¿ SERÁ "CAMPAÑA DE LA DERECHA?"
Dirigentes llevan posiciones encontradas al secretariado
Integrantes del secretariado ejecutivo del
Pit-Cnt desconocían que invocando la central sindical dos gestores
intentaron estafar a una constructora. Piden responsabilidad a quienes
no informaron. Otros adelantan apoyo a la comisión de vivienda.
Gonzalo Terra
El País
El responsable del Plan de Vivienda Sindical
del Pit-Cnt, Eduardo Burgos, admitió a El País en la edición del sábado 7
que dos gestores que adujeron tener la representatividad del Pit-Cnt
intentaron estafar a una empresaria. También reconoció que intercedió
ante uno de ellos, de iniciales M.D., para recuperar cheques por US$
300.000 que le fueron pedidos a la empresa constructora en
calidad de "donación" para concederle un tentador contrato de US$
3.000.000 para construir mil viviendas sociales.
Burgos también admitió que el Pit-Cnt debió redactar un
documento para desvincularse de los dos gestores. Las afirmaciones de
Burgos confirmaron lo publicado por El País el viernes 6, aunque
desmintió que su hermano fuera socio de uno de los gestores.
Según la versión que la empresaria dio ante la
Justicia, los dos gestores firmaron el contrato y le pidieron la
"donación" con el único fin, según consta en el documento, de comprar
terrenos para viviendas. Sin embargo, el negocio nunca se concretó y
meses después un prestamista intentó cobrar uno de los cheques por US$
25.000. Como no pudo hacerlo demandó a la empresaria y ésta, en su
alegato ante la Justicia, afirmó que fue estafada en el marco del plan
de vivienda sindical y solicitó la comparecencia como testigo de Burgos.
La audiencia judicial por este caso se realizará en febrero.
Las revelaciones de Burgos generaron sorpresa y
malestar en integrantes del secretariado del Pit-Cnt que, entienden,
debieron ser informados de la situación a su debido tiempo.
Fuentes consultadas por El País reprocharon que Burgos
no haya informado al secretariado del hecho cuando ocurrió o el pasado
martes, cuando asistió para dar un informe técnico sobre el plan que
dirige.
También se preguntaron por qué en lugar de interceder
ante el gestor y tratar de recuperar los cheques, como lo admitió a El
País, no dio cuenta a la Justicia de que se había producido un intento
de estafa que involucraba a la central obrera. Y marcaron las
contradicciones con Marcelo Abdala, el líder de los metalúrgicos y
promotor del plan de vivienda sindical. Abdala dijo a El País que no
conocía la denuncia ni la existencia de contratos firmados. Asimismo,
consideraron "grave" que Burgos termine siendo citado ante la Justicia
como testigo del caso que involucró a la empresaria.
Las fuentes también se preguntaron por qué el Pit-Cnt
redactó un documento para desvincularse de los dos gestores si, como
dijo Abdala, jamás estuvieron vinculados al Plan ya que solo ofrecieron
un sistema constructivo que no prosperó.
Contactos realizados en las últimas horas entre
algunos dirigentes revelan una división interna y un intento por aplacar
los ánimos.
No obstante, el coordinador Fernando Pereira dijo que
el martes "todo debe ser aclarado" y "no debe quedar una sola duda"
(ver nota aparte).
Un dirigente sindical en particular hizo gestiones
ante algunos de sus pares procurando "bajarle el perfil" a la sesión del
secretariado del próximo martes, donde la comisión de vivienda deberá
informar sobre estos hechos y también responder al pedido de informes
que hace una semana elevó el dirigente de la Bebida, Richard Read, sobre
el manejo de fondos y criterios para adjudicar viviendas y obras a las
empresas constructoras.
Se teme que se profundice la crisis interna y se
intenta preservar del "uso político del tema" a los dirigentes del
Partido Comunista que llevan adelante el plan de vivienda. Ya se
promueve un apoyo a los "compañeros" a cargo de la comisión pese a que
todavía no se conoce su informe. Las fuentes consultadas por El País
indicaron que hay "mucha inquietud" por las derivaciones del caso.
No obstante, otros dirigentes manifestaron su
sorpresa porque no estaban al tanto de la situación y consideran que la
omisión de informar constituye, por sí misma, un motivo para "pedir la
renuncia" de Burgos en el plan de vivienda.
El integrante del secretariado y representante del
sindicato del comercio y servicios (Fuecys), Ismael Fuentes, aclaró que
no fue una estafa sino "un intento de estafa que no pasó a mayores" ante
lo que "la comisión decidió dejar afuera a la gente que estaba
involucrada". Sobre la omisión de informar al secretariado, consideró
que "es difícil que el secretariado tenga un panorama de todo lo que
pasa hoy en el Pit-Cnt donde hay muchas cosas que se están haciendo al
mismo tiempo. Es imposible pretender manejar el cien por ciento de lo
que ocurre". Y acotó: "la comisión y el compañero Burgos tienen el
respaldo del secretariado. Hasta ahora no hubo ninguna denuncia contra
nadie, si se presenta se analizará".
El dirigente sindical Edgardo Oyenart dijo que no
tenía "ni idea" de lo que había ocurrido con el plan de viviendas.
"Sobre ese tema nunca estuve informado ni intervine", indicó.
Consideró que se trata de un asunto "que es de la
interna y de la orgánica del movimiento sindical y debe discutirse en el
marco de la dirección como corresponde. Se equivocan los compañeros al
discutir a través de la prensa. Solo si hay algún tipo de actitud dolosa
se debe informar al conjunto de los trabajadores. Mientras no se
compruebe nada, no existan datos, nombres y circunstancias, el frente
sindical no puede participar en ninguna polémica".
El dirigente de COFE, José Lorenzo López, dijo a El
País que en el último año fue a todas las sesiones del secretariado y
nunca se informó sobre el intento de estafa.
El Plan de Vivienda Sindical fue creado en 2011 por
el Pit-Cnt al impulso de la Untmra. Se crearon hasta el momento 325
cooperativas que agrupan a 16.500 familias, de las cuales el 70% está
radicada en el interior. Si se diera una solución a todos los inscriptos
el plan insumirá un monto cercano a los US$ 500 millones.
La situación instalada ha enfrentado a dos pesos
pesados del movimiento sindical, Richard Read, líder de una nueva
corriente denominada "Orientación Sindical Unitaria 5 de Marzo", y
Marcelo Abdala, hombre fuerte del sindicato de los metalúrgicos y el
Partido Comunista. El pedido de informes que Read hizo el pasado martes
sobre la marcha del plan sindical provocó la fuerte reacción de Abdala.
"Está bien preguntar, a mi también me gustaría saber
qué hizo Read con los 500.000 dólares del Banco Interamericano de
Desarrollo. Nosotros tenemos miles de negociadores formados en la lucha y
no necesitamos de la plata del BID para capacitar a nadie. Pero no sé
cuál fue el destino de ese dinero. Es mucha plata", disparó.
Read le respondió que pretendía "desviar la atención" de la polémica instalada en torno al plan de viviendas sindicales.
Proponen privatizar saneamiento para poder afinar las cooperativas
El pasado 15 de octubre el responsable del Plan de
Vivienda Sindical, Eduardo Burgos, compareció ante el Parlamento para
explicar las dificultades que enfrentaba el programa para afianzarse.
Burgos explicó que el plan tiene 16.500 familias organizadas en los
diecinueve departamentos del país. A su vez, estas familias están
organizadas en 325 cooperativas. "Una de las principales problemáticas
que tenemos es el acceso al saneamiento", indicó. El arquitecto Eduardo
Brenes dijo que para formar cooperativas una de las condiciones es que
exista alguna alternativa de saneamiento pero que en la mayoría de los
casos no existe a nivel formal y los pozos negros no son solución. Por
eso planteó como alternativa plantas de tratamiento. "Planteamos generar
empresas privadas o públicas que funcionen dentro del marco de lo
privado, para operar y ser responsables por la planta del tratamiento. O
sea que la idea es generar pequeñas empresas que tengan por lo menos un
químico y un mecánico, que sean capaces de operar y hacerse
responsables de la calidad del agua que sale; es lo mismo que cuando se
quiere tener un ascensor en un edificio: yo no puedo mantenerlo, sino
que tengo que contratar a alguna de las empresas habilitadas, que son
técnica y patrimonialmente responsables por los problemas que puedan
ocurrir", explicó.
"O sea que el Estado delega en privados, que muestran fehacientemente
que son idóneos para operar en ese rubro. Y si hay algún problema, la
que tiene que pagar las multas -o al que tiene que suspendérsele el
título universitario- es la empresa encargada", indicó.
Fuego cruzado:
Marcelo Abdala
"No hay problema en responder a sus preguntas.
Corresponde que los encargados de las secretarías rindan cuentas. Pero
desde un punto de vista político porque de otra forma lo que se
intenta es prostituir un proceso que es genuino y va a generar esperanza
en muchos trabajadores".
Richard Read
"Todo lo que signifique aclarar, generar
transparencia, credibilidad y darle un mensaje a las miles de familias
que tienen la ilusión de acceder a su vivienda se debe de hacer. Yo no
tenía la más pálida idea de que había denuncias. Vamos a esperar las
respuestas".
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