Firmas contra ley de megaminería

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Las organizaciones contrarias a la minería a cielo abierto anunciaron que iniciaran la recolección de firmas para someter a referéndum la ley de Minería de Gran Porte aprobada este martes en el Parlamento. Los activistas criticaron los “insultos” del presidente José Mujica y denunciaron la inconstitucionalidad de la ley.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), que nuclea a varias organizaciones contrarias a la minería a cielo abierto, anunció este martes el inicio de una campaña de recolección de firmas para someter a referéndum la ley que regula la Minería de Gran Porte, aprobada este mismo martes por el Parlamento.
El mismo día que la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones hechas por el Senado al proyecto de ley, MOVUS comunicó en conferencia de prensa su intención de recoger adhesiones para, aprobada la ley, convocar a un referéndum para derogarla.
Víctor Baccheta, vocero de la organización, indicó que buscarán lanzar la campaña en poco tiempo para aprovechar "que el tema está en el tapete" y se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de que un porcentaje importante de la población apoye el recurso contra la ley. En ese sentido, señaló que las experiencias de los departamentos de Tacuarembó, Lavalleja, Treinta y Tres y Rivera - que iniciaron campañas en busca de referéndums departamentales - acerca la posibilidad de alcanzar las firmas necesarias.
"Si apelamos al recurso de la vía rápida, como se hizo con otras campañas recientes, necesitaríamos unas 60 mil firmas", recordó Baccheta, indicando que la cantidad de personas que firmaron en esos departamentos alcanzaría una cifra cercana. Además, mencionó que "encuestas divulgadas en los últimos tiempos indican que un 46% de la población está en contra de este tipo de emprendimientos".
La posibilidad de que la instalación en el país de emprendimientos mineros a cielo abierto se sometiera a una consulta popular había sido considerada públicamente por el propio presidente José Mujica, cuando la llegada de Aratirí comenzó a generar polémica. Los representantes de MOVUS consideraron que aquellas expresiones del mandatario no indican un posible apoyo a esta iniciativa y denunciaron la falta de respuesta que el movimiento obtuvo del presidente.
En ese sentido, el también vocero del grupo Martín Echeverría consignó que los manifestantes pidieron "una docena de entrevistas" con el presidente, sin obtener una respuesta concreta. En contrapartida, señalaron que "cada vez que viene al país el presidente de Zamin Ferrous - empresa detrás del proyecto Aratirí - consigue una entrevista con el presidente en menos de 24 horas". "El presidente no nos recibe", concluyó el activista.
Baccheta, en tanto, rechazó las "calificaciones insultantes" de Mujica hacia los productores rurales que se oponen a Aratirí, al afirmar que su rechazo obedece a que el emprendimiento eleva el costo de la mano de obra en la zona.
También denunciarán inconstitucionalidad
En forma paralela a la recolección de firmas, MOVUS recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para denunciar la inconstitucionalidad de algunos de los artículos incluidos en la ley aprobada este martes en el Parlamento.
Si bien el movimiento realizará un análisis pormenorizado del proyecto con sus asesores jurídicos antes de presentar el recurso, Baccheta adelantó que "hay una inconstitucionalidad principal que es la violación al artículo 47 de la Constitución", que establece que "la protección del medio ambiente es de interés general" y que "las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente".
Echeverría, en tanto, señaló que también es dudosa la constitucionalidad del mecanismo para la resolución de conflictos entre las empresas explotadoras y el Estado. Además, el activista subrayó que la ley "está hecha a medida de Aratirí" porque contiene un artículo que "le permite vender el proyecto, en caso de que decida no realizar la explotación".
MOVIUS también tiene dudas sobre el ajuste a Derecho de la posibilidad de que "el Estado negocie directamente con la empresa el contrato de la explotación, permitiendo beneficios fiscales a cambio de quién sabe qué".

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