FISCAL ENRIQUE VIANA “Rocha es una gran joya que se disputan poderosos intereses económicos”.

ENTREVISTA EXCLUSIVA DE EL ESTE

FISCAL ENRIQUE VIANA: PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS

“IMPONEN ACTOS ADMINISTRATIVOS ILEGALES.”

Escribe Juan José Pereyra

Lo llaman “el Fiscal verde” por su continuo accionar en defensa de los temas ambientales. Ha presentado recursos relacionados con decisiones en torno a prácticamente todas las megainversiones. Hace pocos días lo hizo en relación al puerto de aguas profundas en El Palenque.

El Este entrevistó al Fiscal Enrique Viana para conocer su posición en relación a temas que, todos coinciden, son nuevos y complejos

¿Por qué cree que tantos megaproyectos están destinados a Rocha?

Hace por lo menos tres años que vengo diciendo que la última batalla de la guerra perdida, de alguna manera, del Uruguay Natural, se iba a dar en el departamento de Rocha.

Esto lo digo por una serie de anuncios que se venían haciendo desde hace unos cuántos años, por circunstancias naturales que adornan el departamento de Rocha y también por algunas circunstancias históricas.

En Rocha siempre hubo una gran discusión por la propiedad de los inmuebles que comenzó ya en la época de la colonia.

A eso se suma la salida oceánica, la forestación muy cercana, la cuestión de Aratirí y el famoso mineroducto. Todo eso lleva a esta realidad.

También hay presiones de intereses para promover distintos emprendimientos turísticos y Rocha está ofreciéndose hoy como una especie de gran joya que se disputan parcialmente o fragmentariamente distintos intereses económicos.

En esa realidad los intereses generales, como la protección al medio ambiente entre otros, pasan a un segundo plano cuando justamente la Constitución lo que establece es que deben ser prioritarios y estar por encima de los intereses lucrativos.

¿Por qué denunció “actos administrativos ilegales” en relación al puerto?

El puerto de aguas profundas es el puerto de Aratirí. Si uno lee la escasa documentación que ha salido a la luz, hay un resumen muy fragmentado de un informe que se hizo para Presidencia de la República.

Allí se menciona la minería no menos de tres o cuatro veces y a Aratirí un par de veces, concretamente indicando que es el llamador más importante para la construcción de ese puerto de aguas profundas.

Es sabido que Aratirí venía negociando con el Poder Ejecutivo distintos lugares donde instalar su puerto. Lo curioso que se da es que ya se han dispuesto algunas decisiones administrativas, como expropiación de los inmuebles respectivos donde se instalaría el puerto, siendo que todavía el puerto no ha sido autorizado.

La Constitución exige que los puertos sean autorizados por ley con una especificación clara de dónde se van a instalar.

Eso todavía no está, porque el Poder Ejecutivo después que dispuso las expropiaciones, recién mandó un proyecto de ley que estará a consideración del Parlamento en los próximos meses.

Pero todavía el puerto no ha sido habilitado y ya se están disponiendo expropiaciones.

Al mismo tiempo, si esa circunstancia que referíamos es clara y notoria, que el puerto es para Aratirí, tampoco Aratirí ha sido autorizada.

Esto significa que, con la autorización del puerto antes que la autorización de la industria, se nos está queriendo decir, política de hechos consumados mediante, que tenemos autorizados de hecho tanto el puerto como Aratirí.

Y esto estando en trámite los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

Qué valor le podemos asignar a esas evaluaciones que en teoría tiene que hacer el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente, si ya hay decisiones superiores del propio Poder Ejecutivo que indican que va a haber puerto y que va a haber Aratirí.

La Fiscalía tiene un proceso iniciado hace dos años respecto a Aratirí y entre otras consideraciones que ya en aquel momento se hacían, se advertía respecto de los impactos que iba a generar un puerto en la costa oceánica, más la llegada del mineroducto, las fuentes de energía y otros elementos propios del impacto de la megaminería a cielo abierto que se propone.

¿Se está frente a gigantes?

Sí, así es, no hay que ocultar esa realidad. Eso pone en cuestionamiento algo mucho más grave todavía que la protección ambiental o que el ordenamiento territorial.

Está en cuestionamiento la supervivencia de Uruguay como una república y como un Estado soberano.

Nuestra Constitución dice que somos un Estado soberano independiente de todo poder extranjero.

Esos primeros artículos de la Constitución obviamente hacían referencia a la existencia de otros Estados, otros imperios que en aquel momento, 1830, pretendían adueñarse de nuestro territorio nacional.

Hoy nos enfrentamos a un fenómeno nuevo, en parte parecido a aquel. Lo nuevo es que quienes pretenden llevarse todo por delante, entre ello la autoridad estatal y la voluntad soberana, son empresas privadas.

Son grandes corporaciones que para conseguir ese propósito se asocian con el Estado mediante los famosos contratos de inversión.

Esos contratos suponen que la autoridad del Estado queda condicionada a los intereses lucrativos de estas grandes empresas.

Tenemos ejemplos muy conocidos como Montes del Plata y también el que involucra al departamento de Rocha con la Laguna Garzón.

El Estado está interesado sí en hacer el puente sobre la Laguna Garzón, pero porque detrás de ese interés, existe el interés de un privado de que ese puente facilite la llegada a una suerte de ciudad que se va a construir a continuación y eso favorece su negocio inmobiliario.

Esa realidad de la existencia de funcionarios públicos que están representando intereses privados, a la que lamentablemente nos estamos acostumbrando, deja al ciudadano común en una situación de indefensión frente a intereses sumamente poderosos que tienen a su disposición, a su gestión, al propio Estado.

¿Por qué afirma que estas empresas son casi un Estado Nación?

Estas empresas tienen una aspiración, la intención de convertirse en una suerte de cuasi Estados. Pretenden que estos contratos que firman con los Estados Nación se conviertan en Tratados. Negocian con los Estados de igual a igual y muchas veces de superior a inferior.

Yo he dicho un poco en broma y un poco en serio que en cualquier momento van a ser incorporados a Naciones Unidas.

Para decirlo en términos jurídicos, pretenden convertirse en nuevos sujetos de derecho internacional, público, inclusive: tener la condición de cuasi Estados.

Respecto a estas corporaciones intento evitar la denominación multinacional o trasnacional porque eso da la sensación de que tienen más de una nacionalidad.

Tienen sí sus domicilios y estos pueden ser múltiples y pueden servir como punto de conexión con los Tratados de inversión que los protegen.

Pero en realidad estas corporaciones se mueven a lo largo del globo terráqueo con absoluta independencia y soberanía respecto de los Estados donde tienen sus domicilios.

Yo las llamo corporaciones a-nacionales porque no tienen nacionalidad, no tienen patria, su patria es el lucro.

También en La Paloma hay un conflicto con la salida de madera

La situación en La Paloma tiene la misma gravedad que estas otras realidades que analizamos. Se trata no sólo de toda la actividad portuaria sino además todo lo previo: el trasiego de la madera a través de la ciudad de La Paloma con las características especiales que tiene La Paloma.

Es un nuevo fenómeno de ese condicionamiento: el Estado acondiciona un puerto, hace una explanada para el acopio de la madera en este caso, ahora aparentemente está haciendo una suerte de ruta o de camino cuasi clandestino. Todo eso sin haberse seguido siquiera las formalidades de un proceso de evaluación de impactos ambientales. Toda esa actividad va a ser realizada sin haber cumplido con la ley.

Más allá de que uno pueda desconfiar de la forma en que cumple con la ley el Ministerio de Medio Ambiente, acá se hizo todo lo posible para evitar que el ministerio tuviera intervención.

Incluso se llegó a firmar un convenio donde aparece el Ministerio de Turismo y la propia Intendencia. Pero ese convenio se hizo así para que no figurara el Ministerio de Medio Ambiente, porque si hubiera asomado su nariz al tema, inevitablemente tenía que hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental.

La Fiscalía tiene un proceso iniciado respecto de eso y ya intimó a las autoridades a que se realice ese estudio. Se ha contestado que no es el caso de hacerlo y la Fiscalía está preparando medidas para intentar detener esta actividad que se convierte en clandestina.

Cuando una actividad no cumple con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es una actividad clandestina.

Se está realizando al margen de lo que establece la ley de impacto ambiental.

¿Nadie más se interesa de estos temas a nivel de la Justicia?

He sostenido muchas veces que en Uruguay existe una jurisprudencia anti ambiental refiriéndome al Poder Judicial. Si se revisan las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, no hay una sola que ampare la protección del medio ambiente.

En Argentina o Brasil los órganos superiores de Justicia dictan, no digo que todos los días, pero en forma habitual y periódica, sentencias en protección del medio ambiente.

Eso acá en el Uruguay no lo tenemos y hasta que no lo modifiquemos, hasta que esa jurisprudencia no cambie, tanto el Estado como esos intereses lucrativos poderosos que se asocian al Estado, van a tener una sensación de impunidad.

La sensación de que acá en el Uruguay se puede hacer cualquier cosa.

Si la justicia no condena, no ampara la protección del medio ambiente, todo vale.

Y cuando se da la sensación del todo vale, la realidad supera cualquier previsión jurídica.

Ese es el gran desafío de los próximos años.

Quizás las primeras decisiones judiciales se tomen cuando el agua ya esté al cuello o cuando los daños ambientales estén en el zaguán de las casas de los propios ministros de la Corte.

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