Varios grupos piden al PIT-CNT que le quite el respaldo a José Lorenzo López
El Observador
Varios sectores del Frente Amplio emitieron un comunicado en conjunto en repudio a los hechos ocurridos el pasado 24 de julio en el Centro de Privación de Libertad
(Ceprili) del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que
se dieron a conocer a partir de la difusión de un video en el que se
muestra a unos 30 funcionarios reduciendo de forma violenta a dos jóvenes recluidos que estaban haciendo disturbios.
El
documento fue impulsado por el sector Casa Grande y firmado también por
Asamblea Uruguay, la Vertiente Artiguista, Nuevo Espacio, Juventud
Socialista y por la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de
Montevideo, Fabiana Goyeneche. En él se expresa que los trabajadores que
participaron de las prácticas "violentas y abusivas" actuaron "por
fuera del protocolo" y se exige que se atribuyan las responsabilidades
que correspondan.
"Queremos respaldar la línea
que se está siguiendo por parte de las autoridades del Mides, el INAU y
el Sirpa para revertir esta grave situación de violencia
institucionalizada. Dejando absolutamente en claro nuestra discrepancia
con las acciones llevadas a cabo por Joselo López", recalca el
comunicado.
Por otra parte, los sectores
entienden que las reivindicaciones del PIT-CNT "mucho tienen que ver"
con las aspiraciones de la fuerza política con respecto a una sociedad
"integrada e igualitaria, sin la cual no habrá sociedad más segura".
"Necesitamos un movimiento sindical que ayude a construir esa realidad y
que se comprometa a terminar de una vez por todas con esas prácticas
reñidas con los derechos humanos y con las lógicas corporativas de
construir poder", agrega. Los firmantes concluyen que el proyecto de
izquierda en cuando a la seguridad y la convivencia "debe estar
sostenido por todas sus fuerzas populares y por principios sólidos de
sensibilidad, ética y compromiso radical con los más vulnerables".
Por
su parte, 45 legisladores frenteamplistas también decidieron repudiar
las acciones "violentas" a internos, ya que las consideran que se
llevaron a cabo de manera "totalmente injustificada". El grupo dio su
respaldo al accionar de las autoridades, en particular a las denuncias
presentadas ante la Justicia, y adelanta que también apoyará las
decisiones que se tomen para "terminar con estas situaciones" en el
Sirpa. "Estos hechos se tienen que terminar. La Justicia debe trabajar
para juzgar a los
responsables", expresa el comunicado.
Los
legisladores aseguran que acompañarán las medidas del gobierno para
encontrar "mejores prácticas institucionales en las dependencias del
Estado" así como también mejores condiciones de trabajo para que los
funcionarios puedan desarrollar su tarea de forma "adecuada".
El
texto fue firmado por Ernesto Agazzi, Óscar Andrade, Saul Aristimuño,
Alfredo Asti, Patricia Ayala, Gabriela Barreiro, Julio Battistoni,
Andrés Berterreche, Cecilia Bottino, Daniel Caggiani, Márcos Carambula,
Felipe Carballo, Roberto Chiazzaro, Gonzalo Civila, Catalina Correa,
Leonardo De León, Darcy de los Santos, Óscar De Los Santos, Alfredo
Fratti, Lilián Galán, Luis E. Gallo, Macarena Gelman, Pablo González,
Oscar Groba, Nelson Larzábal, José Carlos Mahía, Enzo Malán, Ruben
Martínez Huelmo, Constante Mendiondo, Jorge Meroni, Rafael Michelini,
Sergio Mier, Orquídea Minetti, Constanza Moreira, Gonzalo Mujica, José
Mujica, Manuela Mutti, Marcos Otheguy, Susana Pereyra, Darío Pérez,
Daniel Placeres, Jorge Pozzi, Luis Puig, José Querejeta, Carlos Reutor,
Silvio Ríos, Edgardo, Rodríguez, Carlos Rodríguez Galvez, Federico Ruiz,
Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Bertha Sanseverino, Mercedes
Santalla, Víctor Semproni, Washington Silvera, Martín Tierno, Lucía
Topolansky, Daisy Tourné, Javier Umpiérrez, Carlos Varela Nestier, y
Stella Viel.
Al repudio se sumaron
asimismo 15 organizaciones de la sociedad civil, que además condenaron
la defensa de el presidente del sindicato del INAU y vicepresidente del
PIT-CNT, José Lorenzo López, a los funcionarios involucrados. Del mismo
modo consideraron que la central sindical dio una "tibia respuesta" con
respecto al hecho y le exigen a la central sindical que se posicione a
favor de los derechos humanos y que le quite el respaldo a López.
"La
violencia no tiene justificación, y el abuso de poder tampoco. Las
respuestas dadas por Joselo López nos recuerdan las justificaciones
dadas en la dictadura militar que avalaban torturas y represión",
describe, y luego agrega: "La mirada impasible, omisa y avaladora del
máximo representante del Sindicato del INAU y de uno de los más altos
dirigentes de la central de trabajadores, es éticamente condenable e
inadmisible. Quizá Joselo López no haya incurrido en ninguno de los
delitos previstos en la ley penal (eso lo dirá la Justicia), pero no
todas las acciones reprobables en términos de derechos humanos y de
conductas éticas se encuentran tipificadas como delitos".
Las
organizaciones consideran que no fue justificable el hecho de que una
"patota u horda de gente grande" se abalance contra dos jóvenes "que no
oponían resistencia ni significaban una amenaza para la seguridad de
nadie". "Lo que se vio en el video difundido del CEPRILI es inaceptable
éticamente. Una organización como el PIT-CNT no debería necesitar el
fallo de la Justicia penal para reprobar la conducta y la defensa de la
misma, por parte de una de sus más altas autoridades, el dirigente
Joselo López", enfatiza el texto, que fue firmado por la Red Uruguaya
Contra la Violencia Doméstica y Sexual, Red Pro cuidados, Accionar entre
mujeres Guyunusa, Aire.uy, Agencia Voz y vos, Cire- Ciudadanías en Red,
Cooperativa Mujer Ahora, Cotidiano Mujer, El Paso, El Abrojo, Gurises
Unidos, IACI – Infancia Adolescencia Ciudadana, MYSU, S A I - Arco Iris y
Somos.
El ministro de Economía, Danilo Astori, fue moderado al referirse al caso ayer luego del Consejo de Ministros:
"Ojalá podamos superar situaciones de este tipo que no deberían
ocurrir. Es una situación que obviamente todos los uruguayos vemos como
negativa".
Por otra parte, la Institución de
Derechos Humanos se unió a la decisión de la directora del Sirpa,
Gabriela Fulco, de radicar la denuncia ante la Justicia para que se
investigue si hay o no ilicitudes en el modo de operar de los
funcionarios.
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