lunes, 21 de julio de 2014

ESCANDALO DE ASSE: RESPONSABILIDAD DE TODO EL GOBIERNO Pablo Mieres

Hace tres años que se denunció la situación existente en ASSE y los manejos irregulares de Alfredo Silva. En aquella oportunidad se presentó una solicitud en el Parlamento para constituir una Comisión Investigadora y el partido de gobierno se abroqueló bloqueando la iniciativa y usando su mayoría absoluta para impedir cualquier investigación.

Tres años después, durante los cuales este conjunto de funcionarios y sindicalistas corruptos seguramente siguieron robándole plata al país, la Justicia determinó que efectivamente lo denunciado en el Parlamento era cierto y como consecuencia de tales investigaciones judiciales, el Director de ASSE en representación de los trabajadores junto a otras nueve personas (funcionarios y empresarios) fueron procesados. Conjunción del interés público con el interés privado y cohecho fueron los hechos delictivos imputados a estas personas.

Gravísima situación. Se esperan nuevas actuaciones para determinar el alcance de lo ocurrido.

Pero digamos las cosas como son. El gobierno entero es responsable por omisión y obstrucción de lo ocurrido y de la continuidad de esta situación por tanto tiempo.

En efecto, toda la bancada parlamentaria del Frente Amplio impidió que se investigara en el Parlamento. No hubo un solo legislador, de ninguno de los sectores del Frente Amplio que apoyara la constitución de una Comisión Investigadora en el Parlamento.

Pero también el Poder Ejecutivo y el resto del Directorio de ASSE dejaron hacer, miraron para el costado, hicieron “la vista gorda” y no frenaron el accionar de estos malos funcionarios. Cuesta creer que nada se supiera al respecto. En todo caso hay responsabilidad por omisión.

Justamente, este caso deja al descubierto nuevamente los efectos negativos de un ejercicio abusivo de la mayoría absoluta en el Parlamento. Desde que el Frente Amplio obtuvo la mayoría absoluta impidió que se investigara cualquier asunto por más evidente que fuera.

Así pasó con ASSE y así pasó con PLUNA. En los dos casos los fallos judiciales posteriores demostraron que los pedidos para la constitución de una Comisión Investigadora eran pertinentes y necesarios.

Muchas pérdidas para el país se hubieran ahorrado si el Parlamento hubiera iniciado una investigación, tres años atrás. Pero no. El Frente Amplio prefirió bloquear ese camino y defender contra toda evidencia todo y a todos los que integran el gobierno. Ahora se les cae la estantería encima y ninguno puede desvincularse de la responsabilidad política, porque todos y cada uno de los legisladores del gobierno votaron para impedir toda investigación.

Pero este episodio también pone en discusión la participación corporativa en la conducción gubernamental. Nuestro diputado, Daniel Radío, presentó un proyecto de ley hace ya más de dos años para excluir a los representantes sociales del Directorio de ASSE. Estamos en contra de corporativizar la conducción gubernamental, pueden participar con voz y asesorando, pero no es correcto que los representantes de corporaciones tengan parte en la conducción de la gestión de organismos públicos que ejecutan políticas estatales.

La confusión de roles es muy mala para el gobierno y para la propia organización social. Es indiscutible que el jerarca de ASSE ahora procesado, además de los manejos de sobrefacturación de servicios, también incurrió en abusos promoviendo a sus “compañeros” del sindicato y persiguiendo a aquellos que, con independencia de sus méritos, no integraban su organización.

Es imprescindible deslindar funciones y tareas. Los sindicatos son esenciales para el funcionamiento democrático y tienen que hacer valer su voz y sus demandas, pero no deben cogobernar, porque no representan intereses generales, sino reivindicaciones particulares que deben ser articuladas por el gobierno que debe ponerse por encima de esos intereses particulares, para garantizar el interés general.

Este episodio de una gravedad inusitada, pone en evidencia una vez más la relevancia e importancia de nuestra convocatoria a la ciudadanía para que no otorgue mayorías absolutas a un partido. La ciudadanía sabe que es necesario poner límites a un partido que se ha mareado en el ejercicio del poder.

El pronunciamiento ciudadano de octubre debe generar las condiciones para que se produzca un nuevo tiempo político. Con independencia de quien obtenga la Presidencia, lo verdaderamente importante es que no cuente con mayoría parlamentaria propia. De este modo, comenzará un tiempo político de diálogo, acuerdos y coincidencias puesto que el presidente electo, sea del partido que sea, deberá buscar acuerdos políticos amplios y plurales.

En ese esquema el fortalecimiento del Partido Independiente es fundamental porque somos el único partido que puede servir de “puente” entre las dos mitades. El partido que puede brindar la gobernabilidad y asegurar el control desde el Parlamento al nuevo gobierno.

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