sábado, 5 de abril de 2014

Justicia politizada Esteban Valenti

Resignarse ante la fiscalía y el Poder Judicial

Esta es una columna extraordinaria, porque son momentos extraordinarios. Humanamente, políticamente e institucionalmente. No creo que nuestros problemas sean el ombligo de ningún mundo, pero en política y, yo voy hablar desde la política, una de las primeras responsabilidades es darle a las cosas su verdadera importancia.


Estuve en la puerta del juzgado del Crimen Organizado a la salida de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia luego que la jueza Adriana de los Santos los procesara sin prisión. Voy a transmitir mis sensaciones y opiniones. ¿Que tendrá que ver esto con el Crimen Organizado?
Lo que más me  impactó no fue la noticia del procesamiento, lo sabíamos todos, estaba en el aire, sino la declaración de Lorenzo de que se resignaba ante los fiscales y el Poder Judicial y no apelaría el fallo porque había presentado todos los argumentos posibles. No tenía nada que agregar. Y sé perfectamente, como lo sabemos todos los que conocemos a Fernando Lorenzo que no se resigna, que su defecto es que pelea las cosas más allá de lo humanamente posible, que es un luchador casi incansable. Esa definición me golpeó muy fuerte.
Voy a contar un hecho que necesito relatar: en Sauce había un niño de 7 años al que un tractor le pasó por encima, cuando lo llevaban al hospital a Montevideo, en la comisaría de la zona ya estaba pronto el parte del fallecimiento.  Estaba mucho más muerto que vivo, tenía el hígado partido en varios pedazos y lo salvó un médico que no quiso rendirse y la tremenda voluntad de ese niño por vivir. No se resignó. Ese niño era Fernando Lorenzo.
Ese Fernando que se puso al hombro 60 años de fracasos y pérdidas de PLUNA, que lo hizo con pasión y sin el más mínimo interés personal, que se jugó por sus convicciones y por su visión sobre la marcha del país desde la conducción económica, que en el juicio defendió su conducta pero además defendió al gobierno y a las instituciones con las que compartió las responsabilidades de todo el proceso, esa misma persona se resignó ante los fiscales y el Poder Judicial. Que no es lo mismo que resignarse ante la Justicia.
No lo dije yo, lo dijo Lorenzo, es notorio que en el proceso del cierre de PLUNA hubieron errores y cuando un gobierno debe hacerse cargo de todos sus actos, de los grandes resultados, de los pequeños y de los fracasos. Pero eso no tiene nada que ver con el abuso innominado de funciones.
Los hechos presentados por el fiscal como base de su pedido de procesamiento no resisten el menor análisis, la acusación de haber favorecido a una empresa sobre otros tres supuestos interesados no solo no fue probado – no podía serlo porque no hubo tal posible participación – sino que quedó totalmente demostrado, incluso a través de los testimonios de dos de los involucrados, la Embajada de Venezuela y el Grupo Molinari y a través de la probada y recontracomprobada inexistencia de Mont Fortelco. No importa, había que seguir adelante y se siguió.
En realidad en la fallo de la jueza no hubo ninguna sorpresa, se sabía desde antes, solamente se postergó unos meses, pero la sensación de la inmensa mayoría es que todas las cartas estaban jugadas desde antes. Y así sucedió.
¿La jueza tiene razón? No es una hipótesis descartable, con esta legislación que permite cualquier cosa, que es tan laxa y sin límites, todo es posible. Aunque se desmonten los hechos, aunque no haya pruebas concluyentes, aunque la doctrina demuestre que los administradores que efectivamente deben gobernar adoptan medidas y resoluciones que no están contenidas en ningún manual y que con esta doctrina que avanza en la fiscalía y el Poder Judicial todos estarán sometidos ahora, pasito a pasito a la directa intervención judicial.
Esta legislación vigente no es responsabilidad de los jueces, sino de los legisladores.
Imaginemos por un momento que en el año 2002 se hubiera utilizado el mismo criterio durante la crisis bancaria y financiera. Hubiera sido el desbarranque del país. Imaginen la cantidad de veces que un gobernante nacional y departamental tiene que decidir cosas en medio de las mayores urgencias y que ahora todos, políticos, empresarios, abogados, cualquiera estaremos tentados en llevarlos ante el poder judicial para que resuelva pleitos políticos internos en los partidos, a nivel de los diferentes partidos entre ellos y por los diferentes intereses privados. Imaginemos.
El mensaje es claro, gobernar es flotar, no hacer ola, no arriesgarse, dejar que los hechos cumplan su ciclo. Y esa es una de las peores versiones de un gobierno, de un gobernante. Pero ese es el mensaje. No te juzgarán por tu gestión los ciudadanos, sino los fiscales y los jueces. Y si a algunos llegan a la convicción de que abusaste de alguna función innominada te buscarán el mecanismo para procesarte, con prisión o sin prisión.
Es la intromisión de un poder del estado sobre otro poder del estado y eso es muy grave. Tan grave sería que el Ejecutivo interviniera en el Judicial como viceversa. Y esto está sucediendo.
Decir como una cantinela que “acataré la resolución de la justicia” como es de estilo, suena a tomadora de pelo. Está claro que se acatará el fallo, incluso más, en este caso por parte de Lorenzo, que es el que declaró a la prensa a la salida del juzgado, tal es el acatamiento que resigna el derecho a la apelación. No creo que sea precisamente por convicción…
Tal es el respeto por la Justicia que antes de iniciarse el proceso renunció a todos los privilegios de su cargo como ministro.
Claro que frente a esta avanzada peligrosa de un poder del estado siempre hay gente que medra, que trata de medrar un poco más, que tiene los principios enmohecidos. Son los dirigentes blancos (Heber y Lacalle Pou) que reclamaban que si habían procesado a Zimmer con prisión también debía procesarse a Lorenzo y Calloia con prisión, no importan los delitos, la justicia, lo que les importa son sus miserias políticas.
 Esto tiene dos lecturas, por un lado es parte de la miseria actual de cierto nivel de la política. Supongo que consideran que lo de Zimmer fue una injusticia, pero en lugar de protestar contra ella, la que se cometió contra uno de sus correligionarios, (pero adversario en la interna…) reclaman que la injusticia se aplique contra otros dos uruguayos. Una maravilla.
Pero esto sería solo una reflexión parcial si no agregamos que su actitud es totalmente comprensible considerando al pasado de su gobierno y las sucesivas embestidas bagualas, es decir de gente de su partido y de su tradicional aliado actual, que revolcaron al gobierno de Lacalle en el peor barro de la historia política nacional. Ellos intentan revolcarnos a todos en el mismo lodo. Difícil para todo el zodíaco, no solo para Sagitario.
Pero hay muchas otras derivaciones de este nuevo capítulo bastante previsible. Me pregunto ¿Cómo es que nos acostumbramos a que este fallo era previsible? Me parece grave. Se supone que un juicio y todas sus etapas tienen su valor.
Todo esto, incluso que a políticos a los que no se los acusa de corrupción ni nada parecido se los procese, con y sin prisión, mientras que a un grupo de facinerosos con participación probada en la agresión a policías, se los procese con arresto domiciliario ¿no tendrá nada que ver con el hecho de que los policías en el Uruguay tengan la confianza del 54% de los ciudadanos y los jueces del 24%? (Encuesta de CIFRA del mes de marzo 2014). Personalmente esta situación me preocupa mucho y me llena de alarma democrática.
Es posible que algunos se que consideran que están por encima de la opinión de los comunes mortales y sus fallos y actuaciones son indiscutibles esta situación no le preocupe. A mi me preocupa mucho.
También me preocupa que la reacción frente a un delito tan vago, que se presta para tantas interpretaciones y una desproporcionada intervención de fiscales y jueces, como el artículo 162 del Código Penal, no sea solo derogarlo, sino que se debiliten los mecanismos correctos, precisos, justos de control de los funcionarios. Al contrario, el rigor es el mejor remedio contra la ilegalidad y también contra la imprecisión de las leyes. Estamos hablando nada menos que de la complejísima relación entre gobernar y respetar las leyes y las instituciones. Uno de los pilares de la democracia.
Me parece una barbaridad los países donde los gobernantes nunca son convocados a asumir sus responsabilidades legales y penales, y ejemplos próximos tenemos a montones, pero también me preocupa que haya imprecisión, y discrecionalidad de parte del poder judicial nada menos en materia penal.
Voy a estudiar atentamente el documento de la jueza así como voy a seguir aburriéndolos con este tema. Estas reflexiones valen en aspectos fundamentales para Lorenzo y para Calloia, pero también voy a seguir el proceso personal de Fernando Calloia. Corresponde, por él y por el país.

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