Repudio generalizado del FA y organizaciones civiles a golpiza de jóvenes

Varios grupos piden al PIT-CNT que le quite el respaldo a José Lorenzo López

El Observador

Varios sectores del Frente Amplio emitieron un comunicado en conjunto en repudio a los hechos ocurridos el pasado 24 de julio en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que se dieron a conocer a partir de la difusión de un video en el que se muestra a unos 30 funcionarios reduciendo de forma violenta a dos jóvenes recluidos que estaban haciendo disturbios.

El documento fue impulsado por el sector Casa Grande y firmado también por Asamblea Uruguay, la Vertiente Artiguista, Nuevo Espacio, Juventud Socialista y por la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche. En él se expresa que los trabajadores que participaron de las prácticas "violentas y abusivas" actuaron "por fuera del protocolo" y se exige que se atribuyan las responsabilidades que correspondan.

"Queremos respaldar la línea que se está siguiendo por parte de las autoridades del Mides, el INAU y el Sirpa para revertir esta grave situación de violencia institucionalizada. Dejando absolutamente en claro nuestra discrepancia con las acciones llevadas a cabo por Joselo López", recalca el comunicado.

Por otra parte, los sectores entienden que las reivindicaciones del PIT-CNT "mucho tienen que ver" con las aspiraciones de la fuerza política con respecto a una sociedad "integrada e igualitaria, sin la cual no habrá sociedad más segura". "Necesitamos un movimiento sindical que ayude a construir esa realidad y que se comprometa a terminar de una vez por todas con esas prácticas reñidas con los derechos humanos y con las lógicas corporativas de construir poder", agrega. Los firmantes concluyen que el proyecto de izquierda en cuando a la seguridad y la convivencia "debe estar sostenido por todas sus fuerzas populares y por principios sólidos de sensibilidad, ética y compromiso radical con los más vulnerables".

Por su parte, 45 legisladores frenteamplistas también decidieron repudiar las acciones "violentas" a internos, ya que las consideran que se llevaron a cabo de manera "totalmente injustificada". El grupo dio su respaldo al accionar de las autoridades, en particular a las denuncias presentadas ante la Justicia, y adelanta que también apoyará las decisiones que se tomen para "terminar con estas situaciones" en el Sirpa. "Estos hechos se tienen que terminar. La Justicia debe trabajar para juzgar a los

responsables", expresa el comunicado.

Los legisladores aseguran que acompañarán las medidas del gobierno para encontrar "mejores prácticas institucionales en las dependencias del Estado" así como también mejores condiciones de trabajo para que los funcionarios puedan desarrollar su tarea de forma "adecuada".

El texto fue firmado por Ernesto Agazzi, Óscar Andrade, Saul Aristimuño, Alfredo Asti, Patricia Ayala, Gabriela Barreiro, Julio Battistoni, Andrés Berterreche, Cecilia Bottino, Daniel Caggiani, Márcos Carambula, Felipe Carballo, Roberto Chiazzaro, Gonzalo Civila, Catalina Correa, Leonardo De León, Darcy de los Santos, Óscar De Los Santos, Alfredo Fratti, Lilián Galán, Luis E. Gallo, Macarena Gelman, Pablo González, Oscar Groba, Nelson Larzábal, José Carlos Mahía, Enzo Malán, Ruben Martínez Huelmo, Constante Mendiondo, Jorge Meroni, Rafael Michelini, Sergio Mier, Orquídea Minetti, Constanza Moreira, Gonzalo Mujica, José Mujica, Manuela Mutti, Marcos Otheguy, Susana Pereyra, Darío Pérez, Daniel Placeres, Jorge Pozzi, Luis Puig, José Querejeta, Carlos Reutor, Silvio Ríos, Edgardo, Rodríguez, Carlos Rodríguez Galvez, Federico Ruiz, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Bertha Sanseverino, Mercedes Santalla, Víctor Semproni, Washington Silvera, Martín Tierno, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Javier Umpiérrez, Carlos Varela Nestier, y Stella Viel.

Al repudio se sumaron asimismo 15 organizaciones de la sociedad civil, que además condenaron la defensa de el presidente del sindicato del INAU y vicepresidente del PIT-CNT, José Lorenzo López, a los funcionarios involucrados. Del mismo modo consideraron que la central sindical dio una "tibia respuesta" con respecto al hecho y le exigen a la central sindical que se posicione a favor de los derechos humanos y que le quite el respaldo a López.

"La violencia no tiene justificación, y el abuso de poder tampoco. Las respuestas dadas por Joselo López nos recuerdan las justificaciones dadas en la dictadura militar que avalaban torturas y represión", describe, y luego agrega: "La mirada impasible, omisa y avaladora del máximo representante del Sindicato del INAU y de uno de los más altos dirigentes de la central de trabajadores, es éticamente condenable e inadmisible. Quizá Joselo López no haya incurrido en ninguno de los delitos previstos en la ley penal (eso lo dirá la Justicia), pero no todas las acciones reprobables en términos de derechos humanos y de conductas éticas se encuentran tipificadas como delitos".

Las organizaciones consideran que no fue justificable el hecho de que una "patota u horda de gente grande" se abalance contra dos jóvenes "que no oponían resistencia ni significaban una amenaza para la seguridad de nadie". "Lo que se vio en el video difundido del CEPRILI es inaceptable éticamente. Una organización como el PIT-CNT no debería necesitar el fallo de la Justicia penal para reprobar la conducta y la defensa de la misma, por parte de una de sus más altas autoridades, el dirigente Joselo López", enfatiza el texto, que fue firmado por la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, Red Pro cuidados, Accionar entre mujeres Guyunusa, Aire.uy, Agencia Voz y vos, Cire- Ciudadanías en Red, Cooperativa Mujer Ahora, Cotidiano Mujer, El Paso, El Abrojo, Gurises Unidos, IACI – Infancia Adolescencia Ciudadana, MYSU, S A I - Arco Iris y Somos.

El ministro de Economía, Danilo Astori, fue moderado al referirse al caso ayer luego del Consejo de Ministros: "Ojalá podamos superar situaciones de este tipo que no deberían ocurrir. Es una situación que obviamente todos los uruguayos vemos como negativa".

Por otra parte, la Institución de Derechos Humanos se unió a la decisión de la directora del Sirpa, Gabriela Fulco, de radicar la denuncia ante la Justicia para que se investigue si hay o no ilicitudes en el modo de operar de los funcionarios.