusión y aprendizaje político. Se trataba de organizaciones
espontáneas, sin jerarquías ni verticalismos, que funcionaban con
vocerías no permanentes de modo de evitar los personalismos. Todo
ello, sin los vicios inmovilizantes de las estructuras tradicionales
de la política.
Tales
fueron los antecedentes que condujeron a los resultados del
Plebiscito Nacional de octubre 2020. Definitivamente, existía
conciencia en los movimientos territoriales que compartían un
horizonte y objetivo común: despojar del poder a quienes siempre
lo habían tenido, para lo cual era necesario derrotar en las urnas
las elites económicas y políticas.
Sin
palabras pero ¿con una carta en la manga?
Al
tenor de los resultados obtenidos en el proceso electoral y en
particular frente al desafío que representaba el balotaje en la
Región Metropolitana para definir el cargo de Gobernador/a entre
un postulante de la Democracia Cristiana (Orrego) y una de izquierda
(Oliva), no cupo dudas cual sería el comportamiento que asumiría el
oficialismo, cuya candidata de primeras había logrado apenas una
tercera posición en las urnas.
Aunque
de mala gana, como era de prever, la derecha prefirió votar en
bloque por un adversario político, para no repetir el desastre que
acababan de sufrir al perder la emblemática Alcaldía de Santiago en
manos de una abogada joven, feminista y, peor aún, militante
comunista.
El
efecto de la opción de salvataje de la derecha se constató
pronto en las tres comunas del Rechazo (Vitacura, Las Condes y La
Dehesa), donde Orrego en el balotaje triplicó la votación que
había logrado en la primera vuelta. También, que el miedo había
sido un buen aliciente: la participación del electorado de tales
comunas en la segunda vuelta fue superior al 45%, mientras el
promedio de concurrencia en las demás del Área Metropolitana
batió un negativo récord histórico, ya que ni siquiera llegó
al 20% del total esperado.
Aunque
con su apoyo la derecha evitó se instalara en la capital del país
una Gobernación de izquierda, los resultados obtenidos por este
conglomerado político a nivel nacional fueron abiertamente
desastrosos: de los 16 Gobernadores Regionales (que van a reemplazar
a los Intendentes, hasta ahora elegidos por el Ejecutivo) que debían
ser electos en el país, sólo consiguieron el triunfo de 1 de sus
candidatos, correspondiente a la Araucanía. Es otros términos,
salvo por una región, las 15 restantes del país estarán regidas
por gobernador@s de oposición al actual gobierno, factor de
importancia de cara a las elecciones presidenciales en noviembre, a
fines de este año.
A
estas alturas quizás sería fácil concluir que de la derecha en
Chile no queda nada. Y en cierto modo es así, tal como se pudo
constatar el domingo recién pasado 4 de julio, día en que los 155
Constituyentes electos debían concurrir a los jardines del
edificio del ex Congreso Nacional en pleno centro Santiago para ser
nominados oficialmente como tales por el Servicio Electoral (SERVEL).
Tras ello, los recién institid@os procederían por votación a
elegir a quien presidiría la Convención durante el cumplimiento
de su mandato de redactar la nueva Carta Fundamental, escogiendo
asimismo al constituyente/a que asumiría la correspondiente
vicepresidencia.
En
un escenario fuera de todo lo común, bajo una carpa repleta de
filas de sencillas sillas metálicas con apenas un espacio al centro
para poder circular, sin concurrencia externa (salvo la funcionaria
y el ayudante que debían oficiar el procedimiento) Chile y el mundo
pudieron presenciar un espectáculo extraordinario teniendo en
cuentas su trascendencia y simbolismo.
155
personas, en la mayoría jóvenes, todes con mascarillas vestidos
de cualquier manera e instalados sin un dejo de protocolo sanitario
de distancia entre ellos, a primera vista el variopinto conjunto
parecía más la concurrencia a un concierto en un parque
cualquiera, que el grupo de personas al que el país le había
confiado la definición de las normas que nos regirían en las
décadas venideras. Observando más atentamente se podían distinguir
grupos pequeños con atuendos indígenas, uno que otro individuo
sentado por su cuenta con manta y sombrero propio de la Zona
Central, pocas corbatas y más bien bufandas para cubrirse del frío
mañanero que poco después del mediodía ya entibiaba el ambiente.
Tras
algún ajetreo y dimes y diretes para resolver el desorden y la
represión ejercida por los cuerpos policiales (conocidos como pacos
y oficialmente como carabineros) en las proximidades del recinto, la
representante del SERVEL, impecable desde todo punto de vista,
llamó con calma a les asistentes para dar inicio a la ceremonia.
Tras leer un par de párrafos, con voz clara formuló una sola
pregunta a la concurrencia, que en coro respondió afirmativamente y
de pie a la promesa de cumplir con su cometido. Enseguida entregó
una breve explicación sobre la votación a efectuar, donde cada
constituyente recibiría una papeleta donde debía escribir su
nombre y al reverso por quien votaba.
Y
tras finalizar el desfile donde cada Constituyente se acercó a
depositar su papeleta en una suerte de copón colocado sobre una
mesa al final del pasillo, se procedió a leer en voz alta los
resultados. Fue así como sin misterios y con total transparencia
se supo quién votó por quién y el país se enteró que Elisa
Loncón, mujer mapuche integrante de la lista de Pueblos Originarios,
lingüista con varios doctorados a su haber, fue elegida como
Presidenta de la Convención Constituyente; y que Jaime Bassa,
abogado de la V región de Valparaíso, también con pergaminos en
su oficio, ejercería de Vice Presidente.
Dirigiéndose
a les Constituyentes, primeramente en mapudungún, su lengua
materna, y luego en español, Elisa Loncón consiguió sin duda
emocionar a todo el país al hablar de sus esperanzas y la ocasión y
desafíos que el proceso tras las protestas estaba brindando a cada
una de las naciones (en subrayado, naturalmente) que convivían en
este territorio.
Una
vez más, las personas que para tales cargos propuso la derecha no
fueron electas, ratificando con ello que los votos con que cuentan
dentro de la Convención Constituyente no los conduce a ninguna
parte en especial. No obstante, la historia relativamente reciente
del país indica claramente que si bien en la estructura mental de la
derecha no cabe el concepto de bien común, sí sabe muy bien cómo
defenderse cuando sus intereses y privilegios se ven amenazados. Lo
hicieron muy bien al apoyar a Eduardo Frei Montalva en 1964, que no
era su candidato, logrando así superar en dicha ocasión la
elección de Salvador Allende. Y volvieron a hacer lo mismo ahora
apoyando a Claudio Orrego no sólo para atajar la candidatura de
izquierda sino, por sobre todo, para volver a probar y demostrar
públicamente su capacidad para evitar el éxito de sus contendores.
Ello
demuestra que si bien carecen de la capacidad para elegir a sus
propios candidatos, tienen muy claro que sus votos son valiosos para
definir la balanza. Como podrí ocurrir eventualmente en caso de
prosperar una candidatura presidencial de centro derecha en las
elecciones a realizarse en noviembre de este año.
Ana
María Arteaga
En
Santiago de Chile, 5 de julio 2021
