Hay 21 unidades que pueden hacerlo y es "difícil de controlar"
El País
En una comisión parlamentaria diputados
del FA y la oposición manifestaron su convencimiento de que sus
teléfonos pueden estar pinchados. El propio ministro del Interior,
Eduardo Bonomi, dijo que no lo descarta. Dijo que el actual sistema de
escuchas "es difícil de controlar".
Gonzalo Terra
La cúpula del Ministerio del Interior
compareció ayer ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara
Baja por requerimiento del diputado Jaime Trobo, quien manifiesta
preocupación por la necesidad de dotar de mayores garantías a los
sistemas de espionaje electrónico en manos del Estado para resguardar el
derecho a la privacidad de las personas.
La extensa sesión derivó en manifestaciones de
legisladores que dicen estar convencidos de que sus teléfonos están
"pinchados", extremo que las autoridades del Ejecutivo no descartaron.
El diputado y exministro de Defensa Nacional, José
Bayardi (Vertiente Artiguista) manifestó su preocupación por las
escuchas clandestinas.
Bayardi dijo que hace unos días no aceptó que le
cambiaran el teléfono porque "prefiero que me sigan escuchando los de
siempre y no un coreano nuevo". "El primer concepto que debemos tener
hoy es que si no queremos que nada se sepa, probablemente tengamos que
decirlo muy al oído. A veces hablamos de esto con cierta ingenuidad. Yo
quiero que el Estado me dé garantías de que me puede escuchar con una
orden judicial, pero también quiero que me dé todas las garantías de que
no me están escuchando ilegalmente actores fuera del sistema
institucional", dijo.
El subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, dio la
razón al legislador. "Probablemente nos escuchen más de lo que
pensamos", sostuvo.
El diputado Pablo Iturralde (Partido Nacional) fue
más contundente. "Lo que nos pasa a todos es que hablamos con jerarcas y
todos nos dicen que tenemos los celulares pinchados y que se cortan por
eso. Estoy afirmando cosas que me suceden y que escuchamos dentro del
sistema político todos los días", afirmó.
Ante esto, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi,
admitió: "Ese problema existe". "En el mundo he visto sistemas de
investigación de cualquier tipo, no solo criminal, que preocupan. Si
esos sistemas se estuvieran aplicando, no tenemos la tecnología adecuada
para darnos cuenta. Es increíble lo que existe en el mundo", afirmó.
Los diputados señalaron su preocupación por escuchas
ilegales. Interior admitió que los medios para hacerlo están a
disposición de privados y no son costosos. "Se venden en el mercado",
dijo Bonomi.
Garantías.
El eje de la sesión fue el reclamo de la oposición
al Ministerio del Interior por garantías y protocolos para evitar
desvíos en el uso de El Guardián, un moderno sistema de vigilancia
electrónica adquirido en Brasil por US$ 2 millones que permite que al
mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del
tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También
habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y
el monitoreo de hasta tres redes sociales.
"La enorme mayoría de los ciudadanos de nuestro país
son honestos y quizás no tengan ningún tipo de problema si alguien los
escucha", dijo Vázquez, cuando le tocó ante la comisión parlamentaria
defender la compra de El Guardián.
Las autoridades de Interior señalaron que las
garantías en el uso del sistema de espionaje las da la Justicia, que
autoriza la vigilancia, y las empresas proveedoras de servicios que
habilitan el acceso a sus servidores.
No obstante, Bonomi explicó que hoy 21 dependencias
policiales pueden realizar escuchas "con sistemas caseros" y admitió
que, por la dispersión, "es difícil de controlar". Ante esa estructura,
señaló que El Guardián "es mucho más garantista de lo que tenemos".
Bonomi dijo que El Guardián "permitirá un control
mucho mayor, da más garantías, porque cuanto más disperso está en el
territorio, es más difícil controlar". El ministro dijo que habrá un
nuevo protocolo para el uso de El Guardián. El mismo incluirá "listas
blancas" que darán inmunidad a políticos y diplomáticos, que no podrán
ser vigilados por sistemas de espionaje estatal.
No obstante, Guarteche explicó que todas las
unidades que hoy hacen escuchas podrán seguir haciéndolo, salvo que la
data quedará centralizada y bajo más supervisión.
En todo momento la cúpula ministerial dijo que las
garantías existen, aunque Bonomi mencionó el reciente caso de un policía
que en acuerdo con un funcionario de una compañía telefónica "escuchó
indebidamente. "El caso está en la justicia y probablemente sean
procesados", dijo.
Guarteche dijo a El País que tiene conocimiento de
un caso pero ignora si es el mismo al que se refirió Bonomi. Según
Guarteche, en el marco de una investigación se supo que un policía
obtuvo el registro de llamadas entrantes y salientes de un celular sin
la autorización judicial correspondiente.
Por su parte, el asesor en telecomunicaciones del
Ministerio del Interior, Claro Taroco, dijo que El Guardián "pretende
estructurar, cuidar y fortalecer el recurso de la medida de
interceptación legal en un único sistema que brinde garantías legales y
constitucionales a todos, tanto a los que están operando con él como a
los que están bajo esa medida".
Bonomi dijo que para el funcionamiento de El
Guardián es imprescindible el consentimiento de las empresas
telefónicas, al cual solo acceden con autorización judicial. Sostuvo que
no es el sistema el que da garantías sino el seguimiento del protocolo,
y que las vulnerabilidades pueden darse en las empresas telefónicas.
Recordó el caso de un funcionario de una empresa que le daba información
a narcotraficantes sobre teléfonos interceptados.
El diputado Trobo no quedó conforme con las
explicaciones. Dijo que el gobierno "debe ofrecer las máximas garantías a
los ciudadanos", reclamó "transparencia" y objetó que la compra haya
sido secreta. "Se actúa sobre la marcha", lamentó.
Negativa a dar detalles
El ministro Bonomi se negó rotundamente a dar
detalles técnicos de El Guardián y defendió la compra secreta. Dijo que
así se hizo para no dar ventaja al crimen organizado, y afirmó que se
divulgó en su momento qué tipo de balas podían perforar blindados
adquiridos por la Policía, lo cual pone en riesgo la vida de los
uniformados porque, a su entender, los criminales se informan por la
prensa y mejoran su armamento.
El director de Policía, Julio Guarteche, dijo que la
vigilancia electrónica "ha permitido la desarticulación de más de
ciento cincuenta grupos de criminales organizados" pero advirtió que
mejoran su tecnología.
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