El modelo de privatizaciones genera polémica por tratar a los presos como mercancía y beneficiar una única empresa. Tres Estados ya optaron por adoptar ese sistema, São Paulo será el próximo
El País de España
Una prisión de Mato Grosso en 2012. / Nacho Doce (REUTERS)
Con la cuarta población de presos más numerosa del mundo, y que
continúa creciendo cada año, Brasil se enfrenta a un gran desafío:
privatizar o no sus prisiones. Hoy, cerca de 548.000 presos se amontonan
en 340.000 plazas por todo el territorio brasileño. Ante ese escenario,
varios Gobiernos estatales ya intentaron entregar la administración de
las prisiones a la iniciativa privada y otros seguirán el mismo camino.
El próximo que entrará en la lista de Estados con cárceles particulares
será São Paulo, el Estado más desarrollado del país. El Gobierno de
Geraldo Alckmin (PSDB) está buscando tres terrenos en el interior del
Estado para que se construyan las prisiones particulares para acoger
10.500 presos en los regímenes cerrado y semi-abierto (en este último el
detenido solo duerme en la prisión).
El modelo adoptado por el Gobierno es una sociedad público-privada. Eso solo quiere decir que la concesión del servicio a la iniciativa privada tiene plazo. En São Paulo, la expectativa es que el contrato sea de 27 a 33 años. Pero la entrega del servicio de guardia y custodia de detenidos es polémica en Brasil y ya fue cuestionada varias veces, incluso por el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, para quien la administración debe ser competencia del Estado.
Actualmente, solo tres Estados tienen penitenciarías con ese modelo: Santa Catarina (sur del país), Espírito Santo y Minas Gerais -ambas en el sudeste-. Pernambuco (nordeste) y Rio Grande do Sul (sur) también estudian esa posibilidad.
Otros dos Estados ya tuvieron presidios privados, pero acabaron devolviéndose al poder público. En Ceará (en el nordeste), una decisión judicial decretó que la iniciativa privada devolviera la gestión al Gobierno estatal. En Paraná (sur), el propio Gobierno decidió retomar la administración de una serie de prisiones, después de evaluar dos cuestiones. La primera, fue jurídica. Hay especialistas que consideran la concesión de la gestión como inconstitucional. La otra, financiera, porque no siempre es tan lucrativo para una administración ceder ese servicio.
Y son exactamente esos dos los principales puntos de la discusión. Primero, el dinero. Hoy un preso cuesta cerca de 1.300 reales mensuales (unos 550 dólares) a los cofres públicos. En los contratos ya firmados (como en Minas Gerais) o en los que aún están por firmar (por ejemplo, en São Paulo) el valor estimado que debe entregarse a la empresa que va a gestionar el sistema es de 2.700 reales mensuales por detenido (1.133 dólares). Es decir, en un presidio con 10.500 detenidos, el Estado va a entregar a una única empresa (o consorcio) cerca de 28,3 millones de reales por mes (casi 12 millones de dólares).
El temor de quien estudia el asunto es que, además del aumento de gastos para el Gobierno, los presos pasen a ser tratados como mercancía. “La cuestión del lucro enraíza un interés económico en la gestión de la política criminal del país. Si todo se privatiza, la política de encarcelamiento va a fortalecerse y acabará entrando en conflicto con el interés financiero”, dice el profesor del departamento de Ciencias Sociales de la Universidade de São Paulo, Laurindo Dias Minhoto.
Autor de un libro sobre el asunto (Privatización de Presidios y Criminalidad – Editora MaxLimonad ), Minhoto dice que no hay datos empíricos que comprueben que la privatización es la mejor salida. “Tanto los Estados Unidos como Inglaterra privatizaron sus prisiones y solo vieron cómo aumentaba su población carcelaria. Es muy posible que en Brasil suceda eso también”, resaltó.
Está también la cuestión legal. En Ceará, en 2007, la Justicia Federal acató la solicitud de la Fiscalía que obligó al Estado a retomar la gestión de una prisión. Además de la cuestión constitucional, que prevé la seguridad como una función esencial y exclusiva del Poder Público, los procuradores de la República alegaron que una resolución del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, preveía que los servicios penitenciarios de seguridad, administración, gestión de unidades, disciplina, seguimiento y evaluación de la ejecución penal, no pueden delegarse en la iniciativa privada.
En aquel Estado, según el diputado federal Domingos Dutra (PT), las empresas que administraban las prisiones querían solo el “filete” del sistema penitenciario. “Allá solo entraban presos con buen comportamiento, que cometió crímenes leves, sin antecedentes y que no daba trabajo. Nadie quería saber nada de homicidas, de miembros de organizaciones criminales. Y, para empeorar, nadie estaba preocupado con la reinserción social del preso, al final, acaba siendo una mercancía”, dijo el congresista, que inició una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el sistema penitenciario brasileño.
Está aún la cuestión de los derechos humanos, que ha sido poco discutida. En una reciente inspección de consejeros y de organizaciones no gubernamentales a una de las unidades privadas, en el municipio de Serra, en Espírito Santo, los visitantes oyeron una serie de reclamaciones de los presos. La principal era que varios de ellos temían tener problemas mentales por cuenta de la rigidez del régimen.
“El ambiente está todo automatizado, muy limpio, muy higiénico, hasta parece un hospital. Pero los presos están encerrados 23 horas por día, tienen solo 90 segundos para tomar un baño y necesitan salir enjabonados de sus celdas, porque les cortan el agua y acaban quedándose con jabón en el cuerpo. Es una situación inhumana”, afirmó el abogado Marcos Fuchs, director ejecutivo de la ONG Conectas Direitos Humanos.
La forma en la que esos detenidos son tratados en esa unidad, que es solo para presos provisionales (aquellos que aún no fueron juzgados), es similar a uno de los presidios más rígidos del país, el de Presidente Bernardes (en São Paulo), donde solo hay presos de alta peligrosidad, muchos de ellos asociados a las grandes facciones criminales. Allí impera el Regimen Disciplinar Diferenciado (RDD).
Pocos son los defensores de ese modelo. Obviamente entre ellos están los Gobiernos que lo pusieron en marcha y las empresas que quieren quedarse con ese negocio millonario. Ninguno de los Estados consultados por el EL PAÍS quiso comentar el asunto. En una entrevista concedida al periódico O Estado de S. Paulo, el secretario de administración penitenciaria paulista, Lourival Gomes, afirmó que la capacidad de inversión de la iniciativa privada es un punto positivo de la propuesta. "La iniciativa privada tiene mayor facilidad para contratar empleados y mantenerlos en las unidades. La contratación de médicos, por ejemplo, es una enorme dificultad actual en el sistema, situación que puede ser resuelta con un modelo público-privado”, dijo.
Los especialistas son unánimes en afirmar que no hay una solución única para la cuestión penitenciaria. Aún no se sabe si la privatización va a funcionar, pero si la política de prisiones continua así, en breve, no habrá más donde colocar a tantos presos.
“Necesitamos que los jueces cambien su mentalidad. Solo encarcelar no es la solución. Es necesario que haya más penas alternativas para delitos leves. Los únicos que acaban presos en Brasil son los pobres. El Estado tiene que dar educación y salud. Si no fuera así, ese problema jamás tendrá solución”, evaluó el diputado Dutra.
El modelo adoptado por el Gobierno es una sociedad público-privada. Eso solo quiere decir que la concesión del servicio a la iniciativa privada tiene plazo. En São Paulo, la expectativa es que el contrato sea de 27 a 33 años. Pero la entrega del servicio de guardia y custodia de detenidos es polémica en Brasil y ya fue cuestionada varias veces, incluso por el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, para quien la administración debe ser competencia del Estado.
Actualmente, solo tres Estados tienen penitenciarías con ese modelo: Santa Catarina (sur del país), Espírito Santo y Minas Gerais -ambas en el sudeste-. Pernambuco (nordeste) y Rio Grande do Sul (sur) también estudian esa posibilidad.
Otros dos Estados ya tuvieron presidios privados, pero acabaron devolviéndose al poder público. En Ceará (en el nordeste), una decisión judicial decretó que la iniciativa privada devolviera la gestión al Gobierno estatal. En Paraná (sur), el propio Gobierno decidió retomar la administración de una serie de prisiones, después de evaluar dos cuestiones. La primera, fue jurídica. Hay especialistas que consideran la concesión de la gestión como inconstitucional. La otra, financiera, porque no siempre es tan lucrativo para una administración ceder ese servicio.
Y son exactamente esos dos los principales puntos de la discusión. Primero, el dinero. Hoy un preso cuesta cerca de 1.300 reales mensuales (unos 550 dólares) a los cofres públicos. En los contratos ya firmados (como en Minas Gerais) o en los que aún están por firmar (por ejemplo, en São Paulo) el valor estimado que debe entregarse a la empresa que va a gestionar el sistema es de 2.700 reales mensuales por detenido (1.133 dólares). Es decir, en un presidio con 10.500 detenidos, el Estado va a entregar a una única empresa (o consorcio) cerca de 28,3 millones de reales por mes (casi 12 millones de dólares).
El temor de quien estudia el asunto es que, además del aumento de gastos para el Gobierno, los presos pasen a ser tratados como mercancía. “La cuestión del lucro enraíza un interés económico en la gestión de la política criminal del país. Si todo se privatiza, la política de encarcelamiento va a fortalecerse y acabará entrando en conflicto con el interés financiero”, dice el profesor del departamento de Ciencias Sociales de la Universidade de São Paulo, Laurindo Dias Minhoto.
Autor de un libro sobre el asunto (Privatización de Presidios y Criminalidad – Editora MaxLimonad ), Minhoto dice que no hay datos empíricos que comprueben que la privatización es la mejor salida. “Tanto los Estados Unidos como Inglaterra privatizaron sus prisiones y solo vieron cómo aumentaba su población carcelaria. Es muy posible que en Brasil suceda eso también”, resaltó.
Está también la cuestión legal. En Ceará, en 2007, la Justicia Federal acató la solicitud de la Fiscalía que obligó al Estado a retomar la gestión de una prisión. Además de la cuestión constitucional, que prevé la seguridad como una función esencial y exclusiva del Poder Público, los procuradores de la República alegaron que una resolución del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, preveía que los servicios penitenciarios de seguridad, administración, gestión de unidades, disciplina, seguimiento y evaluación de la ejecución penal, no pueden delegarse en la iniciativa privada.
En aquel Estado, según el diputado federal Domingos Dutra (PT), las empresas que administraban las prisiones querían solo el “filete” del sistema penitenciario. “Allá solo entraban presos con buen comportamiento, que cometió crímenes leves, sin antecedentes y que no daba trabajo. Nadie quería saber nada de homicidas, de miembros de organizaciones criminales. Y, para empeorar, nadie estaba preocupado con la reinserción social del preso, al final, acaba siendo una mercancía”, dijo el congresista, que inició una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el sistema penitenciario brasileño.
Está aún la cuestión de los derechos humanos, que ha sido poco discutida. En una reciente inspección de consejeros y de organizaciones no gubernamentales a una de las unidades privadas, en el municipio de Serra, en Espírito Santo, los visitantes oyeron una serie de reclamaciones de los presos. La principal era que varios de ellos temían tener problemas mentales por cuenta de la rigidez del régimen.
“El ambiente está todo automatizado, muy limpio, muy higiénico, hasta parece un hospital. Pero los presos están encerrados 23 horas por día, tienen solo 90 segundos para tomar un baño y necesitan salir enjabonados de sus celdas, porque les cortan el agua y acaban quedándose con jabón en el cuerpo. Es una situación inhumana”, afirmó el abogado Marcos Fuchs, director ejecutivo de la ONG Conectas Direitos Humanos.
La forma en la que esos detenidos son tratados en esa unidad, que es solo para presos provisionales (aquellos que aún no fueron juzgados), es similar a uno de los presidios más rígidos del país, el de Presidente Bernardes (en São Paulo), donde solo hay presos de alta peligrosidad, muchos de ellos asociados a las grandes facciones criminales. Allí impera el Regimen Disciplinar Diferenciado (RDD).
Pocos son los defensores de ese modelo. Obviamente entre ellos están los Gobiernos que lo pusieron en marcha y las empresas que quieren quedarse con ese negocio millonario. Ninguno de los Estados consultados por el EL PAÍS quiso comentar el asunto. En una entrevista concedida al periódico O Estado de S. Paulo, el secretario de administración penitenciaria paulista, Lourival Gomes, afirmó que la capacidad de inversión de la iniciativa privada es un punto positivo de la propuesta. "La iniciativa privada tiene mayor facilidad para contratar empleados y mantenerlos en las unidades. La contratación de médicos, por ejemplo, es una enorme dificultad actual en el sistema, situación que puede ser resuelta con un modelo público-privado”, dijo.
Los especialistas son unánimes en afirmar que no hay una solución única para la cuestión penitenciaria. Aún no se sabe si la privatización va a funcionar, pero si la política de prisiones continua así, en breve, no habrá más donde colocar a tantos presos.
“Necesitamos que los jueces cambien su mentalidad. Solo encarcelar no es la solución. Es necesario que haya más penas alternativas para delitos leves. Los únicos que acaban presos en Brasil son los pobres. El Estado tiene que dar educación y salud. Si no fuera así, ese problema jamás tendrá solución”, evaluó el diputado Dutra.
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