viernes, 4 de mayo de 2018

Las víctimas olvidadas del terrorismo estatal Niños y adolescentes familiares .CRYSOL




En una embestida reaccionaria, el Parlamento cedió ante las presiones del Poder Ejecutivo liderado por Juan María Bordaberry y declaró el Estado de Guerra Interno, el 15 de Abril de 1972. De una manera inconstitucional, sin que la Suprema Corte de Justicia emitiera ningún comentario, con los votos del Partido Colorado y algunos votos del Partido Nacional, trasladó
las atribuciones propias del Poder Judicial a las Fuerzas Conjuntas (FFCC) y a sus tribunales militares: juzgar a los ciudadanos civiles por delitos civiles.
Esta declaración alteró sustancial y negativamente la institucionalidad democrática republicana mucho antes que el pronunciamiento militar del 9 de febrero de 1973 o la disolución de las Cámaras el 27 de junio. Las Fuerzas Armadas avanzaban a paso militar sobre la institucionalidad.
Como resultado de esta declaración comenzó una enorme represión en todo el país. A los dos días, el asesinato de 8 obreros en la Seccional 20 del Partido Comunista fue el anuncio de la nueva etapa que se comenzaba a vivir con las Fuerzas Conjuntas (FFCC) desempeñando un rol
decisivo.Más de doscientos uruguayos detenidos desaparecidos, más de doscientos asesinados, miles de detenidos, decenas de niños secuestrados, casi un centenar nacidos en cautiverio, miles de exiliados, de despedidos y destituidos, la población categorizada y silenciada. Falta de libertad
en todos los planos.
La detención masiva de ciudadanos, la privación de libertad por períodos prolongados y asociada siempre a la tortura, brutal, despiadada, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas (FFAA) para aterrorizar a la población, destruir a los opositores y mantenerse en el gobierno.
Durante el terrorismo de Estado más de 7.000 ciudadanos fueron formalmente condenados,sin ninguna garantía legal, por tribunales militares y recluidos en centros de detención. Los mismos, básicamente el Penal de Punta de Rieles y el de Libertad, fueron diseñados para la
destrucción física, psicológica y moral de que quienes fueron confinados en ellos.
En el caso uruguayo, según Serpaj, los prisioneros permanecieron recluidos durante un promedio de 6,6 años, luego de más de 100 días detenidos antes de ser sometidos a un juez sumariante, tipo Cnel ® Rodolfo Alvarez, procesado el año pasado por complicidad en torturas
en el Centro Clandestino de Detención de la Tablada.
Se ensañaron con los prisioneros y sus familiares
Las Fuerzas Conjuntas de la época, lideradas por el Ejército Nacional, se ensañaron con los prisioneros y también sin ningún pudor ni vergüenza, ni arrepentimiento institucional, hasta el momento, con sus familiares directos, los más débiles. Sus hijos fueron también víctimas directas de dicho accionar. El mismo aún, no ha sido formalmente reconocido hasta el
momento por el Estado.
Los hijos y adolescentes de la época que eran familiares directos de los ex presos políticos sufrieron durante los allanamientos, en los momentos en que irrumpían en los hogares para las detenciones, en “las ratoneras”, cuando concurrían a visitarlos, a los cuarteles en todo el país, a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), a Cárcel Central y muy especialmente a los centros paradigmáticos de reclusión: la Cárcel de Paso de los Toros, el Penal de Punta de Rieles y el de Libertad.
La privación de la libertad de sus padres, en un 75% del sexo masculino, en una época en que los hombres eran los principales contribuyentes en las economías familiares, incidió negativamente en su modo y calidad de vida. Además del dolor y el sufrimiento emocional, del daño psíquico que la situación generó, influyó en sus posibilidades de estudiar, de acceder a la
salud, de crecer y desarrollar adecuadamente su potencial como individuos. A ello debe agregarse la estigma social que el clima represivo generó y las represalias que sobre ellos existió en todos los planos. Incidió negativamente en su formación y en las mismas posibilidades de desarrollo.
En el año 2009, a través de la Ley 18 596 promovida por Crysol, el Estado uruguayo reconoció a las niñas y niños que nacieron en cautiverio, durante la detención de sus madres o que permanecieron junto con ellas hasta seis meses. Fue un avance indudable.
Sin dudas fue un colectivo de víctimas, numeroso, que ha sido olvidado, sobre el cual no hay
estudios, ni trabajos. Hasta el momento, salvo Crysol, nadie ha reclamado por ellos ni levantado sus banderas. Sus vidas quedaron marcadas para siempre por la prisión de sus padres, la exclusión social, los atropellos, los abusos sufridos. Sin dudas, muchos pudieron rehacer sus vidas exitosamente. Seguramente son minoría.El Estado uruguayo debe asumir su obligación con este sector de la población que ha sido tan duramente castigado. Sobre esta temática, y ante el planteo de Crysol en su momento, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia ha planteado a Presidencia de la República que debe estudiarse la posibilidad de incorporar a este grupo humano al universo de víctimas amparadas por las leyes reparatorias. Hay que hacerlo. El grupo de trabajo que elabore la nueva ley
reparatoria que antes de fines de Mayo debe ser enviada al Parlamento debe contemplar seriamente esta alternativa. Es de estricta justicia.
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Opinando N° 5 año 7 – Miércoles 2 de mayo de 2018

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