Minería
El senador blanco sostuvo que la minería a
cielo abierto "comprometería a las futuras generaciones”. Además dijo
que "si Aratirí no confía en la justicia uruguaya, ni en los centros de
conciliación nacionales, no debería invertir en nuestro país".
El precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga, volvió a la carga contra el proyecto de Aratirí y cuestionó que la empresa esté pidiendo que sus eventuales diferencias con el Estado se diriman a través de un arbitraje.
En una columna en la página web de Alianza Nacional, su sector político, el senador escribió que “se negociaría nada menos que la soberanía jurisdiccional, sustrayendo los litigios entre el Estado y una empresa privada extranjera que va a explotar en régimen de concesión bienes del dominio del Estado, a su fuero natural que es el Poder Judicial, para someterlo a una jurisdicción arbitral seguramente en el exterior”.
“El Parlamento y la sociedad tienen que saber de qué se está hablando. En el caso que se pretendiera pactar un mecanismo de solución de controversias, el mismo debería ser un arbitraje en el Uruguay. La Cámara de Comercio de nuestro país tiene un centro de conciliación especializado, y si Aratirí no confía en la justicia uruguaya, ni en los centros de conciliación nacionales, no debería invertir en nuestro país. Distinto es el caso en que se pacta el mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje en tratados de inversión firmados entre naciones independientes, es decir, entre pares”, agregó.
El legislador también cuestionó que la empresa pretenda, a cambio de pagar 2% más de canon, acceder a una claúsula de estabilidad tributaria por diez años: “Con relación a la cláusula de inmovilidad tributaria que, según versiones de prensa, se estaría negociando me parece lamentable que se negocie la soberanía fiscal, y más aún que la renuncia fiscal tenga un precio previsto en la ley”, sostuvo.
Larrañaga, que ya había advertido que Aratirí utilizaría para sus trabajos sustancias cancerígenas, pidió que no se firme un contrato entre el Estado y la minera “en tanto comprometería a las futuras generaciones”.
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