Es un caso complicado, ahora es el más notorio, porque involucra a un senador de la República, Gustavo Penadés, quizás el más importante en el accionar parlamentario representando al gobierno, pero es uno más de las decenas de casos de explotación sexual infantil, de pedofilia, que ocurren todos los días en este Uruguay. No es de ahora, viene del fondo de los tiempos.
Ocurre que ahora, por suerte, se ha comenzado a visibilizar, a conocerse, a abrirse paso en una sociedad adormecida que admitía y, en muchas oportunidades, aun admite, como algo natural, que alguien abuse sexualmente de un menor y que a cambio le dé un regalo, plata, caramelos, perfumes, juguetes; hay de todo. La pedofilia es un tema que gotea constante, en una confusa mezcla de culpabilizada clandestinidad y arrogante prepotencia -muchos abusos tienen que ver con la impunidad que el poder político aporta a muchos de los que los cometen.
El caso que involucra al senador Penadés y que explotó en las últimas horas, dejó al Partido Nacional, si hacemos un símil con el boxeo, contra las cuerdas por varias razones, pero la principal es que no puede aducir que esto es obra de siniestra conspiración de la oposición. Penadés ha sido denunciado por alguien de su misma trinchera, ha sido fuego amigo el que lo que golpeado.
La denuncia pública por presunto abuso y explotación sexual que divulgó la militante blanca Romina Celeste Papasso Oliver -que hizo referencia a un hecho que habría ocurrido hace más de 15 años, cuando ella era menor de edad: tenia 13 o 14 años golpeó al senador herrerista, que se vio obligado a hacer una declaración en respuesta.
Lo hizo solo, en la sala de prensa del Senado aunque estaban presentes apoyando con su presencia el ministro del Interior, Luis Alberto Heber y los diputados Sebastián Andújar, Rodrigo Blás y Juan Martín Rodríguez, todos integrantes de la Lista 71. “He pedido estar solo”, dijo, porque entendió que lo ocurrido es en realidad un evento que afecta su vida “personal”, un tema que “no involucra ni al gobierno ni al Partido Nacional”.
Hasta ahí bien.
Penadés anunció que iba a hacer la denuncia correspondiente y que estaba a disposición de la Justicia. Por ahora no es necesario: el fiscal de Corte Juan Gómez recogió todo lo dicho en un pendrive y lo derivó para que la fiscalía actúe de oficio. En primera instancia, el caso llegó a la fiscal Mariana Alfaro pero esta declinó competencia y al final recayó sobre la fiscal de Delitos Sexuales de 5° turno, Alicia Ghione.
ALGUNOS APUNTES NECESARIOS
Si como dijo Penadés es un tema que afecta su vida personal y es cierto y quiso dejar afuera lo institucional, no se entiende por qué convocó a los medios para hacer la declaración en la sala de prensa del Senado. La imagen de Penadés sentado delante de un cartel con la ilustración del Palacio Legislativo y la palabra Parlamento del Uruguay fue muy fuerte, fue una muestra de poder a pesar de estar visiblemente conmocionado.
Y esta imagen del poder se vio reforzada por el comportamiento del ministro del Interior Luis Alberto Heber, quien no debió estar allí y no debió, como hizo, emitir opinión alguna. Heber actuó sin la ecuanimidad que se requiere para estos asuntos. “Estamos con mucha indignación con este enchastre pero no tenemos otra forma de digerir esto que no sea en la Justicia”, dijo el ministro
Como la fiscalía va a actuar de oficio y como la policía es auxiliar de la Justicia en la investigación penal, no se debe permitir que una vez y otra también y en diferentes situaciones, el ministro del Interior emita opinión alguna, en tanto lo que está haciendo, queriendo o no, es presionar el trabajo investigativo.
Lo mismo cabe para el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que llamó a Penadés y luego dijo ante los medios que le cree al senador.
Lo mejor hubiera sido que estos actores se hubieran llamado a silencio y dejen actuar a la Justicia, como hizo la dirigente Laura Raffo o la senadora Graciela Bianchi quien en un sorpresivo arranque de serenidad afirmó que le parece “muy bien” que la Fiscalía haya decidido comenzar una investigación de oficio, para agregar que ella no sabe quién dice la verdad.
Y en cuanto a la actitud del senador Penadés hubiera sido más conveniente que tomara distancia de la tarea legislativa mientras se realiza la investigación, asi como se espera quie si es citado, seguramente, no se ampare en los fueros.
Del mismo modo, abroquelarse como hizo el senador en su orientación sexual, de la que dijo estar orgulloso, pero no dijo cual es, no le sirve de escudo si hay un delito. Es lo mismo que cuando a alguien que se lo acusa de racista responde diciendo que no lo es porque tiene amigos negros.
Pagar a un adulto por tener sexo no es delito pero sí si se trata de un menor y se cumplen determinadas condiciones.
La ley la ley N° 17.815 promulgada en 2004 y ya vigente cuando ocurrieron estos hechos, tipifica seis delitos, entre ellos el de “retribución o promesa de retribución” a menores de edad a cambio de favores sexuales, con penas de 2 a 12 años.
El abuso sexual es más amplio porque castiga el aprovechamiento de niñas, niños o adolescentes para su participación en actividades sexuales por parte de una persona dotada de autoridad y poder reconocidos por la persona abusada. La pena va de 2 a 12 años.
Dicho esto es necesario aclarar, también, que el derecho a la presunción de inocencia existe. Voltaire sufrió por su amigo Jean Calas, condenado a muerte y ejecutado en 1752. Durante años el filósofo intentó demostrar su inocencia, y lo consiguió en 1765, varios años después de la ejecución. Este ejemplo demuestra que existen errores en todos los ámbitos, pero una condena injusta es un daño irreparable. Claro, en la época de Voltaire no existían las redes sociales.
En enero de 2014 un policía recién salido de la Escuela nacional de Policía denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de un senador de la República, que resultó ser Gustavo Penadés. El episodio ocurrió en la Parada 4 de la Playa Mansa de Punta del Este.
En aquella oportunidad habría ofrecido dinero cambio de mantener relaciones sexuales. En aquel momento, la “insistente” propuesta del parlamentario derivó en una solicitud de “apoyo” a la Seccional 10ª. Cuando llegaron refuerzos policiales, el parlamentario habría expresado que se trataba de la palabra del policía contra la de él.
El policía acosado no realizó la denuncia formal ante a Justicia pero sí dejó constancia del hecho en el “cuaderno de noticias de Jefatura”. Lo extraño fue que posteriormente la hoja donde había quedado estampada la denuncia desapareció.
Antonio Ladra ejerce el periodismo desde hace cuarenta años. Ha trabajado y trabaja en prensa, radio, televisión y medios digitales. Ha publicado dos libros sobre el narcotráfico en el Uruguay.
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