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Manifestación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –el 21 de noviembre de 2013– ante la Secretaría de Gobernación para exigir solución a los miles de casos de desaparecidos en todo el país. Foto Alfredo Domínguez
México no cuenta con un
plan nacional de búsquedade personas desaparecidas, pese al incremento del problema.
En julio pasado, el gobierno federal
informó que estaban en esa condición 22 mil 322 personas y, al corte
oficial más reciente (31 de octubre), la suma era de 23 mil 603, es
decir, en un trimestre se agregaron a la lista mil 281 casos, un
promedio de 14.2 por día.
Dentro de los expedientes clasificados
como del fuero común (23 mil 271), casi 30 por ciento son mujeres. Por
rango de edad, la mitad son de 50 años hacia abajo, aunque hay casi mil
ancianos. La mayoría son mexicanos (hay 127 extranjeros y de 2 mil 856
se desconoce su nacionalidad).
Una proporción similar tienen los
archivos del fuero federal. De 332 personas reportadas, 24.3 por ciento
son mujeres y, por edad, sólo se especifica a los menores de 60 años.
Aquí el grueso son jóvenes de entre 15 a 29 años. Hay 298 mexicanos y 34
extranjeros.
Hace cinco meses, el gobierno federal
dijo que avanzaba en este proyecto, aunque hasta el momento sólo se
registran novedades en algunos estados.
Uno de los grupos es Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), constituido en diciembre
de 2009, periodo crítico de inseguridad y violencia en todo el país.
La organización tiene 328 expedientes,
igual número de historias en las que el esfuerzo principal por hallar a
las personas es de los familiares.
Las expresiones de los afectados son
casi las mismas, tanto en Fundec como en otros esfuerzos: el gobierno,
en todos sus niveles, no tiene un plan de búsqueda, y tampoco de
reacción inmediata ante las pistas que los propios familiares
encuentran, ya sea una llamada telefónica o la versión de que los
desaparecidos fueron vistos en determinados lugares.
Víctimas consultadas por este diario
afirman que los expedientes de los casos no contienen evidencias de una
investigación profesional, sino sólo papelería burocrática.
En un foro celebrado en diciembre en Coahuila, los grupos civiles mostraron una manta que rezaba:
La impunidad como el obstáculo para el respeto a los derechos humanos en México.
El año pasado, el gobernador de esa entidad declaró, según el Fundec:
Creo que hay avances, pero falta lo importante, encontrar a las personas desaparecidas.
Del fuero común, el grueso de los
expedientes a escala nacional, la mayoría es de episodios en Tamaulipas
(5 mil 293 casos). Le siguen Jalisco (2 mil 139), estado de México (mil
730) y Coahuila (mil 428).
Del federal, igualmente Tamaulipas tiene 74 averiguaciones previas, Guerrero 59 y Veracruz 52.
Además de Fundec, hay otros grupos. En
Nuevo León opera un protocolo de reacción inmediata; en Veracruz
trabajan en un sistema de inhumación de cadáveres sin identificar. En
Coahuila hay reuniones periódicas con funcionarios para la construcción
de un plan de búsqueda.
Las principales causas de la no
localización se refieren a: ausencia voluntaria, ausencia por problemas
domésticos; privación ilegal de la libertad; migración nacional o
internacional; reclusión en un centro penitenciario; fallecimiento y/o
víctima de otro delito.
El 21 de agosto pasado, la
subprocuradora jurídica de la Procuraduría General de la República
(PGR), Mariana Benítez, dijo que se avanzaba en un plan y protocolo
nacionales de búsqueda de personas sistematizado y permanente.
Enumeró algunas de las medidas en
curso, como la operación de un software ante mortem y post mortem para
la localización a identificación.
Un total de 160 funcionarios estaban en
la red nacional para la búsqueda de personas; se trabajaba en la
creación de unidades especializadas de búsqueda, así como en el
fortalecimiento de los servicios forenses.
Cinco meses después de la presentación del reporte, la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García, dijo:
Estamos en un trabajo cotidiano de construcción de capacidades institucionales y de relación con las organizaciones que representan a las familias.
Dijo que la cuestión se ha convertido
en tema permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública; en la
sesión de diciembre se acordó la homologación nacional para el protocolo
de investigación de los casos de desaparición forzada. Éste deberá ser
concluido a más tardar en mayo.
Los desaparecidos –agregó– son más que cifras.
Son personas con nombre, apellido, historia, familia. Y (atenderlos) es el trabajo que hacemos aquí en la PGR.
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