Sobrendeudamiento del Consumidor Columna de Adriana Besso

 

Uno de los temas que nos debe de preocupar en la actualidad es el referido al sobreendeudamiento del deudor civil, y que durante los últimos meses acerca de las consecuencias de esta crisis financiera en los consumidores y, particularmente, en aquellos que se han visto imposibilitados de abonar préstamos en sus diferentes modalidades, pero incluso más aún el que está garantizado con una hipoteca como es la vivienda habitual o una prenda que utiliza ese coche como modalidad de trabajo, su medio de subsistencia es visto como la situación en la cual una persona presenta un déficit económico por deudas contraídas por el consumo de bienes y servicios, incluyendo el sobreendeudamiento del consumidor o la insolvencia familiar. La problemática del crédito y del consumo no es nueva en el ámbito de la protección del consumidor y los antecedentes en nuestra región latinoamericana son, aunque no extensos, si significativos. El endeudamiento del consumidor se define como un estado de exceso de deudas, que no implica necesariamente el incumplimiento de sus obligaciones que llevan a situaciones de ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas. La condición del consumidor sobreendeudado se da por encontrarse en crisis o bancarrota, siendo que su salario se ve mermado con retenciones diversas, resultando el remanente insuficiente para solventar sus necesidades vitales diarias. Al menos el consumidor carece de activos y si los posee, éstos son mínimos y su capacidad económica para generar ingresos y/o retribuciones de su trabajo son insuficientes para una vida digna. El sobreendeudamiento se desencadena cuando el consumidor contrae una serie de obligaciones crediticias que al final del mes no puede pagar con sus ingresos mensuales. En América Latina y en particular en los países del MERCOSUR, el acceso al crédito ha fluctuado entre la casi inexistencia de este mecanismo hasta el escenario actual donde predomina una fuerte oferta de créditos y una inducción al endeudamiento. La historia de los créditos ofrecidos a los consumidores tanto en el aspecto del acceso a los mismos como en el relacionado a las situaciones en las cuales las deudas pasan a ser un serio problema para el desarrollo personal y familiar ha seguido en los países latinoamericanos un derrotero similar que presenta características comunes. Es así como es posible identificar estadios iniciales en los cuales el acceso al crédito estaba relacionado con el acceso a la vivienda – y de allí el auge de bancos e instituciones financieras principalmente del Estado que entregaban préstamos con garantía hipotecarias a plazos extensos y con tasas de interés que podríamos llamar “sociales” -, los cuales dieron pie luego a un escenario muy diferente, primero con el constante aumento de la masividad del acceso a las tarjetas de crédito, un mundo al que unos treinta años atrás sólo accedían los estratos sociales con ingresos medios altos y altos, y que hoy ha derivado en la entrega indiscriminada de plásticos y al nacimiento de tarjetas emitidas por comercios o redes comerciales que financian las compras en las tiendas. Este fenómeno está asociado de manera directa al aumento del riesgo de endeudamiento dentro de parámetros que podríamos denominar alarmantes. En este cuadro el bienestar de los consumidores se pone en riesgo al producirse situaciones peligrosas como son las relacionadas con el sobreendeudamiento de las personas y de las familias, lo que conlleva a crisis sociales tanto en el ámbito privado como en el público. Necesito hacer las compras para la semana y me dispongo a revisar cuánto dinero tengo en efectivo y me doy cuenta que no tengo lo suficiente, ante esta situación decido utilizar mi tarjeta de crédito y me dirijo al supermercado para hacer las compras necesarias, yo sé que lo voy a pagar, dentro de 15 o 20 días dependiendo de las fechas, y no me es imposible llegar a hasta el día que me depositan mi sueldo; sin embargo, no me había dado cuenta que mi recibo de luz había llegado y lo debo pagar, otra vez utilizo mi otra tarjeta de crédito, continúo utilizando otros medios de crédito financieros hasta llegar a un sobreendeudamiento por consumo. El ejemplo recreado nos introduce al tema principal de la rehabilitación financiera de los consumidores y usuarios sobreendeudados por créditos de consumo. El consumo exacerbado, es incluso respaldado y potenciado por la publicidad, que invade la sociedad desde cualquier medio de comunicación, promoviendo el continuo consumo. Esta sobreproducción descontrolada y la vorágine consumista, no sólo han afectado en el ámbito político, económico y social, sino que además comienzan a intervenir hasta en aquellos aspectos tan vitales como lo son el medio que sostiene la vida humana- el medio ambiente- Evidentemente que es como un círculo vicioso, la persona a veces no tiene esa libertad, es muy fácil criticar al otro y decir, ¿para qué pediste un préstamo? Porque de repente en ese momento lo necesité y estaba seguro que lo iba a poder pagar, pero quizás luego me fue mal, me enfermé o perdí mi trabajo. Y ahí esa persona no tiene idea de cómo poder salir.Es nuestra opinión se venía vislumbrando que de esta crisis aumentó con la pandemia no es ajeno, como indicador y como dato de la realidad el hecho del aumento descontrolado y desbalanceado del crédito. Si bien ya venía de otras crisis, pero aquí el sistema financiero ha salido a ofrecer todo tipo de préstamos al consumidor de todas las maneras posibles. Es más, está en la génesis y en el basamento de ella que se haya abusado de la oferta de créditos a los consumidores sin contrapartidas necesarias y hasta obligatorias: información adecuada, represión de prácticas abusivas y de violaciones a derechos básicos de los consumidores, ordenamiento del mercado y, sobre todo, control de las actividades de bancos y de empresas financieras, avance en la legislación protectora de los derechos de los consumidores en relación a sus finanzas y en la solución de los problemas de endeudamiento y sobreendeudamiento. Es fundamental que se entienda que detrás de promedios y estadísticas hay personas, que ninguna mano invisible del mercado vendrá a poner orden y a encausar su derrotero sino que serán las acciones concretas y correctas de aquellos que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de los países y del mundo lo que hará que el bienestar de los consumidores sea una realidad y no una mera quimera. Es indispensable implementar acciones que promuevan un crédito responsable o sea, que se concede con criterios correctos y racionales, donde el consumidor puede hacer una elección que cuente con información clara sobre las condiciones y las consecuencias no sólo de lo que implica asumir un crédito sino también de lo que este significará para el futuro de esa persona o familia, y donde existan mecanismos que permitan que las personas puedan salir de situaciones extremas que afecten su ámbito familiar, laboral y social. En este último sentido, es imperioso que de la misma manera en que se ha expandido la oferta de créditos y se ha potenciado por parte de los estados y de la banca y el comercio esa oferta, existan también mecanismos que auxilien y pongan a salvo de situaciones que se generen por el uso inconveniente de esos créditos, ya sea a través de amplios programas de educación e información a los consumidores como de legislación que los ampare cuando esas infortunadas situaciones acaecen. La información que actualmente reciben los consumidores en relación con los créditos de consumo proviene casi exclusivamente de los datos y la publicidad que realizan los bancos y otras entidades financieras. Se trata de una información que, en muchos casos, es poco clara y carece de la objetividad, transparencia y suficiencia que exigen las leyes de protección del consumidor. Si a la ausencia de una información responsable se agrega la insuficiente oferta de programas o políticas que se orienten a capacitar al consumidor en aspectos relacionados con el manejo de sus finanzas y del presupuesto familiar, es evidente que estamos ante un cuadro donde la posibilidad que un consumidor llegue a situaciones de endeudamiento insostenible tiene una alta probabilidad.

Adriana Besso Guillen

Consultora especializada en temas de defensa de derechos de consumidores y usuarios. Especializada en Ley de Relaciones de Consumo, y, Ley 18242 de Usura, Master en Educación Financiera. Asesora a entes gubernamentales, estudios jurídicos y organizaciones de los derechos del consumidor en diferentes países. Conferencista y organizadora en diferentes cursos y seminarios de la especialidad en los distintos países. Presidenta de la Asociación Nacional en Defensa de los derechos de Consumidores y Usuarios, y Presidenta Internacional en los Derechos del Consumidor. Consultora del BID. Consultora de NNUU. Creadora de Proyecto en Ministerio de Vivienda Fondo de Garantía de Alquileres. Asesora en Parlamento en distintos temas, y en diferentes Asociaciones de la materia Chile, España, Argentina. Miembro integrante de la Fundación de España para Consumidores. Trabaja en temas puntuales en Consumer International, organismo de derechos del consumidor con sede en Santiago de Chile para América Latina y sede en Londres para el resto del mundo

Participa en Instituto de Derecho Comercial Universidad de Chile sobre consumidores y usuarios activamente. Como también de Universidad Diego Portales de Chile. Miembro Instituto Derecho Consumidor Argentino de la AAJC, y miembro Adjunto de A.A.J.C

PROMETO Y JURO / COLUMNA DE CARLOS CASTILLOS

 

Este lunes 19 de junio de 2023, temprano en la mañana, la temperatura ambiente rondaba el cero grado y tal vez menos en algunas zonas del país. Pese a que ese día es feriado y no funcionan, entre otros, los centros de enseñanza, igualmente se pudo ver, antes de la salida del sol, a niños y adolescentes, circulando muy abrigados, y dirigiéndose a su lugar de estudios. Es que, como cada año, rige aún la obligatoriedad de “prometer” la bandera, para los más chicos, y “jurar” la bandera, los más grandes. A partir de las 8 de la mañana, (aunque en otros lados lo hacen más tarde) los docentes y los estudiantes deben reunirse, generalmente en un patio abierto (tiritando y congelados de frío), para la “solemne” ceremonia, que dura un promedio de 10 a 15 minutos. Entrada de pabellones, Himno Nacional y Marcha A mi Bandera. Generalmente es eso y, en algunos casos, se incluyen algunas “palabras alusivas” de algún/a docente. Me atrevería a apostar que, si le pregunta usted a cualquier compatriota, en cualquier parte del país, qué es lo que jura, no sabrá contestar. Y mucho menos sabrán responder los niños de primer año de Enseñanza Primaria, a quienes obligan a “prometer” la bandera. Bueno, preste atención a lo que dice el adulto, enseguida de la ejecución del himno, y, en algunos casos, manteniendo la redacción original en el castellano castizo: “¿Juráis honrar vuestra Patria, con la práctica constante de una vida digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotros y vuestros semejantes; defender con sacrificio de vuestra vida si fuera preciso, la Constitución y las Leyes de la República, el honor y la integridad de la Nación y sus instituciones democráticas, todo lo cual simboliza esta Bandera?”. Y quienes prestan juramento, contestan a coro: ¡Sí juro!... o la variante, para los más chicos: “¡Si, prometo!”. Si el uso de castellano castizo es una aberración, la porfiada decisión de direcciones e inspecciones educativas (no todas, claro) de disponer que el acto se haga a las 8 de la mañana también lo es. Porque la hora del acto no está en la norma. ¿Qué sentido tiene la ceremonia?. Y realizarla el día del nacimiento de José Artigas, que no tiene nada que ver con el Pabellón Nacional, ya que se fue de esta zona, en 1820, mucho antes que otros hombres y mujeres decidieran apoyar el nacimiento de un país al que llamaron República Oriental del Uruguay. UN POCO DE HISTORIA La obligatoriedad de “jurar o prometer” fidelidad y respeto a la bandera nacional data de 1940. El 20 de Julio de ese año se aprobó la Ley 9.943, de Instrucción Militar, que en el artículo 28 establecía: “Todo ciudadano natural o legal está obligado a prestar juramento de fidelidad a la Bandera Nacional, en acto público y solemne. La Universidad y la Enseñanza Secundaria, así como todos los Institutos Privados de Enseñanza Secundaria y Profesional dispondrán que en sus respectivos locales, los alumnos presten juramento en idénticas condiciones”. Y establece a continuación: “El Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social no expedirá títulos profesionales o técnicos, sin que el interesado acredite en forma el cumplimiento de esa obligación”. La norma se extendió a Primaria y desde el Primer Año de este ciclo se le impone al niño una limitación, a estas alturas anacrónica, obligándolo a un acto con la advertencia de que si no lo cumple, no podrá acceder a determinados derechos, cuando sea adulto. Hay otro detalle insólito. El 2 de octubre de 1979, mediante la Ley 14.939, se derogó la Instrucción Militar obligatoria que regía desde 1940 pero, para sorpresa de muchos, se mantuvo el artículo 28. Este que hace referencia a la “obligatoriedad“ de jurar la Bandera. “A todas luces es una especie de sinsentido si no fuera una total falta de respeto” escribió el profesor Leonardo Borges en uno de sus libros “La historia escondida del Uruguay-Tomo I”. Coincido en que “la función básica (de esta disposición) ya no tiene sentido, pues fue creada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”. Claro que los políticos -gobernantes y oposición- están más preocupados en estos tiempos por la falta de agua, la inseguridad, la carrera electoral y otros asuntos, no siempre de interés general de la gente común. Pero podrían tomarse un tiempito para detenerse a pensar y cambiar esta situación. Como escribe también por allí el profesor Borges: “Cuando la historia oficial se convierte en ley y condiciona las conductas, es momento de repensarla”.

*Carlos Castillos - Docente y periodista, trabajó en Radio Chuy, Difusora Rochense, El Espectador, Radio Carve, CX 30 La Radio, Emisora del Palacio FM y CX 36 Radio Centenario. Además fue corresponsal de la agencia alemana de prensa dpa en Uruguay, Argentina y Paraguay durante 22 años. Es egresado del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) como Entrenador de Fútbol y desde el 2010 impulsa el Movimiento de Cine Con Vecinos-Uruguay que se dedica a producir documentales comunitarios y a talleres básicos en todo el país. Desde el 2011 participa del Movimiento ARA (Artistas Rochenses Amigos) para publicar y difundir obras de creadores de la zona.

LA CABAÑA COLUMNA DE NÉSTOR SABATINO

La zona forma parte de un espacio ocupado tempranamente, antes de la fundación de la Villa de Rocha.

La existencia de buenas pasturas abundantemente regadas por numerosos cursos de agua que descendían de las sierras influyeron para ello.

Reivindicadas por el viejo poblador Martin Soroa, la propiedad pasó luego a manos de Miguel Antonio Zelayeta, con la aquiescencia de las autoridades coloniales.

Con la fundación de Rocha, el citado Zelayeta pasa a convertirse en su primer Alcalde, y ubicado en la zona con su familia, establece allí la oficina de la Alcaldía. Le sucede a este su nutrida familia, repartiedose entre susu distintos integrantes esta gran extensión.

Superada la primera mitad del siglo xix y restablecido el orden dominial de la campaña, dichas tierras pasan en parte a propiedad de Doña María Bia (Vía) Correa Techera, de familia del norte del Departamento y heredera de considerable fortuna.

Era casada con su primo, el Cnel Julio Jacinto Martínez, quien a partir de los años 1870, comienza a tener un protagonismo político y militar, con clara ambición de lograr posiciones de liderazgo en la Villa.

Con la creación del Departamento se proyecta como el primer Jefe Político y de Policía, situación que resulta frustrada, en un primer momento, por diversos motivos; no obstante mantiene posiciones de privilegio al punto de constituirse más tarde en el 2do Jefe Político, y luego obtener el grado militar de Coronel.

El citado matrimonio establece su residencia en la zona, en una gran casa - quinta conocida desde siempre como “La Cabaña”.

Pronto dicha residencia se convierte en un punto obligado de reuniones, y diversos acontecimientos sociales de la Villa.

Sus dueños tratan de darle un marcado relieve con aportes exóticos en su forestación y jardines. Habitaban allí también animales desconocidos como ser avestruces africanas.

Desde los primeros tiempos, (fines del siglo XIX) se desarrollaban en ese entorno competencias de caballos, y, novedosamente, de vehículos de dos ruedas, como sulkis, tilburys, etc.

Ellos daban lugar a reuniones numerosas , promovidas por el matrimonio Martínez-Correa.

Paralelamente, se va creando allí un espacio productivo con plantaciones como la vid, actividades netamente granjeras como las aves de corral, la leche, etc. Se comienza a habla entonces de la “Granja Miní”.

Fue en ese lugar donde los rochenses vieron por primera vez un Globo Aerostático y un avión, y adonde llegaron los primeros intentos de Correo Aéreo.

A los efectos de vadear el arroyo en lo que se conoce como el Paso de la Estiba, se levantó un primer puente de madera que por años se conoció como “el Puente de Martínez”.

A principios del siglo xx, a la muerte del Cnel. Julio J. Martinez, su viuda e hijas se trasladaron a Montevideo, comenzando el lento proceso de abandono y deterioro de la zona.

No obstante un familiar de la citada familia, esposo de una de las hijas (Doña Tulia Martinez Correa) el Ing Agrim. Facundo Machado Saraiva, reside en la zona en su conocida casa quinta y chacra “La Foresta” en la zona alta del presente fraccionamiento.-

Importante extensión fue tempranamente forestada de eucaliptos, y explotada por primera vez en la década del 40. Constituyó una verdadera novedad el traslado de la madera que de allí se extrajo hacia la estación de ferrocarril y de allí en tren a Montevideo.

Poco a poco se llega a la instancia de la creación del Hipódromo de Rocha pasando de una simple senda recta a una pista ovoide tal como la conocemos hoy.

Este emprendimiento se desarrolla en la vieja pista de los Martínez-Correa, gestionado por una Sociedad Hípica de aficionados rochenses que organiza carreras y otros espectáculos afines.

En 1957 dichos predios fueron comprados por Enrique Buero Thevenet, heredando a su muerte, sus hijos y viuda.

En 1977, se establece la primera expresión de voluntad de la Municipalidad referida a la expropiación del bien para destinarlo a un Hipódromo.

Sucesivos trámites, culminan con un acuerdo entre el Gobierno Municipal y los propietarios.

A través de la Resolución 497/987 del 20 de julio de 1987, el citado bien (Parte del Padrón 720) pasa a dominio municipal.

La concreción de dicha iniciativa, hizo que nuevos bríos sacudieran el “Barrio del Hipódromo”.acentuándose su poblamiento.

Los años anteriores vieron a usuarios y personas relacionadas con el Turf adquirir parcelas en el flamante fraccionamiento.-

El núcleo central del mismo, lo frecuentan compositores, cuidadores, jockeys y vecinos del Centro propietarios de caballos (los Studs).

Era el viejo hipódromo, que ahora “municipalizado”, ofrecía la promesa de un nuevo impulso.

Yendo un poco hacia atrás, alrededor del año 1957, otro punto de atracción se relaciona con el barrio:

La construcción de la “Canchita Champagnat”, Parque de Deportes del Colegio D.A. Larrañaga, lo que arrimó a la zona mucha niñez y juventud de otras partes de la ciudad.

Por la misma época, un inversor y emprendedor argentino instala en las viejas y semi abandonadas instalaciones del Molino Larrañaga, sobre el arroyo, una mínima planta para el procesamiento mediante cocción, de las algas marinas de La Paloma, y la obtención del agar-agar.

De todos modos hay que concluir que el barrio tuvo sus momentos de desarrollo y estancamiento siempre en base al mayor o menor esplendor del Hipódromo.

Entrado el siglo XX comienzan a afincarse en el barrio familias relacionadas con la agricultura, desarrollando emprendimientos con el objeto de suministrar verduras y hortalizas a la población. Afincan población a la tierra, dinamizan la barriada y aportan una singularidad hasta ahora desconocida.

Néstor Sabattino es un investigador de la historia cotidiana de los rochenses,

 

ESCRITOR RUPERTO LONG Y SU NOVELA SOBRE "LOS VINOS ENVENENADOS".”UN CRIMEN AÚN IMPUNE, COMO TANTOS” TEXTO Y AUDIO

 

Escrie Juan José Pereyra

El ingeniero civil, dirigente político y escritor preside el LATU por segunda vez.

En entrevista con Hay otra historia, Long cuenta sus inicios como escritor. Ha publicado varios libros de gran repercusión entre ellos La niña que miraba los trenes partir, un best seller internacional traducido a decenas de idiomas

En El ataque final investiga a fondo el dramático asesinato de la señora Cecilia Fotana de Heber. Los tres integrantes de la dirección clandestina del Partido Nacional recibieron en sus domicilios botellas de vino.

Solo la madre del actual ministro bebió y murió envenenada.

Es uno de los tantos crímenes de la dictadura aún impunes.

Long cuenta y recrea la historia y la crisis interna que en ese momento vivía la propia dictadura.

EL MISTERIO DEL AGUA COLUMNA DE ANTONIO PIPPO PEDRAGOSA

 

Al momento en que se publiquen estas líneas quizás se haya hecho la luz o, quizás, estamos aún más inmersos en la confusión que hoy, al menos a los ciudadanos, nos rodea.

A mi modesto juicio, ha transcurrido demasiado tiempo desde que comenzó a hablarse de “la crisis de agua”. Fue cuando advertimos que la extendida sequía no sólo generaba problemas a la producción del campo, con las consiguientes consecuencias económicas, sino que, además, nos plantaba delante de una cuestión que pocos esperaban: problemas para el abastecimiento de agua potable, que se hacen más complejos cada día en que no caen lluvias suficientes en los sitios clave.

El misterio al que, de forma metafórica, alude el título de esta columna, refiere a la actitud asumida por el gobierno y los técnicos a los que ha acudido para resolver la situación. Si uno compara la decisión, rapidez y eficacia con que se respondió ante la terrible pandemia del corona virus, el ir y venir de ahora, las teorías que se contradicen y la información, que no debiera ser espasmódica y nebulosa sino clara y precisa, acerca de las soluciones viables a las que acceder con más rapidez, interpela con dureza a los responsables.

Reuniones de supuesta coordinación las ha habido. También información sobre causas y efectos, incluyendo el inconveniente que se agrava de modo cotidiano, de la incorporación de iodo –y vaya a saberse qué otros químicos- a un agua que ya no es potable y cuyo consumo se desaconseja categóricamente. Los botellones y recipientes menores de agua mineral cada día alcanzan menos para sustituir a lo que salía, y todavía lo hacen para baños, lavados, etcétera, desde los queridos grifos del sistema de OSE. Es más: ya han aparecido opiniones de médicos desaconsejando también los baños, por el teórico daño que esa agua “retocada” pueda producir a la piel humana.

En medio de este escenario, oscuro, sin dudas, siguen las reuniones, los debates entre supuestos especialistas de distintas disciplinas y hasta se ha llegado, en una suerte de acto de desesperación, a perforar en dos lugares del Parque Batlle para extraer agua utilizable; nadie sabe con exactitud por qué esa elección. Algo es algo, diría el paisano, pero la verdad es que la cantidad del preciado líquido que desde allí pueda sacarse, frente a las crecientes necesidades, es mínima. Por cierto, hay –algunos vienen de lejos, descansando en cajones de las autoridades competentes- otros proyectos. Pero, claro, la cosa es el tiempo que insuma sacudir su polvo, resolver su construcción y la inversión necesaria, que es lógico suponer bastante comprometedora en estos momentos para la economía nacional.

Sigo pensando, mientras espero hechos que me pongan en mi lugar y me desmientan, que el problema superó las posibilidades inmediatas del Poder Ejecutivo. Ignoro por qué, apenas reconocida la crisis, no se tuvo la misma velocidad y certeza en la constitución de un grupo de los técnicos más capacitados y prestigiosos, como se hizo cuando la pandemia, para que abordaran dos responsabilidades vitales: estudio serio del problema, propuesta de soluciones –de aplicación inmediata o progresiva- e información al público para llevar serenidad y conciencia acerca de a qué nos enfrentamos, junto a sugerencias precisas a tener en cuenta en tanto no se logre –incluso si llegan las esperadas y caprichosas lluvias a las cuencas- disolver el asunto.

Me preocupa especialmente la información: uno recorre los medios y en todos encuentra declaraciones contradictorias, propuestas que llegan y se retiran, planes cuasi alocados sin que nadie sepa de qué afiebrada mente salieron, a lo que habría que añadir por influjo de las, en este caso sobre todo, las influyentes y dañinas redes sociales.

Concluyo: estamos ante un monumental problema. Mientras termino estas reflexiones, se supone que quienes deben hacerlo están trabajando ya en torno a posibilidades serias y de rápida aplicación.

Ojalá deba meterme mucho de lo que he dicho donde mejor me quepa; pero temo por el futuro inmediato o, peor aún, por el ahora y aquí.

Antonio Pippo nació en Argentina y su familia se mudó a San José siendo aún un niño. Viene ejerciendo el periodismo desde hace sesenta y tres años: prensa , radio, televisión. Fu director de informativos de todos los canales de televisión, públicos y privados. Ha escrito y publicado varios libros. Estudioso del tango, es también artista y participa y ha dirigido espectáculos como empresario durante años.

Son clásicas las columnas que publicó durante años en el semanario Búsqueda y aún en la Agencia Mundial de ensa.

Ha sido docente de periodismo de opinión en la Universidad ORT.

Un soplo de reparación en el Salón de los Pasos Perdidos. Un perdido COLUMNA DE MILTON ROMANI

 

No se perdió. Peor: optó por no estar y estar en otro lado.

A pesar de esas ominosas ausencias, fue un acto reparatorio.

El Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo vibró con las palabras firmes, sentidas, inundadas de verdad y de ansias de justicia de Karina Tassino.

No solo trasmitió ideas justas. Nos afectó nos contagió con su llanto contenido, con su angustia y su relato personal que es de alguna manera el de muchos y muchas.

Hace ya 50 años de llanto contenido, de rabia y bronca. De generaciones que han pasado y siguen, seguirán reclamando. Allí estuvimos, compartiendo indignación. Seguiremos

Lo sentimos todos y todas los que allí estuvimos presentes. Salvo uno. El Presidente. Tampoco los comandantes en jefe de las tres armas. También algunos legisladores que lo hicieron a texto expreso como una provocación.

Contra la sensibilidad ciudadana, en particular de los familiares. Pero no solo de ellos.

En clara rebeldía a la Corte Interamericana de DDHH. Reiteramos: Uruguay forma parte del Sistema Interamericano de DDHH. Firmó, ratificó y depositó en la OEA los tratados que nos obligan. La Convención Americana de DDHH, la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para). Uruguay fue de los primeros en firmar la ¨competencia contenciosa de la Corte Interamericana¨

Los tratados internacionales se cumplen. Si o si. Siempre significan ceder una porción de soberanía. Así que es una guarangada y una burrada afirmar que es una intromisión extranjera. Solo quienes se sienten culpables y sentenciados han elegido ese argumento, ademas de aferrarse a sus fueros parlamentarios para no comparecer ante la justicia ordinaria. Que es nacional y competente.

La sentencia de la Corte así como el proceso penal sobre el ametrallamiento y asesinato de Diana Maidanik, Sylvia Reyes y Laura Raggio es contundente con pruebas que no se trató de un tiroteo. Las declaraciones del senador Gandini, vecino de la calle Mariano Soler, que en realidad no vio nada pero dice haber sentido, coloca la duda sobre este hecho. Dice que luego del operativo fue notorio que había metralla que habría salido de parte de las chicas. No es difícil imaginar que en un operativo que pretendía demostrar la eliminación de un resurgimiento del MLN, los ardides de un supuesto tiroteo hayan sido posible. Tan así fue, que fue herido de muerte un soldado. Con balas militares. Igual modalidad habían hecho en el asalto a la Seccional 20 del Partido Comunista. Lo mismo hicieron con el supuesta invasión del PVP y toda la siniestra parodia del Chalet Susy. Pero esto ya no es especulación. Hubo juicio, prueba, testigos y sentencia.

El que quedó solo por decisión propia, el Sr. Presidente Luis Lacalle Pou, no pudo dar, no quiso, no se animó a dar una explicación de su falta de comparecencia como Jefe de Estado. Trascendió que en ese momento estaba inaugurando una empresa de elaboración de comida para perros y gatos. Una bofetada canallesca.

La presencia de él era no solo simbólica. Es un error cuando se afirma que es el Comandante supremo de las FFAA. Es el mando superior. Está por encima de los comandantes, que son tales porque comandan tropas. Y saben. Tienen posibilidad de buscar y encontrar los cuerpos enterrados y negados a la civilización

La sentencia de la Corte obliga a la presencia de Altas autoridades del Poder Ejecutivo. La vicepresidente no es parte del Ejecutivo. Obligaba también a la presencia de Altos Mandos Militares. Ellos tampoco estuvieron presentes. Como si lo hicieron en el Acto publico de reparación en el Caso Gelman en el que estuvo el presidente Jose Mujica.

En buen romance eso se llama estar en rebeldía.

Solo a 48 horas del Acto, apareció la noticia de la publicación de Archivos del Terror en una web. 1608 rollos. Algunos ya conocidos pero negados. Otros no. También es evidente que hay otros archivos que siguen sin ser conocidos. Solo una constatación: las fichas del FUSNA no están acá, existen, y en mi caso me fueron entregados por el mecanismos de acceso a la información.

Antonio Ladra ha publicado una notable nota en el periódico Helvecia: La vida de nosotros

¨Hasta el año 2004 todos los uruguayos, el que más el que menos fue espiado. No se salva nadie. Parece la película alemana La vida de los otros, que era sobre el control ejercido a la gente por parte del régimen en la Alemania Oriental.

En la dictadura uruguaya los servicios de inteligencia por orden de las autoridades de la época nos espiaron y luego, ya en democracia, por lo menos 20 años después de recuperada lo siguieron haciendo con la complicidad del sistema político. Durante los gobiernos de Julio Sanguinetti, en dos oportunidades, Luis Lacalle de Herrera y Jorge Batlle, nuestras vidas estuvieron bajo la mirada de los servicios de inteligencia. ¿Cuántos agentes vigilaron y espiaron cada día la vida de los uruguayos? ¿Por orden de quién? ¿O fue por la suya? ¿Quiénes fueron esos agentes? (…)

¨Todos estuvimos bajo la mirada escrutadora de los espías, hasta en lo más mínimo. Ahí está lo escrito, las cartas enviadas a los medios, los discursos, las actividades políticas y hasta las deportivas, lo que dijeron cuando fueron detenidos, lo que hicieron los que no fueron detenidos. Todos estuvieron bajo los ojos de estos espías. Si fuimos a un cumpleaños ellos lo supieron.Ellos supieron si apagamos las velitas, si cantamos el happy birthday, si fuimos a pie o en ómnibus, desde lo macro a lo micro.

Si fuimos al cine, al teatro, al fútbol, al estadio Centenario o al parque Roberto, a bailar o a escuchar música, si compramos un libro o si fuimos la feria, si compramos verdura y queso, si tomamos una cerveza o una coca cola, si comimos pizza o fainá.

Esta nota me motivó a pensar que todos eramos, ¿somos?, peligrosos o sediciosos hasta demostración de lo contrario.

¿Estaremos libres algún día, hablando de libertad? ¿Hoy? ¿O seguiremos siendo rehenes de aquellos que según su doctrina de seguridad están por encima de nuestra soberanía y se arrogan por fuerza de las armas o de su prepotencia a fijar los destinos de nuestra nación? ¿Seguiremos presos del terror, con nuestras vidas que sabemos fueron controladas con miles de víctimas? Ahora con el destino desconocido de quienes siguen enterrados en los cuarteles y no dicen dónde.

Porque ¿que otra cosa es sino la continuidad de su guerra no entregar los cuerpos? Hasta la Convención de Ginebra y el honor militar de toda guerra impone que el enemigo tiene el derecho a recoger sus muertos y darle la sepultura que toda civilización tiene como cultura ancestral. Se lo digo a UD. Gral Manini y a todos sus secuaces, ladrones, asesinos, torturadores de hombres, mujeres y niños que desde su banca y sus fueros siguen diciendo que fue una guerra. Acá no hubo ni uno ni dos demonios. No es de demonios lo que pasó. Es desgraciadamente muy humano. Ha ocurrido acá y en la región. También lo hubo en otras épocas y generó el grito de Nunca Mas y los juicios de Nuremberg. También la firma de la Declaración Universa de DDHH de la ONU. Acá esto fue obra de un grupo de civiles y militares que asaltaron el poder y usaron TODO el aparato del estado para imponer su ideología, su concepto de orden y su modelo económico neoliberal. La subversión y la sedición no han sido otra cosa que una débil y vil coartada para llevar a cabo la mayor obra destructiva de la época contemporánea. Tendrán la bendición de algún Cardenal que niega su fe y su compromiso. Pero nunca tendrán ni el reconocimiento, ni la adhesión del pueblo de la nación. La justicia histórica, pero también la otra ya los está condenando. Será justicia. Y como dijo Karina Tassino no bajaremos los brazos hasta encontrarlos a todos y todas. A todos y todas. Nunca MÁS

Licenciado en Psicología. Docente de Psicopatologia y Comunitaria. Ex Secretario General de la JND. Embajador ante organismos internacionales. Ex Representante Permanente de Uruguay ante OEA.

EL BUKELE QUE LLEVAMOS ADENTRO /COLUMNA DE MARCEL LHERMITTE

Hace más de 60 años Stanley Milgram, de la Universidad de Yale, realizó un experimento que buscaba comprobar un comportamiento humano: si éramos capaces de acatar órdenes de una autoridad, aunque ellas contravengan nuestras creencias.
El hecho acontecía de la siguiente forma: una autoridad le pedía a un voluntario que castigara con descargas eléctricas a una persona –se trataba de un actor, lógicamente– cuando esta dijera respuestas incorrectas. A medida que los errores se sucedían las descargas aumentaban su voltaje, llegando a convertirse la acción en un acto de tortura, que de haber sido real seguramente habrían ocasionado la muerte de la víctima.
Lo grave del experimento es que ninguno de los voluntarios que participó se negó a aplicar las descargas y más de la mitad administraron 450 voltios, a pesar de los gritos desesperados de las presuntas víctimas. Una de las enseñanzas que dejó este estudio fue la teoría de la cosificación, a través de la cual un individuo se ve a sí mismo como un instrumento que está cumpliendo con los deseos de otra persona, por lo tanto, no es responsable de sus actos.
Ejemplos hay de sobra en nuestra América Latina, fundamentalmente vinculados a las violaciones de los derechos humanos que se dieron en el continente en las dictaduras cívico-militares de antaño, y también en varios abusos que al día de hoy siguen dándose, como, por ejemplo, la reciente matanza realizada por efectivos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre otros tantos desbordes que acontecen.
Estos actos son una atrocidad que vive nuestro continente, pero hay otras de las que no somos del todo conscientes, y es cómo nos convertimos en cómplices del efecto Milgram, cuando ante los problemas de seguridad que tenemos en América Latina invocamos una y otra vez soluciones que deberían cruzar por mucho las líneas rojas de nuestra consciencia.
Hace pocos días tuve el inmenso honor de intercambiar con estudiantes mexicanos sobre el rol que tuvieron los movimientos sociales uruguayos en la década del 80 en la defensa de las instituciones democráticas, y sobre cómo actualmente muchos de los ciudadanos de nuestro continente claman por acciones que son violatorias a los derechos humanos.
No importa el país, siempre hay alguien que ante los problemas de inseguridad nos afirma: acá lo que nos hace falta es un Bukele, posiblemente sin conocer en profundidad las violaciones a los derechos humanos que practica un día sí y otro también el gobierno de El Salvador; así como también estos desprevenidos opinadores resultan ser víctimas inconscientes de las estrategias de comunicación de gobierno del país centroamericano.
Nadie puede negar que El Salvador tenía –y tiene– graves problemas de seguridad pública producto de las maras, pero la solución encontrada por la actual administración fue encerrar a todos aquellos que parezcan sospechosos, ante la evidencia del porte de cara, porte de tatuajes o porte de pobreza. Todos van a parar a megacárceles, en donde los vemos rapados, corriendo descalzos, sin otra prenda que un pantalón corto y llevándose golpes de sus carceleros; también nos enteramos de boca del presidente que la comida para los privados de libertad será insuficiente, que las visitas casi inexistentes, que la defensa jurídica brillará por su ausencia y otras tantas perlas para ese collar de atropellos. Culpables e inocentes, todos juntos al paredón.  
Es que la gente está cansada, argumentan quienes reclaman Bukeles propios. Es que ya no se puede salir, es que te roban, te matan, te secuestran, te asaltan, etc.
No se puede tapar el sol con la mano. La región vive grandes problemas de inseguridad, algunos países más que otros, sin dudas, pero es casi una regla general. América Latina es insegura. Y ante la incapacidad de nuestros gobernantes de solucionar este gran tema surgen iniciativas extremas que no miden las consecuencias.
Pero también surgen los Bukeles de ocasión, que ante la popularidad alcanzada por el presidente salvadoreño que prometió terminar con las maras –colectivos criminales que según investigaciones periodísticas contribuyeron en la financiación de su misma campaña electoral–, imitan la fórmula y proponen sangre y plomo para paliar los males. Prácticamente la eliminación de un sistema judicial que dé garantías y la llegada de un régimen de gatillo fácil.
Recientemente el presidente de El Salvador afirmó que terminaría también con la corrupción política de los gobiernos anteriores, en una nueva cruzada mesiánica y mediática de las que nos tiene acostumbrado en sus shows de comunicación de gobierno. Pocas garantías parecen existir para los que señale el dedo acusador del mandatario.
Pero, ¿realmente se acaba así la inseguridad y la corrupción de un país? ¿Es un modelo a seguir? Quizás encerrando a todos aquellos que según la arbitrariedad policial porten cara de delincuentes, tatuajes o signos de pobreza y violando sus derechos humanos, se termine con una parte del delito –claramente no con los delitos de cuello blanco, ni con los que el mismo gobierno está cometiendo con estas acciones–, pero la inseguridad la vivirán las potenciales víctimas de preconcebidas creencias de gendarmes de ocasión.
La insatisfacción ciudadana ante la inseguridad, sumadas a las carencias económicas que se viven en la región, posiblemente sean uno de los elementos que han llevado a los latinoamericanos a creer cada vez menos en la democracia y en las instituciones, según las investigaciones de los últimos años del Latinobarómetro. Esta situación ha generado un espacio para el surgimiento de nefastos personajes políticos, que aprovechan la oportunidad para ganar poder, ofreciendo soluciones que prometen terminar con una inseguridad para comenzar con otra, la del nuevo régimen del terror del Estado.

Marcel Lhermitte es periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales. Ha asesorado a candidatos y colectivos progresistas en varios países de América Latina, el Caribe y Europa. Director de la revista latinoamericana de comunicación política Relato. Coordinador del Diplomado en Comunicación Política de la Universidad Claeh.

LA HISTORIA Y EL ÁGUILA/ COLUMNA DE JULIO MANUEL PEREYRA

La II Guerra Mundial (II WW) dejó episodios histórico, socio- culturales y políticos que marcaron y determinaron procesos artísticos, migratorios, productivos y económicos.
El negacionismo, a partir de una obra, un símbolo, no del Nazismo, sino de la Historia de la Humanidad.
La Batalla del Río de la Plata ⚓ que tendrían por protagonista al crucero alemán  Admiral Graff Spee enfrentando a al 'Ajax', al 'Achilles'  y al 'Exeter', y la bahía de Montevideo (Uruguay) en un acto de honor que llevaría al Capitán Langsdorff a hundir su propio barco, pedir la atención médica de sus tripulantes (evitando más muertes), y por tradición Naval y Militar, suicidarse.
Representa ese escultura, la entrega de la vida en nombre de una bandera, algo que todos los militares del mundo juran, y pese al repudio en ideales y valores al Nazismo y con él, a la figura del Hitler, el Holocausto, los Campos de Concentración y las implicancias de conceptos como 'Raza Aria', no deja de ser una reliquia para ser testigo y prueba de nuestra Historia Universal.
Nadie pensaría en transformar las Pirámides de Egipto pese a representar esclavitud, dinastias y 'monarquías', solo porque estas no coinciden anacrónicamente con ideales de Libertad, Democracia y DDHH; es/suena tan ridículo transformar el Águila en Paloma, como transformar en salas de parto ruinas que albergaban espacios de sacrificios (indígenas), en cuchillos de cocina espadas/sables que han luchado y quitado vidas, o re-versionar otros escritores obras como 'Mi Lucha' solo porque lo que allí está escrito causa indignación y rechazo.
Si vamos a modificar el arte, la arquitectura, o la literatura por haber sido símbolos que representan/ron regímenes, la Cruz del Cristianismo Católico representa la Inquisición, los símbolos arábigos se los asocia con terrorismo y fundamentalismo, y la lista es larga.
Destruir la Historia es una aberración, y solo un ignorante o un negacionista es capaz de destrozar una obra de arte que puede servir de Memoria a futuras generaciones de los Juicios de Neuremberg, las aberraciones dd Mengele, los genocidios de/en Auschwitz, mientras que en 10 (diez) años nadie que no se acerque a leer una placa podrá saber con que material se hizo esa Paloma/Obra.
Arqueólogos, Historiadores, Biógrafos, Conservacionistas, deben estar espantados de esta decisión rídicula y estúpida de intervenir un testimonio físico del Siglo XX, en nombre de vaya a saber qué fundamento.
Recordar lo que representa la barbarie y lo inhumano, es tener presente aquello que no debe repetirse ni permitirse; disfrazarlo con un símbolo emanado de lo religioso (y que puede para quien no lea una placa o conozco la obra ser el Espíritu Santo) es burdo.
Para los amantes de la Historia, su mejor resguardo es un Museo, o el regreso a 'casa' donde recuerde a quienes osen pensar que la Guerra es una forma de imposición de una ideología o un régimen, su destino será el fondo del mar, derrotado, hundido.

Julio Manuel Pereyra
'Huevo'
Educador Comunitario/Fundador de la única propuesta itinerante Educativa de América
Palomense
Activista por los Derechos del Niño y de los Pueblos Indígenas
Radicado en Misiones (Argentina) 

DOCTOR EN MATEMÁTICA GONZALO PERERA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ni ÁNGEL NI DEMONIO. TEXTO Y AUDIO

 

Escribe Juan José Pereyra Twitter@juano500

Fue Director Regional del CURE, se formó, trabajó y estudió en Francia y otros países. Es "maestro de estadísticos" y entre sus varias especialidades está la inteligencia artificial.

En una charla distendida explica el fenómeno desde sus orígenes, después de la Segunda Guerra Mundial y las aplicaciones y desafíos que implica para sociedades y gobiernos. No cree que la inteligencia artificial pueda autoprogrmarse

"El problema es quién la maneja, con qué fines y qué controles tiene el Estado para proteger a la población", dijo.

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE «Este problema es una cadena, y el Estado está ausente de esta cadena» COLUMNA DE RICHAR ENRY

 

Si observamos el escenario regional, atentar contra el medio ambiente o la naturaleza propia de la nación es considerado un delito ambiental en gran parte de los países. Los delitos ambientales suponen una serie de actos que son ilegales, dañan el ecosistema y por ende provocan el desmejoramiento del medio o del ambiente natural en que viven las personas, lesionando así sus derechos.

NACIONES UNIDAS

El 28 de julio de 2022 pasado, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas -como ya lo viene haciendo desde 1972- ha reconocido “que todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente saludable” y que por lo tanto el ambiente es un derecho humano con las mismas características que los demás: universales, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e indivisibles. Pero claro, su solo reconocimiento, e incluso la propia ratificación de una Declaración Universal no es suficiente, ya que en algunos países el sistema jurídico exige una norma nacional, particular y especifica que lo caracterice como delito; y aún así, de nada sirven las normas si no hay un poder que esté dispuesto a hacerlas cumplir.

En tal sentido, Brasil ha sido pionero desde hace ya bastantes años, con una amplia legislación destinada a preservar el medio ambiente, la cual proviene de una evolución ambiental brasileña iniciada con el Código Forestal de 1965 y consolidada definitivamente con la Constitución Federal en 1988; posteriormente surgieron las formas que fueron publicadas en la Ley de Fauna, o en el Código de Pesca y en la Política Nacional Ambiental. Allí existen normas de carácter punitivo, conocidas como Leyes de Delitos Ambientales que establecen sanciones penales y administrativas para quienes incurran en conductas y actividades nocivas para el ambiente; y también existe la Política Nacional de Residuos Sólidos, que establece los principios, objetivos, instrumentos y lineamientos relacionados con la gestión integral y manejo de residuos sólidos.

Es importante resaltar que las leyes ambientales brasileñas aludidas se refieren al ámbito federal (ya que la Unión legisla sobre materias generales); luego cada Estado determina las reglas regionales, y a su vez los Municipios tienen reglas locales. No obstante, algunos argumentan que Brasil tiene una legislación ambiental muy restrictiva y que ello provoca un retraso en el desarrollo económico brasileño.

En Argentina por su parte, el sistema jurídico vigente sanciona tales delitos mediante diversas leyes particulares -de contaminación y otros daños al ambiente, maltrato y crueldad contra los animales, contra la fauna silvestre u otros animales y de patrimonio genético nacional-, que se han ido incorporando en la práctica al Sistema Penal. Sin embargo, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se creó por decreto la Comisión para la reforma del Código Penal de la Nación, que tendrá a su cargo la presentación al Poder Ejecutivo Nacional de un anteproyecto de ley de actualización integral del Código Penal, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo.

Con referencia a nuestro país, desde comienzos del siglo XXI legisladores de distintos partidos políticos han presentado algunos proyectos de ley en este sentido: en 2003, el proyecto de ley sobre daño ecológico y ambiental de los diputados frenteamplistas Carlos Pita, Ramón Legnani y Ramón Fonticiella; en 2005, el proyecto de ley sobre delitos medioambientales del nacionalista Gustavo Penadés. Mientras tanto en 2017, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Fiscalía General de la Nación elaboraron el proyecto de ley sobre delitos contra el ambiente. Este proyecto al igual que los anteriores estuvo a consideración de los parlamentarios, sin llegar a concretarse durante el período. Finalmente el 11 de agosto de 2020 un grupo de Diputados presentó un Proyecto de Ley (el “Proyecto”) que introduce modificaciones en el Titulo XIV Libro II del Código Penal, creando los delitos contra el ambiente.

Los legisladores actuantes fueron: Gerardo Amarilla, Mario Colman, Diego Echeverría Casanova, Eduardo Lust Hitta, Christian Morel, Francisco Ortíz, Iván Posada, Juan Martín Rodríguez Da Costa y Alejo Umpiérrez

“El Proyecto” califica como delito la contaminación de suelos, de aire y de aguas, delitos que no admiten forma culposa. Además, crea otros delitos relativos a la destrucción, depredación o sustracción de especies animales o vegetales, cuando estén bajo protección especial, así como actos de contaminación o degradación en Áreas Naturales Protegidas y en zonas adyacentes, que admitirán también la forma culposa. En todos los casos los delitos se castigan con penas privativas de libertad que oscilan entre los 3 (tres) meses de prisión a 6 (seis) años de penitenciaría. También se establece la responsabilidad personal de los propietarios, representantes legales de personas jurídicas o de quienes ejerzan efectivamente el poder de dirección en la empresa, y de quienes con su participación hayan contribuido, de manera determinante, a la concreción de esos delitos.

Asimismo, el Proyecto determina la responsabilidad de todos aquellos que suscriban o realicen estudios, evaluaciones, auditorías ambientales, planes de manejo u otro documento de gestión ambiental, en los que se incorpore o se avale información falsa con conocimiento de este extremo. El delito se agravará cuando se haya cometido en desarrollo de actividades, construcciones u obras que requieren autorizaciones de la autoridad pública, sin que las mismas se hayan obtenido, o se hayan obtenido en forma fraudulenta o con engaño.

El pasado 31 de mayo se aprobó “el Proyecto” en la Comisión del Senado y se espera que en breve el Sistema Penal uruguayo pueda contar con un mecanismo legal más para conservar y preservar el ambiente castigando a los infractores.

https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/senadores/comisiones/354/comision-actuacion

En tal sentido, la Dra. Blanca Rieiro, docente del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Udelar y Juez Letrado Penal de Montevideo de 34° turno, manifestó que en la actualidad: «existen vacíos legales para atender los temas medioambientales en la legislación uruguaya». Sostiene que si se hace una ley de protección al medioambiente, ésta debe contemplar dos tipos de sanciones (penales y administrativas, entre las que se encuentran la prisión, multa o cierre de la empresa) y asimismo deben instrumentarse controles que garanticen que se cumpla la reglamentación, además de recursos para monitorizar y sancionar.

El único caso que se recuerda, en que se hubiera ganado un juicio por temas ambientales en Uruguay fue en el departamento de Paysandú donde el ex fiscal Dr. Enrique Viana -actualmente fallecido-, presentó una acción de amparo en 2004 impulsada por un grupo de productores, vecinos del paraje Kilómetro 444, donde la empresa Paycueros SA construía en ese entonces su nuevo vertedero industrial. A partir de esta acción, el vertido en las aguas del Río Uruguay fue prohibido y se comenzó a controlar.

Para la Dra. Rieiro «Este problema es una cadena, y el Estado está ausente de esta cadena», y añade que «cuando Uruguay permite que ingresen empresas internacionales a instalarse al país, se entiende que estas sean bienvenidas, pero que ese ingreso no sea una carta abierta para que vengan a verter cualquier cosa al aire, al suelo o al agua». Un elemento a tener en cuenta es que hoy las personas jurídicas no son responsables penalmente; por tanto, en caso de daño ambiental la única forma de sancionar a una empresa es una multa, y eso debe cambiar.

Tal como lo expresan Daniel Panario y Ofelia Gutiérrez: “La responsabilidad con las generaciones futuras no se trata sólo de guardar algo de lo existente, sino de crear las condiciones para la creatividad futura y la libre elección. Esto implica no destruir información, ni permitir que eso ocurra sin siquiera conocerla, sea ésta cultural, biológica, ecosistémica o geosistémica”.

Richar Enry Ferreira

Fuentes:

https://news.un.org/es/story/2022/07/1512242

https://ambito.com.br/blog-espanol/principales-leyes-ambientales-brasilenas/

https://www.argentina.gob.ar/justicia/nuevocodigopenal/temas/delitos-contra-el-ambiente

https://udelar.edu.uy/portal/2023/03/blanca-rieiro-existen-vacios-legales-para-atender-los-temas-medioambientales-en-la-legislacion-uruguaya-2/

RICHAR ENRY FERREIRA - Productor y documentalista, investigador, escritor, Periodista y amigo de la naturaleza.