Ábrete, Sésamo
Daniel Caggiani, diputado del Frente Amplio. Foto: Sandro Pereyra (archivo, febrero de 2015)
FA sin “información oficial” sobre integración de
Uruguay al TISA, que podría eliminar los monopolios de las empresas
públicas.
“Esto viene complicado. Por el bien del país, hay que tratar de
pararlo”. La frase, pronunciada por un parlamentario del Frente Amplio,
sintetiza la sensación que tienen en estos momentos varios legisladores
de la coalición de izquierda respecto del Tratado de Comercio de
Servicios (TISA, por su sigla en inglés).
El nombre del tratado no le suena a nadie, y ésa es la primera complicación para abrir el tema a la discusión pública. La segunda es que las negociaciones transcurren en absoluto secreto. La primera ronda de conversaciones del TISA se produjo en marzo de 2013, convocada por Estados Unidos y la Unión Europea en el marco del grupo “Verdaderos amigos de los servicios”, con un fuerte impulso de la Coalición de Industrias de Servicios de Estados Unidos. La negociación se realiza al margen de la Organización Mundial de Comercio (OMC) e incorpora sectores como servicios profesionales, transporte aéreo y marítimo, comercio electrónico, telecomunicaciones, servicios financieros, servicios postales, compras públicas, medioambiente, energía y salud. En junio del año pasado, WikiLeaks difundió algunos contenidos de las discusiones de un acuerdo que procura liberalizar el comercio de servicios para las partes que lo suscriban; hasta el momento 24 participan de las negociaciones, entre ellos Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, la Unión Europea y Uruguay. Nuestro país pidió ingreso al acuerdo en setiembre de 2013, y participó por primera vez en la ronda de negociaciones en febrero de este año. Hasta el momento se han realizado diez rondas en Ginebra y se planificaron cuatro para 2015.
Según supo la diaria en base a fuentes del gobierno anterior, en las próximas negociaciones, que se realizarán entre el 11 y el 15 de abril, Uruguay deberá presentar sus ofertas, que tendrán que incluir compromisos específicos de acceso a mercados en los distintos sectores e incorporar la lista de excepciones de los sectores que el país busca preservar. Según un documento elaborado por un ex jerarca del gobierno de José Mujica, en el TISA se liberaliza el comercio en tres sectores sensibles para Uruguay: telecomunicaciones, compras públicas y servicios públicos. Respecto del primer sector, un borrador en discusión elaborado por Chile, Colombia y Japón establece que cada país “deberá esforzarse por permitir la participación total de extranjeros en los servicios electrónicos y de telecomunicaciones”. Otro presentado por Estados Unidos y Noruega dispone que ningún país “deberá imponer requerimientos a los joint ventures o limitar la participación del capital extranjero”, por ejemplo estableciendo límites respecto del porcentaje máximo de participación del capital extranjero en empresas que brinden servicios de telecomunicaciones.
En cuanto a las compras públicas, según el documento mencionado, el TISA propone el “acceso no discriminatorio”, y en servicios públicos, se incorporan cláusulas que “instalan dinámicas de mayor apertura al mercado, no más estatización”. Se establece por ejemplo que, una vez que un mercado se ha liberalizado, no se puede volver a nacionalizar. “TISA se dirige a compromisos más ambiciosos que los generalmente vigentes en formato TLC”, concluye el documento.
Esperando información
El PIT-CNT fue el primero en plantear públicamente su preocupación sobre el tema. Hoy pondrá sobre la mesa el asunto en la reunión que mantendrá con el presidente Tabaré Vázquez, y una semana atrás solicitó una reunión con el canciller Rodolfo Nin Novoa, y rechazó mediante un comunicado las negociaciones en el marco del TISA. Un mes y medio antes, el 6 de febrero, junto a la organización Redes Amigos de la Tierra, la central obrera había enviado una carta al entonces canciller Luis Almagro expresándole su preocupación. Allí sostenían que el acuerdo “afecta en gran medida la posibilidad de establecer políticas nacionales diferenciales para promover a las empresas nacionales de servicios y fortalecer a nuestras empresas estatales de servicios (ya que se le tendría que dar el mismo trato a las empresas transnacionales que podrían operar en el país)”. Además, en el TISA se asumen compromisos de liberalización en todos los sectores de servicios existentes y por crearse, y se impide crear nuevas regulaciones, por ejemplo en materia financiera.
“Comparto totalmente la preocupación del PIT-CNT. Es la peor versión del TLC (Tratado de Libre Comercio) que Estados Unidos quería firmar en materia de servicios”, evaluó el diputado socialista Roberto Chiazzaro, en diálogo con la diaria. Exigió “transparentar la información” para saber “qué se está negociando”, y sostuvo que harán un pedido de informes a las actuales autoridades. “Abrir el país a una negociación sobre servicios sin tomar las precauciones del caso puede ser muy perjudicial para la economía del país. Nos preocupa también en la medida en que pueda afectar nuestro relacionamiento con el Mercosur”, indicó Chiazzaro.
El diputado Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) advirtió que la bancada no tiene “información oficial de los avances en el tratamiento del tratado”, y que su sector está esperando que Almagro vuelva a Uruguay para reunirse con él por este tema. “Vamos a observar con mucho detenimiento los pasos a seguir. Es un tema muy importante que incumbe a la industria y a la soberanía nacional”, señaló.
El secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, dijo que por el momento no hará declaraciones. “Pero después voy a hablar”, prometió.
En tanto, no está claro para los legisladores oficialistas hasta dónde Uruguay está comprometido a firmar el TISA. En julio de 2014, el entonces canciller Luis Almagro declaró a la diaria que una vez que se aceptara el ingreso de Uruguay a las negociaciones, se tomaría conocimiento “del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas”, y se estaría “en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar”. Sostuvo que Uruguay podrá incluir sectores que quiera proteger “en listas de excepción” y siempre tendrá la posibilidad de no aceptar “el paquete final” y no ratificar el acuerdo. Según se recordó en una columna publicada ayer en el semanario Voces y firmada por Antonio Elías, una nota de la agencia Efe publicada en mayo de 2014 consignaba declaraciones del comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, en las que el jerarca sostenía que Almagro garantizó que Uruguay “comparte los objetivos de las negociaciones del TISA” y se comprometió a “respetar los resultados de la negociación logrados por otros participantes” hasta ese momento.
La carta elaborada por el PIT-CNT y Redes sostiene que “es ilusorio pensar que Uruguay podrá incidir mayormente en las negociaciones del TISA, menos aún cuando se le exige como condición de ingreso a las negociaciones que acepte (sin siquiera haberlos visto, estudiado y evaluado) los textos ya aprobados por los miembros actuales” del acuerdo. Y advierte que esto consta en “innumerables comunicaciones de la misión permanente de Uruguay ante la OMC a la cancillería a lo largo de 2014”.
El nombre del tratado no le suena a nadie, y ésa es la primera complicación para abrir el tema a la discusión pública. La segunda es que las negociaciones transcurren en absoluto secreto. La primera ronda de conversaciones del TISA se produjo en marzo de 2013, convocada por Estados Unidos y la Unión Europea en el marco del grupo “Verdaderos amigos de los servicios”, con un fuerte impulso de la Coalición de Industrias de Servicios de Estados Unidos. La negociación se realiza al margen de la Organización Mundial de Comercio (OMC) e incorpora sectores como servicios profesionales, transporte aéreo y marítimo, comercio electrónico, telecomunicaciones, servicios financieros, servicios postales, compras públicas, medioambiente, energía y salud. En junio del año pasado, WikiLeaks difundió algunos contenidos de las discusiones de un acuerdo que procura liberalizar el comercio de servicios para las partes que lo suscriban; hasta el momento 24 participan de las negociaciones, entre ellos Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, la Unión Europea y Uruguay. Nuestro país pidió ingreso al acuerdo en setiembre de 2013, y participó por primera vez en la ronda de negociaciones en febrero de este año. Hasta el momento se han realizado diez rondas en Ginebra y se planificaron cuatro para 2015.
Según supo la diaria en base a fuentes del gobierno anterior, en las próximas negociaciones, que se realizarán entre el 11 y el 15 de abril, Uruguay deberá presentar sus ofertas, que tendrán que incluir compromisos específicos de acceso a mercados en los distintos sectores e incorporar la lista de excepciones de los sectores que el país busca preservar. Según un documento elaborado por un ex jerarca del gobierno de José Mujica, en el TISA se liberaliza el comercio en tres sectores sensibles para Uruguay: telecomunicaciones, compras públicas y servicios públicos. Respecto del primer sector, un borrador en discusión elaborado por Chile, Colombia y Japón establece que cada país “deberá esforzarse por permitir la participación total de extranjeros en los servicios electrónicos y de telecomunicaciones”. Otro presentado por Estados Unidos y Noruega dispone que ningún país “deberá imponer requerimientos a los joint ventures o limitar la participación del capital extranjero”, por ejemplo estableciendo límites respecto del porcentaje máximo de participación del capital extranjero en empresas que brinden servicios de telecomunicaciones.
En cuanto a las compras públicas, según el documento mencionado, el TISA propone el “acceso no discriminatorio”, y en servicios públicos, se incorporan cláusulas que “instalan dinámicas de mayor apertura al mercado, no más estatización”. Se establece por ejemplo que, una vez que un mercado se ha liberalizado, no se puede volver a nacionalizar. “TISA se dirige a compromisos más ambiciosos que los generalmente vigentes en formato TLC”, concluye el documento.
Esperando información
El PIT-CNT fue el primero en plantear públicamente su preocupación sobre el tema. Hoy pondrá sobre la mesa el asunto en la reunión que mantendrá con el presidente Tabaré Vázquez, y una semana atrás solicitó una reunión con el canciller Rodolfo Nin Novoa, y rechazó mediante un comunicado las negociaciones en el marco del TISA. Un mes y medio antes, el 6 de febrero, junto a la organización Redes Amigos de la Tierra, la central obrera había enviado una carta al entonces canciller Luis Almagro expresándole su preocupación. Allí sostenían que el acuerdo “afecta en gran medida la posibilidad de establecer políticas nacionales diferenciales para promover a las empresas nacionales de servicios y fortalecer a nuestras empresas estatales de servicios (ya que se le tendría que dar el mismo trato a las empresas transnacionales que podrían operar en el país)”. Además, en el TISA se asumen compromisos de liberalización en todos los sectores de servicios existentes y por crearse, y se impide crear nuevas regulaciones, por ejemplo en materia financiera.
“Comparto totalmente la preocupación del PIT-CNT. Es la peor versión del TLC (Tratado de Libre Comercio) que Estados Unidos quería firmar en materia de servicios”, evaluó el diputado socialista Roberto Chiazzaro, en diálogo con la diaria. Exigió “transparentar la información” para saber “qué se está negociando”, y sostuvo que harán un pedido de informes a las actuales autoridades. “Abrir el país a una negociación sobre servicios sin tomar las precauciones del caso puede ser muy perjudicial para la economía del país. Nos preocupa también en la medida en que pueda afectar nuestro relacionamiento con el Mercosur”, indicó Chiazzaro.
El diputado Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) advirtió que la bancada no tiene “información oficial de los avances en el tratamiento del tratado”, y que su sector está esperando que Almagro vuelva a Uruguay para reunirse con él por este tema. “Vamos a observar con mucho detenimiento los pasos a seguir. Es un tema muy importante que incumbe a la industria y a la soberanía nacional”, señaló.
El secretario general del Partido Comunista, Eduardo Lorier, dijo que por el momento no hará declaraciones. “Pero después voy a hablar”, prometió.
En tanto, no está claro para los legisladores oficialistas hasta dónde Uruguay está comprometido a firmar el TISA. En julio de 2014, el entonces canciller Luis Almagro declaró a la diaria que una vez que se aceptara el ingreso de Uruguay a las negociaciones, se tomaría conocimiento “del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas”, y se estaría “en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar”. Sostuvo que Uruguay podrá incluir sectores que quiera proteger “en listas de excepción” y siempre tendrá la posibilidad de no aceptar “el paquete final” y no ratificar el acuerdo. Según se recordó en una columna publicada ayer en el semanario Voces y firmada por Antonio Elías, una nota de la agencia Efe publicada en mayo de 2014 consignaba declaraciones del comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, en las que el jerarca sostenía que Almagro garantizó que Uruguay “comparte los objetivos de las negociaciones del TISA” y se comprometió a “respetar los resultados de la negociación logrados por otros participantes” hasta ese momento.
La carta elaborada por el PIT-CNT y Redes sostiene que “es ilusorio pensar que Uruguay podrá incidir mayormente en las negociaciones del TISA, menos aún cuando se le exige como condición de ingreso a las negociaciones que acepte (sin siquiera haberlos visto, estudiado y evaluado) los textos ya aprobados por los miembros actuales” del acuerdo. Y advierte que esto consta en “innumerables comunicaciones de la misión permanente de Uruguay ante la OMC a la cancillería a lo largo de 2014”.
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