Contrato
Dice que pagará US$ 54 millones anuales a los productores rurales
Aratirí le ofrecerá al gobierno pagarle un
canon superior si le garantiza estabilidad en los impuestos durante
diez años. El plazo del contrato que se negocia oscilará entre 18 y 25
años.
JUAN PABLO CORREA
El País
Aratirí planea pedirle al gobierno que le
garantice estabilidad tributaria durante un período de diez años, a
cambio de un incremento de 2% en el canon que deberá pagar, según supo
El País.
Topear el monto de los impuestos es una posibilidad
prevista en el artículo 43 de la ley 19.126 que reguló la actividad
minera de gran porte y que establece que cuando el contrato contenga una
cláusula de estabilidad tributaria se aplicará un adicional al Canon de
Producción que será, precisamente, de 2% y que no podrá exceder los
diez años.
Estos puntos son objeto de negociación en momentos en
que el tema Aratirí ingresa de lleno en la campaña electoral y las
críticas arrecian desde la oposición, tanto al proyecto en sí como a la
actitud del gobierno al que se le atribuye falta de transparencia en
este asunto
Está previsto que aproximadamente el 50% de las
ganancias que genere la producción minera quede en las arcas estatales a
través del pago del Impuesto a la Renta de las Actividades
Empresariales (IRAE), de un adicional especial a este tributo que crea
la ley y del canon. Este último equivaldrá al 5% de la facturación por
la exportación de hierro.
Los ingresos para el Estado que generaría esta
inversión minera, enorme para los estándares uruguayos, serían de US$
450 millones anuales.
Esos cálculos fueron realizados asumiendo que el
precio de la tonelada de hierro en los mercados internacionales rondará
en el corto y mediano plazo los US$ 100. Con ese escenario, los
negociadores calculan que los productores en la zona de la explotación
percibirían, por concepto de "servidumbre de paso" y canon, un total de
US$ 54 millones anuales, de acuerdo a cálculos a los que accedió El
País.
De esta forma, de acuerdo con esos cálculos, podrían
acceder a US$ 3.500 por hectárea y por año, una cantidad que
aproximadamente duplica el precio de la hectárea en la zona. La
servidumbre de paso la cobrarán los propietarios de los campos por los
que pasará el ducto que llevará el hierro hasta su punto de embarque en
las costas de Rocha.
La compleja negociación entre el gobierno y el grupo
que dirige el inversionista indio Pramod Agarwal, comenzó en 2008, y
está muy avanzada. De todos modos, es difícil que termine en las
primeras semanas de febrero como se había propuesto el gobierno.
El grupo inversor también tiene interés en que el
contrato establezca que las eventuales divergencias con el Estado puedan
laudarse a través de arbitrajes, porque entienden que estos, aunque son
caros, aseguran rapidez en sus decisiones.
Agarwal, radicado en Londres, dirige un grupo que ya
controla tres minas de hierro en Brasil y está siguiendo muy de cerca la
marcha de las negociaciones, al punto que ha estado viniendo a Uruguay
hasta dos veces por mes y consulta permanentemente a sus asesores
locales por teléfono.
La voz cantante en el gobierno la lleva al ministro
de Industria, Roberto Kreimerman, a quien acompaña el subsecretario
Edgardo Ortuño, y el asesor presidencial Pedro Buonomo, comentaron las
fuentes.
En la empresa y el gobierno se entiende, a
diferencia de lo que opinan los ambientalistas que quieren prohibir la
minería de metales a cielo abierto en Uruguay y algunos dirigentes
opositores, que se puede suscribir el "Contrato de Concesión para
Explotar Minería de Gran Porte" (tal su nombre exacto), aún cuando no
esté pronta la Autorización Ambiental Previa.
"La obtención de la autorización ambiental previa no
es un presupuesto necesario para el contrato (y el otorgamiento del
título minero) sino que lo es para la entrega de la mina. Nadie
invertiría en estudios ambientales si antes no cuenta con el derecho
correspondiente, sea una empresa minera o de otro tipo", dijo un
informante.
Además, y como garantía adicional, el contrato
establecerá a texto expreso que la actividad extractiva no podrá
comenzar hasta que las autorizaciones ambientales no estén disponibles.
"Nadie podrá mover un gramo de tierra antes de la entrega de la mina", aseguró la fuente consultada por El País.
Mientras se sigue discutiendo el plazo del acuerdo,
ya se estableció que la empresa deberá extraer determinado volumen
mínimo al año. De todas formas, la empresa, por razones de fuerza mayor
debidamente justificadas, podrá no tener actividad extractiva durante un
año. Si la inactividad llegara a los dos años se configurará una de las
causales de rescisión del convenio.
La siguiente etapa será la negociación entre el
gobierno y Aratirí para la construcción de una terminal especializada
que funcionará al lado del puerto de "aguas profundas" que el
gobierno planea construir en El Palenque (Rocha). Se espera que
esta negociación resulte más sencilla porque las instalaciones
consistirán básicamente en un espigón y una cinta transportadora.
El hierro es hoy fuertemente demandado en China.
Como otros metales, su cotización varía mucho, ya que sigue, al menos en
parte, la evolución de la economía del país asiático. Se sabe de su
existencia en la zona de Valentines y Cerro Chato (ver mapa) al menos
desde 1916. Los yacimientos, si bien importantes, tienen un margen de
rentabilidad acotado. De hecho, Anglo American y la brasileña Vale do
Rio Doce, dos actores fundamentales del mercado internacional del
hierro, analizaron su viabilidad y descartaron su explotación.
Pero Aratirí se instaló en 2007, invirtió más de US$
170 millones en diversos estudios y llegó a la conclusión de que el
potencial era interesante y que la actividad extractiva podría
extenderse entre 20 y 30 años.
En las distintas obras vinculadas al proyecto
trabajarán hasta 4.000 trabajadores y en el funcionamiento de las minas
unos 1.500. Hasta el momento, parece complicado que el gobierno logre el
propósito de que las exportaciones comiencen antes de las elecciones.
Faltan las autorizaciones ambientales. El Informe Ambiental debe
publicarse durante tres días en el Diario Oficial, estar 20 días "de
manifiesto" para habilitar a cualquier ciudadano a formular reparos y
luego el gobierno fijar una audiencia pública.
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