En la situación
política actual de Venezuela influyen muchos factores complejos, y
tanto al gobierno como a la oposición se les pueden achacar grandes
cantidades de conductas inaceptables, pero ese panorama intrincado,
lleno de matices y a menudo difícil de comprender no debería
hacernos perder de vista algunos grandes hechos, de importancia
básica.
• La oposición
venezolana es, sí, un rejunte de sectores cuyo común denominador no
va mucho más allá del rechazo al chavismo, y esto se ha hecho
evidente cada vez que ha tenido que decidir su rumbo. Ha tenido, sí,
iniciativas extravagantes, como la de alegar que el modo en que el
presidente Nicolás Maduro gobierna equivale a la eventualidad de
“abandono del cargo” prevista por la Constitución. Pero ganó
las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 y tiene mayoría
en el Poder Legislativo, contando o no a los tres legisladores cuya
elección en aquellos comicios ha sido impugnada y aún se investiga.
Por lo tanto, la tesis de que la incorporación a la Asamblea
Nacional de esos tres diputados invalida cualquier decisión que
adopte el parlamento constituye, sin duda, un desconocimiento muy
peligroso de la voluntad expresada por los votantes.
• Entre los
dirigentes de ese rejunte opositor hay, sí, notorios impulsores de
un fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril
de 2002. Pero el hecho de que no estén presos por aquella intentona
es, en definitiva, una muestra más -entre muchasde que la
administración de justicia en Venezuela está fuertemente
determinada por criterios político-partidarios -en este caso, por la
voluntad oficialista de superar aquel episodio sin que los
responsables afrontaran las consecuencias de sus actos-, y también
de que en ese país, donde el oficialismo festeja cada aniversario
del intento de golpe de Estado protagonizado por Chávez en 1992, se
ha naturalizado de un modo muy indeseable la idea de que no es tabú
apoderarse del gobierno por la fuerza.
•Esa oposición es
funcional, sí, a los intereses de la derecha de Venezuela, del resto
de América Latina y del resto del mundo, que tiene una molesta
piedra en el zapato desde que Chávez llegó a la presidencia en
1999, para luego mantenerse en ella ganando una elección tras otra.
Pero las izquierdas ya deberían haber aprendido, tras numerosas
lecciones desde el siglo pasado, que el criterio de defender todo lo
que sea atacado por la derecha -o, peor, la idea de que algo debe ser
defendido porque la derecha lo ataca- es una pésima brújula para
quienes quieren rumbear hacia relaciones sociales más libres y más
justas.
• Chávez fue, sí,
un líder popular con numerosos logros en su país y en el plano
internacional, pero los porfiados hechos muestran por lo menos tres
áreas en las que su legado resulta deficitario. Una es la
doctrinaria: el “socialismo del siglo XXI” nunca pasó de ser un
producto ideológico de baja calidad, con más componentes
cortoplacistas y retóricos que orientaciones estructurales y
estratégicas. Otra es la política económica, y con ella la
política social: durante sus sucesivos períodos de gobierno, y pese
a contar con amplísimas potestades, Chávez no logró cambiar -ni
enfilar hacia el cambio- la matriz productiva venezolana y su extrema
dependencia de la explotación petrolera; por ende, tampoco
estableció una base sólida de continuidad para la redistribución
de la riqueza en su país (ni para su apoyo a otros países). La
tercera es el desarrollo del propio movimiento social y político
chavista: muerto el conductor, el panorama tiene más de los vicios
históricos del peronismo argentino (dependencia de la estructura
estatal, corruptelas varias, tendencia al patoterismo) que de una
estructura capaz de sostenerse a sí misma y generar relevos. Que las
opciones para la sucesión presidencial hayan sido Maduro y Diosdado
Cabello dice mucho sobre qué tipo de personas pudo crecer en torno
al líder.
• Entre los logros
de Chávez hay que destacar la novedad del referendo revocatorio, un
procedimiento institucional que permite a la ciudadanía dejar sin
efecto los mandatos ejecutivos que ella misma confiere. Un avance
democratizador que los herederos de la conducción chavista se han
pasado por los fundillos.
• Que un organismo
judicial, elegido por el parlamento cuando en él eran mayoría los
chavistas, decida que asumirá las competencias del Poder Legislativo
no tiene asidero en la Constitución de Venezuela, salvo que se
fuerce su interpretación al punto de desvirtuarla. Tampoco es
producto de una peculiaridad venezolana que haya que “respetar”
mirando para otro lado. Es un quiebre institucional, que corresponde
a los venezolanos, por supuesto, superar (y ojalá que lo logren
ellos, en paz y sin perder conquistas sociales), pero quien calla es
cómplice.
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