LA POLÉMICA EN PAYSANDÚ
La inocencia a las brasas
+ Nicolás Delgado @nicodelgado13 -
Es medianoche de lunes en Paysandú. Al recorrer la calle Uruguay, ubicada a dos cuadras de la plaza del centro, llega pronto la propuesta de una jovencita de 26 años: “¿Vamos?”. “¿Cuánto?”. “Trescientos el completo y te hago todito”, responde. Ante la aclaración de que el único interés de un contacto con ella es el periodístico, rechaza la propuesta. “Lo único que te puedo decir es que la calle es cualquiera”, dice. Tiene el ojo izquierdo morado e intenta esconderlo con un mechón de pelo. También rechaza la invitación a tomar un café al otro día. “Tengo que trabajar”, se excusa, cruza la calle y vuelve a tirar besos a los autos que pasan con la esperanza de que alguno frene, la lleve a un motel y pague.
En la tarde del lunes, la jueza Karen Ramos había procesado con prisión al entonces secretario general de la Intendencia, Horacio de los Santos, por “participar de una fiesta impúdica” en un local municipal con menores de edad. Poco tuvo de “asado familiar”, como declaró De los Santos. Hubo cocaína a discreción y participaron cuatro menores: dos de 17 años, una de 16 y otra de 14. Desde hace días, los sanduceros repasan los pormenores de la fiesta, las declaraciones del procesado en el diario local y su encarcelamiento. Pero al mismo tiempo, para la mayoría no es hecho extraño. La prostitución callejera es moneda corriente y los casos de explotación sexual de menores desfilan por el juzgado. En menos de un año, hubo tres en Paysandú (ver Casos).
De todas maneras, hay que separar las aguas. Mientras el ejercicio de la prostitución, desde los 18 años, está permitido y es legal, la explotación sexual de menores es una violación de los derechos humanos y un delito que merece en Uruguay una pena inexcarcelable que oscila entre dos y 12 años de penitenciaría, según la ley 17.815. Y todos los casos, incluso cuando el o la menor acuerda mantener contactos sexuales o eróticos a cambio de pago, son considerados delito.
A su vez, no es necesario que se concrete el acto para que los mayores terminen tras las rejas; con la promesa de pago, alcanza. Por eso, la fiscal Estela Long solicitó el procesamiento con prisión de De los Santos por “promesa de retribución a menor de edad para que ejecute actos sexuales o eróticos”. Si bien De los Santos no mantuvo relaciones con la menor, le hizo una propuesta, declararon la adolescente y dos testigos. Sin embargo, la jueza entendió que las pruebas presentadas no eran suficientes para procesarlo por esa causa y, en cambio, le tipificó “abuso de funciones en casos no previstos por la ley”, un delito excarcelable. La debilidad de las pruebas es uno de los principales problemas que enfrentan los magistrados ya que, en la mayoría de este tipo de casos, es palabra contra palabra.
Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapese), advierte que “el pasaje del abuso y la explotación sexual a la prostitución es prácticamente mecánico”.
A pesar de las intervenciones estatales, las cifras internacionales sobre víctimas que logran escapar a la espiral de explotación y abuso son desalentadoras, explica Sergio Pereyra, director del Programa de atención a víctimas de trata y o explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, inaugurado en febrero de este año.
Los ejemplos sobran. En 2011, una pareja de Curtina fue procesada con prisión por no cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad. Sus tres hijas menores, víctimas de explotación sexual, fueron a parar al INAU de Tacuarembó. “Se fugaban y se escondían en la casa donde vivía otra adolescente” que les conseguía clientes, explicó la jueza Julia Staricco, que, el año pasado, procesó a los padres y a dos clientes por contribución y retribución a menores para ejecutar actos sexuales, respectivamente.
La mayor resistencia para enfrentar el problema está, según los expertos, en el Poder Judicial, la sociedad y las víctimas. Son contados los casos en los que los clientes terminan tras las rejas. En el último caso, por el que terminó en la cárcel el exsecretario de la Intendencia, las menores nombraron a varios clientes en el juzgado, pero ninguno ha sido procesado. De todas maneras, la jueza no ha terminado su actuación y citará a varios de ellos.
En cuanto a la responsabilidad social, Purtscher, parafraseando al sociólogo francés Pierre Bourdieu, asegura que señalar a las víctimas como cómplices es una forma de “dominación encarnada”. No es adecuado, por ello, hablar de “prostitución infantil”, sino de “explotación sexual”. Para la sociedad, visualizar a las adolescentes como víctimas, cuesta. En entrevista con el diario sanducero El Telégrafo, de los Santos dijo: “El único motivo por el cual la fiscal está pidiendo mi procesamiento es porque una joven de 17 años, que el mes siguiente cumple 18, dice que yo ofrecí dinero indirectamente a través de la encargada de la Casita, a cambio de servicios sexuales”. Al decir que la menor tiene casi 18 años, el exsecretario de la Intendencia parece intentar justificar que lo suyo no fue tan grave.
Purtscher considera que “la naturalización del fenómeno” es uno de los escollos más potentes. “La comunidad convive con situaciones de explotación y se inmoviliza. Esa inmovilidad no es necesariamente desinterés; puede ser no saber qué hacer, puede ser miedo. En poblaciones pequeñas, en las que las relaciones son cara a cara, no es fácil hacer una denuncia o encarar el tema”, expresó. Por su parte, el representante del Mides en Paysandú, Carlos Damico, sostiene que, en ese departamento, este “es un tema que todavía está en el placar”.
A la resistencia de la sociedad a visualizar a las víctimas como tales, se suma la mirada de las menores abusadas. Purtscher expresó que, en la mayoría de los casos, “no se ven como víctimas ni necesariamente quieren salir de la situación de explotación. Se sienten queridas, sienten el aprecio que quizá nunca sintieron antes”.
El desafío del Programa de atención a víctimas... es tan complejo como “construir una alternativa de vida”, algunas veces, alejadas de sus familias.
Es el desafío, por ejemplo, de tres menores de entre 9 y 14 años que, según El Telégrafo, están internadas en el INAU de Paysandú desde enero. Este verano, un familiar denunció a la madre y al padrastro de las menores por explotarlas sexualmente en un bar clandestino de Tiatucurá, un poblado de 20 casas del este de Paysandú, sobre la frontera con Tacuarembó. El fiscal Carlos Motta solicitó el procesamiento con prisión de la mujer, el padrastro, de clientes y del policía que custodiaba el pueblo, en este último caso por omisión de los deberes del cargo. La jueza Ramos espera que las defensas presenten sus alegatos.
A pesar de que en el último año llegaron al juzgado de Paysandú tres casos de explotación sexual de menores, para el intendente de ese departamento, Bertil Bentos, “son hechos aislados”. De todas maneras, reconoce que la prostitución está bastante extendida, pero considera que es un tema que no le compete. “Si todavía tuviéramos el contralor de la prostitución, en la Intendencia nos volveríamos locos”, dijo a El Observador.
Son embargo, quienes trabajan en el tema, advierten que Paysandú presenta particularidades que fomentan el surgimiento del problema. Purtscher, licenciado en Sociología, dice que “Paysandú reúne características geográficas, sociales y económicas que generan un escenario vulnerable para la aparición de fenómenos vinculados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”. Purtscher advierte que el puente internacional con Argentina y la ruta de camioneros que pasa por la ciudad son factores que intervienen en esta problemática. “Este es un fenómeno que se produce por la demanda. Hay actividades desarrolladas por hombres, y hombres en tránsito, que generan una demanda superlativa en esos escenarios. Esto sin hacer desaparecer la demanda local, que siempre existe”, agregó.
El jefe de Policía del departamento, Alberto Camacho, destaca que Paysandú “tiene mucha población flotante, empleados zafrales en las forestales y corredores productivos y turísticos, lo que genera una gran demanda”. El poblado Tiatucurá, por ejemplo, está rodeado de forestales.
En este sentido, Purtscher explicó que “cada localidad tiene su historia y en su historia se pueden rastrear algunas causas del fenómeno. Pensar en Paysandú implica ver qué pasó con esa sociedad y esa economía, basada en una estructura fabril, tras un cierre de fábricas y un cambio de modelo”, dijo. El presidente de Conapese considera que “hay un proceso de destrucción del tejido social” en ese departamento.
En eso, coincide el intendente. “El viejo Paysandú industrial ya no existe”, dijo Bentos. En la lista de fábricas que cerraron desde la década de 1990 o redujeron su personal están Paylana, Paycuero, Norteña y Azucarlito.
Damico, del Mides, recuerda que “en la década de 1990 había menores trabajando en la calle”, y se remonta a mitad del siglo pasado para explicar el fenómeno. “Empezó con el desarrollo agroindustrial que tuvo Paysandú en los 40, que crea una gran migración interna. Paysandú tenía 70 mil habitantes y pasó a 90 mil en poco tiempo, hasta llegar a los 114 mil de hoy. La matriz industrial generó demanda y circulante de dinero. La matriz ya no está más, pero la gente y el problema quedaron”, dijo a El Observador.
Purtscher propone integrar al análisis la presencia del contrabando como un factor más de la sociedad sanducera. “Si el contrabando está naturalizado, si el bagashopping tiene su lugar permanente, hay fronteras entre lo legal y lo delictivo que juegan en esa cultura. Se presentan estrategias de supervivencia en que el delito no está descartado. Pero una cosa es cuando eso implica violar algunas normas de carácter aduanero o tributario y otra cuando las mercancías son gurises”.
La directora de INAU Paysandú, Elizabeth Ipar destaca que el problema no es local, sino nacional. La historia reciente le da la razón. En Velázquez, Rocha, el tema sacudió el poblado en diciembre de 2011, cuando una adolescente de 15 año, víctima de explotación sexual, apareció estrangulada en un aljibe.
Damico sostiene que cuando aparece un caso es porque atrás hay más. “Es la punta de un iceberg”, dice. Piensa y agrega: “Estoy seguro de que en otros lugares donde no hay tantas intervenciones está pasando también”.
CASOS EN PAYSANDÚ
La banda de El Zorro EscobarEl Zorro Escobar, un hombre de 45 años con antecedentes penales por lesiones graves y homicidio, vivía en la ciudad de Paysandú con sus tres “esposas”, según declaró ante el juez. Reclutaba menores en Paysandú y las trasladaba a Young, en Río Negro, y luego al exterior. Junto a cuatro hermano y otros dos hombres de su red fue procesado con prisión en agosto del año pasado.
Asado en La Casita del Parque
El miércoles 17 de julio, previo al feriado, Sergio Carballo, con antecedentes por estafa, organizó un “asado con amigos”. El exsecretario de la Intendencia, Horacio de los Santos, consiguió el lugar: La Casita del Parque, un local municipal. Hubo cocaína a discreción y participaron cuatro menores. Carballo, De Los Santos y la funcionaria que custodiaba el local fueron procesados con prisión. Clientes mencionados por las menores declararán en los próximos días.
El bar de Tiatucurá
Un familiar denunció en Tiatucurá, un pequeño poblado de Tacuarembó, a una madre por explotar sexualmente a sus tres hijas menores, de entre 9 y 14 años, en un bar clandestino. Las víctimas permanecen en el hogar de amparo del INAU de Tacuarembó. El fiscal pidió el procesamiento con prisión de la madre, el padrastro y clientes. Luego del alegato de las defensas, la jueza resolverá.
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