Fue
hace un tiempo atrás cuando dos actores culturales y sociales
decidieron promover la discusión de un tema tan álgido como lo es
el contrabando, el cual es considerado tabú para algunas personas
desde hace mucho tiempo, en el entendido de que se trata de una
práctica que atenta contra la producción nacional, un
antipatriotismo y un neoliberalismo salvaje que llevaría a gran
parte de los uruguayos al desempleo y la ilegalidad.
Pero
antes de intentar desentrañar el motivo de esa última calificación
jurídica que se le da a la práctica comercial transfronteriza
(considerada ilegal y pasible de sanciones penales y
administrativas), tal vez debamos empezar por analizar el origen
etimológico del término que la tipifica.
Tal
como lo descubriéramos en el transcurso de las investigaciones
llevadas a cabo de cara a la realización del documental audiovisual
EL POBRE QUE VA POR PAN y del libro QUILEROS, fue en la época
colonial cuando los intereses de la Corona española popularizaron el
uso de ese término, al prohibir a los pobladores de los límites
indefinidos del Virreinato del Rio de la Plata (origen de la aun en
ciernes República ubicada al Este del Rio Uruguay) comercializar con
los vecinos que acertaban a quedar fuera de los límites geográficos
determinados, para frenar la invasión de sus rivales -la Corona
portuguesa-, impidiendo así que se continuara llevando a cabo el
intercambio habitual de mercaderías, bienes y servicios que
permitían la sobrevivencia en esas entre-regiones liminares.
Esas
directivas españolas eran comunicadas a los gobiernos locales,
representantes de la Corona Española, mediante “bandos” u
órdenes con carácter de ley, los cuales con frecuencia llegaban
tarde o eran inefectivos para los casos particulares en que España
entendía se debían aplicar, razón por la cual estos gobiernos
locales decidían “obedecer, pero no cumplir”. De ahí que, pese
a que el bando real lo prohibiese, las personas que habitaban ese
territorio indefinido siempre comercializaron entre ellas, por lo que
se afirmaba que esos comerciantes iban “contra el bando” del Rey
de España, es decir, que eran “contrabandistas”.
Ahora
bien: aclarado el origen de la palabra, conocidos los motivos que
llevaron a condenar esa práctica y tratar a las personas de forma
represiva (para impedir la comercialización entre habitantes de
“territorios enemigos”), sin ser expertos, deberíamos analizar
la legalidad y el valor que dicha idea protectora tiene por la vía
de los hechos hoy día.
Quizás
siguiendo esa premisa de proteger la producción de este “bando”,
transformado luego en república y país independiente, siguiendo el
interés comercial y económico de las clases empresariales
propietarias de la mayoría de los medios de producción o del
comercio internacional más próximo al puerto de Montevideo, el
espíritu del legislador haya sido incluir en los texto legales
subsiguientes la prohibición de comprar mercaderías de un lado de
la frontera y pasarla al otro, tratando de proteger el capital local,
aun a sabiendas de que su aplicabilidad real siempre fue imposible.
Lo
que no se entiende, es cómo una norma de tales características se
mantiene vigente incluso en la actualidad, cuando desde sus orígenes
fue violada, transgredida e ignorada, pero que además hoy día ya no
tiene casi ninguna producción nacional que proteger. Resulta difícil
comprender qué ha llevado a casi todos los legisladores a conservar
una ley que contradice un marco regional como el Acuerdo de Asunción
(MERCOSUR), que es injusta y que afecta más de lo que beneficia a la
mayoría de la población; pero sobre todo, que violenta derechos
humanos fundamentales de las personas que habitan en las zonas de
frontera, ya que no les permite tener una vida decorosa, les prohíbe
adquirir los bienes necesarios para su bienestar en el lugar donde
está más barato, sólo porque hay que proteger al importador
nacional (que se beneficia de comprar en el exterior lo que no se
produce en el país, recibirlo en puerto y distribuirlo con niveles
de ganancia exorbitantes, generando incluso monopolios injustos y
desleales, que vuelven imposible el acceso a esos productos).
La
primera pregunta que nos surge es: ¿por qué puedo elegir dónde
comprar dentro de mi ciudad, pero si lo que necesito y es más barato
o de mejor calidad está del otro lado de la calle o del río, no lo
puedo comprar porque está fuera del territorio nacional? ¿Por qué
se aplican impuestos de importación que llegan a superan el valor
del propio producto, desincentivando así la importación legal, y no
se regula el comercio regional, si estas personas no quieren
perjudicar a nadie, no quieren ir presas ni perder lo que tienen,
sino que sólo quieren poder ganarse el pan con dignidad?
Éstos
y otros conceptos fueron los que movieron a Nicolás Fariña y Richar
Enry Ferreira a empezar a cuestionar esta realidad, para honrar la
memoria de toda la gente que, de un modo u otro, viajaba a la
frontera a ganarse un jornal, y para recordar a los que perdieron su
vida en esos caminos y rutas de necesidad a caballo, en bicicleta, en
moto o a pie -los cuales han sido plasmados en cuatro esculturas en
hierro de más de tres metros de altura que Fariña realizó-. Porque
está muy claro que nadie subía a un caballo para tirotearse con la
Policía, ni a una bicicleta para que el Ejército le sacara todo, o
a una moto para morir aplastado por la carga, o a un ómnibus con
bolsitos para que la Aduana le incaute lo poco que intenta pasar,
sólo por placer; aquí el factor determinante fue y es la necesidad
de un empleo, de un ingreso económico que les diera a ellos y a sus
familias un poco de esperanza para soñar.
Obviamente,
la decisión de tratar este tema no fue fácil. Poco tiempo antes,
una agrupación política de Tacuarembó se había lanzado a la
campaña electoral bajo el slogan “Un bagayero, un patriota”, y
había sido denunciada por un líder de la oposición política por
apología del delito; sin embargo, nada estaba más lejos de esta
iniciativa histórica, cultural y social que alentar la comisión de
esta práctica ilegal.
No
podemos negar asimismo que, ante los cambios y transformaciones de la
nueva era política y moral global, por la misma época un legislador
llegó a pensar en que se podría despenalizar el contrabando (esto
es, que dejara de ser considerado delito), lo cual aunque inédito,
no parecía una locura: al fin y al cabo, hasta hace muy poco el
aborto era ilegal, consumir marihuana en la vía pública o pensar en
la unión conyugal de personas del mismo sexo también. De modo que
el foco de estos trabajos se centró en dar la discusión histórica,
recordar a aquellas personas y preservar sus memorias de vida.
En
próximas publicaciones les seguiremos contando más sobre esta otra
perspectiva fronteriza.
RICHAR
ENRY FERREIRA - Productor y documentalista, investigador, escritor,
periodista y
amigo de la naturaleza.
