El País de España
Una mujer uruguaya marcha contra la violencia machista. / M. R. (AFP)
En plena primavera, el patio arbolado de la Facultad de Derecho de la
Universidad pública de Uruguay ofrece un buen reflejo de las
estadísticas: apenas se ven tres hombres entre más de diez mujeres. En
2010 las mujeres eran el 64% de los estudiantes de la Universidad pública uruguaya (la más importante del país)
y el 67% de los licenciados. Sin embargo, en el primer país de
Latinoamérica donde se aprobó en 1938 el voto integral femenino sin
restricciones, la presencia de las mujeres en política deja mucho que
desear. Si se suma el Senado, el Parlamento y el Gobierno de José Mujica, solo uno de cada nueve cargos está ocupado por mujeres.
En este periodo electoral del 2014, que concluye el próximo domingo con la elección del presidente, se estrenó en Uruguay la ley de cuotas aprobada en 2006, diseñada para que los partidos puedan incluir un 30% de mujeres en sus listas electorales. El efecto de la ley se conoció el pasado 26 de octubre, tras la primera vuelta de los comicios, y no es muy alentador: si en la actual legislatura Uruguay tiene un 13% de representación femenina (una de las más bajas de América Latina), en el nuevo periodo no se superará el 16%.
El problema de la ley de cuotas en Uruguay es que ni siquiera a muchas mujeres les gusta. Camila Olivero, estudiante de notaría, de 24 años, esgrime: “Si llegara al Parlamento querría que fuera mérito mío y no por una discriminación, aunque sea positiva”.
Diego Reyes, un militante de 25 años perteneciente al Movimiento de Participación Popular que lidera José Mujica, no está “muy de acuerdo” en que tenga que incluirse a mujeres por “obligación” en las listas. Aunque asume: “En las reuniones que hacemos siempre hay más mujeres que hombres. Pero después, en la dirección hay más hombres”.
Volvamos a la facultad de Derecho. Luciana Caligari, estudiante de 23 años, considera casi una humillación que tenga que existir un ley de cuotas: “Estoy a favor de la ley, pero no debería ser necesaria”. Las tres compañeras con las que comparte mate asienten y recuerdan que aunque hay muchas juezas en Uruguay, ninguno de los cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia es mujer.
La estudiante Mayra López, de 37 años, destaca que en su país “las puertas están cerradas para las mujeres en los altos cargos”. Pero reconoce que ella misma forma parte de ese machismo que critica: “Si una mujer se tirase para presidenta, hasta yo te diría que no sé si la voto. Porque no sé si ella tendría fuerza de carácter”. Cuando se le recuerda que en Brasil, Argentina y Chile hay tres mujeres al mando contesta: “Pero aquí no hay ese perfil”.
En la sede de la organización feminista Cotidiano Mujer, Elena Fonseca, con 30 años de lucha por la igualdad de género, considera que la nueva legislación no deja de ser un avance, aunque insuficiente. “Los partidos cumplieron la letra de la ley pero no su espíritu”, señala. “Colocaron sistemáticamente a las mujeres en el puesto número 3 de la lista, que muchas veces no era elegible. Además, se dio el fenómeno de que algunas mujeres aceptaron figurar en las listas para luego dimitir a favor de su suplente, un hombre”.
Pero lo que más indigna a Elena Fonseca es que la ley de cuotas sólo
está vigente para estas elecciones de 2014. Fonseca cree que mientras el izquierdista Frente Amplio logró sacar adelante la legalización de la marihuana, el matrimonio gay y la despenalización del aborto, la igualad en política quedó rezagada.
Ahora, el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, es el favorito en las presidenciales que se celebran este domingo en Uruguay, con cerca de 15 puntos de ventaja sobre su rival del Partido Nacional (centro derecha), Luís Lacalle Pou. En caso de ser presidente tendrá además mayoría parlamentaria en el Senado y la Cámara de Representantes. Mediante la ley de cuotas tan solo 12 mujeres se convirtieron en diputadas, pero 9 mujeres lograron un escaño en el Senado (rozando el 30%), la cámara más influyente. Las feministas esperan que esto sirva para impulsar una ley de paridad, esta vez perenne.
Y mientras batallan por una mayor presencia en política, el nuevo Gobierno deberá afrontar el gran problema de la violencia machista. Cada 21 minutos la policía recibe una denuncia de violencia doméstica, el delito más denunciado después de los hurtos. Esta semana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de la ONU, publicó un informe en el que sitúa a Uruguay con la tasa más alta en Latinoamérica de mujeres asesinadas a manos de sus parejas: murieron 25 en 2013, para una población de 3,3 millones de habitantes. Y este año ya han muerto 30.
En este periodo electoral del 2014, que concluye el próximo domingo con la elección del presidente, se estrenó en Uruguay la ley de cuotas aprobada en 2006, diseñada para que los partidos puedan incluir un 30% de mujeres en sus listas electorales. El efecto de la ley se conoció el pasado 26 de octubre, tras la primera vuelta de los comicios, y no es muy alentador: si en la actual legislatura Uruguay tiene un 13% de representación femenina (una de las más bajas de América Latina), en el nuevo periodo no se superará el 16%.
El problema de la ley de cuotas en Uruguay es que ni siquiera a muchas mujeres les gusta. Camila Olivero, estudiante de notaría, de 24 años, esgrime: “Si llegara al Parlamento querría que fuera mérito mío y no por una discriminación, aunque sea positiva”.
Diego Reyes, un militante de 25 años perteneciente al Movimiento de Participación Popular que lidera José Mujica, no está “muy de acuerdo” en que tenga que incluirse a mujeres por “obligación” en las listas. Aunque asume: “En las reuniones que hacemos siempre hay más mujeres que hombres. Pero después, en la dirección hay más hombres”.
Volvamos a la facultad de Derecho. Luciana Caligari, estudiante de 23 años, considera casi una humillación que tenga que existir un ley de cuotas: “Estoy a favor de la ley, pero no debería ser necesaria”. Las tres compañeras con las que comparte mate asienten y recuerdan que aunque hay muchas juezas en Uruguay, ninguno de los cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia es mujer.
La estudiante Mayra López, de 37 años, destaca que en su país “las puertas están cerradas para las mujeres en los altos cargos”. Pero reconoce que ella misma forma parte de ese machismo que critica: “Si una mujer se tirase para presidenta, hasta yo te diría que no sé si la voto. Porque no sé si ella tendría fuerza de carácter”. Cuando se le recuerda que en Brasil, Argentina y Chile hay tres mujeres al mando contesta: “Pero aquí no hay ese perfil”.
En la sede de la organización feminista Cotidiano Mujer, Elena Fonseca, con 30 años de lucha por la igualdad de género, considera que la nueva legislación no deja de ser un avance, aunque insuficiente. “Los partidos cumplieron la letra de la ley pero no su espíritu”, señala. “Colocaron sistemáticamente a las mujeres en el puesto número 3 de la lista, que muchas veces no era elegible. Además, se dio el fenómeno de que algunas mujeres aceptaron figurar en las listas para luego dimitir a favor de su suplente, un hombre”.
Uruguay es el país latinoamericano con la tasa más alta de mujeres asesinadas a manos de sus parejas
Ahora, el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, es el favorito en las presidenciales que se celebran este domingo en Uruguay, con cerca de 15 puntos de ventaja sobre su rival del Partido Nacional (centro derecha), Luís Lacalle Pou. En caso de ser presidente tendrá además mayoría parlamentaria en el Senado y la Cámara de Representantes. Mediante la ley de cuotas tan solo 12 mujeres se convirtieron en diputadas, pero 9 mujeres lograron un escaño en el Senado (rozando el 30%), la cámara más influyente. Las feministas esperan que esto sirva para impulsar una ley de paridad, esta vez perenne.
Y mientras batallan por una mayor presencia en política, el nuevo Gobierno deberá afrontar el gran problema de la violencia machista. Cada 21 minutos la policía recibe una denuncia de violencia doméstica, el delito más denunciado después de los hurtos. Esta semana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de la ONU, publicó un informe en el que sitúa a Uruguay con la tasa más alta en Latinoamérica de mujeres asesinadas a manos de sus parejas: murieron 25 en 2013, para una población de 3,3 millones de habitantes. Y este año ya han muerto 30.
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