Cataluña: entre lo Jurídico y lo Político. Por Rodrigo Tisnés

En julio de 2012, cuando los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay resolvieron suspender temporalmente a Paraguay como miembro pleno del MERCOSUR (posibilitando así el ingreso de Venezuela), el por entonces presidente José Mujica argumentó la decisión diciendo que a veces “lo político estaba por sobre lo jurídico”.

El razonamiento, por supuesto, generó polémica, especialmente entre quienes sostienen que en un Estado de Derecho, las razones y lógicas políticas no pueden primar ni estar por sobre las acciones ajustadas a derecho. Tanto es así que, el año pasado, en ocasión del traspaso de la presidencia pro-témpore del Mercosur, el gobierno uruguayo –aun siendo del mismo partido político- sostuvo el argumento contrario, para defender su decisión de pasar ese mando a Venezuela.

En realidad, ambas posiciones están equivocadas. Parten de una idea de preeminencia de una lógica sobre la otra; cuando, en realidad, ambas coexisten. En general esa coexistencia se da en forma más o menos armónica, pero hay ocasiones en que ambas coliden y entran en tensión. Es el caso por ejemplo de normas declaradas inconstitucionales. Además de problemas de técnica legislativa que puedan existir en algunas de ellas, también es resultado de la tensión entre disposiciones normativas establecidas en la Constitución, y la voluntad del cuerpo legislativo de sancionar normas, que más allá de lo normativo, expresan una voluntad o señal política en determinado sentido.

Pero no son los únicos casos que existen.

Retomando el ejemplo inicial: la destitución de Fernando Lugo fue un acto político en el que integrantes de una alianza que había llevado al gobierno al entonces presidente, la rompieron, se aliaron con otros socios, y dejaron en minoría al bloque del Presidente. La nueva mayoría tenía los votos más que suficientes para destituirlo, y aprovechó una situación coyuntural para hacerlo. No fue un golpe de Estado, dado que es un mecanismo previsto constitucionalmente. Pero tampoco se puede decir que fue un “juicio”: no resiste el menor análisis en materia de las garantías ofrecidas al acusado para su legítima defensa, ni en la imparcialidad del cuerpo que resolvió el tema, ni en los plazos brindados. La confusión está en utilizar la denominación “juicio” para un acto eminentemente de carácter político, dado que es resuelto por un cuerpo político, en el que, pese a que existen argumentos que se quieren vestir con ropaje jurídico, en realidad se manejan argumentos políticos, y se sostienen en base a acuerdos, negociaciones, y componendas políticas, que un tribunal judicial no admitiría nunca por la sencilla razón de que está por fuera de su lógica de funcionamiento. Exactamente lo mismo puede ser afirmado en los casos de los brasileños Fernado Collor y Dilma Rousseff, y en el del –aun- presidente peruano, Pedro Kuczynski.

Tanto en el caso de normas supuestamente, o posiblemente, inconstitucionales, como en las formas de destituir al titular del Poder Ejecutivo, en cada país existen mecanismos diversos que administran estas tensiones.

El problema surge cuando no existe un mecanismo previsto para administrar ese conflicto, o sí existe es muy parcial e imperfecto, y no se ajusta a la realidad. Eso es lo que pasa en el caso de Cataluña, con la puja entre independentistas y unionistas.

Desde el gobierno central, especialmente por parte de Rajoy, han abordado el problema catalán desde el aspecto jurídico, sabiendo que eso fortalece su posición: la Constitución Española, de la época de la transición, no reconoce el derecho a la autodeterminación ni la posibilidad de convocar a plebiscitos consultivos en las Comunidades Autónomas. El Derecho Internacional, siempre más laxo y diplomático, admite y reconoce el derecho a la autodeterminación de “los pueblos”, pero bajo ciertos supuestos y el cumplimiento de ciertas condiciones.

Desde el gobierno catalán, si bien han intentado explicaciones jurídicas basados en los pocos resquicios que les abre el Derecho Internacional y los autonómicos, básicamente han planteado en términos políticos el debate: Cataluña y los catalanes tienen el derecho a la autodeterminación y a decidir si quieren, o no, ser parte de España, dado que son un pueblo con identidad propia, y ese es un valor supremo por sobre lo que en la materia establezca la Constitución española.

O sea: resulta imposible un entendimiento, siquiera un acercamiento, entre las partes porque hablan y razonan en dos lenguajes distintos, el jurídico unos, y el político otros.

De esta forma, a lo largo de los meses ha oscilado este conflicto, donde alternativamente ha tenido más preeminencia lo político, lo jurídico, y ahora parece que nuevamente lo político. Al menos eso es lo que surge luego de las recientes elecciones del 21 de diciembre, convocadas por el gobierno de Rajoy, luego de haber destituido al anterior gobierno regional.

Políticamente ha quedado claro que la sociedad catalana está movilizada, y dividida en mitades imperfectas respecto a la cuestión independentista. Existe una mayoría relativa favorable a la independencia o –al menos- a un grado mayor de autonomía. De hecho, los sectores políticos que apoyan la independencia serán (nuevamente) mayoría en el nuevo Congreso. Pero por otro lado, hay otra minoría relativa, bastante significativa, que no ve con buenos ojos esto de la independencia. De hecho, Ciudadanos, un partido que defiende el unionismo, resultó el más votado en las recientes elecciones, pero queda en minoría frente a la suma de los independentistas, y su líder –Inés Arrimadas- ya ha declinado la posibilidad de formar gobierno.

Sin lugar a dudas, quien salió perdiendo en el terreno político es el gobierno central encabezado por Rajoy. El PP, que contaba con 11 diputados en el Parlamento Catalán, pasará a tener tan sólo 3. De hecho, tuvo menos votos que el CUP, un partido secesionista de izquierda radical. De esta forma los populares pagan el precio de la testarudez ideológica y la falta de cintura e imaginación política de un Rajoy que, en el conflicto catalán, nunca entendió (o no quiso ver) que él es líder y Jefe de Gobierno; no Juez de un Tribunal Supremo. Se negó a ver el problema en su dimensión política, y al nacionalismo catalán, opuso un discurso nacionalista en el sentido contrario: el de España como nación única e indivisible.

No obstante, el resultado de estas elecciones también resulta un mapa más realista que el de aquel referéndum convocado y organizado de manera caótica, y llevado a la fuerza por un gobierno regional que, aprovechando la obstinación de Rajoy, logró más de un 90% de votos favorables a la independencia.

En definitiva, hoy la situación en Cataluña, política y jurídica, parece estar empantanada. Jurídicamente las figuras más representativas del movimiento independentista están en la cárcel, o exiliadas para evitar ser encarceladas, y esperando que se inicien los juicios en su contra. Políticamente, el independentismo sigue siendo fuerte, y el PP acaba de sufrir una derrota histórica en Cataluña.

Para salir de este juego de “suma 0” que ha sido hasta ahora, se necesita una flexibilidad, liderazgo e imaginación que Rajoy no ha mostrado hasta ahora, y dudo que tenga.

De todas formas, un poco lo entiendo: en un país diverso y multicultural como España, aflojar en relación a Cataluña, podría significar el comienzo del fin de la España que conocemos hoy en día, porque además del nacionalismo catalán, tiene que enfrentar el nacionalismo vasco, el gallego, el andaluz, y el valenciano. Lo entiendo… pero no lo comparto. Me parece que, en pleno siglo XXI, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y sociedades no debiera ser cuestionado: si catalanes, vascos y gallegos no quieren, o quisieran, formar parte de España, no se los puede obligar con el corset de la ley y la amenaza del garrote.

Por tanto, correspondería a los líderes catalanes hacer una movida. ¿Cuál? Estimo que, sin abandonar la lógica política de su discurso, deberían agregarle un componente jurídico, como forma de canalizar la tensión. Si la Constitución española es inflexible y no admite que las Comunidades Autónomas puedan organizar plebiscitos para resolver su permanencia dentro de España, tal vez debería comenzar por promover una reforma constitucional que habilite a este tipo de consultas, sin necesidad de la aquiescencia del gobierno central, o con un grado mínimo de coordinación.

Esto, a su vez, les posibilitaría –a nivel político- tejer nuevas alianzas en otras Comunidades Autónomas, que hoy en día miran con cierto recelo el proceso catalán, porque entienden que el reclamo de independencia, más que un reclamo legítimo, es un actitud egoísta para no compartir/repartir la riqueza generada en su territorio, con las comunidades más pobres y atrasadas.

Y eso, el reparto de la riqueza generada, también debería formar parte de un debate político sincero acerca de la autonomías; cosa imposible si desde el gobierno central se sigue insistiendo en el callejón sin salida jurídico.