ladiaria
Por la afirmativa
Sin dirigentes blancos, Bordaberry inauguró la sede de la comisión que impulsa el Sí a la baja.
“¡Pero con qué claridad que habló!”, repetía sin cesar una
señora setentona ayer en la ceremonia de apertura de la sede de la
Comisión para Vivir en Paz en José Ellauri y 21 de Setiembre, en Villa
Biarritz. Se refería al candidato a la presidencia por el Partido
Colorado (PC), Pedro Bordaberry, que esta vez aprovechó la ocasión para
criticar algunas gestiones del actual gobierno frenteamplista: la
financiación de la correcaminata “Ser joven no es delito” organizada por
el Instituto Nacional de la Juventud (Inju) y financiada, según él, con
fondos públicos, y el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas
(IRPF). Además recalcó la ausencia del candidato del Partido Nacional
(PN), Luis Lacalle Pou, quien en su momento juntó firmas para bajar la
edad de imputabilidad, pero ahora no está haciendo campaña. El colorado
también trajo el ejemplo de la experiencia española en materia de
seguridad que llevó a cabo el ex presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Bajar la edad de imputabilidad penal es una de las medidas que propone la Comisión para Vivir en Paz para reducir la delincuencia juvenil. Esto implicaría que los adolescentes de entre 16 y 18 años sean “penalmente responsables” y “castigados de conformidad con las disposiciones del Código Penal” y no por el Código de la Niñez y la Adolescencia, como en la actualidad. De aprobarse la reforma constitucional propuesta por la comisión, “los antecedentes de los adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley penal no se destruirán y serán considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir los 16 años”, según indica la papeleta del “voto por el sí”. De la mano está crear un Instituto de Rehabilitación del Menor que estará guiado por equipos multidisciplinarios -compuestos por psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, asistentes sociales, docentes- para “llevar a cabo un proceso de sociabilización exitoso”, según dicen los folletos que entregaron en la inauguración. Se prevé que este organismo esté fuera de la órbita del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y del sistema de cárceles “para rehabilitar jóvenes que cometan homicidios, secuestros, lesiones graves o gravísimas, rapiñas, extorsiones o violaciones”.
Bordaberry ejemplificó con el caso de España, que según el candidato “tiene penas especiales para los menores de entre 16 y 17”. “Hay dos pilares de una política de seguridad ciudadana: uno es la actuación de la Policía y otro es el sistema de rehabilitación y reeducación, el sistema de cárceles y el sistema de los menores”. Además, agregó: “Hoy España es el país de la Unión Europea con mayor cantidad de delincuentes presos, y es el que tiene los mejores indicadores de seguridad”.
Consultado sobre cuánto costaría la creación del nuevo instituto, contestó: “Eso ya está aquí porque está el Sirpa [Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente]”. Afirmó que sería “menos de los 22 millones y medio de dólares que le hemos dado al Sirpa en estos años”.
La comisión está integrada por los abogados Felipe Schipani y Guillermo Maciel y los diputados Walter Verri, Juan Manuel Garino y Fitzgerald Cantero, todos de Vamos Uruguay y presentes en el acto, junto al senador Ope Pasquet. Según Schipani, la característica que diferenciaría al sistema propuesto del actual es la “nueva ingeniería institucional enfocada en lo que hace a la rehabilitación, a la reinserción”. Se hará “énfasis en la educación, en el trabajo, en el tratamiento de las drogas”. También subrayó que plantean “un instituto nuevo que no tenga las sospechas que tiene el Sirpa, que ha sido denunciado por violación a los derechos humanos”. Además, el abogado considera que si llega a aprobarse la reforma constitucional “hay que mantener la coparticipación de todos los partidos” en la dirección de la institución.
En cuanto a la correcaminata del Inju, Bordaberry dijo que “no se tiene que financiar propuestas con los dineros del Estado” y que les “preocupa mucho esta utilización de recursos para respaldar esta propuesta en contra de la reforma constitucional”. “Eso no está bien, estamos analizando incluso si no está al borde de lo legal, si no hay un abuso en el uso de esos recursos que son de todos los uruguayos para respaldar una posición [que sólo comparte] una parte de la ciudadanía”. Los folletos repartidos ayer dicen que 370.000 uruguayos firmaron para convocar a un plebiscito en octubre.
El candidato también aprovechó la oportunidad y arremetió contra el IRPF: “cuando el Frente Amplio propuso el impuesto, que nos afecta a todos, dijo ‘vamos a recaudar 300 millones de dólares’ ¡y hoy está recaudando 1.300! ¡Y con eso ampliaron la plantilla del Estado a 56.000!”. “Yo prefiero que no le saquen del sueldo a los uruguayos y que haya menos funcionarios”, agregó.
Bajar la edad de imputabilidad penal es una de las medidas que propone la Comisión para Vivir en Paz para reducir la delincuencia juvenil. Esto implicaría que los adolescentes de entre 16 y 18 años sean “penalmente responsables” y “castigados de conformidad con las disposiciones del Código Penal” y no por el Código de la Niñez y la Adolescencia, como en la actualidad. De aprobarse la reforma constitucional propuesta por la comisión, “los antecedentes de los adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley penal no se destruirán y serán considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir los 16 años”, según indica la papeleta del “voto por el sí”. De la mano está crear un Instituto de Rehabilitación del Menor que estará guiado por equipos multidisciplinarios -compuestos por psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, asistentes sociales, docentes- para “llevar a cabo un proceso de sociabilización exitoso”, según dicen los folletos que entregaron en la inauguración. Se prevé que este organismo esté fuera de la órbita del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y del sistema de cárceles “para rehabilitar jóvenes que cometan homicidios, secuestros, lesiones graves o gravísimas, rapiñas, extorsiones o violaciones”.
Bordaberry ejemplificó con el caso de España, que según el candidato “tiene penas especiales para los menores de entre 16 y 17”. “Hay dos pilares de una política de seguridad ciudadana: uno es la actuación de la Policía y otro es el sistema de rehabilitación y reeducación, el sistema de cárceles y el sistema de los menores”. Además, agregó: “Hoy España es el país de la Unión Europea con mayor cantidad de delincuentes presos, y es el que tiene los mejores indicadores de seguridad”.
Consultado sobre cuánto costaría la creación del nuevo instituto, contestó: “Eso ya está aquí porque está el Sirpa [Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente]”. Afirmó que sería “menos de los 22 millones y medio de dólares que le hemos dado al Sirpa en estos años”.
La comisión está integrada por los abogados Felipe Schipani y Guillermo Maciel y los diputados Walter Verri, Juan Manuel Garino y Fitzgerald Cantero, todos de Vamos Uruguay y presentes en el acto, junto al senador Ope Pasquet. Según Schipani, la característica que diferenciaría al sistema propuesto del actual es la “nueva ingeniería institucional enfocada en lo que hace a la rehabilitación, a la reinserción”. Se hará “énfasis en la educación, en el trabajo, en el tratamiento de las drogas”. También subrayó que plantean “un instituto nuevo que no tenga las sospechas que tiene el Sirpa, que ha sido denunciado por violación a los derechos humanos”. Además, el abogado considera que si llega a aprobarse la reforma constitucional “hay que mantener la coparticipación de todos los partidos” en la dirección de la institución.
En cuanto a la correcaminata del Inju, Bordaberry dijo que “no se tiene que financiar propuestas con los dineros del Estado” y que les “preocupa mucho esta utilización de recursos para respaldar esta propuesta en contra de la reforma constitucional”. “Eso no está bien, estamos analizando incluso si no está al borde de lo legal, si no hay un abuso en el uso de esos recursos que son de todos los uruguayos para respaldar una posición [que sólo comparte] una parte de la ciudadanía”. Los folletos repartidos ayer dicen que 370.000 uruguayos firmaron para convocar a un plebiscito en octubre.
El candidato también aprovechó la oportunidad y arremetió contra el IRPF: “cuando el Frente Amplio propuso el impuesto, que nos afecta a todos, dijo ‘vamos a recaudar 300 millones de dólares’ ¡y hoy está recaudando 1.300! ¡Y con eso ampliaron la plantilla del Estado a 56.000!”. “Yo prefiero que no le saquen del sueldo a los uruguayos y que haya menos funcionarios”, agregó.
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