Adriana Besso
Cuando decidimos organizar desde ANDCU el encuentro del 27 de agosto de este año en el Parlamento, sabíamos que sentar en la misma mesa al regulador (BCU), a la banca pública (BROU), al sindicato (AEBU), al IPRU, Legisladores, Asesor Financiero, y a la academia era ambicioso, pero indispensable.
Mi experiencia como consultora internacional me ha enseñado que el sobreendeudamiento no se soluciona con parches, sino con consensos profundos, y me indica que no podemos seguir tratando el problema de forma aislada. Y es así, que ese evento marcó el inicio de un frente unido para proteger el bolsillo de la gente, y, con el objetivo de elevar el nivel del debate en Uruguay. En el 2025 durante los últimos meses después de la reestructura de los bancos sumo 150.000 deudores más volviendo a ingresar a la categoría 5 del BCU.
Como también un estudio nos muestra que más del 40% de los jóvenes deudores son considerados irrecuperables debido a su dificultad en la capacidad de pago, de acuerdo a un informe sobre endeudamiento entre personas de menos de 30 años, y además el relevamiento, que toma datos de la Central de Riesgos Crediticios (CRC), muestra además que la mayor parte de los deudores jóvenes con dificultades tienen deudas de crédito al consumo con Empresas Administradoras de Crédito. Este año se volvió a incrementar en 1,1% el endeudamiento en los consumidores en relación con sus ingresos según el Reporte del Sistema Financiero del BCU, y, particularmente, llega a un 10% de aumento en el último año. Tenemos el 64,4% de la población total del país con deudas activas, En crédito al consumo, los datos de junio de 2026 muestran dificultades en el 44,98% de los deudores de 18 a 29 años. Existen cerca de 37.000 empresas en situación de morosidad, acumulando una deuda en el sistema de unos quince mil millones de pesos uruguayos, a julio de 2025.
El 99% de este universo moroso corresponde a Micro y Pequeñas Empresas, un sector cuyo acceso al crédito es restringido y que sufre de forma desproporcionada los ciclos de ahogo financiero. En el BROU cuando llamaron a refinanciar eran unos 30.000 clientes con esa posibilidad o también cancelar, solicitaron refinanciación aproximado un 20%, y hubo un 39% que, debieron extornar el convenio de pago por incumplimiento. Las tarjetas de crédito fueron hechas como un “alivio” para solventar los gastos a largo plazo de las familias, pero ya un estudio nos muestra que no lo están siendo por lo que se están usando compran en supermercado s, gastos de salud, abonan organismos públicos, y en cuotas, por el pago mínimo, van a reestructuras con los bancos, etc.
Se hace evidente que el sobreendeudamiento no puede seguir abordándose únicamente desde una perspectiva técnica o matemática; requiere una intervención integral con un fuerte enfoque humanista. Para revertir esta crisis, recomendamos implementar con urgencia tres pilares de acción: primero, el diseño de programas públicos de salud mental y educación financiera que desmitifiquen y eliminen el estigma social de la deuda, permitiendo al usuario buscar ayuda a tiempo brindando información clara sobre el costo del crédito, capacidad de pago y riesgos asociados al endeudamiento , A su vez, llegamos a una misma e inquietante conclusión: el mayor obstáculo para resolver una deuda la vergüenza. Quienes atraviesan un problema de sobreendeudamiento suelen vivirlo en un absoluto y doloroso silencio. expositores coincidimos en que la carga emocional de ocultar una crisis financiera de esta magnitud suele desencadenar problemas de salud serios, tales como estados crónicos de angustia, depresión y un deterioro general del bienestar de la persona Segundo, el endurecimiento de los marcos regulatorios y de fiscalización sobre las agencias de cobranza para sancionar severamente el hostigamiento extrajudicial. Se necesita protección de la intimidad, dignidad y tranquilidad del consumidor. Y tercero, la creación de mecanismos accesibles y seguros de mediación legal y refinanciamiento en la banca formal, cerrando así el paso a las economías criminales del "gota a gota" que esta creciendo en todo el país, Cuando una persona siente que ya no tiene opciones, que la banca formal le dio la espalda y que el hostigamiento no la deja dormir, cae fácilmente en las redes de estos prestamistas informales que prometen dinero rápido y sin trámites , pero es una trampa mortal: las tasas de interés son impagables y, cuando el deudor no puede cumplir, las agencias de cobranza abusivas quedan en el olvido, siendo reemplazadas por amenazas de muerte, violencia y extorsiones que destruyen por completo la tranquilidad de familias enteras. Uruguay necesita, con urgencia, reglas de juego claras para desactivar esta bomba de tiempo social El endeudamiento hoy no es para comprar lujos, sino para comer, pagar tarifas o comprar medicamentos, o afectando directamente el salario real y las jubilaciones El proyecto que esta en estudio debe ser para todos los ciudadanos, dado que todos somos consumidores, como también elevar el valor de los inmuebles que se establecen en el mismo, ya que se dejan a un sin numero de endeudados fuera de que puedan ampararse en el si se aprueba por el hecho de en su momento haberse podido comprar una casa, o la heredaron, pero hoy en día su situación económica es sumamente compleja, y angustiante. Además legislar para una sola categoría de deudores fragmentaría la respuesta ante una problemática que no discrimina ingresos ni profesiones. Una verdadera "ley de deudores" debe estructurarse como una red de seguridad para cualquier ciudadano que, de buena fe, haya caído en una situación de insolvencia de la que no puede salir de forma autónoma. El éxito de este proyecto radicará en su capacidad para ofrecer mecanismos de reestructuración claros, justos y accesibles para todos, garantizando tanto la dignidad de las familias como la salud del sistema financiero.
Uruguay se encuentra ante una oportunidad histórica de actualizar su marco normativo bajo criterios de equidad y responsabilidad social. Dejar por fuera a una parte de los consumidores no solo perpetuaría su exclusión económica, sino que limitaría el impacto real de la reforma. El mensaje del diálogo multisectorial en el Parlamento es contundente: frente al sobreendeudamiento, la solución debe ser integral, inclusiva y para todo el país.
El desafío del Derecho del Consumo consiste, en definitiva, en encontrar un equilibrio entre el derecho del acreedor y la protección del consumidor, procurando que el cumplimiento de las obligaciones no comprometa su dignidad ni sus condiciones esenciales de vida. Proteger al consumidor sobreendeudado no significa proteger la deuda: significa proteger a la persona que está detrás de la deuda.
Lo que quedó claro en el Parlamento es que las respuestas individuales ya no alcanzan para un problema que es profundamente político y estructural. Si el BCU, la banca pública, el sindicato, la academia y los técnicos coinciden en la gravedad del abismo, la inacción legislativa es imperdonable. No se trata de rescatar a deudores irresponsables; se trata de liberar a las familias trabajadoras, jubilados y pensionistas de una trampa crediticia sin fin. El sistema financiero debe estar al servicio del desarrollo y el bienestar de la gente, y no la vida de la gente al servicio de cuotas impagables. Las conclusiones de este diálogo multisectorial dejan en claro que el problema del sobreendeudamiento es estructural y, por lo tanto, requiere soluciones sistémicas. El Parlamento uruguayo fue testigo de una coincidencia histórica entre los diversos actores sociales, académicos políticos y económicos: el sistema actual necesita reglas más justas y transparentes. La viabilidad económica de las familias uruguayas está en juego, y la postergación de estas reformas ya no es una alternativa viable para el país.
Adriana Besso
Consultora Internacional en Derechos del Consumidor
Presidenta de Andcu
Cuando decidimos organizar desde ANDCU el encuentro del 27 de agosto de este año en el Parlamento, sabíamos que sentar en la misma mesa al regulador (BCU), a la banca pública (BROU), al sindicato (AEBU), al IPRU, Legisladores, Asesor Financiero, y a la academia era ambicioso, pero indispensable.
Mi experiencia como consultora internacional me ha enseñado que el sobreendeudamiento no se soluciona con parches, sino con consensos profundos, y me indica que no podemos seguir tratando el problema de forma aislada. Y es así, que ese evento marcó el inicio de un frente unido para proteger el bolsillo de la gente, y, con el objetivo de elevar el nivel del debate en Uruguay. En el 2025 durante los últimos meses después de la reestructura de los bancos sumo 150.000 deudores más volviendo a ingresar a la categoría 5 del BCU.
Como también un estudio nos muestra que más del 40% de los jóvenes deudores son considerados irrecuperables debido a su dificultad en la capacidad de pago, de acuerdo a un informe sobre endeudamiento entre personas de menos de 30 años, y además el relevamiento, que toma datos de la Central de Riesgos Crediticios (CRC), muestra además que la mayor parte de los deudores jóvenes con dificultades tienen deudas de crédito al consumo con Empresas Administradoras de Crédito. Este año se volvió a incrementar en 1,1% el endeudamiento en los consumidores en relación con sus ingresos según el Reporte del Sistema Financiero del BCU, y, particularmente, llega a un 10% de aumento en el último año. Tenemos el 64,4% de la población total del país con deudas activas, En crédito al consumo, los datos de junio de 2026 muestran dificultades en el 44,98% de los deudores de 18 a 29 años. Existen cerca de 37.000 empresas en situación de morosidad, acumulando una deuda en el sistema de unos quince mil millones de pesos uruguayos, a julio de 2025.
El 99% de este universo moroso corresponde a Micro y Pequeñas Empresas, un sector cuyo acceso al crédito es restringido y que sufre de forma desproporcionada los ciclos de ahogo financiero. En el BROU cuando llamaron a refinanciar eran unos 30.000 clientes con esa posibilidad o también cancelar, solicitaron refinanciación aproximado un 20%, y hubo un 39% que, debieron extornar el convenio de pago por incumplimiento. Las tarjetas de crédito fueron hechas como un “alivio” para solventar los gastos a largo plazo de las familias, pero ya un estudio nos muestra que no lo están siendo por lo que se están usando compran en supermercado s, gastos de salud, abonan organismos públicos, y en cuotas, por el pago mínimo, van a reestructuras con los bancos, etc.
Se hace evidente que el sobreendeudamiento no puede seguir abordándose únicamente desde una perspectiva técnica o matemática; requiere una intervención integral con un fuerte enfoque humanista. Para revertir esta crisis, recomendamos implementar con urgencia tres pilares de acción: primero, el diseño de programas públicos de salud mental y educación financiera que desmitifiquen y eliminen el estigma social de la deuda, permitiendo al usuario buscar ayuda a tiempo brindando información clara sobre el costo del crédito, capacidad de pago y riesgos asociados al endeudamiento , A su vez, llegamos a una misma e inquietante conclusión: el mayor obstáculo para resolver una deuda la vergüenza. Quienes atraviesan un problema de sobreendeudamiento suelen vivirlo en un absoluto y doloroso silencio. expositores coincidimos en que la carga emocional de ocultar una crisis financiera de esta magnitud suele desencadenar problemas de salud serios, tales como estados crónicos de angustia, depresión y un deterioro general del bienestar de la persona Segundo, el endurecimiento de los marcos regulatorios y de fiscalización sobre las agencias de cobranza para sancionar severamente el hostigamiento extrajudicial. Se necesita protección de la intimidad, dignidad y tranquilidad del consumidor. Y tercero, la creación de mecanismos accesibles y seguros de mediación legal y refinanciamiento en la banca formal, cerrando así el paso a las economías criminales del "gota a gota" que esta creciendo en todo el país, Cuando una persona siente que ya no tiene opciones, que la banca formal le dio la espalda y que el hostigamiento no la deja dormir, cae fácilmente en las redes de estos prestamistas informales que prometen dinero rápido y sin trámites , pero es una trampa mortal: las tasas de interés son impagables y, cuando el deudor no puede cumplir, las agencias de cobranza abusivas quedan en el olvido, siendo reemplazadas por amenazas de muerte, violencia y extorsiones que destruyen por completo la tranquilidad de familias enteras. Uruguay necesita, con urgencia, reglas de juego claras para desactivar esta bomba de tiempo social El endeudamiento hoy no es para comprar lujos, sino para comer, pagar tarifas o comprar medicamentos, o afectando directamente el salario real y las jubilaciones El proyecto que esta en estudio debe ser para todos los ciudadanos, dado que todos somos consumidores, como también elevar el valor de los inmuebles que se establecen en el mismo, ya que se dejan a un sin numero de endeudados fuera de que puedan ampararse en el si se aprueba por el hecho de en su momento haberse podido comprar una casa, o la heredaron, pero hoy en día su situación económica es sumamente compleja, y angustiante. Además legislar para una sola categoría de deudores fragmentaría la respuesta ante una problemática que no discrimina ingresos ni profesiones. Una verdadera "ley de deudores" debe estructurarse como una red de seguridad para cualquier ciudadano que, de buena fe, haya caído en una situación de insolvencia de la que no puede salir de forma autónoma. El éxito de este proyecto radicará en su capacidad para ofrecer mecanismos de reestructuración claros, justos y accesibles para todos, garantizando tanto la dignidad de las familias como la salud del sistema financiero.
Uruguay se encuentra ante una oportunidad histórica de actualizar su marco normativo bajo criterios de equidad y responsabilidad social. Dejar por fuera a una parte de los consumidores no solo perpetuaría su exclusión económica, sino que limitaría el impacto real de la reforma. El mensaje del diálogo multisectorial en el Parlamento es contundente: frente al sobreendeudamiento, la solución debe ser integral, inclusiva y para todo el país.
El desafío del Derecho del Consumo consiste, en definitiva, en encontrar un equilibrio entre el derecho del acreedor y la protección del consumidor, procurando que el cumplimiento de las obligaciones no comprometa su dignidad ni sus condiciones esenciales de vida. Proteger al consumidor sobreendeudado no significa proteger la deuda: significa proteger a la persona que está detrás de la deuda.
Lo que quedó claro en el Parlamento es que las respuestas individuales ya no alcanzan para un problema que es profundamente político y estructural. Si el BCU, la banca pública, el sindicato, la academia y los técnicos coinciden en la gravedad del abismo, la inacción legislativa es imperdonable. No se trata de rescatar a deudores irresponsables; se trata de liberar a las familias trabajadoras, jubilados y pensionistas de una trampa crediticia sin fin. El sistema financiero debe estar al servicio del desarrollo y el bienestar de la gente, y no la vida de la gente al servicio de cuotas impagables. Las conclusiones de este diálogo multisectorial dejan en claro que el problema del sobreendeudamiento es estructural y, por lo tanto, requiere soluciones sistémicas. El Parlamento uruguayo fue testigo de una coincidencia histórica entre los diversos actores sociales, académicos políticos y económicos: el sistema actual necesita reglas más justas y transparentes. La viabilidad económica de las familias uruguayas está en juego, y la postergación de estas reformas ya no es una alternativa viable para el país.
Adriana Besso
Consultora Internacional en Derechos del Consumidor
Presidenta de Andcu
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