INSEGURIDAD: EVIDENTE FRACASO Pablo Mieres

Nadie que analice con seriedad y ecuanimidad la política de seguridad desarrollada durante la gestión del Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, puede negar que se hayan hecho esfuerzos diversos para combatir el delito y la inseguridad.

A partir de 2010, y como resultado de los contenidos de los acuerdos multipartidarios, se llevó adelante un proceso relevante de recuperación de la institución policial. En efecto, la situación de la policía en 2010 era catastrófica. Pésimas remuneraciones, atraso histórico en materia de armamento y capacitación, profunda crisis estratégica y mecanismos supletorios perversos para compensar las pésimas remuneraciones. En síntesis, un desastre completo que era responsabilidad de los gobiernos anteriores, colorados, blancos y frenteamplistas.

Seis años después la policía se ha transformado de manera sustancial. La inversión pública en esta institución ha sido muy significativa y, con esos recursos, se han mejorado las remuneraciones, se ha invertido en armamento y tecnología, se ha diseñado una estrategia específica de combate al delito y se ha aumentado de manera importante el número de efectivos policiales en nuestro país.

Sin embargo, la opinión mayoritaria de la ciudadanía es que la inseguridad es cada vez mayor y que los delincuentes han aumentado su impacto sobre la sociedad, incrementando la violencia y el grado de “profesionalización” de la delincuencia.

Se puede decir que la policía está corriendo de atrás ante un deterioro de las condiciones de seguridad que aumenta sin pausa a pesar de los esfuerzos realizados.

Nuestro país es el que tiene un mayor número de efectivos policiales en proporción a la población de toda América Latina. Sin embargo, las cosas no mejoran o las mejoras que se presentan son muy tenues y generan dudas sobre su consolidación.

¿Por qué se sigue perdiendo la batalla contra la delincuencia? En primer lugar porque este gobierno está en una gravísima falta en el desarrollo de políticas públicas que impactan de manera indirecta sobre el crecimiento de la delincuencia y de la cultura de la delincuencia. Nos referimos a la política educativa y a las políticas sociales. En estos dos campos el fracaso es, a nuestro juicio, mucho más rotundo y profundo que en la propia política de seguridad.

Es inconcebible y condenable que los sucesivos gobiernos del Frente Amplio no hayan aprovechado la espectacular bonanza de este país para impulsar una auténtica reforma educativa y no haya desarrollado un diseño de políticas sociales con auténtico contenido promocional y, en su lugar, se haya optado por el más rancio modelo asistencialista que poco y nada contribuye a mejorar la integración social. Este es, sin dudas, el telón de fondo de la cirsis de la seguridad.

Sin embargo, además, existen fallas sustanciales en el diseño de la política de seguridad impulsada en estos años.

No se puede mejorar la situación de inseguridad si el sistema carcelario es un potente reproductor de la delincuencia. Se sabe hace muchos años que las cosas son así y, sin embargo, las sucesivas promesas de cambios inminentes siguen pendientes e incumplidas. Sigue existiendo un mundo de horror en buena parte de la vida cotidiana de los presos de este país. Las tasas de reincidencia son muy elevadas, lo que representa casi el doble de una tasa de reincidencia aceptable.

Pero el otro problema, a nuestro juicio, es la ausencia de una política de seguridad en el territorio a escala local con participación ciudadana y con presencia policial cotidiana. En vez de multiplicar las seccionales policiales para impactar sobre la realidad de los barrios, con la participación de las organizaciones sociales y de los vecinos, generando un aislamiento creciente del fenómeno delictivo; por el contrario, la estrategia del Ministerio del Interior se ha concentrado en la construcción de un modelo de disuasión y represión del delito altamente tecnificado, con grupos policiales de alta calificación concentrados en las denominadas zonas calientes, dirigidos desde centros de coordinación a escala de grandes zonas geográficas.

Desde nuestro punto de vista, si este modelo de actuación no se completa con la multiplicación de las seccionales a escala barrial, la lucha contra el delito no va a tener éxito.

Es más, tampoco vemos en la estrategia del Ministerio del Interior un combate a los “reducidores” que son un componente clave en el circuito delictivo, puesto que los rapiñeros rápidamente se desprenden de los objetos robados a través de estos mayoristas del delito. No hemos escuchado ninguna propuesta de combate a este eslabón estratégico de la cadena delictiva, como tampoco hemos encontrado acciones policiales ante los sistemas de venta de lo robado en muchos puestos de las ferias vecinales en la zona metropolitana.

En fin, muchas falencias que explican un fracaso evidente que no logra revertir un proceso de larga data que afecta cada vez con mayor fuerza a la calidad de nuestra convivencia social. Ciertamente, esto poco y nada tiene que ver con la estrategia efectista de reclamar el aumento de las penas o “tirarse las culpas” recíprocamente entre la policía y la Justicia. Discutamos con seriedad y con la profundidad que la gravedad de esta problemática obliga.