LOS “IMPACTOS PAIS” DE LA MEGAMINERIA Eduardo Gudynas

El extractivismo minero no sólo tiene impactos locales, sino que afecta la marcha de todo un país, su economía y política, a juzgar por lo que sucede en naciones vecinas. En Uruguay, como en otros países latinoamericanos, b uen parte de los debates están centrados en efectos locales, como la contaminación y desplazamiento de comunidades locales, y se olvidan esos otros efectos a “escala país”. En cambio, gobiernos y empresas insisten en que las implicancias para todo un país siempre son positivas, citándose las exportaciones y el empleo. Sin embargo la realidad es mucho más compleja. Sobre este tema les comparto una nota publicada en el semanario Voces de Uruguay.
La experiencia que se observa en varios países permite identificar algunos de los efectos “derrame” de la megaminería. Aquí se examinan algunos ejemplos.
Territorios y municipios
Una vez que se abren las puertas a los extractivismos, comienza un proceso de concesiones territoriales que se vuelve casi imparable. Los gobiernos centrales otorgan áreas para mineras o petroleras, y en poco tiempo un elevado porcentaje de la superficie de un país puede estar concesionada (por ejemplo, 80% en Perú). Se denuncian sitios donde se sabe que existen recursos, donde se sospecha, e incluso en otros tan sólo por las dudas.
Esto genera conflictos sobre el uso de los suelos entre los pobladores locales y los municipios, contra los gobiernos centrales. Estallas contradicciones entre usos agropecuarios (que son de muy largo plazo) contra extractivistas (que siempre son de corto plazo).
Efectos económicos
Las consecuencias económicas de la megaminería están repletas de incertidumbres. El gobierno repetidamente dice que será muy exitosa, pero casi nadie investiga el origen de sus números. Todo es más incierto dado que los dichos sobre las ganancias para el país cambian con el paso de los meses.
Miremos a los países vecinos. En casi todos ellos se ha descubierto que los extractivismos están rodeados de los llamados “subsidios perversos”. Estas son ayudas que otorga el Estado para retener al inversor, y pueden ser directas o indirectas (por ejemplo, energía eléctrica subsidiada, agua gratis, infraestructura, exoneraciones tributarias, etc.). Son calificados como “perversos” en tanto implican deformaciones dentro del mercado y alientan impactos sociales y ambientales, que ese mismo Estado tendrá que atender económicamente (por ejemplo, tolera la contaminación, pero en el futuro, el gobierno o el municipio, lidiará con ese costo).
También se ha observado la conocida “enfermedad holandesa”, allí donde el extractivismo exportador se agiganta con altos precios de las materias primas. Esa es una condición donde hay récords de ingresos por exportación, fortalecimiento de la moneda nacional, abaratamiento del dólar e incremento de las importaciones (con aumento del consumo interno). Un cóctel que golpea a las industrias nacionales. El fenómeno, cuya denominación reflejó los efectos negativos del boom exportador de petróleo en Holanda, se repite, por ejemplo, en los países andinos (la “enfermedad chola”).
Otra actitud del Estado
Incluso el Estado cambia bajo los extractivismos, ya que el gobierno de turno está muy interesado en, por ejemplo, la megaminería, con la esperanza de captar parte del dinero que generará. En los países vecinos se ha visto que el Estado a veces se comporta más como “socio” de actores empresariales, autolimitándose en la independencia que vela por el bien común. Las empresas mineras o petroleras aparecen poco en público, y es el gobierno el que activamente las defiende. Se llega a extremos de contratos de estabilidad tributaria, sean públicos o secretos (repetidamente usados en Perú por Alan García, por ejemplo).
Este síntoma es más que evidente en Uruguay, donde el proyecto minero Aratirí es sucesivamente defendido por el presidente Mujica y su equipo de secretarios, luego por ministros (especialmente el de Industrias, y ahora con el apoyo del de Ganadería), y más tarde por algunos legisladores.
Política empobrecida
Como el extractivismo es apenas defendible en términos de rentabilidad, sin contabilizar los costos sosicales y ambientales, no es fácil encontrar otros argumentos de peso para defenderlos. Ante esa carencia, en los países vecinos, los gobiernos caen en deformaciones, ocultamientos, exageraciones, etc.
¿En Uruguay estamos lejos de esa condición? Repasemos lo que ha sucedido en las últimas semanas. Comencemos por el presidente Mujica, poniendo como ejemplo de buena minería una explotación en Brasil, que cuando se la revisa se encuentra que nada tiene que ver con Aratirí (la brasileña es de socavón, la nuestra sería a cielo abierto), y las fotos de sus canteras y obradores muestran paisajes devastados. O sea, casi todo a la inversa de lo dicho por Mujica. El subsecretario del Ministerio de Industria, E. Ortuño, defendió el contrato con la minera como paso previo y necesario para los estudios ambientales. Otro error, porque DINAMA no exige ese contrato, y de hecho ya está estudiando al asunto. No podemos dejar de citar al prosecretario presidencial, D. Cánepa, afirmando que este es el gobierno que más hizo por el ambiente –una exageración que muy pocos creerán, dadas las embestidas presidenciales contra la DINAMA (agencia ambiental uruguaya), o la tolerancia con el débil manejo ambiental del Ministerio de Ganadería.
En resumen, casi todo lo que se ha dicho en las últimas semanas desde el gobierno para defender a Aratirí está inflado, tiene errores o carece de fundamentos. En este desierto de argumentos rigurosos, al gobierno y su base de apoyo no le va quedando otra vía que calificar como “oposición partidaria” a toda voz ciudadana de alerta o crítica.
Mucha gente se da cuenta de esto, y por ello desconfían de Aratirí. Pero, como sucede en otros países, eso también implica un deterioro en el debate político y en la rigurosidad de las argumentaciones. Se abona el desencanto con la política, bajo la sombra del “los políticos son todos iguales”.
Por este tipo de razones, un proyecto como la megaminería de hierro planteada por Aratirí, no sólo tendrá efectos locales, no sólo es un problema de productores rurales contaminados, sino que impone condiciones y cambios sustanciales dentro de todo el país. Aquellos que piensen que estarán a salvo por vivir muy lejos de la localidad de Valentines, el epicentro minero, se equivocan.
Publicado en el semanario Voces, Montevideo, 13 febrero 2014.