ELEMENTOS PARA UNA LECTURA DE LA REVUELTA POPULAR EN CHILE POR ANA MARÍA ARTEAGA

Socióloga, licenciada en la Universidad de Ginebra, Suiza, ha sido consultora de distintas agencias de cooperación europeas en materias de género, pobreza y desarrollo y se ha dedicado a la formación de estudiantes y líderes sociales en materias de género y teoría feminista. Ha participado en proyectos de su especialidad financiados por Cepal, Bid y el Fondo de las Naciones Unidas en Materia de Población, UNFPA. 

La socióloga Arteaga escribió esta nota exclusiva para el Blog.

 

 

La caída de un mito

A un año del llamado estallido social, como se ha denominado al proceso que se inició el 18 de octubre del 2019, Chile ya es un país completamente distinto. En estos apenas doce meses transcurridos desde esa fecha, los casi 18 millones de personas que viven en esta franja de tierra larga y angosta - como repetíamos en la escuela- ya no son los mismos.

Descubrieron, por ejemplo, que ya no están solos ni son seres aislados donde cada cual debe arreglárselas por su cuenta para mantener su empleo, si lo tiene; que también la vecina y la familia del frente y las de más allá, están igualmente ahogadas con los créditos hipotecarios y no duermen por el temor a perder su casa; que al igual que los demás, ellos se sobresaltan cada vez que suena el timbre, pensando se trata de otra cobranza judicial del colegio, del instituto o la guardería, que no han logrado cancelar a tiempo; como les ocurre con el abono mensual que debieran hacer a la tarjeta de crédito que les dieron en el supermercado, y que ya no da para más. Y ni hablar de las cuentas impagas de los servicios básicos, de las cuotas de los celulares o del plasma que sacaron de la multitienda hace unos meses. O lo que deben por el auto, ya que no les alcanza con lo que les pagan o lo que logran juntar trabajando por cuenta propia. Y ni hablaré del dentista o los lentes que necesita la niña, de unos días de vacaciones, o de las cataratas de la abuela, que no se atreve a salir porque apenas se ve las manos, dice ella, y para que le den hora para 6 meses más, con suerte, prefiere quedarse en casa .

Y eso fue lo que pasó el 18 de octubre 2019: no se trataba sólo de seguir el ejemplo de los estudiantes de secundaria, invitando dentro de las estaciones del Metro a evadir el pago del boleto, oponiéndose al alza de $30 anunciada por el gobierno.

Porque de pronto esa chispita de ingenio estudiantil no estaba refiriéndose únicamente a los $30 pesos del boleto del Metro, sino a los 30 años de abusos, de desigualdad, de corrupción y de privilegios reinantes en el país. Al temor cotidiano a perder el empleo; a tener que trabajar 12, 14 o más horas diarias, para luego no llegar a fin de mes; a las esperas eternas en los consultorios, por no poder pagar atención privada de salud; a la inevitable necesidad de pagar peajes a los dueños de las carreteras, todas privadas; a la inestabilidad laboral, con trabajos sin contratos y por tanto sin cobertura de salud ni previsión; a la crueldad de tener que escoger a cual entre los hijos o hijas podrían pagarle matrícula y endeudarse por 15 años para que pudiera estudiar en la universidad.

¿No éramos un ejemplo a imitar, con cifras macroeconómicas que nos distinguían por lejos de nuestros vecinos? ¿un país que se vanagloriaba de ostentar el PBI más alto de la región, ubicándonos en la posición 41 entre las economías del mundo?

Pues no. De pronto toda esta imagen de país que en algún momento a muchos les enorgullecía, se reveló tal cual era: un mito comunicacional establecido para incentivar a la población a consumir haciéndonos creer que el mercado se encargaría de conducirnos a un bienestar generalizado.

El despertar

De hecho, la realidad golpeó con fuerza a la población, al igual que la pandemia, tras la movilización de los estudiantes. Los pesares individuales se transformaron en un clamor colectivo, reflejado en demandas, voces y emblemas comunes, y un lugar que se transformaría en el símbolo de las aspiraciones populares. Así, la rotonda donde convergen algunas de las más importantes arterias de Santiago, próxima al río Mapocho, fue rebautizada perdiendo su nombre oficial de Plaza Italia, para transformarse en la Plaza de la Dignidad, que no sólo ha sido el principal lugar de convergencia de las protestas sociales, mayoritariamente pacífica, sino a la vez escenario de la brutal represión ejercida por el gobierno, con un balance que sitúa a Chile con el récord mundial de civiles con daño ocular total o severo, producto de disparos dirigidos de perdigones y bombas lacrimógenas de la policía, la cual pese a tres informes de entidades internacionales ( Naciones Unidas, Human Right Watch y Amnistía Internacional) dando cuenta de la violación de los Derechos Humanos durante las movilizaciones, – todos desestimados por las autoridades – han continuado con su actuar con el apoyo irrestricto del gobierno.

El malestar popular expresado en las manifestaciones ha tenido fundamentos innegables. El Banco Central, por ejemplo, dio a conocer una realidad alarmante, al señalar que el nivel de endeudamiento de las familias chilenas a diciembre de 2019 había llegado al récord histórico de 74,5%, indicando que el pago de créditos hipotecarios y los de consumo absorbían la mayor parte de sus ingresos. Al mismo tiempo, en los medios se daba a conocer las enormes ganancias obtenidas en dicho año por las entidades bancarias y financieras, las ISAPRES ( instituciones del sistema de salud privado), las AFP (sistema de administración de los fondos de pensiones individuales) y algunas cadenas de grandes tiendas y supermercados, las que en general, no obstante la pandemia, han visto aumentar notablemente sus ingresos.

Desde entonces, multitudes en las calles, en los barrios y avenidas, han estado exigiendo se ponga fin y se juzgue realmente la corrupción impune de los grandes empresarios que se coludieron para fijar precios y estafar a los consumidores, y que obtuvieron salidas “honrosas” tras ser condenados. Están gritando y pintando en los muros, qué respeto le podemos tener a un Presidente que evadió durante 30 años el pago de contribuciones de su casa de veraneo a orillas de un lago y que fue condenado en dictadura por enriquecerse usando información privilegiada. O a una policía ( Carabineros) y dos ramas de las Fuerzas Armadas (Ejército y Armada) cuyos altos mandos y oficialidad se hicieron de miles de millones de dólares a través de compras ficticias de pasajes y facturaciones falsas, cuyos juicios aún están en curso.

¿Quiénes se manifiestan?

En este plano, es cuestión de ver las imágenes sobre los acontecimientos. No hay banderas de partidos, ni de sindicatos, clubes deportivos ni de de agrupaciones. Sólo la chilena y del Walmapu, es decir, de la nación mapuche, cada vez más reconocida en sus derechos y acosada por las fuerzas policiales gubernamentales en su territorio de la Araucanía.

Tampoco figuran los sindicatos, pues han sido históricamente durante y tras la dictadura militar impedidos de constituirse y ejercer su función libremente, debido a una multiplicidad de obstáculos legales que favorecen a los empleadores y que en todos estos años no han sido modificados.

Tampoco símbolos o emblemas feministas, cuyas impresionantes movilizaciones han jugado un rol importantísimo en visibilizar su realidad, el derecho a decidir sobre su cuerpo y a una vida sin acoso ni violencia, demandas que han permeado de manera impensable a la sociedad en su conjunto. Importantes logros se han alcanzado, por ejemplo, en cuanto las denuncias de acoso y violencia sexual al interior de las universidades e institutos técnicos, consiguiendo la expulsión o renuncia de un número significativo de docentes que actuaban en impunidad. El feminismo y los derechos de las mujeres ya son parte y actoras muy importantes en las actuales movilizaciones y demandas sociales.

La reacción del gobierno

En estos meses todo el país ha gritado y dicho en coro todo lo que se sabía y se sentía individualmente y que nadie hablaba. De hecho, en la actualidad no hay institución que se salve en términos de legitimidad. Chile entero tiene muy presente cómo empresarios financiaron a parlamentarios de todo el espectro político para lograr leyes que los favorecieran. Y cómo, ante una ciudadanía atónita, tras el juicio se ordenara a los dos principales involucrados, como única condena, seguir por algunas semanas cursos de filosofía y ética en una de las universidades más elitistas de país. Por su parte, los parlamentarios beneficiados con los dineros empresariales siguen ocupando sus sitios en el Congreso.

Al desprestigio y falta de legitimidad del empresariado y de la clase política en la actualidad, se ha sumado entonces una similar apreciación respecto al sistema jurídico ( salvo raras excepciones ) cuyas condonaciones de multas a empresarios y políticos han sido escandalosas. A todo lo señalado se añade la caída estrepitosa de otro histórico baluarte en la sociedad chilena: la corrupción y encubrimiento de delitos sexuales dentro de las iglesias, fundamentalmente en la católica.

Es síntesis, de pronto la ciudadanía y el país entero se encontró sin referentes. Los que alguna vez fueron baluartes de la ciudadanía, (fuerzas armadas gloriosas, policía ejemplar en la región, estabilidad política, una iglesia protectora, ejemplos de funcionamiento institucional y sobriedad, todo eso se fue al tacho. Tal “oasis”en la región, al decir del propio presidente Piñera, no existía. Era un mito anestesiante en medio del delirio consumista.

Ante la creciente y continua protesta social, la reacción del gobierno fue coherente con la lectura que hizo de las manifestaciones. Se trataba de desórdenes mezclados con delincuencia y para ello el mejor remedio era aumentar la dotación y respuesta policial. Es decir, más carabineros ( es el nombre de la policía de seguridad pública, dependiente del Ministerio del Interior) en las calles, más guanacos (carros laza agua), más zorrillos (carros lanza gases) y más Fuerzas Especiales, grupos de choque de carabineros especializados en antiterrorismo.

Tal actuación, naturalmente no tuvo resultados, y cientos de miles de personas continuaron aglomerándose en los espacios públicos, enfrentándose a carabineros. El actuar del gobierno en todo este período se ha distinguido por un impresionante cúmulo de errores y desaciertos, la incapacidad para dar una lectura política a los acontecimientos, dejando de lado la visión prioritariamente delincuencial que se le atribuye a las movilizaciones, a lo cual se ha unido una actuación errática y poco empática del Presidente Piñera, que ilustra su notable incapacidad para conectarse con la demanda social y la naturaleza profunda y estructural de la situación por la que atraviesa el país.

La clase política no lo ha hecho mejor, más preocupada de mantener sus cargos y privilegios, que de hacer una lectura crítica de los acontecimientos y elaborar propuestas en consecuencia.

El lenguaje bélico y desacertado del Presidente y su actitud particularmente torpe y sesgada frente a las protestas, se ha visto agravada con la pandemia, frente a la cual se tuvo inicialmente una actitud exitista, declarando en enero que el país estaba mejor preparado que ninguno de la región e incluso que algunos europeos, lo cual a poco andar quedó demostrado que no era tal, llegando en junio a hospitales colapsados y en la actualidad a una cantidad de contagios y fallecidos (18.000 a la fecha) por demás alarmante.

La propuesta de salida

Ante la desastrosa situación del país en su conjunto, el hambre generalizado en sectores más vulnerables, las altas cifras de desempleo y la escasa respuesta del gobierno- más preocupado de proteger la economía que la salud de la población- un grupo de parlamentarios del oficialismo y de la oposición, en noviembre 2019, ante la evidente necesidad de responder a la crisis institucional y reconociendo la camisa de fuerza representada por la Constitución de Pinochet - que impide sustancialmente cualquiera modificación sustantiva que garantice un estado democrático para Chile- llegaron finalmente a un acuerdo y firmaron un pacto para una nueva Constitución.

En su dimensión más sustantiva, el acuerdo propone que a través de un plebiscito de entrada, la ciudadanía podrá votar, en primer lugar, si así lo desea (puesto que el voto en la actualidad es voluntario) si Acuerda o Rechaza la idea de una nueva Constitución. Asimismo, deberá pronunciarse si la nueva Constitución la debe redactar una Convención Mixta , o una Convención Constitucional.

Si se vota mayoritariamente por una Convención Mixta, significa que estaría compuesta en un 50% por parlamentarios/as, y 50% por ciudadanos/as elegidos para ese fin. Si se opta por la Convención Constitucional, esta entidad estaría formada en un 100% por independientes elegid@s por votación popular.

Tal es la disyuntiva del próximo domingo 25 de octubre en Chile.

De acuerdo a las encuestas, no cabe duda que la opción Apruebo será la mayoritaria. Pero eso lo sabe la derecha. Lo que les interesa fundamentalmente, es contar con la mayor cantidad posible de sus representantes entre quienes se encarguen de la redacción de la nueva constitución. Y para ello tienen a su favor que la ley electoral vigente es parte de la Constitución pinochetista, que determina que sólo pueden ser elegidos como constituyentes personas que vayan en listas de partidos políticos.

Es decir, no obstante la deslegitimidad de los parlamentarios y los partidos políticos, ellos, de ganar la opción de Convención Mixta, por ley serán actores privilegiados en la redacción de la nueva Constitución, dejándose de lado o al arbitrio de los partidos políticos a hombres y mujeres de reconocido prestigio cuyo aporte es absolutamente necesario para el futuro del país y los cambios que se requieren para que tengamos, por primera vez en la historia, una Constitución democrática y participativa, que asegure el bienestar y los derechos del país en su conjunto.