sábado, 1 de febrero de 2014

Aratirí ofrece un canon mayor si le dan estabilidad impositiva

Contrato 

Dice que pagará US$ 54 millones anuales a los productores rurales

Aratirí le ofrecerá al gobierno pagarle un canon superior si le garantiza estabilidad en los impuestos durante diez años. El plazo del contrato que se negocia oscilará entre 18 y 25 años.

El gobierno sostiene que el área afectada por Aratirí es pequeña. Foto: Inés Guimaraens
JUAN PABLO CORREA
 
El País
 
Aratirí planea pedirle al gobierno que le garantice estabilidad tributaria durante un período de diez años, a cambio de un incremento de 2% en el canon que deberá pagar, según supo El País.
Topear el monto de los impuestos es una posibilidad prevista en el artículo 43 de la ley 19.126 que reguló la actividad minera de gran porte y que establece que cuando el contrato contenga una cláusula de estabilidad tributaria se aplicará un adicional al Canon de Producción que será, precisamente, de 2% y que no podrá exceder los diez años.
Estos puntos son objeto de negociación en momentos en que el tema Aratirí ingresa de lleno en la campaña electoral y las críticas arrecian desde la oposición, tanto al proyecto en sí como a la actitud del gobierno al que se le atribuye falta de transparencia en este asunto

Está previsto que aproximadamente el 50% de las ganancias que genere la producción minera quede en las arcas estatales a través del pago del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE), de un adicional especial a este tributo que crea la ley y del canon. Este último equivaldrá al 5% de la facturación por la exportación de hierro.
Los ingresos para el Estado que generaría esta inversión minera, enorme para los estándares uruguayos, serían de US$ 450 millones anuales.
Esos cálculos fueron realizados asumiendo que el precio de la tonelada de hierro en los mercados internacionales rondará en el corto y mediano plazo los US$ 100. Con ese escenario, los negociadores calculan que los productores en la zona de la explotación percibirían, por concepto de "servidumbre de paso" y canon, un total de US$ 54 millones anuales, de acuerdo a cálculos a los que accedió El País.
De esta forma, de acuerdo con esos cálculos, podrían acceder a US$ 3.500 por hectárea y por año, una cantidad que aproximadamente duplica el precio de la hectárea en la zona. La servidumbre de paso la cobrarán los propietarios de los campos por los que pasará el ducto que llevará el hierro hasta su punto de embarque en las costas de Rocha.
La compleja negociación entre el gobierno y el grupo que dirige el inversionista indio Pramod Agarwal, comenzó en 2008, y está muy avanzada. De todos modos, es difícil que termine en las primeras semanas de febrero como se había propuesto el gobierno.
El grupo inversor también tiene interés en que el contrato establezca que las eventuales divergencias con el Estado puedan laudarse a través de arbitrajes, porque entienden que estos, aunque son caros, aseguran rapidez en sus decisiones.
Agarwal, radicado en Londres, dirige un grupo que ya controla tres minas de hierro en Brasil y está siguiendo muy de cerca la marcha de las negociaciones, al punto que ha estado viniendo a Uruguay hasta dos veces por mes y consulta permanentemente a sus asesores locales por teléfono.
La voz cantante en el gobierno la lleva al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, a quien acompaña el subsecretario Edgardo Ortuño, y el asesor presidencial Pedro Buonomo, comentaron las fuentes.
En la empresa y el gobierno se entiende, a diferencia de lo que opinan los ambientalistas que quieren prohibir la minería de metales a cielo abierto en Uruguay y algunos dirigentes opositores, que se puede suscribir el "Contrato de Concesión para Explotar Minería de Gran Porte" (tal su nombre exacto), aún cuando no esté pronta la Autorización Ambiental Previa.
"La obtención de la autorización ambiental previa no es un presupuesto necesario para el contrato (y el otorgamiento del título minero) sino que lo es para la entrega de la mina. Nadie invertiría en estudios ambientales si antes no cuenta con el derecho correspondiente, sea una empresa minera o de otro tipo", dijo un informante.
Además, y como garantía adicional, el contrato establecerá a texto expreso que la actividad extractiva no podrá comenzar hasta que las autorizaciones ambientales no estén disponibles.
"Nadie podrá mover un gramo de tierra antes de la entrega de la mina", aseguró la fuente consultada por El País.
Mientras se sigue discutiendo el plazo del acuerdo, ya se estableció que la empresa deberá extraer determinado volumen mínimo al año. De todas formas, la empresa, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, podrá no tener actividad extractiva durante un año. Si la inactividad llegara a los dos años se configurará una de las causales de rescisión del convenio.
La siguiente etapa será la negociación entre el gobierno y Aratirí para la construcción de una terminal especializada que funcionará al lado del puerto de "aguas profundas" que el gobierno planea construir en El Palenque (Rocha). Se espera que esta negociación resulte más sencilla porque las instalaciones consistirán básicamente en un espigón y una cinta transportadora.
El hierro es hoy fuertemente demandado en China. Como otros metales, su cotización varía mucho, ya que sigue, al menos en parte, la evolución de la economía del país asiático. Se sabe de su existencia en la zona de Valentines y Cerro Chato (ver mapa) al menos desde 1916. Los yacimientos, si bien importantes, tienen un margen de rentabilidad acotado. De hecho, Anglo American y la brasileña Vale do Rio Doce, dos actores fundamentales del mercado internacional del hierro, analizaron su viabilidad y descartaron su explotación.
Pero Aratirí se instaló en 2007, invirtió más de US$ 170 millones en diversos estudios y llegó a la conclusión de que el potencial era interesante y que la actividad extractiva podría extenderse entre 20 y 30 años.
En las distintas obras vinculadas al proyecto trabajarán hasta 4.000 trabajadores y en el funcionamiento de las minas unos 1.500. Hasta el momento, parece complicado que el gobierno logre el propósito de que las exportaciones comiencen antes de las elecciones. Faltan las autorizaciones ambientales. El Informe Ambiental debe publicarse durante tres días en el Diario Oficial, estar 20 días "de manifiesto" para habilitar a cualquier ciudadano a formular reparos y luego el gobierno fijar una audiencia pública.

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