PLANTEARON HABERES MAL LIQUIDADOS Y ATENCIÓN A RETIRADOS DE BAJOS RECURSOS
El Este
La Presidenta de Fedapru (Federación Nacional de Pensionistas y Retirados Policiales del Uruguay), Nelba Inceta Delmond, al ser recibida por las comisiones de hacienda y presupuesto de la Cámara de Representantes, informó que los haberes en la actualidad, se mantienen por debajo del 70% del poder adquisitivo que teníamos en abril de 1998.
Manifestó que se trata de un grupo numeroso de ciudadanos en esta situación, estando en antecedentes de los legisladores.-
Mencionó, que ya se visitó la Comisión de Seguridad Social, a la que también se le dejó los antecedentes de lo actuado hasta el momento.
La nómina de integrantes del grupo de retirados y pensionistas policiales es de alrededor de 60.000 personas.
“Desde abril estamos intentando plantear nuestras peticiones; estamos llegando hoy”, indicó.
Precisó, que “no todos los jubilados y pensionistas policiales están comprendidos en nuestra petición; se trata, principalmente, de los que se retiraron por la Ley N° 16.333”. “Nosotros estamos pidiendo que, si es posible, se tomen en cuenta las consideraciones del artículo 67 de la Constitución”. “En aquel momento nosotros perdíamos entre el 30% y el 50% de los haberes que percibíamos, y hasta el momento se sigue manteniendo ese déficit”, explicó.
Reflexionó, que “dada la etapa de la vida que estamos transitando y las condiciones de salud de la mayoría de la gente que integra este grupo, los haberes que percibimos son insuficientes”.
“Es lamentable que hasta el último día de nuestra vida tengamos que estar luchando por diferentes Juzgados para lograr un derecho que entendemos que lo tenemos adquirido”, dijo. “Lo que pedimos es solo poder vivir un tanto libres”, agregó.
Por su parte, el Inspector General, retirado, Roberto Cáceres, agregó que también están comprendidos algunos retirados y pensionistas que, en su momento, recibieron un aumento del 70% en las jubilaciones no del 100% en base a la disposición que se mencionó anteriormente.
En general, lo que mueve a las Asociaciones es la intención de amparar a las personas del interior y a las de menos recursos que, por uno u otro motivo, tienen menos acceso a la información y se les dificulta la presentación de los recursos.
Incluso, entre los que presentaron recursos algunos han tenido sentencias favorables y desfavorables; de todos modos, es una cuestión judicial que no entra en la discusión.
“Lo que queremos es que se estudie la posibilidad de unificar criterios y que, en lo posible, se llegue a una solución para este problema”, afirmó.
Mencionó, que ya se visitó la Comisión de Seguridad Social, a la que también se le dejó los antecedentes de lo actuado hasta el momento.
La nómina de integrantes del grupo de retirados y pensionistas policiales es de alrededor de 60.000 personas.
“Desde abril estamos intentando plantear nuestras peticiones; estamos llegando hoy”, indicó.
Precisó, que “no todos los jubilados y pensionistas policiales están comprendidos en nuestra petición; se trata, principalmente, de los que se retiraron por la Ley N° 16.333”. “Nosotros estamos pidiendo que, si es posible, se tomen en cuenta las consideraciones del artículo 67 de la Constitución”. “En aquel momento nosotros perdíamos entre el 30% y el 50% de los haberes que percibíamos, y hasta el momento se sigue manteniendo ese déficit”, explicó.
Reflexionó, que “dada la etapa de la vida que estamos transitando y las condiciones de salud de la mayoría de la gente que integra este grupo, los haberes que percibimos son insuficientes”.
“Es lamentable que hasta el último día de nuestra vida tengamos que estar luchando por diferentes Juzgados para lograr un derecho que entendemos que lo tenemos adquirido”, dijo. “Lo que pedimos es solo poder vivir un tanto libres”, agregó.
Por su parte, el Inspector General, retirado, Roberto Cáceres, agregó que también están comprendidos algunos retirados y pensionistas que, en su momento, recibieron un aumento del 70% en las jubilaciones no del 100% en base a la disposición que se mencionó anteriormente.
En general, lo que mueve a las Asociaciones es la intención de amparar a las personas del interior y a las de menos recursos que, por uno u otro motivo, tienen menos acceso a la información y se les dificulta la presentación de los recursos.
Incluso, entre los que presentaron recursos algunos han tenido sentencias favorables y desfavorables; de todos modos, es una cuestión judicial que no entra en la discusión.
“Lo que queremos es que se estudie la posibilidad de unificar criterios y que, en lo posible, se llegue a una solución para este problema”, afirmó.
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