Fue hace un tiempo atrás cuando dos actores culturales y sociales decidieron promover la discusión de un tema tan álgido como lo es el contrabando, el cual es considerado tabú para algunas personas desde hace mucho tiempo, en el entendido de que se trata de una práctica que atenta contra la producción nacional, un antipatriotismo y un neoliberalismo salvaje que llevaría a gran parte de los uruguayos al desempleo y la ilegalidad.
Pero antes de intentar desentrañar el motivo de esa última calificación jurídica que se le da a la práctica comercial transfronteriza (considerada ilegal y pasible de sanciones penales y administrativas), tal vez debamos empezar por analizar el origen etimológico del término que la tipifica.
Tal como lo descubriéramos en el transcurso de las investigaciones llevadas a cabo de cara a la realización del documental audiovisual EL POBRE QUE VA POR PAN y del libro QUILEROS, fue en la época colonial cuando los intereses de la Corona española popularizaron el uso de ese término, al prohibir a los pobladores de los límites indefinidos del Virreinato del Rio de la Plata (origen de la aun en ciernes República ubicada al Este del Rio Uruguay) comercializar con los vecinos que acertaban a quedar fuera de los límites geográficos determinados, para frenar la invasión de sus rivales -la Corona portuguesa-, impidiendo así que se continuara llevando a cabo el intercambio habitual de mercaderías, bienes y servicios que permitían la sobrevivencia en esas entre-regiones liminares.
Esas directivas españolas eran comunicadas a los gobiernos locales, representantes de la Corona Española, mediante “bandos” u órdenes con carácter de ley, los cuales con frecuencia llegaban tarde o eran inefectivos para los casos particulares en que España entendía se debían aplicar, razón por la cual estos gobiernos locales decidían “obedecer, pero no cumplir”. De ahí que, pese a que el bando real lo prohibiese, las personas que habitaban ese territorio indefinido siempre comercializaron entre ellas, por lo que se afirmaba que esos comerciantes iban “contra el bando” del Rey de España, es decir, que eran “contrabandistas”.
Ahora bien: aclarado el origen de la palabra, conocidos los motivos que llevaron a condenar esa práctica y tratar a las personas de forma represiva (para impedir la comercialización entre habitantes de “territorios enemigos”), sin ser expertos, deberíamos analizar la legalidad y el valor que dicha idea protectora tiene por la vía de los hechos hoy día.
Quizás siguiendo esa premisa de proteger la producción de este “bando”, transformado luego en república y país independiente, siguiendo el interés comercial y económico de las clases empresariales propietarias de la mayoría de los medios de producción o del comercio internacional más próximo al puerto de Montevideo, el espíritu del legislador haya sido incluir en los texto legales subsiguientes la prohibición de comprar mercaderías de un lado de la frontera y pasarla al otro, tratando de proteger el capital local, aun a sabiendas de que su aplicabilidad real siempre fue imposible.
Lo que no se entiende, es cómo una norma de tales características se mantiene vigente incluso en la actualidad, cuando desde sus orígenes fue violada, transgredida e ignorada, pero que además hoy día ya no tiene casi ninguna producción nacional que proteger. Resulta difícil comprender qué ha llevado a casi todos los legisladores a conservar una ley que contradice un marco regional como el Acuerdo de Asunción (MERCOSUR), que es injusta y que afecta más de lo que beneficia a la mayoría de la población; pero sobre todo, que violenta derechos humanos fundamentales de las personas que habitan en las zonas de frontera, ya que no les permite tener una vida decorosa, les prohíbe adquirir los bienes necesarios para su bienestar en el lugar donde está más barato, sólo porque hay que proteger al importador nacional (que se beneficia de comprar en el exterior lo que no se produce en el país, recibirlo en puerto y distribuirlo con niveles de ganancia exorbitantes, generando incluso monopolios injustos y desleales, que vuelven imposible el acceso a esos productos).
La primera pregunta que nos surge es: ¿por qué puedo elegir dónde comprar dentro de mi ciudad, pero si lo que necesito y es más barato o de mejor calidad está del otro lado de la calle o del río, no lo puedo comprar porque está fuera del territorio nacional? ¿Por qué se aplican impuestos de importación que llegan a superan el valor del propio producto, desincentivando así la importación legal, y no se regula el comercio regional, si estas personas no quieren perjudicar a nadie, no quieren ir presas ni perder lo que tienen, sino que sólo quieren poder ganarse el pan con dignidad?
Éstos y otros conceptos fueron los que movieron a Nicolás Fariña y Richar Enry Ferreira a empezar a cuestionar esta realidad, para honrar la memoria de toda la gente que, de un modo u otro, viajaba a la frontera a ganarse un jornal, y para recordar a los que perdieron su vida en esos caminos y rutas de necesidad a caballo, en bicicleta, en moto o a pie -los cuales han sido plasmados en cuatro esculturas en hierro de más de tres metros de altura que Fariña realizó-. Porque está muy claro que nadie subía a un caballo para tirotearse con la Policía, ni a una bicicleta para que el Ejército le sacara todo, o a una moto para morir aplastado por la carga, o a un ómnibus con bolsitos para que la Aduana le incaute lo poco que intenta pasar, sólo por placer; aquí el factor determinante fue y es la necesidad de un empleo, de un ingreso económico que les diera a ellos y a sus familias un poco de esperanza para soñar.
Obviamente, la decisión de tratar este tema no fue fácil. Poco tiempo antes, una agrupación política de Tacuarembó se había lanzado a la campaña electoral bajo el slogan “Un bagayero, un patriota”, y había sido denunciada por un líder de la oposición política por apología del delito; sin embargo, nada estaba más lejos de esta iniciativa histórica, cultural y social que alentar la comisión de esta práctica ilegal.
No podemos negar asimismo que, ante los cambios y transformaciones de la nueva era política y moral global, por la misma época un legislador llegó a pensar en que se podría despenalizar el contrabando (esto es, que dejara de ser considerado delito), lo cual aunque inédito, no parecía una locura: al fin y al cabo, hasta hace muy poco el aborto era ilegal, consumir marihuana en la vía pública o pensar en la unión conyugal de personas del mismo sexo también. De modo que el foco de estos trabajos se centró en dar la discusión histórica, recordar a aquellas personas y preservar sus memorias de vida.
En próximas publicaciones les seguiremos contando más sobre esta otra perspectiva fronteriza.
RICHAR ENRY FERREIRA - Productor y documentalista, investigador, escritor, periodista y amigo de la naturaleza.
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