Inspectores dijeron que no le dejarían "salida"
Video filmado por Casal compromete a la DGI
La compleja causa de Francisco "Paco"
Casal, en la que la DGI le exige el pago de US$ 10 millones por
impuestos adeudados, incluye un video filmado por el empresario en el
que dos inspectores del organismo quedan en situación comprometida.
Eduardo Delgado
El País
La defensa de Francisco "Paco" Casal interpreta
que los funcionarios de la DGI que en una cálida noche de febrero de
2008 se reunieron con el empresario en las oficinas de Tenfield, lo
"amenazaron" con elevar el monto de la deuda y no dejarle salida si no
aceptaba pagar el cálculo presentado en ese momento por impuestos
impagos.
Dicha reunión es pieza clave en todo el caso dado que,
sin el consentimiento de los funcionarios, fue filmada por Casal. La
cinta fue presentada como prueba y aceptada por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo (TCA).
Según la defensa de Casal, la filmación demuestra que
hay una intención de presionar a su cliente, lo que se suma a la
denuncia por documentación adulterada por parte de la DGI y que forma
parte del expediente de más de 7.000 fojas.
El video.
El 17 de febrero de 2008, pasadas las 21 horas, dos
funcionarios de la DGI llegaron hasta las oficinas de Tenfield. Allí, en
uno de los salones, se reunieron con Francisco "Paco" Casal y Nelson
Gutiérrez.
Los inspectores se preocuparon en informar que allí
estaban "en nombre y representación del director de la DGI", en ese
entonces Nelson Hernández. Precisaron que Hernández no podía estar
presente porque estaba participando de un asado en un departamento del
este del país.
Tal información no surge de una minuciosa
reconstrucción con participante de la reunión, sino porque la reunión
quedó registrada en un video grabado por Casal, sin que ambos
funcionarios se enteraran. Fuentes consultadas por El País que vieron
dicha filmación contaron detalles de la misma.
La existencia del video es conocida dado que incluso
fue aceptado como prueba en la causa que enfrenta al gobierno con Casal,
pero poco se conocía sobre su contenido.
Los funcionarios dijeron aquella noche que tenían la
instrucción de hablar con Casal, dado que antes habían hablado con su
abogado y buscaban llegar a una "solución" para saldar la deuda. Frente a
la propuesta, el empresario se mantuvo en silencio. Luego, los
funcionarios se refirieron a las cifras de la presunta deuda por el no
pago del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) y el
Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) en
transferencias de futbolistas.
Advirtieron que si no llegaba a un acuerdo de pago
empezarían a labrar actas, lo que haría más difícil su situación,
coincidieron en señalar las fuentes que tuvieron acceso a la filmación.
Agregaron que los funcionarios le dijeron que si no había acuerdo en
lugar de US$ 9 millones la deuda pasaría a US$ 18 millones, que de ahí
podría ser de US$ 36 millones, pudiendo llegar hasta cerca de US$ 100
millones. Y ahí ya no habrá marcha atrás y el empresario no tendría
salida.
Casal preguntó a los funcionarios quién los había
enviado. Y ellos respondieron que había sido Hernández. ¿Y por qué
esto?, les preguntó el contratista. Porque debe un impuesto y la DGI
debe cobrarlo.
Casal les retrucó con ironía que entonces iba a
tener que despedir a su contador porque era quien le aseguraba que no
debía nada a la DGI. Y agregó "yo le creo a mi contador cuando me dice
que no debo nada". Los funcionarios le reiteraron que sí debía y sin
acuerdo ni compromiso de ninguna de las partes finalizó el encuentro.
La defensa de Casal presentó una copia del video de
dicha reunión en el juicio que inició ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. Los funcionarios de DGI que aparecen en la cinta fueron
citados a declarar y ratificaron que fueron a esa reunión autorizados
por el director del organismo. Posteriormente, el TCA admitió el video
como prueba en el juicio que se tramita.
Clave.
Por el momento, la defensa de Casal tiene decidido
no presentar este video ante la Justicia Penal. Fuentes del gobierno
consultadas por El País admiten en reserva que algunas de las conductas
que se aprecian en el video podrían tener consecuencias penales para
funcionarios y jerarcas de la DGI. Los funcionarios del propio gobierno
admiten preocupación porque del expediente surgen procedimientos
irregulares seguidos por la DGI, y que resulta "muy difícil" sostener
una defensa ante el TCA.
La DGI acusó a Casal de adeudar más de US$ 100
millones por el no pago de IRIC e IRAE. Presentó una denuncia ante la
Justicia por defraudación tributaria que no prosperó, aunque sí se le
aceptó que le trabara embargo a diversas empresas vinculadas al
contratista.
Luego, en noviembre de 2009, el ministro de
Economía, Fernando Lorenzo, redujo de US$ 104 a US$ 10 la deuda de Casal
al limitar el plazo de prescripción de adeudos.
Así, DGI mantiene el reclamo por el cobro de dicho
monto, aunque la defensa de Casal insiste en que no adeuda impuestos y
recurrió al TCA para que deje sin efecto el acto de determinación
tributaria.
El presidente José Mujica quiere anular la deuda a
Casal mediante una resolución que requiere de la firma de Lorenzo, con
el objetivo de ponerle fin al juicio en el TCA y evitar que un fallo
favorable al empresario -lo cual considera que será lo más probable- le
allane el camino para demandar por cifras millonarias al Estado.
El vicepresidente Danilo Astori rechaza de plano dicha salida manejada por Mujica y prefiere dar pelea ante el TCA.
Un caso complejo
Fue el director de Rentas Eduardo Zaidensztat quien
promediando el gobierno de Jorge Batlle inició una investigación sobre
posible defraudación por parte de las empresas de Paco Casal en el pago
de impuestos por la transferencia de deportistas.
En el gobierno de Tabaré Vázquez, el director de
Rentas Nelson Hernández confirmó la evasión e inició acciones para
cobrar. Presentó una denuncia por defraudación tributaria que fue
rechazada por la Justicia. Trabó embargo a decenas de empresas de Casal
por más de cien millones de dólares. Calculó la deuda por impago de IRIC
en US$ 104 millones, pero luego el Ministerio de Economía la redujo a
US$ 10 millones.
La defensa de Casal afirma que no debe y presentó el
caso ante el TCA para que anule el acto de determinación tributaria de
la DGI. Dos fiscales de gobierno concluyen que Casal no debe porque el
hecho generador del impuesto ocurrió fuera del país. Idéntico análisis
hicieron una decena de expertos tributarios. Mujica quiere anular la
deuda.
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