Grave denuncia:ASORDINADOS - LAS DETENCIONES, LOS ABUSOS Y LOS COMUNICADOS

Montevideo, 13/09/13 (Brecha).- Múltiples acciones se sucedieron el primer viernes de setiembre. Desde el Ministerio del Interior (MI) se emitió un comunicado en referencia al accionar policial en las marchas del 14 y el 24 de agosto. Se afirmaba que la Policía “dispuso observadores” y no “infiltrados” porque éstos, según se explicitaba, tienen por objeto confundirse entre los manifestantes para cambiar “los objetos y la metodología” de las movilizaciones. Que el ministerio “no dispone ni comparte” tales infiltraciones. Los “observadores”, en cambio, tenían la misión de “estar alertas ante cualquier desborde que torciere el objetivo principal de la misma mediante actos violentos”. Se detallaba a continuación la serie de detenidos que esas marchas habían generado: dos el 14 de agosto, procesados sin prisión; 12 en la marcha del 24, liberados al finalizar la marcha, y dos más los días 30 y 31 (en realidad fueron detenidas el 29 y el 30).



Se afirmó en el comunicado que todas las acciones policiales se hicieron con conocimiento de la justicia. Se enumeraron los elementos incautados a los detenidos del 24 –martillo, maceta, spray de gas pimienta, tarros de pintura, aerosoles de colores, trincheta, cachiporra telescópica, piña americana, guantes de látex, bombas de estruendo, una tijera y un palo de un metro–. El último punto afirmaba que el ministerio “dispuso una investigación de urgencia en la unidad actuante” (aunque no aclara cuál es) que luego fue asignada a la División de Asuntos Internos, a pesar de “resultar extraño que las personas que manifestaron ser víctimas de torturas y amenazas en sedes policiales no hayan hecho denuncia judicial ni en Asuntos Internos”



Minutos más tarde, la Mesa Política del Frente Amplio también se expedía en una declaración en la que se argumentaba que “nuestra fuerza política no impulsa, no comparte, ni gestiona desde el gobierno nacional, ningún tipo de política que suponga infiltrar movilizaciones y manifestaciones populares”. También respaldaba las medidas del MI para investigar el accionar policial en las movilizaciones, y que “de verificarse apartamientos a las normativas que regulan la actuación policial, se apliquen medidas disciplinarias”.



Pero en el correr de esa misma tarde la Institución Nacional de Derechos Humanos –INDDHH– entregaba en manos de la directora de Asuntos Internos del mi un oficio fechado y elaborado el día anterior –jueves 5– en el que pedía información sobre la actuación policial del 14 y el 24 de agosto, así como sobre lo sucedido en el barrio Santa Catalina. “Cuando los hechos salieron en la prensa, analizamos la situación y decidimos iniciar una investigación de oficio”, relataron a Brecha desde la INDDHH.



Ese mismo día El Observador publicaba en portada y en su página 3 el contenido de un informe elaborado por los servicios de inteligencia, que también “obra en poder del presidente de la República”. Según publicó el matutino, el informe “advierte” que tanto los “hechos de violencia provocados por grupos antisistema” como –atribuyendo la información a “fuentes de inteligencia”– “las reiteradas denuncias de abuso policial están ‘orquestadas’ por la líder de Plenaria Memoria y Justicia y buscan ‘preparar un escenario’ para realizar un acto violento”. Se imprimían, a su vez, dos fotografías como sustento de lo dicho. En ambas podía verse a Nieves Cancela, integrante de Plenaria y vecina de Santa Catalina, oficiando de oradora en el acto de finalización de la marcha del Filtro y otra en la asamblea de los vecinos de Santa Catalina del miércoles 4, que denunció los abusos policiales sufridos por un grupo de jóvenes del barrio (Brecha, 5-IX-13).



Además de afirmar –siempre de acuerdo a fuentes de inteligencia– que Leites mantenía incluso vínculos con grupos neonazis, porque “todo lo antisistema suma a sus intereses”, se agregaba un dato llamativo sobre el operativo que detuvo a 12 militantes antes de la marcha del Filtro: “hasta último momento fue consultado el presidente de la República. ‘¿Los dejamos que rompan todo y registramos o actuamos?’ Llegó a preguntar un oficial a un asesor directo del presidente, quien lo atendía por teléfono mientras a su lado estaba el propio mandatario. ‘Actúen’, fue la orden”.



Según relataron a Brecha distintos integrantes de la Mesa Política del FA, la declaración emitida ese viernes se hizo basada en un informe que la noche anterior había dado Charles Carrera –director general de Secretaría del MI, el número 3 en el orden jerárquico– frente a la preocupación que el lunes había planteado la delegación de las bases en Montevideo. Consultado sobre si lo publicado por El Observador –respecto a la orden dada el 24 por el mismísimo presidente– había sido informado por el MI, Carlos Coitiño (PVP) afirmó: “No, no ingresó eso. No conocemos ni antes ni ahora que eso haya sido así. Eso no formó parte del análisis de la Mesa Política”. Una respuesta similar fue dada por Claudio Migliarini (PCU): “No, eso en la mesa no se expresó, ni se dijo, ni nadie planteó eso”. Por su parte, Ivonne Pasada, integrante del MPP y vicepresidenta del fa, declinó comentar el punto: “No voy a responder en base a lo que diga un diario, y después un semanario. Puedo responder en base a la declaración que emitimos, por lo demás, que cada cual saque sus propias conclusiones”.



PODER PUNITIVO

El lunes hubo más movimientos. El IELSUR y el SERPAJ, ambas organizaciones de derechos humanos, emitieron un comunicado conjunto “ante el aumento de la gradación de la violencia estatal en procedimientos policiales”. Sostienen que “amparado en la ley de procedimiento policial, el Estado viene desarrollando operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías” consagradas constitucional e internacionalmente. Que “estos mecanismos sólo refuerzan e instalan la nueva economía política del miedo surgida en los años noventa, y por ende, del castigo. Controlar a los ‘peligrosos’ contribuye a sostener el discurso perverso del poder punitivo y por consiguiente el de la seguridad, donde se exige y consigue que sus controlados (nosotros) demanden mayor control y que, cuanto más discriminatorio, arbitrario y brutal sea el poder que sufrimos por parte de los delincuentes, más poder sea el que reclamemos en contra de ellos (los otros)”.



IELSUR fue la organización que acompañó a los muchachos de Santa Catalina a hacer la denuncia por maltrato policial frente a la justicia penal, y también ante la INDDHH (ambas realizadas la semana pasada).



Mientras tanto, a la salida del Consejo de Ministros el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, comentó que el ministro Bonomi informó sobre los sucesos en la misma línea de lo expresado por el comunicado del viernes. Y agregó: “Tengo entendido que el ministro se reunió con sectores del fa que cuestionaron (el accionar de “los observadores”) en su momento y se aclaró cómo había sido el tema, no hay ninguna contradicción en esto, lo que hubo fue un malentendido”. “Lo que se trató de evitar fueron problemas posteriores, 12 personas que estuvieron identificadas, que eran justamente los que el Ministerio del Interior llama infiltrados. Como había datos que era para problemas se decidió detenerlos antes para evitar que la marcha (del 24) cambiara el sentido, y creo que el resultado fue bastante exitoso porque esa marcha aparte de la protesta política no tuvo ningún inconveniente extra”.



Esa tarde, cinco de los 12 detenidos del 24 presentaron su testimonio frente a las autoridades de la INDDHH y, según supo Brecha, ratificaron lo expresado en la prensa. En la próxima semana concurrirán algunos más. Ayer jueves, mientras este número se dirigía a la imprenta, la institución solicitó una entrevista al ministro Bonomi “para conversar estos temas directamente”. Por otro lado, la INDDHH recibió una comunicación de la Dirección General de Secretaría del MI informándole que ésta es su interlocutora en el ministerio y solicitándole el pedido de informes antes enviado a Asuntos Internos.



El PVP optó por emitir un comunicado en el que expresa su “enfático rechazo a los abusos y maltratos policiales denunciados en las últimas semanas”, a los que suman las “informaciones y denuncias de maltratos policiales contra jóvenes en diversos barrios de Montevideo”. Se insiste en que las denuncias deben ser “investigadas y sancionados los responsables de abusos y torturas”. Diversos representantes de la Mesa Política manifestaron a Brecha su preocupación por las denuncias, y dijeron mantenerse expectantes de los resultados de las investigaciones.



Por último, Plenaria Memoria y Justicia decidió enviar una carta a Ricardo Peirano, director de El Observador, respecto a lo publicado el viernes. Y también emitió un comunicado en el que rechaza enfáticamente la “relativización y eufemismos esgrimidos por parte del Ministerio del Interior para explicar los graves hechos de persecución y tortura denunciados las últimas semanas”, estableciendo que “el desconocimiento público de las denuncias realizadas por parte del titular del ministerio agrava aun más la situación de falta de garantías”. También exige que se explicite de dónde surgieron las órdenes para el accionar policial en los sucesos relatados, y que “de ninguna manera permitiremos que nuestra solidaridad y presencia en las luchas sea calificada de ‘infiltración’, estamos y estaremos donde se luche, defendiendo el derecho de la protesta como uno de los derechos humanos primarios de la humanidad”. Por último convocan a una marcha el próximo 26 de setiembre para “ponerle un freno a esta escalada autoritaria, contra el abuso policial, contra la tortura y por el derecho a la protesta”.



Al cierre de esta edición, la orden para comenzar la investigación encomendada por el ministro Bonomi aún no había llegado a la División de Asuntos Internos del mi. Según explicó su directora, Estela González, “seguramente está en giro, (porque) pasa por algunas oficinas después de que el ministro lo dispone. Si él dijo que venía, viene para acá”.

Eliana Gilet.