ALERTAN SOBRE EFECTOS JURÍDICOS DEL TRATADO TISA en debate

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Economistas y juristas alertaron sobre los riesgos para la legalidad y la soberanía que implica el ingreso de Uruguay al TISA. El surgimiento de una nueva ideología basada en la legalización de la corrupción está en la base de los argumentos del fiscal Enrique Viana, quien señaló que esto se debe enfrentar con la independencia del Poder Judicial.

Por Pablo Silva Galván

Fotos: Dante Fernández

“Efectos jurídicos del TISA y alternativas para enfrentarlo” fue el nombre de un debate sobre el Trade In Services Agreement, un tratado internacional en el que participan 24 países, incluyendo a la Unión Europea y EEUU. La integración de Uruguay en este tratado inició una fuerte polémica tanto en filas del Frente Amplio como del Pit-Cnt y del gobierno nacional. En el encuentro, realizado en la Sala Paulina Luisi del edificio anexo del Palacio Legislativo, un panel integrado por el economista Antonio Elías, asesor de COFE y participante de la Rediu (Red de Economistas de Izquierda), los abogados Hoenir Sartouh y Mario Pomata y el fiscal Enrique Viana, intercambió argumentos en torno a la inconveniencia de la integración de Uruguay al TISA y a sus implicancias para la soberanía nacional y las instituciones.

El acuerdo en cuestión promueve la liberalización a escala global del comercio de servicios como la banca o el transporte.

Historiando los procesos económicos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Elías señaló que hubo momentos de integración, medidas proteccionistas y políticas de sustitución de importaciones. Recordó que a comienzos de la década del 70 del siglo pasado “empieza a desarrollarse una etapa de reconversión internacional” de la economía, encabezada por Estados Unidos. Dentro de ese contexto es que se desarrolla la dictadura en Uruguay, cuya lógica fue la de apertura comercial y arancelaria y “desmantelamiento del denominado Estado de Bienestar”.

Elías señaló que uno de los componentes de las negociaciones para el ingreso al TISA es el secretismo, que a su juicio se expresó en el hecho de que el gobierno no informara sobre los contactos que estaba manteniendo. “Nos enteramos por información publicada en la página web del gobierno de Canadá”, recordó. Ese secretismo se mantuvo cuando fue aceptado el ingreso del país, en febrero “y tampoco lo supimos”.

“Si yo hago algo que es beneficioso para el país” –reflexionó–, “levanto la mano y anuncio: ‘compatriotas entramos al TISA, qué suerte’. Pero no, no se supo nada. Nos volvimos a enterar, por lo menos yo, por la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, cuando le dio la bienvenida a Uruguay por su ingreso”.

En cuanto a las razones, el economista señaló que “el gobierno ha dicho hasta el cansancio que ingresó para conocer lo que se discute, para entrar en la cocina, porque de esa manera, cuando viéramos las cosas, podríamos llamar a los amigos. Resulta insostenible que se haya ingresado al TISA sin haber consultado a los socios”. Destacó que no es posible que Uruguay conozca todo lo que se discute en ese ámbito, ya que Estados Unidos envía a las negociaciones a doscientos expertos, mientras que nuestro país envía apenas a tres o cuatro. “A la primera reunión fue sólo uno” –destacó– “¿qué vamos a conocer? ¿Qué vamos a dominar, de un material que tiene 17 anexos, cada uno de ellos de enorme complejidad, y que además una cantidad [de las cosas] ya están aprobadas?”.

En cuanto al argumento de que Uruguay es un país de servicios, Elías apuntó que “lo que es afectado por el TISA es un 6%, donde está un 2% de informática. Nosotros ¿no vamos a pelear por la eliminación de los subsidios agrícolas que tienen Estados Unidos y la Unión Europea, nos bajamos de ese carro y entramos por este lado a defender el 2% de la Cámara de Informática? Ese es el sustento, que somos un país que creció mucho [en esa área], pero creció mucho algo que era muy chiquito. Tampoco es sostenible que estamos ahí porque somos un país de servicios, porque no lo somos”.

Objetivos trazados

Con respecto al TISA, señaló que cumple con los objetivos trazados desde hace décadas por los gobiernos de Estados Unidos para liberalizar el comercio internacional, y que tuvieron su punto alto con el ALCA a comienzos de este siglo. Derrotado el ALCA, ahora viene el TISA, afirmó Elías. La diferencia entre este acuerdo y los anteriores es que en estos los que dirigían la liberalización de las economías eran los Estados, y ahora se trata de las trasnacionales. Con respecto a los objetivos del tratado, explicó que son “permitir el libre acceso a los mercados para sus empresas sin limitaciones de ningún tipo; trato nacional, todas las empresas tienen el mismo trato que la que tenga el mejor trato en nuestro país; y trato de nación más favorecida: cualquier beneficio que haya dado Uruguay a otra nación, vale para los integrantes del TISA”.

“Son elementos preocupantes, pero más preocupante aún es que este tipo de tratado procura entrar a modificar las estructuras legales del país”, sentenció Elías. Agregó que en los documentos se hace referencia al statu quo, lo que quiere decir que lo que está hecho, no se modifica “o sea que cualquier desmonopolización, cualquier privatización, no se puede volver atrás”.

Sostuvo que este proceso es antidemocrático, porque “si el Parlamento de hoy decidiera entrar al TISA, pero el Parlamento que viene decide lo contrario, no puede hacerlo. El tratado impide volver atrás. Eso es gravísimo para la legalidad del país”.

Por su parte, el abogado Mario Pomata, asesor del Pit-Cnt, leyó una extensa reflexión acerca del TISA y sus posibles consecuencias en la que afirmó que este “expresa una vieja estrategia de las trasnacionales”. Tras reiterar varios de los conceptos expresados por Elías en cuanto a los objetivos del acuerdo, Pomata señaló que se hace necesaria “una estrategia que genere conciencia” para enfrentarlo.

Hoenir Sarthou hizo una reflexión sobre el momento histórico actual y cómo se traduce en el plano jurídico.

“Legalizan corrupción”

Finalmente, el fiscal Enrique Viana señaló que hay varias formas de entender las negociaciones sobre el TISA, y precisó que el tema se puede analizar desde diversos puntos de vista, “pero ninguno de ellos tiene la relevancia de lo que, a mi juicio, es importante: el punto de vista de la ciencia del derecho. Otro es el punto de vista de la Política –no de la política partidaria, sino de la política con mayúsculas. Y finalmente, el punto de vista ético. Veo que aquí hay consideraciones éticas, y en ese sentido tengo un pensamiento que puede ser polémico, pero creo que ya estamos inmersos en el proceso de legalización de la corrupción, entendiendo ésta como el proceso de descomposición. ¿Para qué legitimar la corrupción? Justamente para decir que no hay corrupción”.

Para Viana, “estamos frente al surgimiento de una nueva ideología a la que no nos habíamos enfrentado, y que busca la corrupción del Estado, en el sentido de corroer las instituciones. Lo que está en juego es la dignidad del Estado, o sea, la soberanía nacional”, sentenció.

Para el fiscal, la forma de enfrentar este momento es “oponiendo a las corporaciones aquello que las corporaciones quieren destruir: la vitalidad de las instituciones, la democracia y la soberanía nacional”. Para lograr eso es que “tenemos que reclamar que el Poder Judicial trabaje con independencia”, concluyó.