Discuten un plazo de entre 15 y 30 años; el Ejecutivo piensa cerrar el acuerdo “en un mes”
El Poder Ejecutivo comenzó a negociar con la empresa Zamin Ferrous (Aratirí) el contrato de explotación del hierro ubicado en el noreste del país, con base en la localidad de Valentines (Treinta y Tres), bajo las condiciones de la ley que aprobó semanas atrás el Parlamento. La idea del gobierno es firmar “en un mes”, informó a El Observador el asesor presidencial Pedro Buonomo, encargado de negociar con la firma de capitales indios. Si bien la flamante legislación establece los parámetros de los negocios de minería de gran porte, existen áreas en las cuales todavía se tienen que poner de acuerdo.
El punto principal a negociar es el tiempo de vigencia del contrato. Es decir, la cantidad de años durante los cuales Aratirí extraerá el mineral. Las posibilidades van de 15 a 30 años.
El representante de la firma en Uruguay, Fernando Puntigliano, dijo a El Observador que la propuesta de la empresa siempre fue de 20 años y eso no cambió.
En un librillo editado por la compañía, y encartado en los diarios el año pasado, se informó que el proyecto fue diseñado para producir y exportar “alrededor de 18 millones de toneladas de concentrado de hierro por año, durante un período de entre 20 y 30 años”.
Buonomo, por su parte, dijo que el plan de negocios presentado por Aratirí plantea sacar hierro durante 15 años. El detalle del plazo en el permiso de explotación es importante, en tanto puede cambiar el dinero que la actividad deje a las arcas del Estado.
Según establece la ley, entre tasas, sobretasas e impuestos, las ganancias se repartirán en partes iguales entre el privado y el Estado. Buonomo informó que la hipótesis se mantiene en extraer 18 mil toneladas de hierro por año, a un precio promedio de US$ 90 la tonelada. “Son montos muy significativos de recursos. En algunos años el hierro pasaría a ser el principal rubro exportador”, insistió. El jerarca recordó que, por resolución de la comisión multipartidaria, este tipo de emprendimientos no podrá ampararse en los descuentos de la ley de inversiones.
En ese sentido, en una interpretación escrita difundida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), se indica que los proyectos “que industrialicen el producto minero, podrán lograr exoneraciones de IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales) exclusivamente para las actividades consideradas industriales”.
El proyecto va camino a concretarse, mientras en el interior del país avanzan los recursos en su contra, impulsados por vecinos y organizaciones ambientalistas. Ello preocupa al gobierno, aunque ha dicho que existe un “blindaje” jurídico.
Un exfuncionario de la empresa explicó a El Observador que se debieron “hacer todos los números de vuelta”, por lo que el plan de negocios inicial cambió. Otra fuente cercana a la firma comentó que también existe la posibilidad de que Aratirí modifique su proyecto en base al acuerdo que alcance con el gobierno.
La ubicación de la terminal portuaria en el este para que la empresa pueda exportar la producción era uno de los temas a conversar, según dijo a El Observador una fuente allegada a la empresa. Sin embargo, Buonomo aclaró que Aratirí “no tiene más remedio” que aceptar la ubicación determinada por decreto y por ley, en la zona de El Palenque (Rocha). Allí, el Poder Ejecutivo piensa construir un puerto de aguas profundas. Ofreció a privados la participación en la terminal, con el mismo régimen utilizado en parte del Puerto de Montevideo. Aratirí debe atenerse a esa condición, y así quedará establecido en un anexo al contrato que ya negocian, según el gobierno.
Como anexo, además, el gobierno negocia con la empresa otros compromisos, como la financiación en determinado plazo, así como la provisión de energía para las tareas industriales. “Básicamente lo que se define es el marco de los compromisos mutuos para llevar adelante el proyecto”, resumió Buonomo.
En el plano ambiental, según informaron desde la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) a El Observador, el proceso de estudio del proyecto avanza sin novedad. Hasta ahora la empresa recibió preguntas desde el organismo estatal para ampliar información de sus planes.
Para el MIEM, la ley aprobada en el Parlamento es “más garantista” que el régimen anterior, establecido en el código minero, ya que la minería de gran porte opera en Uruguay con menos exigencias que las planteadas en la nueva legislación. Incorpora también un plan de cierre, y la creación de un “fondo soberano intergeneracional de inversión”, por el cual 70% de los ingresos por esa actividad para el Estado se destinará a inversiones a futuro.
Visita española
El ministro de Transporte, Enrique Pintado, se reunió el viernes en Panamá con la ministra española de Infraestructura, Ana Pastor. Allí concretaron una visita de la funcionaria a Montevideo en diciembre. Vendrá acompañada de empresarios interesados en el puerto de aguas profundas, tren y carreteras.
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