jueves, 8 de junio de 2017

Derogación del abuso de funciones avanza en el Parlamento con votos oficialistas y en medio de acusaciones de amiguismo y demagogia





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Cuando el senador Rafael Michelini presentó la propuesta, la oposición lo acusó de querer beneficiar al ex ministro de Economía Fernando Lorenzo —compañero de sector político— y al ex presidente del Banco República Fernando Calloia, ambos procesados por abuso de funciones en el “caso Pluna”.
En la sesión Michelini dijo que no pretende ayudar a sus “amigos”, como denunció la oposición, sino que su objetivo es “levantar una bandera de justicia”. Si hay “uruguayos injustamente procesados, ¿yo no hago nada?”.
Bordaberry realizó una larga intervención en la que dijo varias veces que la medida es para “salvar” a “amigos y correligionarios”.
Señaló que ahora la Justicia está investigando la gestión en Ancap y la figura penal que quiere derogar el oficialismo es una de las que podría ser utilizada para procesar a algunos ex jerarcas. “Este sí que es un mensaje al pueblo”, exclamó.
El legislador anunció que si se aprueba el texto en Diputados saldrá a juntar firmas para que la población opine. “Me va bien cuando junto firmas y no cuando junto votos”, dijo entre risas.
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El cierre de la discusión estuvo a cargo de Michelini. Al final de su intervención dijo que por primera vez en su carrera como legislador sintió que “un senador” le tenía “odio”. “Sentí un gran odio a mi persona. Yo no voy a hacer política con odio”, afirmó.
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El martes al mediodía la sesión ordinaria del Senado culminó sin grandes novedades. Un par de protocolos internacionales y declarar el 13 de enero como Día de la Primera Bandera de José Artigas fueron algunos de los proyectos aprobados. Pero todos los senadores sabían que la sesión del día siguiente iba a ser muy distinta. Se venía una discusión complicada, comentaban entre ellos en los pasillos de la Cámara Alta mientras se iban a sus despachos.

El miércoles 7, con la mayoría que tiene en el Senado, el Frente Amplio aprobó un proyecto de ley que deroga el delito de abuso de funciones en casos no previstos por la ley. El artículo 162 del Código Penal que se busca derogar establece que el “funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa”, que va de las 10 a las 3.000 Unidades Reajustables.

La discusión del proyecto llevó siete horas en las que el oficialismo aseguró que impulsa la medida de derogar por una cuestión de “justicia”, mientras que la oposición denunció que de esta manera se busca beneficiar a “amigos” y “correligionarios” del Frente Amplio.

Además, el colorado Pedro Bordaberry anunció que si se aprueba la iniciativa, saldrá a juntar firmas para promover un referéndum y que la población decida si respalda o no derogar el delito. “Ya tengo el eslogan: Ser corrupto es delito”, afirmó en alusión a la campaña “Ser joven no es delito” que impulsaron organizaciones sociales y el Frente Amplio en contra de bajar la edad de imputabilidad, una iniciativa del propio Bordaberry.

Rafael Michelini fue el principal defensor del proyecto desde el oficialismo. Dijo que para él era el “informe más difícil” de su vida y que corría con “desventaja”. “Hay una idea en el país de que todos los políticos son corruptos y que esta derogación es en beneficio de los otros. Está en las redes, se ha repetido en la prensa. Esa es una gran desventaja para quien es miembro informante y está convencido de que se debe derogar”, dijo el legislador. Michelini sostuvo que el artículo 162 es “injusto” y “daña el honor de las personas”.

En su intervención, leyó la postura favorable a la derogación de las cátedras de Derecho de varias facultades y recordó los fundamentos que estaban en el proyecto original, redactado por Julio María Sanguinetti. “He encontrado un admirador del doctor Sanguinetti”, dijo en broma Bordaberry minutos después.

Michelini sostuvo que al derogar el delito, Uruguay “no está indefenso ante la corrupción” ya que hay casi 15 normas que combaten este problema.

Cuando el senador del Frente Líber Seregni presentó la propuesta, la oposición lo acusó de querer beneficiar al ex ministro de Economía Fernando Lorenzo —compañero de sector político— y al ex presidente del Banco República Fernando Calloia, ambos procesados por abuso de funciones en el “caso Pluna”.

En la sesión Michelini dijo que no pretende ayudar a sus “amigos”, como denunció la oposición, sino que su objetivo es “levantar una bandera de justicia”. Si hay “uruguayos injustamente procesados, ¿yo no hago nada?”.

Bordaberry realizó una larga intervención en la que dijo varias veces que la medida es para “salvar” a “amigos y correligionarios”.

Señaló que ahora la Justicia está investigando la gestión en Ancap y la figura penal que quiere derogar el oficialismo es una de las que podría ser utilizada para procesar a algunos ex jerarcas. “Este sí que es un mensaje al pueblo”, exclamó.

Además, dijo que durante el tratamiento del proyecto en la comisión, uno de los abogados que defendió la derogación fue Mario Spangenberg, que fue defensor de Fernando Lorenzo. Bordaberry se quejó de que el abogado no aclaró este hecho mientras exponía sus argumentos.

El legislador anunció que si se aprueba el texto en Diputados saldrá a juntar firmas para que la población opine. “Me va bien cuando junto firmas y no cuando junto votos”, dijo entre risas.

Agregó que “no se puede permitir que el Uruguay siga el camino de Argentina, Brasil y Venezuela”.

Un planteo similar realizó Luis Alberto Heber (Partido Nacional), y se preguntó: “¿No vamos a proteger a los ciudadanos del abuso de poder de los funcionarios?”.
Escándalos de corrupción.

Luis Lacalle Pou dijo que “no hay vacuna contra la corrupción” ni contra la “deslealtad”. “Todos los partidos tuvieron episodios de corrupción”, dijo, y criticó a “los modernos Torquemada de la actividad política que hoy se victimizan”.

Jorge Larrañaga dijo que el Frente Amplio “emprende una lucha contra la opinión pública” y que se está ante una “discusión sobre ética”. “Esto es una especie de indulto parlamentario, es un error”, afirmó.

Pablo Mieres (Partido Independiente) también se opuso al proyecto y señaló que la medida va a afectar la relación entre los políticos y la ciudadanía. “No se dan cuenta del flanco que abren. El problema es la señal pública”, afirmó el legislador.

Constanza Moreira (Frente Amplio) dijo que “no es verdad que haya más corrupción en América Latina”. Informó que los casos de procesamiento por abusos de funciones son “pocos” —menos del 10%—, aunque “muy conocidos”. La legisladora dejó abierta la puerta para que en Diputados, donde hay discrepancias sobre el tema incluso dentro del oficialismo, el texto sea modificado.

La socialista Daisy Tourné dijo que la oposición buscaba “conmover a la opinión pública y hacer un poco de demagogia”.

Javier García (Partido Nacional) le respondió que el problema se les genera a todos los partidos al aprobar el proyecto. “Esto es un baldón de barro para el sistema, perdemos todos”, dijo.

El cierre de la discusión estuvo a cargo de Michelini. Al final de su intervención dijo que por primera vez en su carrera como legislador sintió que “un senador” le tenía “odio”. “Sentí un gran odio a mi persona. Yo no voy a hacer política con odio”, afirmó.



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