MOVIMIENTO URUGUAY LIBRE
Comunicado de prensa / 10 de diciembre de 2013.
En actitud sin precedentes, el Poder Ejecutivo anuncia una campaña para
explicar “las virtudes” del proyecto de la minera extranjera Aratirí,
cuando los poderes públicos deben representar a la sociedad, preservar
su neutralidad ante los emprendimientos privados y éste, en particular,
está lejos de ser aprobado en las instancias previstas por la ley para
evaluar estos proyectos.
Desde el Consejo de Ministros, una vez más, el presidente de la
República alienta a sus ministros a actuar como socios y meros
propagandistas de proyectos que enfrentan una creciente resistencia de
la población en todo el país, al punto que las Juntas Departamentales de
Lavalleja y Tacuarembó decidieron prohibir la minería metalífera a
cielo abierto en sus territorios y otros departamentos se encuentran
discutiendo proposiciones semejantes.
La evaluación de los impactos sociales y ambientales de estos proyectos
es un proceso a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente
(DINAMA). Por sus propias autoridades, el proyecto de Aratirí está lejos
de ser aprobado, hay partes enteras del mismo – el mineroducto y la
terminal portuaria – que deben ser reformuladas y aún no pasó por las
audiencias públicas.
En primer lugar, si el gobierno nacional “gobierna para todos los
uruguayos”, como lo ha dicho otras veces, debería no solo al menos
mantenerse neutral ante los intereses de una empresa particular sino,
además, proteger a la sociedad y defender la soberanía nacional. La
firma Aratirí, de la trasnacional Zamin Ferrous, pretende simplemente
extraer el hierro y otros metales del subsuelo uruguayo para venderlos
en bruto en el mercado internacional.
En segundo lugar, tales declaraciones de la Presidencia constituyen una
presión indebida sobre los restantes organismos del estado que deben
evaluar este proyecto. ¿Qué papel se reserva para la DINAMA cuando el
presidente le encomienda a su superior jerárquico, el ministro de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que defienda el
proyecto?
En tercer lugar, esa actitud del gobierno nacional es una falta de
respeto por la opinión de la ciudadanía que de muy diversas maneras, en
manifestaciones nacionales y locales, reclama y merece ser consultada,
tal como en su momento expresó el Sr. Presidente de la República. Son
decisiones que sus propios defensores han presentado como un cambio de
la matriz productiva del país, pero que no fueron sometidas a votación
en las últimas elecciones.
Al mismo tiempo, las declaraciones del secretario de Presidencia
respecto a que el contrato a firmarse con Aratirí será de carácter
reservado, evidencian la intención de ocultar a la ciudadanía los
compromisos del gobierno con Aratirí. Esto constituye una falta grave en
desmedro de la transparencia que requiere cualquier emprendimiento, más
aún de la envergadura que pretende ser este, y es contradictorio con la
conducta de un gobierno democrático.
El Movimiento Uruguay Libre ha lanzado una campaña de recolección de
firmas para promover la realización de un plebiscito nacional porque
pretendemos, justamente, que sea la ciudadanía toda quien, con la
información apropiada, decida si considera que este y otros proyectos
similares son beneficiosos para el país. No nos detendremos hasta
cumplir con este derecho.
MOVIMIENTO URUGUAY LIBRE
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