Partido Nacional: Mano dura y cárceles público-privadas Artículo de La República

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Los nacionalistas destacan la seguridad como principal problema, pero discrepan entre sí respecto a la baja de la edad de imputabilidad y el traspaso de militares a la órbita policial. Con propuestas de tinte diferente, planean así fortalecer la Policía y el sistema carcelario.

Jorge Larrañaga
Para el precandidato, existe “una emergencia” en materia de seguridad. En un plan de 60 medidas denominado “Libertad”, propone, a grandes rasgos, “mano dura contra la delincuencia, mejores policías y la transformación del sistema carcelario”. El líder de Alianza Nacional busca recuperar el rol gendarme del Estado, con el objetivo de “devolver la paz a la población” y para eso proyecta destinar un presupuesto del 2% del PBI a la seguridad en los próximos cinco años.
Durante la campaña, Larrañaga aclaró que con su planteo “no busca sembrar miedo” sino “defender a la gente honesta”. Para ello, ofrece crear una Guardia Civil con 2.000 efectivos militares, punto de divergencia con su par Lacalle Pou. “Estamos en una situación de emergencia en seguridad, y tenemos que recurrir a todos los recursos disponibles”, argumenta.
El precandidato define las cárceles actuales como “universidades del delito” y para modificar tal situación, pretende transformar predios militares en centros de reclusión e invertir en prisiones modelo, utilizando contratos de participación público privada. Específicamente, manifiesta interés por recuperar a jóvenes primarios y por contrario, sugiere aplicar “mano dura” en aquellos “de más difícil recuperación”.
Para prevenir deitos, habla de expandir un sistema de cámaras y de instalar botones de pánico domiciliarios. También defiende penas más duras a reincidentes, la eliminación de las zonas rojas y llevar a 3.500 los efectivos de la Guardia Republicana. Asimismo, aumentaría el número de “policías de calle”, mejoraría salarios y lanzaría un plan de vivienda para funcionarios.
Respecto a la baja de la edad de imputabilidad, no adhiere pero programa duplicar el tope máximo de las penas a menores infractores habituales, así como castigar la tentativa de ciertos delitos y mantener antecedentes. Agrega que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) debe independizarse del INAU y postula la creación de colonias de rehabilitación para menores en el interior.
En materia de drogas, promete derogar la legalización de la marihuana, y extremar las medidas contra el narcotráfico. Paralelamente, llama a sancionar a los violentos del fútbol, con prohibición de acceso, la creación de un registro y la aplicación del derecho de admisión.
Luis Lacalle Pou
En materia de seguridad, el concepto del precandidato se apoya en “reprimir e incluir”. Según afirma en su programa de gobierno, “lo que falta es organización, capacidad de mando y normas adecuadas”. Habla de la necesidad de “buenas políticas bien ejecutadas” y critica al Frente Amplio (FA) por “haber encarado el tema con una visión anclada en el pasado”.
Para el líder de Todos Hacia Adelante, el FA “en vez de ver a los policías como ciudadanos encargados de cuidar a sus conciudadanos, los han visto como un antiguo enemigo al que hay que someter y controlar”. Asimismo, condena la “visión ideologizada de los orígenes del delito”, aunque aclara que eso “no quiere decir gatillo fácil o irregularidades tapadas, sino una mejor Policía, más entrenada y más armada”.
Al igual que su par colorado Pedro Bordaberry y a diferencia de su correligionario Jorge Larrañaga, el herrerista entiende que en la baja de la edad de imputabilidad y el mantenimiento de los antecedentes de menores está “el camino contra la inseguridad”. Asimismo, si bien anuncia una eventual mayor presencia policial, difiere con el líder de Alianza Nacional en la idea de una policía militarizada. “Sacar el Ejército a la calle es como decir la Policía no sirve’”, explicó meses atrás, asegurando que hay suficientes policías.
En ese sentido, su propuesta “apunta a respaldar y jerarquizar a la Policía”. Se plantea mejorar salarios, implementar un programa de realojamiento para que “los agentes no tengan que ser vecinos de las personas que deben detener” y reorganizar la presencia policial, mejorando el servicio 911 y articulando seccionales y móviles. En el ámbito carcelario, proyecta a una reforma organizativa, mejores establecimientos gerenciados tanto por el Estado como por privados; y la creación de micro cárceles dedicadas a la rehabilitación mediante el trabajo.
Por otro lado, habla de crear una unidad de respuesta inmediata y del restablecimiento de las comisarías de niños y mujeres para combatir la violencia doméstica; y respecto a la violencia en el fútbol, otro de los temas polémicos, propone la instalación de mecanismos de control de identidad en acceso a espectáculos deportivos, mejorar el sistema de cámaras, y crear un registro de hinchas violentos.
Álvaro Germano
Álvaro Germano, precandidato del Partido Nacional por la lista 224, coincide con Jorge Larrañaga en la importancia de “profundizar el pasaje de funcionarios del Ejército al ámbito civil”. Eso, como medida para darle “un no rotundo a la favelización del Uruguay”. Para el nacionalista, debe fortalecerse la policía y entender que la represión debe producirse por la conjunción “educación, represión, recuperación”. En ese sentido, propone “tomar como política de Estado el tema de cárceles y convertirlas en centros recuperadores de personas; no así en meros depósitos de cadáveres sociales vivientes”.
Por otra parte, plantea una actualización de leyes sobre crímenes violentos dando a la rapiña una pena de 3 años no excarcelable. Yendo a más, propone también la creación de la figura de cadena perpetua no excarcelable para homicidios especialmente agravados.
Alfredo Oliú
El precandidato Alfredo Oliú afirma que el pilar fundamental en materia de seguridad está en la modificación del sistema carcelario.
En su esquema programático, asegura que los centros de reclusión deben ser “humanizados” y que “definitivamente no se pueden admitir las grandes concentraciones en las condiciones actuales”. Para modificar tal realidad a la que define como “ciudades del crimen en las que no se recupera a nadie”, afirma que se necesita crear cárceles de cupos limitados a 500 reclusos, “con posibilidades de trabajo y contacto con la naturaleza, preferentemente en zonas de chacras”.
De esta forma, llama a “dar una oportunidad real de reinserción a la sociedad al recluso” y agrega que el Instituto Nacional de Rehabilitación “debe ser equidistante entre Justicia y el Ejecutivo”. Para Oliú, “todo lo demás es susceptible de discusión, pero cualquier solución tiene que pasar primero por este punto”.