Se intimó a la empresa en enero; citan a ministros al Parlamento
La Dinama intimó a Aratirí a presentar un
estudio de impacto ambiental sobre su proyecto minero. Para la oposición
no están dadas las condiciones para firmar el contrato con la empresa y
convocará al Parlamento a Kreimerman y Beltrame.
La empresa prevé explotar cinco yacimientos mineros en Valentines y Cerro Chato. Foto: archivo El País
El País
A pocos días de que se cumpla el plazo previsto
por el Poder Ejecutivo para firmar el contrato de inversión con la
minera Aratirí (que inicialmente era el 20 de enero pero luego se
postergó para los primeros días de febrero), la oposición salió a jugar
sus cartas y advirtió que falta "información decisiva" que impediría dar
ese paso.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) intimó
a mediados de enero a Aratirí a presentar "un estudio de impacto
ambiental completo" de su emprendimiento, según información que maneja
el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay).
"Hasta donde sabemos nosotros, la empresa no cumplió
con ese requerimiento de la Dinama", dijo Pasquet ayer en conferencia de
prensa.
Así, a juicio del legislador colorado, "faltando
información decisiva" de parte de Aratirí "es más que claro que no puede
firmarse el contrato".
Además, Pasquet señaló que sin la autorización
ambiental y sin que la empresa haya aportado al Estado una garantía del
5% de la inversión (que en total es de US$ 3.000 millones) no es posible
firmar el contrato, según lo que establece la ley de Minería de Gran
Porte aprobada en septiembre de 2013.
"Acá no hay ni autorización ambiental previa, ni
estudios de impacto ambiental y hasta donde sabemos nosotros tampoco se
cumplió con la garantía", dijo Pasquet.
"Si la ley dice que el contrato debe ajustarse a los
términos de la autorización ambiental y que solo puede firmarse previa
constitución de garantía, esas normas legales no se pueden ignorar",
agregó.
El senador colorado señaló que es "inadmisible" que
el gobierno siga sin hacer público el contrato que prevé firmar con
Aratirí. "Se insiste con mantener en reserva y sin difundir el texto de
un contrato que nos interesa a todos", dijo.
Pasquet anunció que por eso, y para conocer los
detalles del acuerdo, el Partido Colorado y el Partido Nacional
plantearán la convocatoria a la Comisión Permanente del Poder
Legislativo a los ministros de Industria, Roberto Kreimerman, y de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame.
"No entendemos cómo después del episodio de Pluna el
gobierno insiste con el secretismo y estas actitudes que están
colindando con la ilegalidad", sostuvo Pasquet en la conferencia de
prensa que brindó ayer en el Palacio Legislativo.
El senador dijo que si finalmente el contrato con
Aratirí se firma antes de que los ministros Kreimerman y Beltrame
concurran al Parlamento, la oposición promoverá la interpelación de
ambos para "reclamar la responsabilidad política de los ministros".
Aratirí prevé explotar cinco yacimientos mineros de hierro en la zona de Valentines y Cerro Chato.
El proyecto también implica la construcción de un
mineroducto que llevará el hierro mezclado con agua a la terminal
marítima en Rocha (también en trámites para su construcción) desde donde
se exportará.
La empresa ha señalado que pretende extraer 18 millones de toneladas de hierro anuales durante un período de 30 años.
Agua.
Por otro lado, el Movimiento pro-Plebiscito Nacional
Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto, conocido como
"Uruguay Libre", denunció que la cuenca que OSE y la Dinama acordaron
declarar como reserva hídrica alternativa para abastecer a los
departamentos de Montevideo, Canelones y San José en caso de que colapse
la potabilizadora de Aguas Corrientes, en el pasado reciente se ha
explotado una mina de oro y ahora se han concedido al menos tres
permisos para la futura explotación minera y otros para explotar cobre y
hierro.
El movimiento anunció en conferencia de prensa una
serie de acciones legales buscando evitar que el gobierno firme el
contrato de explotación minera con la empresa Aratirí.
Se trata de la cuenca de los arroyos Casupá y El Soldado, que a la vez son afluentes del río Santa Lucía.
Para asegurarse la disponibilidad futura de agua,
OSE se plantea armar dos embalses complementarios en el tercio superior
del Santa Lucía, uno en cada arroyo mencionado.
"No hay una planificación territorial", advirtió Carol Aviaga, integrante de la comisión Uruguay Libre.
"Queremos exhortar a los ciudadanos a que se sigan
informando y firmen para que haya un plebiscito para que todo el país
tome la decisión", afirmó Aviaga.
Los tres emprendimientos autorizados están en la zona donde OSE piensa tener su reserva hídrica.
"Es todo sobre la misma cuenca. Las autorizaciones
que dio la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) son a
Bastia S.A., a Triselco S.A. y a otra donde se encontraba la mina
Crucera", apuntó Aviaga.
A su vez, otro miembro de Uruguay Libre, Víctor
Bachetta, advirtió que el Estado "quiebra su neutralidad al utilizar
fondos públicos en una campaña de propaganda en defensa del proyecto
Aratirí, que es un emprendimiento privado".
Bachetta destacó que el movimiento llevará adelante
una acción de amparo preventiva para evitar la firma del acuerdo entre
la empresa y el Poder Ejecutivo, y que si eso finalmente ocurre se
presentará un recurso de revocación.
Aguerre dijo que Aratirí afectará predios rurales poco productivos
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Tabaré Aguerre, defendió la Ley de Minería de Gran Porte y el
cuestionado emprendimiento de la empresa Aratirí que, dijo, abarcará
entre 5.000 y 10.000 hectáreas pero en una zona donde la productividad
es inferior a la media del resto del país."
¿Por qué está bien generar energía eléctrica sobre
campos que antes fueron ganaderos y que hoy están tapados por represas y
no usarlos para otro sistema productivo?", preguntó ayer Aguerre en el
marco de una rueda de prensa en la que se le consultó sobre Aratirí.
Por otro lado, dijo que quienes tengan que dejar de
ser productores porque la Ley de Minería de Gran Porte establece que el
uso del subsuelo es propiedad del Estado, "deberán ser indemnizados".
"Ese fue nuestro primer compromiso", subrayó el ministro.
"Los que tengan que dejar de ser productores, pueden
optar por un sistema de rentas que puede ser de entre 7 y 15 veces por
encima del valor del mercado", explicó Aguerre. La segunda opción para
esos productores es vender sus predios al Instituto Nacional de
Colonización, organismo que deberá relocalizarlos; y la tercera
alternativa es "es hacerse socio de la minera, recibiendo el 2% de lo
recaudado", señaló.
