PROFESIONALES UNIVERSITARIOS MOVILIZADOS POR SU CAJA.

El blog recibió esta información destinada a los profesionales universitarios , en especial, de Maldonado y Rocha.

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
(Sesión del día 17 de mayo de 2016)
(Asiste una delegación de la Regional de los departamentos de Maldonado y Rocha de la Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios)
SEÑOR PRESIDENTE (Washington Silvera).- Está abierta la sesión.
    (Es la hora 12 y 41)
——Damos la bienvenida a la delegación de la Regional de los departamentos de Maldonado y Rocha de la Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios integrada por las doctoras Elsa Viña y Beatriz Defranco y los doctores Luis Scorza, Vytautas Bagurskas, Robert Long, Antonio Castro y Pablo Ocampo.
SEÑOR LONG (Robert).- En nombre de nuestra regional y de los compañeros de Montevideo que nos acompañan lamentamos profundamente el hecho de que no se haya podido integrar la Comisión con el quórum correspondiente, pero agradecemos especialmente al señor diputado Washington Silvera por haber tenido el gesto de habilitar esta charla para informar lo que está pasando en la Caja de Profesionales Universitarios que, a nuestro juicio es muy grave, por lo que dejaremos algunos escritos al respecto. Consideramos que podemos confiar en el señor presidente a los efectos de que, más allá de la versión taquigráfica, trasmita al resto de los representantes nuestra angustia y preocupación por la situación que estamos atravesando, que es la razón de nuestra presencia aquí.
    La Regional Maldonado y Rocha, integrante de la Asociación de Afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, ha venido haciendo ininterrumpidas gestiones desde el año 2014 a los efectos de que el tanto el anterior directorio como el actual no modificaran la Ley Nº 17.738, que es la que nos ampara, especialmente en lo que se refiere a las prestaciones contempladas en los artículos 106 y 107. Estamos muy preocupados y durante los años 2014, 2015 y lo que va de 2016 hemos tratado de informarnos, acceder a las actas del Directorio, actuar en forma conjunta con la comisión directiva de la Asociación de Afiliados, mantener contactos con diferentes afiliados y tratar de lograr ‑quizás seamos demasiado ambiciosos‑ alguna documentación e investigación respeto a cómo está funcionando la Caja y cuál es la responsabilidad del Directorio actual en lo que se refiere a su organización, funcionamiento y gestión. Especialmente, debemos decir que nos hacemos muchas preguntas y tenemos muchas dudas respecto al real objetivo de algunas situaciones, como por ejemplo la presencia de una consultora muy importante, específicamente Deloitte, que hace años se encuentra en la Caja. Esa es una relación muy importante y de acuerdo con nuestra información y, además, como es de público conocimiento, abarca muchas de las decisiones que toma o puede llegar a tomar el Directorio, que nos afectan en nuestras prestaciones y en nuestros derechos adquiridos como jubilados, ya que hemos hecho aportes durante más de treinta años a la Caja y hemos cumplido, pero ahora nos encontramos frente a una posible situación que realmente nos angustia. No es novedad para nadie que los jubilados somos un grupo vulnerable por edad, por las condiciones de salud y de inseguridad, por temas familiares, sociales, etcétera, que no es preciso aclarar. Como eso nos tiene sumamente inquietos, nos hemos movilizado ‑reitero‑ durante los años 2014, 2015 y lo que va de 2016.
    Para nosotros la fecha de hoy era muy importante ‑nuevamente lamentamos que no se haya podido lograr el quórum adecuado‑ porque el 31 de mayo, es decir dentro de pocos días, es una fecha límite muy importante en la cual si Directorio de la Caja no toma alguna medida pueden a llegar a recortarse parte de nuestras prestaciones que tienen que ver con el seguro y el complemento de salud, lo que sería algo histórico e incomprensible en una Caja que tiene un patrimonio extraordinario.
    Muy rápidamente, quiero recordarles que en los años 2012 y 2013 esta Comisión recibió al Directorio de la Caja. Su presidente, el doctor Ignacio Olivera, estuvo presente fundamentalmente a instancia de una intervención pública y de determinada información que apareció en el semanario Búsqueda y en el diario El País, por la cual el representante Pablo Abdala encontró adecuado invitar al Directorio a dar explicaciones. No me quiero extender en ese tema que consta en las versiones taquigráficas correspondientes de esta Comisión de los años 2012 y 2013. Evidentemente, en esa oportunidad se dio un diálogo ríspido y hubo desencuentros y diferencias ya que esta Comisión, a través del presidente ad hoc del momento, el doctor López Villalba, solicitó a la Caja de buena manera que brindara información acerca de cuál era el papel de Tea Deloitte y de un trabajo muy importante que había realizado esa consultora. Ese trabajo comenzó en el año 2010 y culminó en 2013, luego de trabajar en conjunto con el Directorio de la Caja, su gerente general y sus gerencias adjuntas, y resultó un documento de ochocientas páginas en base al cual se quieren tomar determinadas resoluciones que afectarían mucho los derechos ya adquiridos de los jubilados.
    Debo aclarar que en la década del noventa quien habla fue presidente de la Caja de Profesionales durante cuatro años, por lo que conocí internamente cómo se manejó en aquel tiempo. Evidentemente, la situación ha cambiado mucho ya que ha variado su representación y los principios gremiales que teníamos. No entendemos determinadas actitudes de las representaciones actuales, que quizás no respondan a los principios gremiales ni a los valores que nosotros defendimos en aquella época.
    Hay otro tema que nos alarma y que también se planteó en este ámbito. Me refiero al secretismo, a la confidencialidad, a la imposibilidad de acceder a la información que usa el Directorio en temas importantísimos. Por ejemplo, el trabajo del consorcio previsional formado por la Deloitte, el estudio del doctor Saldain y asociados y Equipos Mori fue muy importante y el Directorio de la Caja lo usa para tomar determinadas medidas. Fue entregado en el año 2013 y hasta el día de hoy ha sido imposible saber su precio, aunque se habla de centenares de miles de dólares. Que quede bien claro: no estoy hablando de centenares de miles de pesos sino de dólares. Hay otros ejemplos en el mismo sentido: contratos con asesorías muy importantes y con otras consultoras; salarios extraordinariamente altos; convenios realizados por la Caja, que es propietaria de campos‑ con empresas forestadoras. Es imposible acceder a las condiciones de esos contratos.
    Esto ya lo sabe la Comisión de Seguridad Social. Según palabras del propio doctor Ignacio Olivera, esas cosas dan muy buen rendimiento y la Caja no tiene por qué dar a luz los contenidos. Sin embargo, en aras de la transparencia, de la ley de información, inclusive según la Junta de Transparencia y Ética Pública, la Caja Profesional, que es un ente paraestatal, tiene ciertas obligaciones. Si bien tiene derechos y en cada acta nos recuerdan la ley según la cual puede existir el secreto, eso tiene un límite. No todo puede ser secreto; no todo puede ser confidencial. Para la Asociación de Afiliados y para otras agremiaciones es imposible acceder a esa información. El Directorio lo dice claramente: no hay por qué darla.
    En 2013, en un diálogo que hubo en este ámbito, el doctor Abdala llegó a decir que si no la mandaban por su propia voluntad, sería lamentable, pero él, como diputado, y el resto de los colegas podían tomar otros caminos, ya que es obligatorio brindar la información. No sé si a esta altura esta Comisión lo ha hecho o lo va a hacer. Nosotros, evidentemente, no podemos hacerlo, y esa es una de las razones fundamentales por las que estamos en este ámbito: para tramitar nuestra inquietud, nuestras dudas y nuestras presunciones. No sabemos qué está pasando exactamente ni cuál es el objetivo final.
    Hace poco, se publicitó que la Caja está muy bien, que tiene un patrimonio muy importante. Todos los afiliados recibimos esa información. Al mismo tiempo, sabemos que si antes del 31 de mayo, el Directorio no toma alguna medida, caen ciertas prestaciones. No lo entendemos y el secretismo, las reuniones informales, los rumores, las incertidumbres ‑así se maneja‑ nos llevan a tomar este tipo de iniciativas. Esto ya lo vivimos. Al 31 de diciembre de 2014, el Directorio también tenía que tomar ciertas medidas. Vivimos lo que yo llamo un melodrama. Se creó un ambiente de angustia para los jubilados: "Miren que esto cae"; "Miren que hay que negociar"; "Miren que estamos dando déficit operativo". Al mismo tiempo, había US$ 50.000.000 o US$ 60.000.000 producto de las inversiones que aumentaban el patrimonio. Se daba una serie de informaciones contradictorias que servían para crear un clima de angustia, muchas veces publicitada y expresada por el señor presidente del Directorio, el doctor Ignacio Olivera, otras refrendada por el vicepresidente, el contador Álvaro Correa, y generalmente votada por todo el Directorio. Habitualmente queda aislado el representante de los pasivos, el doctor Hugo de los Campos, porque siempre está votando y argumentando en contra.
    Después de ese melodrama del año 2014, cuando también querían recortar prestaciones, luego de negociaciones en las cuales el propio Directorio decía que había hecho su esfuerzo, que había tenido buena voluntad, etcétera, resultó que no recortaron nada. En mi opinión, ahora se está dando el mismo escenario, se está haciendo el mismo melodrama, con las mismas amenazas, también en un ambiente de secretismo, de confidencialidad, de reuniones informales y formales, de mensajes subjetivos. No hay nada objetivo; no sabemos qué va a pasar el 31 de mayo. Presuntamente, ya tienen una resolución tomada. ¿O no la tienen? No hay nada claro; lo seguro es que nos afectaría a nosotros en una suma cercana a los $ 3.000. A esto se sumaría toda la temática de los jubilados, en el caso de la Caja de Profesionales, a partir del 1° de julio de 2016. Como es público y notorio, algunos jubilados ‑los que quedan‑ pasarían al Fonasa y la Caja entiende que, así, deja de dar el seguro de salud y el complemento. Se genera un gran problema en ese aspecto.
    No me quiero extender demasiado, pero hay algunos otros temas que para nosotros también son graves y fueron denunciados en el seno de la Asociación de Afilados. Nosotros pertenecemos a la Regional Maldonado‑Rocha. El interior está actuando. Vuelvo a aclarar: nosotros somos del interior. A veces no tenemos mucha participación ni actividad por el centralismo histórico. No lo digo con ánimo de crítica porque el Uruguay es así y, en lugar de mejorar, la descentralización no va más allá del discurso y cada vez más aumenta la centralización. Eso también se vive a nivel de la Caja Profesional. La Asociación de Afiliados está en Montevideo pero debemos saludar que hace dos o tres años empezó una mirada hacia el interior, con el deseo de integrarlo. Fue así que se fundaron la regionales, una de las cuales es la nuestra.
    Lamentablemente, este año 2015 no hemos encontrado suficiente repuesta a nuestras inquietudes en la Asociación de Afiliados. No queremos juzgar en ese aspecto, pero lo cierto es que después de tener muchas reuniones y charlas con ellos nos dimos cuenta de que no íbamos por el mismo camino y de que sus preocupaciones y angustias no coincidían con las nuestras. Nosotros siempre actuamos dentro de la Asociación de afiliados, pero discrepamos con ellos.
    El 9 de marzo se llamó a asamblea, en la cual se consideraron las consecuencias que tendría para nosotros el trabajo de la consultora Deloitte, Equipos Mori y Saldain & Asociados. En esa asamblea ‑que tuvo una nutrida concurrencia‑, la moción ganadora fue la nuestra, es decir, la de Maldonado y Rocha. Es una moción fuerte; no voy a darle lectura, porque la vamos a dejar a la Comisión. En esa moción resolutiva de la asamblea general extraordinaria se encomienda a la comisión directiva a realizar determinadas actividades ‑entre ellas, esta‑ a efectos de ver qué está pasando. Lamentablemente, no hemos obtenido mayores resultados. Tanto es así, que en el medio idóneo de la Asociación, que es la revista, ni siquiera se ha publicado la moción resolutiva; peor aún, se ha tergiversado el contenido de la moción y ha habido comentarios subjetivos al respecto. Por lo menos hasta el día de hoy, eso ha quedado así.
    Personalmente, no tenía intención de extenderme en el uso de la palabra; me gustaría que también hablaran mis compañeros. Yo me he referido solo a una parte de esta enorme problemática porque es muy difícil sintetizarla.
    Agradezco nuevamente al diputado Washington Silvera por la cortesía de escucharnos, para luego trasmitir nuestro planteo. Hay mucha más información numérica, de déficit, de problemas de evasión, de morosidad y demás, pero no soy yo la persona indicada para referirme a esos temas sino alguno de mis compañeros.
    Es cuanto quería trasmitir a la Comisión de Seguridad Social.
SEÑOR BAGURSKAS (Vytautas).- A nuestro juicio, la Caja de Profesionales debe administrarse con reglas claras, generales y obligatorias. Por ende, deben existir controles y auditorías que analicen la distancia entre el compromiso contraído por el Directorio y la realidad actual. Este es un valor que debemos compartir en el concepto más amplio de lo que es una auditoría: ensalzar lo positivo y mejorar o corregir lo negativo. Estamos de acuerdo con que si vamos a actuar así, cabe afirmar que las inversiones y la rentabilidad de la Caja son buenas. En el año 2010 el Directorio de la Caja de Profesionales, mediante licitación, cometió al consorcio previsional la realización de un informe en ese sentido. A mediados de 2012 se recibió dicho informe sobre el modelo institucional actual y posibilidades futuras realizado sobre escenarios probabilísticos y no determinísticos, el cual concluyó que de cumplirse los supuestos para el que fue elaborado, dentro de catorce años no estaría en condiciones de cumplir con sus obligaciones. En consecuencia, quedó en duda la renovación de todas las prestaciones.
    Ese estudio que consta de ochocientas páginas y costó muchísimas centenas de dólares, establece claramente distintos escenarios. Cuando la Caja decidió otorgar la licitación a este consorcio previsional estableció que se debían respetar ciertos principios básicos: los derechos adquiridos, la equidad y la sustentabilidad del sistema financiero. El informe señala que una vez realizado el diagnóstico, se detectó que la Caja tiene necesidad de ajustar su balance actuarial a mediano plazo. A partir de esto, se fijan seis o siete escenarios.
    En el escenario 0 se mantienen todas las prestaciones. En los siguientes escenarios se van restando prestaciones, llámense tasa de reemplazo, que de 60 se quiere bajar a 50, lo cual significaría una disminución de los emolumentos de los pasivos en un 15% o 17%. Luego le siguen la compensación de fin de año, el seguro de salud y el complemento del seguro de salud.
    Todo esto se analiza sobre supuestos que nosotros analizamos. Estamos de acuerdo con los supuestos que consideraron, pero hay varios que no fueron tenidos en cuenta. Algunos de los supuestos que la Caja proporcionó al consorcio previsional no fueron los adecuados, ya sea por no considerar o por interpretar erróneamente la información de base. Las conclusiones de la simulación son válidas para los supuestos manejados, pero no representan la situación real de la Caja. De manera que no se comparten varios de los supuestos considerados.
    En el informe se admiten como supuestos varios puntos, en los que estamos de acuerdo, porque son mundialmente aceptados. Uno de ellos es el aumento del promedio de vida, que impone el pago de servicios por períodos más prolongados que los tenidos en cuenta al considerar las tablas actuariales para determinadas aportaciones de afiliados. Ellos señalan que esto va a perjudicar a los que denominan baby boomer, es decir, a aquellos profesionales que ingresaron entre 1980 y 1990. Cuando vayan a cobrar, no van a recibir esa tasa de reemplazo.
    Otro de los supuestos de los que parten es la feminización del colectivo. Ese es otro elemento, cuyo promedio de edad contribuye a elevar el porcentaje de las obligaciones. Sin embargo, no fueron considerados algunos supuestos que entendemos deben agregarse; primero, la Caja incluyó datos fijos en una proyección de varios años, sin considerar los porcentajes de abatimiento; segundo, el cálculo se realizó sobre un segmento de la población activa, entre veinte y cincuenta años, que varía muy lentamente en el largo plazo; tercero, hay numerosos afiliados entre la segunda y cuarta categoría de aportación, lo cual debe ser corregido, y cuarto, la renuencia a afiliarse del cincuenta por ciento de los profesionales universitarios del país, lo cual debe ser fijado en los trabajos actuariales. Lo mismo ocurre con respecto al número de afiliados que realiza la declaración de no ejercicio de la profesión. Asimismo, la Caja debe considerar la población de la Udelar, que en los próximos años aportará a la sociedad uruguaya veinte mil profesionales más.
    Un punto muy importante es que en una Caja que tiene un patrimonio de US$ 500.000.000 no ha controlado la morosidad personal y de las empresas, que data del año 2002, generando deudas incobrables por un monto de $ 20.000.000.000, de la cual, una vez desglosada, solo quedan en $ 4.000.000.000. Para intentar recuperar este dinero solo se realizan embargos de cuentas bancarias. La aplicación de las multas, de acuerdo con el Código Tributario, las han tornado incobrables. La Caja considera incobrables los $ 16.000.000.000 que corresponden a 730 afiliados, núcleo que llama duro e incobrable.
    Estimamos que a mediados del año 2015 solo se habían hecho alrededor de quince bloqueos de cuentas bancarias, comportamiento inexplicable. A esto se suma que, supuestamente, había una resolución del Directorio de la Caja que disponía no rematar, lo cual es una conducta ilegal, en tanto se dejaría de aplicar el Código del Proceso Civil.
    A esa cuestión de los bloqueos de las cuentas bancarias, hay que agregar que existen 6.500 expedientes para ser analizados y no están informatizados.
    Asimismo, se constata que hay una deuda de $ 2.400.000.000 por préstamos personales, muy antigua ‑algunas datan de 2002 y 2003‑, que en la medida en que no fueron canceladas, se incrementaron con los recargos, intereses y multas, que han operado como un elemento que impide el acuerdo negociador.
    Ante una Caja que tiene un patrimonio de prácticamente US$ 500.000.000 y que en el año 2015 tuvo una tasa de rentabilidad de 4,65%, de ninguna manera podemos aceptar que disminuyan nuestras prestaciones.
    Con respecto a las inversiones y a la rentabilidad de la Caja, podemos decir que la Caja ha pagado todas las prestaciones y ha cumplido fehacientemente con la cobertura de los artículos 106 y 107, pero no ha tenido una correcta gestión, sobre todo en lo que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas.
    Por otro lado, permitieron una evasión. Hoy es obligatorio que los profesionales se afilien a la Caja. Actualmente, cualquier escribano que tiene que firmar una escritura deberá acreditar que cumplió con los aportes a la Caja. Inclusive, hoy el Banco de Previsión Social está pidiendo actuar como la DGI a fin de controlar a las empresas que no pagan ese tipo de aportes. Por lo tanto, pensamos que no amerita que dentro de doce años se comience a recortar.
    Otro hecho importante que acaba de acontecer es que determinaron no renovar el contrato con la emergencia móvil. Quiere decir que los pasivos de la Caja se quedaron sin emergencia móvil. Hay una serie de medidas que fueron tomadas dentro de un secretismo total. Nosotros hemos planteado todas estas situaciones al Directorio de la Caja. Nos recibió el contador Álvaro Correa, quien ocupaba la presidencia ad hoc en ese momento, y la arquitecta Brusco. Les manifestamos la idea de una amnistía más amigable, de manera de recuperar esos millones de pesos por concepto de morosidad. Tengamos en cuenta que cuando se aplica el Código Tributario, una deuda de $ 100 en cinco o seis años se transforma en $ 10.000 o $ 20.000. Esas son las tasas.
    El 26 de agosto de 2013, el representante del Poder Ejecutivo, contador Sueiro, dijo que los escenarios fijados por consorcio provisional eran para tener en cuenta en los próximos Directorios. Entonces, no creo que amerite comenzar a disminuir. El 31 de mayo comenzarán a quitarnos el seguro de salud que son aproximadamente $ 1.681 y el complemento por tiques, órdenes, etcétera, que son prácticamente $ 725. Hoy se habla de los cuidados especiales de los adultos, y de que no tienen ninguna probabilidad de reinsertarse en el mercado de trabajo. Si analizan eso, se darán cuenta de que a una persona que tenga hipertensión arterial, diabetes y alguna otra patología, no le alcanza con $ 3.000. Con el argumento de que ingresamos al Fonasa el 1º de julio se pretende pagar hasta junio y no a partir de julio. Aclaro que al Fonasa aportamos todos.
    Queremos dejar constancia de que mantuvimos reuniones con el Directorio de la Caja, con la Asociación, además de enviar notas a las Agrupación Universitaria del Uruguay. Consideramos que esto no es un problema jurídico, sino ético y político. Por eso acudimos a esta comisión para definir qué pasos vamos a seguir en el futuro.
SEÑOR SCORZA (Luis).- En este tríptico del 31 de diciembre de 2015, la Caja de Jubilaciones Profesionales hace referencia a una gestión transparente. De acuerdo con lo manifestado por mis compañeros, no hubo una gestión transparente.
    Desde la Caja dicen que gracias a una gestión adecuada de las inversiones, la situación económica financiera del instituto en el año 2015 registró nuevamente un resultado neto superavitario, aunque mostrando también un déficit operativo. Nunca aclararon cuál era el déficit operativo, pero nosotros lo podemos decir. El déficit operativo fue una mala gestión por no tomar recaudos para absorber a ese 50% de los profesionales que no están afiliados a la Caja, y sí a alguna AFAP o tienen un seguro particular.
    Cuando planteamos el déficit de gestión, el contador Correa quedó en silencio, lo que de alguna manera avala una mala gestión. Debido a la morosidad y los préstamos incobrables ‑o duros, como ellos mismos manifiestan‑, de aquí a catorce años el consorcio va a ser inviable. Si la gestión es mala, lógicamente va repercutir en ese diagnóstico final. No debemos olvidar que la Caja no ha tenido una buena gestión como dice acá, y tampoco es transparente, porque avala el secretismo, ya que no tenemos acceso al déficit operativo.
    De dice que para garantizar la continuidad de estas prestaciones, así como para preservar los derechos generados por los 130.000 afiliados con los que actualmente cuenta la institución, es que se realizan estudios en forma permanente y se evalúan posibles acciones concomitantemente con el desarrollo de una adecuada gestión.
    Para finalizar quiero decir que una mala gestión redunda en malos beneficios para la Caja. Hay que tratar de tomar a ese 50% de profesionales que no adhieren a la Caja.
SEÑOR CASTRO (Antonio).- El Directorio tomó la decisión de eliminar el beneficio de la ambulancia móvil para los 3.500 afiliados, que tenía un costo anual de aproximadamente $ 3.000.000. Quiero hacer una composición de lugar de los hechos ocurridos cuando, con algarabía y aplausos, la comisión directiva en conjunto con los delegados del Poder Ejecutivo aprobó el retiro de esta ambulancia.
    En la Caja de Profesionales hay un gerente general puesto por la empresa Deloitte, sociedad en comandita. Se trata de una empresa que está globalizada. El anterior gerente de la Caja de Profesionales tenía un sueldo de alrededor de $ 100.000 por mes. Cuando sacaron a ese gerente la Caja de Profesionales tuvo que pagar un costo muy grande y pusieron a uno que actualmente percibe un sueldo de $ 500.000; su sueldo está desglosado pero los ingresos son de $ 500.000 mensuales. Quiere decir que estamos hablando de unos $ 6.000.000 anuales.
    Por otro lado, en el consejo directivo están los dos delegados del Poder Ejecutivo, en este caso, el doctor Ariel Nicoliello y la economista Adriana Vernengo, que perciben alrededor de $ 150.000 por mes por hacer un trabajo que insume unas 8 horas mensuales. Con esto quiero decir que el consejo directivo tiene un costo de $ 1.000.000 mensuales, o sea, $ 12.000.000 al año. Entonces, hay siete directivos más un gerente. Por lo tanto, la Caja de Profesionales por tener a estas ocho personas tiene un gasto de $ 18.000.000. Sin embargo, para ahorrar, sacaron una ambulancia que implicaba un gasto de $ 3.000.000 mensuales. Esta es parte de la gestión de ahorro aplaudida por el Poder Ejecutivo, permanentemente en todas sus acciones.
    No solo se aplaude eso sino también lo que refiere a Deloitte.
    Los señores diputados saben que en el mundo han quedado solo cuatro grandes auditorías, de las nueve compañías que se dedicaban al análisis de cuentas: Ernst & Young, KPMG, Deloitte y Price Waterhouse Coopers.
    Asimismo, todos habrán escuchado el tema de los papeles de Panamá. Y da la casualidad de que en relación a este asunto, gran parte de los que aparecen en la lista son contadores y empresas de este tipo, aunque se dice que, aparentemente, está todo legalizado. Hay muchas personas que están en esa lista.
    El artículo 21 de la Ley Nº 17.738 de la Caja de Profesionales Universitarios se refiere a las prohibiciones y establece que los directores no podrán dirigir ni tramitar asuntos de terceros ante la Caja y deberán abstenerse de intervenir en el caso de contrataciones u otros negocios que tuvieran relación con el cargo público o privado que ocuparen.
    El Decreto Nº 30/03 se refiere a las conductas de la función del funcionario público. El artículo 17 establece que el funcionario público debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales del interés público. Y agrega que en tal virtud debe adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir o evitar todo conflicto por conjunción de esos intereses en el desempeño de sus funciones.
    Recuerdo que a nivel veterinario había un grupo denominado Dilfa ‑Dirección de Lucha contra la Fiebre Aftosa‑ que trataba sobre la aftosa. Aquellos veterinarios que tuvieran una relación directa con esa actividad, no la podían realizar; estaba prohibido porque existía una conjunción. En todo esto de las dudas que tenemos, el presidente actual de la Caja de Profesionales Universitarios, casualmente es corredor de bolsa. Rafisa, que es una inversora, está relacionada con República AFAP. Tengo en mi poder un resumen anual de la Bolsa de Valores de 1993 donde figura el gerente administrativo de la época, que era el señor Álvaro Correa. Más adelante aparecen los socios honorarios. Nos encontramos con muchas personas que están involucradas en los papeles de Panamá. Por ejemplo, aparecen como socios honorarios, Juan Pedro Damiani, Jorge Di Matteo Mondino, Pablo Montaldo Rubio, Eduardo Maiorano, Federico Rebagliatti, el contador Ignacio Vilaseca. También sabemos de algunos integrantes del consejo directivo de la Bolsa de Valores de 2005 como, por ejemplo, el contador Álvaro Correa representando a GBU Sociedad Bolsa S.A, o el contador Carlos Casarotti, que también figura en esta lista.
    En determinado momento la Caja de Profesionales Universitarios entró en una serie de fideicomisos financieros y uno de los que más le interesó últimamente ‑todo realizado por corredores de bolsa como el presidente de la Caja de Profesionales Universitarios‑ fue el denominado Pampa que trataba de la generación de electricidad, de los parques eólicos. Ahí se invirtieron US$ 2.000.000 y US$ 5.000.000. Pero en determinado momento apareció otro fideicomiso llamado Fideicomiso Financiero Arias. En general, la Caja de Profesionales Universitarios hace inversiones a nivel estatal como, por ejemplo, en el corredor Garzón; siempre busca la representación del Estado para afianzar su inversión. En el caso de Pampa fue así pero en el Fideicomiso Arias no. UTE, que es la gestora no da la real cobertura de los dineros que allí se están invirtiendo. También tenemos la documentación que trata sobre el Fideicomiso Financiero Arias que habla sobre la emisión de la oferta pública, del certificado de participación por hasta US$ 60.000.000. ¿Con qué nos encontramos acá? Con que el agente de pago es nada menos que República Afisa, al que denomino como Rafisa. ¿De dónde saca los dineros Rafisa? Considero que los dineros son las inversiones que AFAP obtiene en todo el sistema económico que hay para los trabajadores.
    Hete aquí, que hay una relación con la economista Jimena Pardo, que es funcionaria de carrera de la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios y que, a su vez, es la directora del consorcio del que se ha estado hablando acá. Es muy probable que los gastos del consorcio sean aproximadamente de US$ 1.000.000. Actualmente, se está solicitando un nuevo estudio de la Caja. ¿Con qué nos encontramos? Deloitte S.A. es el auditor externo de Rafisa y, casualmente, es el que lleva adelante este Fideicomiso Financiero Arias. ¡Claro! Deloitte es el que está dirigiendo o gobernando la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios de forma externa, como se dice, externalidades. Antes la Caja tenía un staff que en este momento solo está para entregar los números a la propia Deloitte.
    Frente a todas estas dudas, el acta 20 de la asociación de jubilados dice que el tratamiento del tema de la inversión de Arias puede dejar dudas acerca de la implicancia del contador Álvaro Correa, según manifestó ‑así se expresa‑ el doctor Hugo de los Campos. Como nosotros no sabemos qué es lo que ocurre en las sesiones cuando no hay versión taquigráfica ni grabación de ningún tipo, desconocemos lo que manifiesta esta doctora, socia, integrante del consejo directivo.
    Ahora bien, en el acta 21 del presente año, el propio doctor de los Campos, grado 5, delegado de la asociación de jubilados en la Caja de Profesionales Universitarios, dice que el contador Correa hizo que en lugar de US$ 2.000.000, fueran US$ 6.000.000, con lo cual se produjo una discusión interna entre ellos mismos. Nosotros no estábamos presentes pero más o menos sabemos lo que estaba pasando. En definitiva, la Caja ingresó en este tipo de fideicomiso que no tiene suficientes garantías.
    ¿Y quién está regenteando? Tengo un informe de revisión limitada independiente sobre estados contables intermedios de Deloitte. ¿Para quién? Para República Administradora de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, Rafisa. Ahora bien, dentro de las "corredurías" de bolsa está Puente Hermanos, corredor de bolsa, y también hay un informe de auditoría independiente de Deloitte.
    En fin; nos encontramos con una empresa multinacional que no solo está gobernando la parte económico financiera de la Caja, sino también la selección de personal y realiza trabajos individuales y mensualizados, cobrando. Por ejemplo, en uno de los tantos trabajos realizados por esta empresa, deciden contratar a Deloitte por un año por el valor de $ 240.000 más IVA.
    Esta es una de las tantas preocupaciones que tenemos: cómo se está gobernando la Caja. Existen documentos desperdigados por todas partes, pero como no tenemos acceso a una información verdadera, debemos guiarnos por renglones, palabras o estrofas.
SEÑOR LONG (Robert).- Quisiera pedir disculpas por la extensión de nuestra comparecencia ‑porque al principio de la reunión el presidente de la Comisión nos dijo que el tiempo para recibirnos era ajustado‑; quizás sea producto de la angustia y de la emoción que estamos viviendo. Por eso les queremos agradecer la paciencia y la tolerancia que han tenido para con nosotros.
    De alguna forma, todas nuestras manifestaciones están plasmadas en una carta firmada por algunos de nosotros y acompañada por una especie de archivo, con sus defectos, con copias de las actas, de las versiones taquigráficas, etcétera, que reflejan con mucha mayor riqueza los contenidos que han sido expuestos por los compañeros. Allí también figuran las direcciones de e-mail de algunos de nosotros.
    Quedamos a las órdenes para responder dentro de nuestras posibilidades a cualquier inquietud que se nos quiera trasladar a través del prosecretario de la Comisión, Héctor Amegeiras, quien ha sido muy amable con nosotros.
    En nombre de la Regional y de los compañeros aquí presentes, nuevamente agradecemos profundamente la atención, dejando nuestro saludo al resto de los integrantes de la Comisión.
SEÑOR PRESIDENTE.- En nombre de todos los integrantes de la Comisión quisiera agradecer la presencia de la delegación que nos ha visitado en el día de hoy.
    Personalmente, yo debería estar presente en otra reunión en este momento, pero entiendo que lo más importante aquí es el tiempo de ustedes, quienes se han trasladado desde el interior del país hasta este ámbito.
    Quiero que se tenga en cuenta que la versión taquigráfica no es solo material de archivo. En un momento de su alocución, el doctor Long nombró las fechas en que habían estado aquí presentes. Bueno, precisamente, todos esos aportes configuran material de análisis y los importantes insumos que nos han dejado también serán objeto de estudio. La única diferencia que hay entre esta reunión y una en la que hubieran estado los restantes integrantes de la Comisión es que podría haber surgido algún intercambio. No obstante, los invitados no perdieron el tiempo, porque todo lo que plantearon será tenido en cuenta ya que, como dije, la versión taquigráfica va a quedar como material de estudio. Por distintas razones los restantes compañeros no pudieron estar presentes; ustedes saben que a veces se presentan imponderables, pero el material de estudio será oportunamente analizado y utilizado en el trabajo de la Comisión.
    Agradecemos mucho la presencia de nuestros invitados.
    Se levanta la sesión.
    (Es la hora 13 y 41)