El fiscal Enrique Viana dijo que
el fiscal de Corte, Jorge Díaz, “no conoce el trabajo de los fiscales
civiles”. Díaz resolvió iniciar un sumario contra Viana con separación
del cargo por incumplir con la obligación de ir a las audiencias. La
asistencia a las audiencias es obligatoria por ley desde el 1 de enero
de 2013.
Por: Redacción 180
La asistencia a las audiencias es una
exigencia que Díaz implementó al asumir como fiscal de corte para
“mejorar la eficiencia y eficacia del servicio de administración de
Justicia”. Desde el 1º de enero de 2013, cuando comenzó a regir la ley
de presupuesto que modifica la ley del Ministerio Público, los fiscales
tienen la obligación de “asistir diariamente a su despacho, a todas las
audiencias y actos de instrucción que se realicen y que refieran a
asuntos en los que deba intervenir en cumplimiento de sus funciones. El
incumplimiento de esta obligación podrá aparejar responsabilidad
administrativa”.
Por eso, para el fiscal de corte, Viana incumplió la ley.
Sin embargo, el fiscal civil dice que es
"un fiscal incómodo" y que el sumario que le iniciaron “está basado en
la intencionalidad de terminar con la independencia de los fiscales”.
"Hay una intencionalidad manifiesta en
ese sentido, hay proyectos de ley ya presentados, que han sido avalados
por muchos colegas, en el sentido de que los fiscales tienen que pasar
un sistema de subordinación, en los cuales reciben instrucciones, como
si fueran soldados dentro de un batallón. En el proyecto de ley se
establece el mecanismo de instrucciones como mecanismo de un fiscal
general que supone la unidad de funcionamiento de la fiscalía, cuando la
Constitución lo que establece es la multiplicidad de fiscales y la
independencia individual de cada uno de ellos".
En el Parlamento, Díaz dijo que con esta
medida lo que pretende es “que no haya Fiscales Penales que pidan el
archivo de causas sin haberle visto la cara a la víctima; que no haya
Fiscales Civiles que se pronuncien a favor del padre o madre con
respecto a la tenencia de un chiquilín sin haber visto a ninguno de
ellos”.
Díaz también dijo que se busca agilizar
los tiempos en que se dictamina una sentencia. “Muchas veces los
fiscales no van a las audiencias. Finalizada la audiencia hay que pasar
el expediente a vista Fiscal. Esto implica que el proceso se paraliza,
que el expediente sale del juzgado, que va hasta el despacho del Fiscal y
que este en su despacho emite un dictamen que luego, quince o veinte
días o un mes después, retorna al Juzgado, donde se vuelve a convocar a
las partes y recién ahí se puede dictar la sentencia. Ahora se propone
imponer por ley a los señores Fiscales la obligación de concurrir a las
audiencias. Esto implica que el señor Fiscal se puede pronunciar en la
misma audiencia. Estamos hablando de todos los procesos civiles en que
deben intervenir: divorcio, tenencia, pensión alimenticia, los propios
de violencia doméstica, etc”, expresó.
Viana dijo que, a diferencia de un fiscal
civil, un fiscal penal actúa como parte, y explicó por qué para un
fiscal civil no es necesario ver la cara de la víctima.
"El fiscal civil no actúa como parte,
salvo en contadísimos asuntos, su opinión es una opinión técnica,
requerida por la ley, como preceptiva, que necesita un análisis
concienzudo y detenido del derecho, y no es una actuación de parte en un
proceso. Lo importante es dictaminar de acuerdo al derecho, nosotros no
defendemos a ningún cliente, nuestro cliente es el cumplimiento de la
causa pública y los intereses generales de la nación, no es una opinión
según la cara de quien está adelante nuestro, es una opinión
científica", expresó.
Según Viana, en un ministerio público civil el fiscal actúa como tercero en el 80 o 90% de los casos.
Viana presentó un recurso contra ley de megaminería
La misma semana en que se supo del
sumario y separación del cargo, se conoció que la Suprema Corte de
Justicia admitió el recurso de estudiar la inconstitucionalidad que
presentó Viana contra la ley de megaminería.
Viana considera que la ley de megaminería
es inconstitucional porque es una ley con nombre y apellido, para
favorecer los intereses de una empresa, viola la prohibición
constitucional de dañar gravemente el ambiente y porque la ley por
primera vez en la legislación nacional prevé la figura del contrato de
inversión que supone el condicionamiento de la voluntad de los tres
poderes del estado.
El solo planteo de la inconstitucional de
la ley no tiene efectos sobre la firma del contrato entre el Estado y
Aratirí, ni suspende ninguna actividad. El paso siguiente de Viana era
pedir una medida cautelar exigiendo a la Corte que impida la firma de la
corte al Poder Ejecutivo hasta tanto no falle la Suprema Corte sobre
la inconstitucionalidad de la ley.
El Ministerio de Educación y Cultura
expresó en un comunicado que “no existe ningún tipo de vínculo entre
esta medida y cualquier tipo de acción jurisdiccional que el Dr. Viana
hubiera iniciado.”
Para admitir estudiar esa
inconstitucionalidad, la Suprema Corte tomó en cuenta un informe de Díaz
que opinó a favor de que se estudie.
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